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Sentencia T.S. (Sala 4) de 30 de diciembre de 1998


 RESUMEN:

Demanda de clasificación profesional. Esta modalidad procesal debe utilizarse cuando la reclamación esté fundada en el desempeño de actividades de categoría superior -vaya o no acompañada de petición de cantidad por diferencias- pero no cuando se trate de interpretación de preceptos legales o convencionales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los actores solicitaron en el suplico de su demanda dirigida contra Televisión Española, S.A., que: "previa, la declaración del derecho de los comparecientes a percibir sus salarios de acuerdo con el nivel económico 5, de ascenso en la categoría de Especialista de Montaje que desempeñan desde su ingreso, se condene a la empresa demandada a abonarles las cantidades respectivas de 488.318 ptas, a Alejandro O. y 350.276 ptas., a Josep M.P. correspondientes al período comprendido entre junio del 93 y octubre del 94, así como las que en lo sucesivo pudieran devengarse, subsidiariamente, para el caso de que no prosperara dicha reclamación abonarles, en cualquier caso, 126.446 ptas., a Alejandro O. t 147.884 ptas., a Josep M.P. en concepto de diferencias por trabajos de superior categoría en las pagas extras, la antigüedad y paga de productividad del mismo período".

La sentencia de instancia estimó su pretensión principal. Recurrida en suplicación por la empresa, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia el 18 de noviembre de 1997, que -entrando en el fondo- estimó el recurso y absolvió a la demandada. Previamente rechazó la tesis de los recurridos expuesta en su escrito de impugnación relativa a que la sentencia de instancia no era recurrible en suplicación por tratarse de una cuestión de clasificación profesional.

Consta en el inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, mantenido en la impugnada que los actores "han venido prestando sus servicios por cuenta de la empresa demandada, desde 15 de septiembre de 1982 y el 20 de marzo de 1985, respectivamente, con la categoría profesional de Oficiales de Montajes de Unidades y Enlances Móviles, pero desde hace más de 6 años vienen efectuando tareas propias de la categoría profesional superior de Especialistas de Montajes de Unidades y Enlaces Móviles, percibiendo las retribuciones correspondientes al nivel económico 6 del convenio, que corresponde al nivel de ingreso de la categoría de especialista".

La "causa petendi" de la pretensión de los actores estriba en síntesis en considerar que se les debe aplicar durante el período reclamado, no al nivel 6, sino el nivel económico 5 correspondiente al nivel de ascenso en la mencionada categoría de especialista. Todo ello con fundamento en el artículo 61 del VII Convenio Colectivo de empresa unido a autos que se refiere a la llamada progresión del salario en la categoría cuando se cumplan determinadas condiciones.

Segundo.-Contra la referida sentencia de suplicación interponen los actores el presente recurso de casación para la unificación de doctrina e invocan en concepto de contradictoria la dictada por la misma Sala de Cataluña el 1 de octubre de 1997. Esta sentencia de contraste contempla un supuesto fáctico y jurídico sustancialmente idéntico; no obstante, no entró a examinar el fondo del asunto por entender que se trataba de una cuestión de clasificación profesional y en definitiva declaró la inadmisibilidad del recurso de suplicación interpuesto. Es claro, por tanto, que respecto de este extremo existe la contradicción alegada, concurriendo las identidades previstas en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral necesarias para viabilizar procesalmente el recurso.

Tercero.-Los recurrentes en el recurso de casación para la unificación de doctrina se limitan a argumentar sobre la naturaleza irrecurrible de la sentencia de instancia, denunciando la infracción de los artículos 137.3 y 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicitando exclusivamente que se declare la inadmisibilidad del recurso de suplicación por razón de la materia; insistiendo en que se trata de una cuestión de clasificación profesional.

No puede aceptarse la argumentación expuesta dado que en el presente caso no se cuestiona si los actores están o no bien clasificados, sino si les es de aplicación lo dispuesto en el artículo 61 del Convenio Colectivo aludido respecto a la llamada progresión del salario en la categoría. No se trata de una demanda de clasificación profesional pues no se alega falta de correlación o de correspondencia entre categoría ostentada y funciones realizadas (sentencia de esta Sala de 17 de marzo de 1997).

Como han declarado las sentencias de esta Sala de 24 de febrero de 1995, que reitera la de 30 de enero de 1997, la modalidad procesal de clasificación profesional prevista en el artículo 137 de la Ley de Procedimiento Laboral debe utilizarse exclusivamente cuando la reclamación de categoría profesional esté fundada en el desempeño de actividades de categoría profesional superior -vaya o no acompañada de una reclamación de cantidad por diferencias, sentencia de 28 de mayo de 1996-pero no cuando la clave de la decisión judicial se encuentre en la interpretación de preceptos legales o convencionales.

Máxime cuando la demanda que inició el proceso se formuló con arreglo a la normativa del proceso ordinario (artículos 80 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral) y nó conforme a lo dispuesto en el citado artículo 137 y por tanto no se recabaron los informes prevenidos en el mismo. No habiendo alegado los actores ninguna circunstancia obstativa a la admisión del recurso de suplicación hasta el momento de su impugnación.

Por último hay que resaltar que los recurrentes no han alegado nada respecto del fondo del asunto, no planteando ninguna objeción a la interpretación efectuada en la sentencia impugnada respecto del artículo 61 del Convenio Colectivo.

Por todo lo cual, oído el Ministerio Fiscal, se debe desestimar el recurso, ya que la doctrina correcta sobre el tema de la recurribilidad de la sentencia de instancia, es la contenida en la sentencia impugnada.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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