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Sentencia T.S. (Sala 4) de 4 de febrero de 1998


 RESUMEN:

Nulidad de actuaciones. Acumulación de acciones de clasificación profesional y diferencias salariales. La de clasificación profesional -cuya sentencia no es recurrible en suplicación- se configura como principal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los hechos que sirven de fundamento al proceso que inicia las presentes actuaciones están configurados por las siguientes circunstancias: el actor venía prestando servicios por cuenta del Ayuntamiento de Albacete, con antigüedad de 5 de diciembre de 1989; la relación laboral se inició mediante contrato de obra o servicio determinado suscrito el citado 5 de diciembre de 1989; en 26 de febrero de 1990 las partes suscriben nuevo contrato temporal, esta vez bajo la modalidad de fomento de empleo al amparo del Real Decreto 1884/1984 para prestar servicios como administrativo, contrato que, tras sucesivas prórrogas, se extendió hasta el 25 de febrero de 1993; el anterior día 5 de febrero de 1993 se notifica al actor la extinción de su contrato con efectos desde el 25 de febrero de 1993 y por sentencia de 22 de junio de 1993, del Juzgado de lo Social nº 3 de Albacete, se declara la improcedencia del despido; desde el 5 de diciembre de 1989 y desde su reincorporación a su puesto de trabajo en 1 de septiembre de 1993 sigue percibiendo retribuciones pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, continuando siempre en la realización de tareas como administrativo por lo que solicita las correspondientes diferencias concretando su demanda en la solicitud de reconocimiento de la categoría profesional de administrativo C-18 (grupo 5) y el percibo de los salarios correspondientes a la misma, y el cobro de la cantidad por diferencias salariales de categoría por importe de 733.320 pesetas por períodos de septiembre de 1993 a junio de 1995 y por trienios correspondientes a los años 1994 y 1995, así como el reconocimiento de pluses de antigüedad desde el 5 de diciembre de 1989.

La sentencia de instancia estimó la petición sobre la categoría profesional solicitada y las demás pretensiones del actor, si bien, recurrida en suplicación, la que ahora se impugna de 17 de marzo de 1997 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, revoca la anterior desestimando la demanda y absolviendo a la demandada.

El presente recurso se interpone en la concreta solicitudde que se declare la nulidad de actuaciones una vez pronunciada la sentencia de instancia, ya que no era susceptible de ser recurrida en suplicación, habiendo infringido la sentencia recurrida lo dispuesto en los artículos 137.3 y 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, con el consiguiente quebranto en la unidad de doctrina retiradamente mantenida por esta Sala en materia de clasificación profesional y de la que es muestra la sentencia aportada en comparación de 30 de marzo de 1993.

Segundo.-La contradicción entre la última sentencia citada y la recurrida es evidente ya que también en aquella se contempla el mismo supuesto de reclamación de clasificación profesional y consiguiente pago de cantidad sobre la base de realización de funciones correspondientes a la categoría superior a la que se tenía asignada. Se cumplen pues los requisitos de identidad que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral para la viabilidad del recurso; y sin que obste a ello la objeción opuesta por la entidad recurrida alegando que el actor no promueve realmente una demanda de clasificación profesional ajustada a lo dispuesto en los artículos 39.4 del Estatuto de los Trabajadores y 137 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues dicha objeción se enfrenta con la clara petición del suplico de la demanda sobre reconocimiento del derecho de clasificación profesional constando, a su vez, unido a las actuaciones de instancia (folio 9) acuerdo del Ayuntamiento de Albacete contrario a la reclamación previa presentada por el actor solicitando el reconocimiento de su categoría de administrativo C-18, obrando también en las actuaciones de instancia (folio 6) informe de la Inspección de Trabajo reconociendo que el actor realiza, al menos desde la visita de inspección en enero de 1995, labores propias de oficial administrativo. Y, por otra parte, la providencia que admite la demanda no fue recurrida por el Ayuntamiento de Albacete ni éste, en la oposición a la demanda, formuló objeción alguna relativa al procedimiento seguido, ni tampoco motivó su recurso de suplicación en el apartado 1.º del artículo 121 de la Ley Procesal Laboral sobre infracción de normas de procedimiento que hayan producido indefensión.

Tercero.-A la vista de las infracciones denunciadas en el recurso y cumplido el trámite previsto en los artículos 238.3 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y centrada la petición de la demanda en el reconocimiento de una clasificación profesional, la sentencia impugnada ha incurrido en las infracciones antes mencionadas ya que la sentencia de instanciano era recurrible en suplicación de acuerdo con lo que disponen los artículos 137.3 y 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Como se advierte en la sentencia de contaste y en la anterior de esta Sala de 30 de octubre de 1992, el hecho de que además de la clasificación profesional se haya solicitado el abono de diferencias salariales por cuantía superior a las 300.000 pesetas, no esobstáculo a cuanto se viene diciendo sobre la imposibilidad de acceso al recurso de suplicación ya que la acumulación de acciones, autorizada por el artículo 27 de la Ley Procesal citada, no impide reconocer que las citadas acciones, ejercitadas conjuntamente, son mutuamente interdependientes, configurándose la acción de clasificación profesional como principal y la de diferencias por reconocimiento de la categoría como derivada, en inevitable posición de dependencia respecto de aquella cuya suerte procesal, en todos los aspectos, debe correr.

La cuestión ha de entenderse, por tanto, plenamente unificada como reiteradamente ha establecido esta Sala en las sentencias mencionadas y en las de 20 de junio de 1995, 28 de mayo y 29 de junio de 1996.

En consecuencia de todo ello, se llega a la conclusión, en armonía con el dictamen del Ministerio Fiscal, de que la sentencia impugnada quebranta la unidad de doctrina debiendo casarse y anularse si bien, habida cuenta de las infracciones producidas, el pronunciamiento que ha de recaer, es el de que no cabe recurso contra la sentencia que puso fin a la instancia, que alcanzó firmeza desde su publicación; y asimismo que son nulas todas las actuaciones practicadas con posterioridad, reponiéndose éstas al momento en que fue publicada la sentencia de instancia; sin que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral haya lugar a la imposición en las costas.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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