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Sentencia T.S. (Sala 4) de 31 de octubre de 1996


 RESUMEN:

Expediente de regulación de empleo. Indemnización. Fondo de Garantía Salarial. Responsabilidad de la empresa.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero._El trabajador demandante postuló frente a la empresa que ahora recurre y al Fondo de Garantía Salarial que le satisficiera la indemnización de 1.652.980 pesetas, de cuya cuantía será por cuenta del segundo la parte que legalmente le corresponda. La sentencia de 18 de mayo de 1994 pronunciada por el Juzgado de lo Social número Dos de San Sebastián, tras declarar probado cual fuera el salario determinante de la indemnización consecuente a la extinción de su contrato por expediente de regulación de empleo; que la empresa ocupa a menos de veinticinco trabajadores y que el actor había percibido de aquella la cantidad de 931.460 en concepto del sesenta por ciento de la indemnización; desestimó la demanda, tas razonar que la cuestión litigiosa radica en determinar si la diferencia resultante de aplicar los topes máximos previstos en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores al cuarenta por ciento de la indemnización legal a cargo de FOGASA debe ser abonada por la empresa, tal como lo entiende el demandante; y responder a ello negativamente. Recurrida en suplicación por el actor dicha sentencia con la concreta pretensión de que sea revocada, se estime la demanda y se condene a la empresa demandada a satisfacerle la cantidad de 179.531 pesetas _que es la antes aludida diferencia_ La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por sentencia de fecha 26 de diciembre de 1995 (que es la ahora recurrida en casación para la unificación de doctrina) estima en su integridad la dicha pretensión.

Segundo._El presente recurso se ha interpuesto por la empresa condenada que sostiene que la sentencia impugnada está en contradicción con la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 16 de marzo de 1994, que aporta por certificación constante de su firmeza; e infringe el artículo 33.8 del vigente Estatuto de los Trabajadores al que da una interpretación errónea. La contradicción entre sentencias alegada, presupuesto o requisito de recurribilidad que establece el artículo 217 del Texto Refundido vigente de la Ley de Procedimiento Laboral, concurre, ya que entre las dichas sentencias se dan todas las circunstancias que precisa la citada norma. Ha de resolverse, pues, sobre la aducida infracción legal, contrastando así si es correcta la doctrina de la sentencia recurrida, que considera que la cuantía indemnizatoria señalada en el artículo 51.10 del Estatuto de los Trabajadores Ley 8/1980 entonces vigente constituye una regla mínima de carácter legal y que lo que procede _en aplicación de los números 8 y 2 del artículo 33 del mismo_ no es calcular en primer lugar el sesenta por ciento de tal indemnización legal e imputar el cuarenta por ciento sin limitación alguna al FOGASA; sino calcular en primer lugar dicho cuarenta por ciento pero con las limitaciones previstas en la Ley, que es de lo que queda liberada la empresa, que debe satisfacer la diferencia resultante de restar la cuantía de dicho limitado porcentaje del total de la indemnización, pues en caso contrario el trabajador no percibiría la totalidad de la indemnización legal a que tiene derecho. Doctrina ésta distinta de la de la sentencia contraria que para resolver supuesto coincidente, como se ha dicho, se remite, por analogía, a las sentencias de esta Sala de 27 de junio, 24 de noviembre y 12 y 16 de diciembre de 1992, y concluye que no procede el pago por la empresa de la diferencia.

Tercero._Debe, ante todo, dejarse precisado que las cuatro sentencias de esta Sala que cita la sentencia de Navarra y que en el fundamento precedente se han identificado, al igual que las posteriores de 23 de julio de 1993 y 11 de mayo de 1994, resuelven tan sólo sobre pretensiones formuladas frente al Fondo de Garantía Salarial para fijar el alcance de su responsabilidad, sin que ninguna de ellas lo haga sobre la concreta cuestión que en este recurso se plantea; sin embargo, dos de ellas contienen afirmaciones doctrinales que contribuyen decisivamente a esclarecerlo: la de 24 de noviembre de 1992 (no la de 27 de junio de dicho año como cita la parte recurrida) expresa que "la indemnización legal constituye un mínimo garantizado por la Ley para proteger al trabajador y no un máximo que haya de imponerse para limitar sus derechos"; y la de 23 de julio de 1993, que "se trata de una sola indemnización de la que excepcionalmente se libera al empresario del pago del cuarenta por ciento, que pasa a cargo de FOGASA, con la particularidad de que en el cálculo de ese porcentaje han de respetarse los límites del apartado 2 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores". A la luz de tales presupuestos, que explícitamente reiteramos; y atendiendo a que, como en su informe lo consigna el Ministerio Fiscal, ninguna norma prevé que la total indemnización sea rebajada, no puede entenderse que la ayuda que establece el artículo 33.8 del Estatuto suponga que la responsabilidad de la empresa queda limitada a su sesenta por ciento; es claro que el derecho del trabajador a percibir íntegra su indemnización persiste y por tanto el empresario debe subvenir al pago de la diferencia que resulte como consecuencia de la aplicación de los topes máximos que se previenen en el apartado 2 del repetido artículo 33.

Cuarto._Como tal es la ajustada doctrina que mantienen la sentencia recurrida, el recurso ha de ser desestimado en coincidencia con lo informado por el Ministerio Fiscal; y por aplicación de lo dispuesto en los artículos 226.3 y 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, decretar la pérdida del depósito constituido y del aval prestado para recurrir, así como la imposición de las costas a la parte recurrente, en los términos que establece el segundo de los preceptos citados.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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