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Sentencia T.S. (Sala 4) de 2 de noviembre de 1996


 RESUMEN:

Rescisión contractual indemnizada. Procedencia. Impago por parte del empleador de la prestación económica por incapacidad temporal, ni el complemento de la misma a su exclusivo cargo.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero._La actora, que viene trabajando para la empresa demandada desde el 1 de mayo de 1990, inició situación de incapacidad laboral transitoria _hoy incapacidad temporal_ derivada de enfermedad común, el 7 de mayo de 1993; situación en la que permanecía en la fecha de presentación de la demanda, _30 de diciembre de 1993_ y en la de publicación de la sentencia de instancia _23 de febrero de 1994_. Desde el 19 de julio de 1993, el empleador no ha abonado a la demandante, en concepto de pago delegado, la prestación económica de incapacidad laboral dimanante de su enfermedad, ni el complemento de la misma a su exclusivo cargo, no obstante haber deducido la primera, como si realmente la hubiera satisfecho, de su aportación a la Seguridad Social. Con fundamento en el referido impago la actora ejercitó pretensión de extinción del contrato de trabajo, con fundamento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores y en el Convenio colectivo de ámbito provincial para las empresas de Oficinas y Despachos de Málaga, vigente en 1993.

La pretensión ha sido desestimada por sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en 20 de octubre de 1995 _confirmatoria de

la pronunciada en instancia, en 23 de febrero de 1994_ expresiva de que _Fundamento de Derecho Segundo_ la acción rescisoria del contrato, prevista en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, viene "referida, exclusivamente, a la falta de pago y retraso continuado en el pago de los salarios" y no se extiende al impago de prestaciones de la Seguridad Social, en cuanto al pago delegado, ni al de la mejora voluntaria, y que, tampoco puede ampararse aquella acción en el apartado 1.a del artículo citado, dado que "los incumplimientos graves a que se refiere este precepto están referidos al contrato laboral que liga a las partes y no a las obligaciones derivadas de la Seguridad Social". Frente a esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.

Segundo._Se aduce como sentencia contraria la pronunciada por esta Sala el 22 de marzo de 1995, y, efectivamente, un examen entre la misma y la recurrida, evidencia la existencia del presupuesto de contradicción. En efecto: una y otra resolución contemplan la situación de trabajadores en situación de incapacidad laboral transitoria a quienes su empleador no satisface, en el concepto de pago delegado, la prestación económica correspondiente, ni tampoco el complemento de mejora voluntaria asumido en Convenio colectivo; ambas sentencias resuelven la pretensión rescisoria del contrato de trabajo, con causa en el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del empresario, concretadas en el impago de la prestación económica de incapacidad laboral a cuyo pago anticipado estaba obligado por ley, y en el no abono de la mejora voluntaria, cuya retribución asumía directamente, en virtud de Convenio colectivo; ello no obstante, los pronunciamientos han sido diferentes, pues en tanto la sentencia recurrida afirma que los repetidos incumplimientos no pueden subsumirse en las causas de extinción del contrato tipificados en el artículo 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, la resolución con que se compara mantiene la doctrina contraria.

Tercero._Verificada la existencia del presupuesto de la contradicción, es preceptivo entrar a conocer del único motivo de infracción legal aducido, cual es el artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores de 10 de marzo de 1980 vigente en la fecha de actuación de la pretensión rescisoria litigiosa, que establece como justa causa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato de trabajo "cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor" (este precepto se mantiene con la misma enumeración y descripción en el actual texto refundido de 24 de marzo de 1995, salvo, conforme con la variación introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, la modificación de "obligaciones contractuales", por "sus obligaciones").

La Sala no acepta la tesis de instancia que restringe la causa rescisoria mencionada única y exclusivamente a los incumplimientos graves del contrato laboral, no incluyendo, entre los mismos, las obligaciones derivadas de la Seguridad Social, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. El artículo 1258 del Código Civil, establece que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley"; es decir, el precepto obliga a estar a las consecuencias lógicas del pacto libre, extendiendo la responsabilidad contractual no sólo al texto literal, sino a sus derivaciones lógicas; derivaciones en las que actúan como referencia la buena fe, el uso y la ley. Precisamente, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974, establecía en su artículo 129.1 _hoy artículo 131 del texto refundido de 1994, según la redacción dada por el artículo 6.º 1 de la Ley 1992 de 24 de noviembre de Medidas Presupuestarias Urgentes_, que el subsidio, en caso de enfermedad o accidente no laboral se abona, respectivamente, a partir del decimosexto día de baja, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador, desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive", y que _ordinal segundo_ "el subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria _hoy incapacidad temporal, como antes se ha dicho_ correspondiendo su pago, en concepto de delegado, al propio empleador. Así, pues, el contrato de trabajo impone "ex lege" al empleador una doble obligación, de una parte, el pago directo de la prestación de incapacidad temporal durante los días cuarto a decimoquinto, de otra, el pago delegado de la misma, durante el tiempo posterior de enfermedad, con una duración máxima de doce meses y prórroga _artículo 127 del texto refundido de 1974; artículo 128 del texto de 1994_. Ambas obligaciones derivadas "ex lege" del contrato de trabajo, y cuyo cumplimiento cabía esperar, lógicamente, en el comportamiento del empresario, constituyen la causa rescisoria de incumplimiento grave tipificada en el artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, y a ello no se opone que la cobertura de incapacidad temporal forme parte de la acción protectora de la Seguridad Social, pues, en todo caso, se trata de obligaciones legales de prestación impuestas por la Ley General de la Seguridad Social al empresario en favor del trabajador, que constituyen efecto reflejo del contrato de trabajo.

2. También el empresario ha incumplido reiteradamente una norma de Convenio colectivo, que le obligaba directamente a asumir el pago de complemento pactado sobre mejora de incapacidad temporal. Abstracción hecha de cual sea la naturaleza jurídica de esta mejora _pública de Seguridad Social o laboral_, lo cierto es que la fuente de la obligación asumida, si bien no deriva directamente de la ley, pues tiene su origen en el convenio colectivo, _fuente de la relación laboral, según el artículo 3.º, 1.b) del Estatuto de los Trabajadores_, contrato _ley entre partes, cuya eficacia obligatoria se consagra en el artículo 1278 del Código Civil_ o liberalidad del empleador, de donde guarda una conexión más próxima al contrato de trabajo, máxime si se tiene en cuenta su finalidad de aproximar la cuantía de la prestación de Seguridad Social al salario, que es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Se sigue así la doctrina de la sentencia de contraste expresiva de que el término "obligaciones contractuales" "no debe contraerse a las obligaciones pactadas en el contrato, sino que debe extenderse tal expresión a todas aquellas que, cualesquiera que sea su origen, hayan sido asumidas por el empresario... como las mejoras voluntarias de la Seguridad Social (que), tienen carácter paccionado".

En definitiva, pues, el empleador ha incurrido en la justa causa de extinción del contrato de trabajo, tipificada en el artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, al haber incumplido en forma voluntaria, grave y reiterada, manifestando de este modo, una deliberada voluntad obstructiva al cumplimiento de obligación de anticipar el pago de la prestación de incapacidad temporal y de satisfacer, a su cargo, el complemento de mejora pactado en convenio, siendo de resaltar, además, que su comportamiento contrario a derecho, le lleva hasta reintegrarse, con motivo de los ingresos de cotización mensual a la Seguridad Social, de las anticipaciones de pago delegado, que nunca realizó.

Cuarto._En virtud de lo expuesto, procede admitir el recurso y casar y anular la sentencia recurrida. Ello implica resolver el debate en los términos planteados en suplicación, lo que conduce a estimar el recurso de tal clase interpuesto por la parte demandante, declarando, en consecuencia, extinguido el contrato de trabajo litigioso, y condenando al empleador don Pedro P.A. a abonar a la actora una indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los tiempos inferiores a un año y hasta un máximo de 42 mensualidades _artículo 50.2, en relación con el artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores_ y computándose el período de antigüedad hasta la fecha de esta sentencia.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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