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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 17 de julio de 1998


 RESUMEN:

Despido nulo. Despido objetivo por causas económicas. "Poner a disposición". Ha de entenderse "entregar", "dar". El trabajador debe disponer del dinero en el mismo acto en que se sabe despedido.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los accionantes que promueven el presente recurso de casación unificadora, habían promovido demanda impugnando la decisión del excelentísimo Ayuntamiento de la Carolina, notificándoles su despido por causas económicas. Por sentencia del Juzgado de la ciudad de Jaén del día 20 de diciembre de 1996, se acogió su pretensión, y se declaró la improcedencia del despido, con las consecuencias que se derivan de esta declaración y que se consignan en su parte dispositiva.

Ambas partes interpusieron recurso de suplicación, que fueron desestimados por la sentencia combatida, que es la dictada por la Sala de lo Social de Granada, del Tribunal Superior de Andalucía, del 15 de octubre de 1997, que confirmó la de instancia.

Son hechos probados de la misma que interesan a los efectos del presente recurso: Que los tres actores, con las categorías de portero de piscina municipal, oficial de segunda albañil y oficial de primera en obras de pavimentación respectivamente, habían interpuesto demanda el 27 de noviembre de 1995, que fue estimada por sentencia del 9 de febrero de 1996, que declaró la improcedencia de sus despidos optando el demandado por la reincorporación a su puesto de trabajo; que el día 27 de julio de 1996 el excelentísimo Ayuntamiento demandado les comunicó que al siguiente día 23 de agosto dejarían de prestar servicios por la grave situación económica del mismo, sin que a la fecha de la presentación del escrito iniciador del procedimiento se hubieran hecho efectivas las cantidades que en la carta se indicaba que se ponían a disposición de los actores; que la corporación demandada ha contratado desde el 1 de enero de 1996 a diversos trabajadores, y desde el 23 de agosto de 1996 a 64, de ellos 4 oficiales de primera albañil, y 20 peones de albañil; que los actores formularon reclamación previa el día 10 de septiembre de 1996 y demanda el 15 de octubre del mismo año.

Como sentencia de comparación se cita la de la Sala de los Social de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 24 de enero de 1995 que tiene la condición de firmeza; en ella se contemplan como hechos la situación de dos trabajadores, que recibieron carta en la que se les comunica su cese por causas económicas con efectos al 8 de septiembre de 1994, teniendo a su disposición a partir de ese momento una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, concretando el importe de la que correspondía a cada uno de los actores. La sentencia entendió que al no quedar constatado que les fuera realmente abonada la citada indemnización, la decisión empresarial era nula, revocando es este sentido la sentencia de instancia y estimando la pretensión ejercitada.

La cuestión que se plantea en el presente recurso es la determinar el sentido y alcance de la expresión utilizada por el legislador en el apartado b) del núm. 1 del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores "De poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio." Concurre el requisito o presupuesto de la contradicción, exigido en el artículo 217 L.P.L. para viabilizar el recurso de casación para la unificación de doctrina, pues es evidente que existe la misma situación de los litigantes en relación con los hechos, fundamentos, y pretensiones substancialmente iguales, llegando las sentencias comparadas a pronunciamientos distintos que producen quebranto en la unificación de la interpretación del derecho.

Segundo.-El examen de las infracciones jurídicas denunciadas contempla los artículos 51, 52.c), 55.6, como presupuestos y defectos en la interpretación del apartado b) del núm. 1 del artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con su núm. 4, que impone, como hemos visto la puesta a disposición del trabajador, simultáneamente a la comunicación, la indemnización que se contempla, sancionando el incumplimiento con la calificación de nulidad de la decisión empresarial.

En el desarrollo del motivo se razona, que no se puede confundir la puesta a disposición con la entrega efectiva, y de conformidad con la doctrina jurisprudencial que cita en apoyo de su postura, entiende que el mandato legal solo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido "sin solución de continuidad, sin precisión de ningún otro trámite la indemnización se debe poner a disposición del actor, lo que no ocurrió en el supuesto litigioso donde hasta el momento de la presentación de la demanda no se abonó la cantidad pese a que los actores la habían solicitado en la reclamación previa".

Al Estado le interesa que las partes actúen en el cumplimiento de sus obligaciones con la debida prontitud y diligencia, ya que con ello se contribuye a lograr la paz social y por ello impone mandatos como los regulados, por ejemplo, en los artículos 1101, 1108, 1109, 1724 del Código Civil, o el resarcimiento que se contempla en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social el retraso en el cumplimiento adquiere un matiz especial, en tanto en cuanto el trabajador no puede ver demorada la efectividad de la obligación sinalagmática, o la cobertura de la deuda de Seguridad Social, ya que con esos cumplimientos se cubren necesidades perentorias y muchas veces vitales. De ahí que tradicionalmente se impone al patrono, como hacía antigua Ley del Contrato de Trabajo, el pago del jornal dentro de la jornada o inmediatamente después de terminase ésta, sin que el percibo del salario en períodos superiores pudiera exceder del mes, obligación de puntualidad que se reitera en los artículos 4.º 2 y 29.1 del Estatuto de los Trabajadores sin que el pago pueda superar el plazo del mes. En relación con las obligaciones que derivan de la Seguridad Social, por ejemplo, las prestaciones de incapacidad temporal en el caso de incumplimiento del patrono de las obligaciones de colaboración obligatoria, la entidad gestora adoptará con toda urgencia como dice el artículo 19 de la Orden del 25 de noviembre de 1966, las medidas necesarias para corregir la falta. En materia de efectividad de las resoluciones judiciales en reconocimiento de los derechos del trabajador, vemos como el legislador impone por ejemplo la continuación en el pago de los salarios de tramitación, o el abono de las prestaciones reconocidas durante la tramitación de los recursos, sin obligación de reintegrar en el caso de quedar sin efecto el reconocimiento. Con esta simple referencia a varias de las medidas de las múltiples que adopta el legislador, la Sala únicamente quiere poner de relieve ese principio de perentoriedad que ha de regir en esta materia.

Centrándonos en la que nos ocupa el Real Decreto Ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, que liberalizó la del despido en relación con la legislación anterior, al regular en su artículo 40 la forma de dar efectividad al de carácter objetivo regulado en el artículo anterior, ya exigía poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la correspondiente indemnización, con la salvedad, en relación con el sistema actual, que aunque se declaraba el despido nulo por incumplimiento de los requisitos de forma, sus efectos se equiparaban al despido improcedente. En el Estatuto de los Trabajadores, se abandona es referencia del salario de una semana por año de servicio de la regulación anterior, y el despido nulo que tiene lugar por ese incumplimiento formal, tiene como efecto la readmisión inmediata del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir.

Por ello, ya esta Sala en sus sentencias del 11 de junio y 20 de noviembre de 1982, citadas en la del 29 de abril de 1988, y posteriormente en la del 2 de octubre de l986, ha señalado como se cita en el recurso, "que el mandato legal solo puede entenderse cumplido si, en el mismo acto en que el trabajador se sabe despedido y sin solución de continuidad, sin precisión de otro trámite ni cualquier quehacer complementario, él dispone efectivamente del importe dinerario a que asciende la indemnización que la Ley le confiere".

Las modificaciones legales posteriores no puede cambiar el sentido de esta doctrina y lejos de ello confirman su idoneidad y vigencia por cuanto:

a) Persisten las mismas expresiones de "poner a disposición del trabajador, simultáneamente" esa indemnización. El verbo poner tiene como una de sus acepciones la de entregar, dar, y en este sentido la emplea el legislador.

b) La acción o efecto de disponer, es el de usar uno cualquiera de los derechos inherentes a la propiedad o disposición de los bienes como determina el Real Diccionario de la Lengua.

c) Este poner a disposición lo matiza el legislador diciendo que la misma ha de hacerse simultáneamente es decir al mismo tiempo. De acuerdo con esta interpretación gramatical se exige la entrega de la cantidad, o el percibo sin dilación del que habla esa jurisprudencia.

Tercero.-Desde otro canon interpretativo hay que tener en cuenta: 1. Inicialmente la declaración de nulidad producía los mismos efectos que la establecida para el despido disciplinario, y es sabido que en éste, cuyo efecto era la inmediata readmisión del trabajador, se producía esa nulidad, entre otros, en el caso de incumplimiento de los requisitos de forma escrita.

2. Las reformas posteriores vienen a poner de relieve la importancia que da el legislador a esa puesta a disposición El texto de Procedimiento Laboral de 1990, en su artículo 122 reiterando lo dispuesto en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, señalaba esta nulidad para el despido objetivo, entre otros supuestos, en el de falta de la comunicación escrita con expresión de su causa al igual que ocurría en el despido disciplinario, y con carácter autónomo independiente, en el supuesto de la falta de puesta a disposición que nos ocupa.

3. La publicación de la ley 11/1994, del 19 de mayo, introdujo una profunda modificación en esta materia, por cuando, si bien mantiene la exigencia de forma del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, su incumplimiento no determina la declaración de nulidad, que se reserva únicamente para las causas de discriminación prohibidas por la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de los derechos fundamentales o libertades públicas del trabajador. Por el contrario en el despido objetivo, con nueva redacción del apartado c) del artículo 52 según la Ley 8/1997, del 16 de mayo, sin perjuicio de recoger estas nuevas causas de nulidad, al igual que en el disciplinario, mantiene esa declaración de nulidad por incumplimiento de los requisitos formales del núm. primero del artículo, es decir: a) la comunicación escrita expresando la causa y b) en segundo lugar, con la misma expresión diferenciada establecida ya en el Decreto-Ley de 1977, por falta de puesta a disposición de la indemnización de veinte días por año de servicio.

Ello únicamente puede significar que el legislador mantiene con la misma fuerza originaria la sanción de nulidad que se extiende a los dos requisitos, cuando se mitigó en relación con la forma escrita, con expresión de su causa para el despido disciplinario.

Pero la voluntad del legislador de exigir esa puesta a disposición en los términos que señala la doctrina de la Sala anteriormente indicada, se pone de manifiesto cuando comprendiendo que si el despido se produce por causas económicas, y pueden darse situaciones en las que es la imposible cumplir la exigencia legal, autoriza la no puesta a disposición siempre que la misma se haga constar en la comunicación escrita como se expresa en el párrafo segundo del apartado b) del núm. 1 del artículo 53, manteniendo no obstante la sanción de nulidad si no se cumplen los requisitos establecidos en dicho número.

Cuarto.-Por todo ello hay que concluir que la doctrina correcta es la mantenida en la sentencia de contraste, y como en el excelentísimo Ayuntamiento demandado incumplió esa exigencia legal por cuanto no realiza la puesta a disposición de los actores, aun en el momento de interponerse la demanda, pese a solicitarse su entrega en la reclamación previa, y sin que conste que lo hubiera efectuado en un momento posterior, -circunstancia que ya sería intranscendente- hay que concluir que por la sentencia combatida se cometieron las infracciones denunciadas, lo que lleva a la estimación del motivo y del recurso para casar y anular dicha sentencia. Y entrando a conocer del recurso de suplicación, procede su estimación para anular la sentencia de instancia, y estimar la demanda condenado a dicho demandado, hoy recurrido, a estar y pasar por la declaración de la nulidad del despido de que fueron objeto los actores, con las consecuencias que se derivan de esa declaración y que se establecen en el núm. 6 del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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