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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.C. 16/1999, de 22 de febrero

 RESUMEN:

El órgano judicial está obligado a advertir al recurrente y concederle plazo de subsanación si con la demanda no acompaña copia acreditativa de haber interpuesto reclamación administrativa previa.

II.  FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.  El objeto de la presente demanda de amparo consiste en determinar si se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de los recurrentes (artículo 24.1 C.E.), al no haber obtenido una respuesta sobre el fondo de la pretensión, por apreciarse falta de agotamiento de la vía administrativa previa. Los diferentes órganos judiciales que se han pronunciado en las sucesivas instancias del procedimiento han confirmado la existencia de este defecto, y así el Juzgado de lo Social afirmó en su resolución que los actores debieron haber presentado la preceptiva reclamación previa ante la codemandada Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a partir del momento en que les fue notificada la subrogación de aquélla en el servicio donde trabajaron; por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia mantuvo la exigibilidad de dicha reclamación, si bien aduciendo que la demanda debió haberse dirigido también contra la mencionada Consejería. Finalmente, el Auto del Tribunal Supremo manifiesta que la decisión judicial se había fundado en la falta de agotamiento de la vía administrativa previa y no en la falta de aportación de la copia de la reclamación, por lo que el incumplimiento procesal es imputable a la parte, que no lo ha combatido mediante prueba en contrario, si bien esta apreciación se hace en el contexto de la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina que interpusieron los demandantes.

Frente a las afirmaciones de los órganos judiciales, los quejosos mantienen que se ha incurrido en un error, puesto que sí presentaron en su momento la preceptiva reclamación administrativa previa, cuya copia aportan con la demanda de amparo y que aparece sellada en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife con fecha 21 de diciembre de 1994. Recuerdan, además, que en el escrito de ampliación de la demanda por despido contra la Consejería (de 21 de enero de 1995) hicieron constar que se presentaba por haber transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 69 L.P.L. para la reclamación previa. Manifiestan que, en consecuencia, si la ampliación de la demanda adolecía del defecto que luego fue apreciado en la Sentencia, debió haberse abierto por parte del Juzgado el trámite recogido en el artículo 81 L.P.L., otorgando el plazo establecido en él para subsanar la supuesta falta de agotamiento de la vía administrativa: una subsanación que no les fue requerida ni entonces ni en ningún otro momento del proceso. De otro lado, alegan que el razonamiento vertido en su Auto por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo les ha ocasionado indefensión, ya que supone trasladar a la parte en fase probatoria la carga de acreditar el cumplimiento de todos los requisitos de la demanda, dejando sin efecto la garantía de subsanación prevista en el artículo 81 L.P.L.

Por su lado, las restantes partes personadas en el recurso de amparo solicitan su desestimación, manifestando no conocer la copia de la reclamación previa aportada ante este Tribunal y que, afirman, no fue exhibida por los recurrentes en el procedimiento judicial. Frente a ellas, el Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesa la estimación del recurso, dada la evidencia de que sí se presentó reclamación administrativa y de que, en cualquier caso, el órgano judicial no requirió la subsanación de la falta de acreditación de haber cumplimentado dicho trámite preprocesal, invocando la jurisprudencia constitucional al respecto.

2.  Planteada así la cuestión que debemos resolver, y teniendo en cuenta el invocado derecho a obtener una respuesta judicial sobre la pretensión de fondo, la premisa de partida debe ser, necesariamente, la reiterada doctrina de este Tribunal, según la cual el derecho a la tutela judicial se satisface con una respuesta de inadmisión fundada en una causa legal razonablemente apreciada y motivada en Derecho, si bien no puede olvidarse que, en tanto tal respuesta cierra el acceso al proceso o, como es el caso, impide un pronunciamiento sobre el fondo, el control, constitucional ha de realizarse de modo más riguroso, puesto que estamos ante el derecho que constituye el núcleo de la tutela efectiva (SSTC 13/1981, 115/1984, 87/1986, 154/1992, 55/1992 y 112/1997, entre la abundante jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia). En consecuencia, procede valorar si desde la perspectiva constitucional la forma en que los órganos judiciales han apreciado la falta de agotamiento de la vía administrativa previa se compadece con la adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial de los recurrentes.

Como se desprende de los antecedentes de hecho, la cuestión que se suscita en amparo presenta algunas particularidades. En efecto, los órganos judiciales que han confirmado sucesivamente la falta de reclamación previa establecida como trámite preprocesal obligatorio en el artículo 69.1 L.P.L. para los supuestos que allí se indican, afirmaron en todas las resoluciones que los recurrentes no habían procedido a presentarla; una manifestación claramente contradictoria con la constancia del escrito de reclamación, aportado con el recurso de amparo, que aparece registrado con fecha 21 de diciembre de 1994 y cuya presentación se confirma en el escrito de ampliación de la demanda, justificada en el transcurso del plazo de un mes previsto en el núm. 2 del citado artículo 69 L.P.L. Este hecho, aparentemente indiscutible, no se compagina con que el Juzgado apreciase una supuesta falta de acreditación del requisito, a pesar de que requirió a los recurrentes para aportar las correspondientes copias de la demanda, como tampoco encaja con la oposición por parte de la Consejería codemandada de la excepción procesal consistente en la falta de agotamiento de la vía administrativa.

No consta fehacientemente si los recurrentes aportaron el documento con posterioridad, ni las causas por las que las distintas partes personadas en este recurso de amparo afirman desconocer hasta este momento la existencia de la reclamación. Sin embargo, este Tribunal no puede tomar en consideración hipotéticos extravíos en alguna instancia de la repetida reclamación, como tampoco especular sobre los motivos de la Consejería para oponer la excepción o del resto de las partes personadas para interesar la desestimación del amparo por falta de conocimiento del documento presentado, debiendo ceñirnos para nuestra valoración a los hechos ciertos y a los razonamientos empleados por los órganos judiciales para apreciar la causa impeditiva del pronunciamiento sobre el fondo, así como a una eventual actitud procesal de los recurrentes que pudiera llevar a la conclusión de que sólo a ellos cabe imputar la respuesta obtenida en el procedimiento.

3.  Las distintas resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento laboral, han rechazado resolver la cuestión de fondo por no haberse agotado la vía administrativa previa, es decir, por no haber cumplido los recurrentes con el requisito exigido por el artículo 69.1 L.P.L. para poder demandar al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las entidades locales y a los organismos autónomos dependientes de ellos, cual es el de reclamar en vía administrativa en la forma prevista en las normas correspondientes. No se les imputa, pues, una mera omisión formal del documento acreditativo de la reclamación ni la presentación extemporánea, anticipada o indebida de aquélla respecto a la demanda judicial, sino el incumplimiento efectivo del trámite procesal que, en evitación del proceso, se exige legalmente (la finalidad de la reclamación previa ha sido recordada por este Tribunal, entre otras, en las SSTC 21/1986, 60/1989, 120/1993, 355/1993 y 112/1997). Ahora bien, a esta conclusión que, en definitiva, ha impedido a los recurrentes obtener una respuesta judicial de fondo, no se ha llegado de manera compatible con el derecho a la tutela judicial, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias.

Lo primero que resulta incontestable es que, contrariamente a lo manifestado por los órganos judiciales, los recurrentes sí presentaron reclamación previa, sellada en el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife con fecha 21 de diciembre de 1994, tal como aparece en el documento aportado con la demanda de amparo, debidamente cotejado y conformado por el Jefe de Negociado de dicho Gobierno Civil. En consecuencia, es indudable que el requisito legal fue cumplido y además lo fue materialmente, ya que la lectura de la reclamación evidencia con toda claridad que se presentó conforme a lo prevenido en el artículo 69 L.P.L. y con motivo de la reclamación por despido que iba a dirigirse contra la Consejería por no haber readmitido a los actores pese a haber tomado posesión del servicio en el que aquéllos habían venido trabajando. Lo cual supone, por lo que respecta al Juzgado, que éste estuvo en condiciones de conocer el cumplimiento del requisito con anterioridad al momento de dictar Sentencia, todo ello al margen de la actuación de la Administración respecto a la reclamación, de las razones que la llevaron a oponer la excepción en el acto del juicio y con independencia del destino posterior del escrito, sobre el que nada consta.

En efecto, cuando los recurrentes presentaron su escrito de ampliación de la demanda por despido a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, precisaron literalmente que se procedía a ello "... al haberse cumplido el plazo que preceptúa el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Laboral para las reclamaciones previas". Un precepto éste que, como sin duda conocía el Juzgado, establece que, denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la resolución, el interesado podrá formalizar la demanda ante el órgano judicial competente, acompañando copia de la resolución denegatoria o el documento acreditativo de la presentación de la reclamación, así como una copia para la entidad demandada. Era, pues, evidente que del contenido del escrito cabía deducir que la reclamación administrativa se había presentado; un dato que no pudo pasarle desapercibido al Juzgado, de modo que, caso de que los recurrentes hubieran omitido las acreditaciones requeridas por la norma, ello habría dado lugar al oportuno proveído por parte de aquél y al trámite de subsanación al que luego se aludirá.

Por otra parte y con ocasión de un recurso de reposición interpuesto por una de las empresas a las que se amplió la demanda, el escrito de impugnación de los recurrentes vuelve a manifestar en su último párrafo que se había dirigido la preceptiva reclamación previa a la Consejería, dato que necesariamente hubo de leer el Juzgado antes de resolver sobre aquel recurso. Pese a todo, aquél dictó sentencia afirmando que los recurrentes no habían agotado la vía administrativa, cuando hasta ese momento de todas las actuaciones procesales puede concluirse que el órgano judicial conocía -o debía conocer- de la existencia de la reclamación y que no había considerado que debiera subsanarse ningún defecto en relación a ella, originando con ello un error de partida que, mantenido después en las sucesivas instancias judiciales, determinó la desestimación de la demanda. Insistiendo en esta consideración, no puede obviarse que, según aparece en el acta del juicio, cuando la Consejería alegó la excepción en el juicio, los demandantes se opusieron a ella y si bien no consta en qué términos se produjo la oposición, parece razonable deducir que no fue posible oponerse a la falta de reclamación previa más que negando tal extremo, lo cual necesariamente habría llevado al órgano judicial, antes de estimar la excepción, a comprobar la existencia del documento en los autos o bien su hipotético extravío, con las oportunas consecuencias, que en ningún caso podrían haber derivado en la denegación del derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes.

4.  Desde la perspectiva de este derecho (artículo 24.1 C.E.) no resulta aceptable que el Juzgado dictase una sentencia sin pronunciarse sobre el fondo alegando una causa que no sólo no se corresponde con la realidad, sino sobre la que en ningún momento había advertido a los recurrentes. Al margen de que éstos sí habían presentado la reclamación administrativa, el órgano judicial debió haber observado en el momento en que procedieron a la ampliación de la demanda contra la Consejería si se acompañaba el documento acreditativo de aquélla, a la cual se aludía indubitadamente en el escrito; y ello porque de no haberse aportado procedía la concesión del plazo previsto para corregirlo en el artículo 81 L.P.L., en el que se dispone que el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones de la demanda, otorgando cuatro días para la subsanación. Este trámite constituye la garantía de que "... los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla y si bien es claro que una demanda que olvide los requisitos esenciales no puede ser admitida a trámite, pues viciaría el propio debate de la litis, que ha de quedar delimitada en su aspecto nuclear claramente, también lo es que una interpretación del artículo 72 ha de pasar por unos moldes espiritualistas y antiformalistas insitos en la propia legislación y exigidos por el mandato constitucional..." (STC 118/1987, fundamento jurídico tercero, posteriormente reiterada, entre otras, en SSTC 11/1988, 25/1991, 70/1992, 120/1993, 335/1994, 112/1997, 8/1998, 130/1998 y 207/1998).

Más aún, la jurisprudencia constitucional ha mantenido que la garantía contenida en el artículo 81 L.P.L. constituye un claro mandato dirigido al juzgador para advertir de oficio de los defectos en que pueda haber incurrido la demanda y que puedan ser subsanados, criterio mantenido concretamente para la falta de acreditación de la reclamación previa -siempre que la finalidad de ésta se hubiera satisfecho y que la actitud de la parte no hubiera sido incompatible con la petición de subsanación-, incluso en supuestos en los cuales, desde la perspectiva constitucional, resultaba procedente la concesión de un nuevo plazo para formular la reclamación (pueden verse estos criterios, entre otras, en las SSTC 11/1988, 60/1989, 81/1992, 65/1993, 120/1993, 122/1993, 355/1993, 335/1994, 69/1997 y 112/1997).

Desde estas premisas, la decisión del órgano judicial no satisface el derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que no requirió a los recurrentes una subsanación que hubiera permitido aclarar si la reclamación se había producido realmente o si el único defecto consistía en la simple omisión de la copia, con independencia de cuál hubiera sido la respuesta judicial. Efectivamente, el trámite del artículo 81 L.P.L. se abrió mediante providencia de 24 de enero de 1995, pero el plazo sólo se concedió para que los actores aportasen las copias de la demanda, sin referencia alguna a la supuesta falta de reclamación, lo cual creó la apariencia razonable de que o bien el defecto no existía o bien el Juzgado no consideró que lo hubiera. Así las cosas, el juzgador no pudo llegar en la sentencia a la conclusión de que los actores no habían agotado la vía administrativa cuando en el momento en que se presentó la ampliación de la demanda no se pronunció sobre una cuestión que, siendo subsanable en aquel momento, determinó después la desestimación de aquélla sin pronunciamiento sobre el fondo; el deber legal impuesto por el artículo 81 L.P.L. obligaba al Juzgado a verificar el cumplimiento del trámite preprocesal y, en su caso, a proceder a su subsanación, evitando con ello que la omisión, si es que la hubo, relativa a la presentación de la reclamación, abocase a la estimación de una excepción procesal que no hubiera prosperado de haberse observado la prescripción legal.

Por otra parte, ni el error ni la lesión del derecho derivada de él fueron posteriormente reparados en las sucesivas instancias. Pese a que en su recurso de suplicación los recurrentes solicitaron la nulidad de las actuaciones por no haberse dado trámite de subsanación e insistieron en que si habían presentado la reclamación previa, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso, argumentando que la demanda debió haberse entablado también contra la Consejería, cuestión que nunca fue debatida porque la demanda se dirigió precisamente también contra aquélla y que, en cualquier caso, no resolvía la relativa a la falta de subsanación del defecto. Finalmente, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina por considerar que la cuestión no podía configurarse como un supuesto de indefensión, si bien añadió que, en la medida en que la parte no había acreditado la presentación de la reclamación, las consecuencias de la decisión judicial eran imputables a ella.

Respecto a este último razonamiento, conviene precisar que en tanto se efectúa en el contexto de la inadmisión del recurso no nos corresponde interpretar si el artículo 205.c) L.P.L. puede acoger o no como supuesto de indefensión susceptible de impugnación en unificación de doctrina el caso planteado por los recurrentes, ya que se trata de una cuestión de estricta legalidad ordinaria; sin embargo, es necesario advertir que aun cuando este Tribunal ha declarado que el trámite de subsanación no exime a la parte del cumplimiento de los presupuestos procesales relacionados con la demanda que presenta, también hemos afirmado que ello no neutraliza la exigencia, constitucional de que el órgano judicial favorezca la satisfacción de la pretensión permitiendo la subsanación del defecto, evitando así una desproporción injustificada entre la finalidad del requisito inobservado y las consecuencias para la tutela judicial (entre otras, y referidas a la reclamación previa, SSTC 65/1993 y 120/1993; por otra parte, la misma doctrina se ha mantenido para el trámite de la conciliación -STC 69/1997-, cuya función autocompositiva y evitadora del proceso comparte la reclamación administrativa, según hemos declarado en la STC 81/1990). Criterios de los que cabe deducir que la efectividad de derecho a la tutela judicial efectiva que ha de procurarse mediante el cumplimiento del deber legal de garantizar en lo posible la subsanación de los defectos procesales no puede desconocerse desviando a los recurrentes, a través de su carga probatoria, la exclusiva responsabilidad de las consecuencias que para aquel derecho tiene la inobservancia por parte del órgano judicial de lo prescrito en la norma.

5.  Resta por verificar que los recurrentes no incurrieron en una actuación procesal de la que pudiera derivarse su propia responsabilidad en lo sucedido y, en consecuencia, enervar la del órgano judicial. Sin embargo, de cuantas circunstancias se vienen relatando, cabe concluir que no es posible apreciar una falta de diligencia o actitud contradictoria en relación a la cuestión planteada de la que pudiera haber derivado el error -y la posterior lesión del artículo 24.1 C.E.- que denuncian en amparo. En efecto, los demandantes presentaron en su momento reclamación administrativa previa, lo que permite concluir la satisfacción material de la finalidad a la que sirva aquélla, sin que les sean imputables las imaginarias supuestas o hipotéticas, razones por las que la Administración pudo no haber conocido de la reclamación o haber optado en cualquier caso por oponer en juicio la excepción de falta de agotamiento; iniciada ya la vía judicial, los recurrentes aludieron a la reclamación administrativa tanto en su escrito de ampliación de la demanda como en la impugnación de un recurso de reposición incidentalmente interpuesto por una de las empresas de lo que no cabe sino concluir que estaban manifestando el cumplimiento de la exigencia legal que después contrariamente, se convirtió en motivo de la desestimación de su demanda. Consta que se opusieron en el juicio a la excepción alegada por la Consejería, como también que recurrieron a la suplicación para solicitar la nulidad de lo actuado, ya que, con independencia de que habían presentado la acreditación, en todo caso el órgano judicial no les había requerido para subsanar la supuesta omisión, lo que con toda razón les permita concluir que no existía ningún defecto que después pudiera hacerse valer como causa impeditiva de un pronunciamiento sobre el fondo; finalmente, procedieron a la misma alegación en el recurso de casación para la unificación de doctrina que, como se ha dicho, fue inadmitido.

De todo ello se desprende que los recurrentes no sólo cumplieron con la presentación de la reclamación administrativa prevista en el artículo 69 L.P.L., sino que igualmente cumplieron con el plazo fijado en él para obtener una respuesta de la Administración, que no llegó, así como que durante todo el procedimiento insistieron en la observancia de la prescripción indicada, lo que permite descartar una conducta procesal constitucionalmente relevante como para deducir de ella la imposibilidad de imputar al órgano judicial la lesión del derecho. Si argumentaron o no de forma efectiva no es una circunstancia que le conste a este Tribunal, siendo por contra perfectamente constatable que la reclamación administrativa se presentó y que el órgano judicial no requirió a los recurrentes para la subsanación de un supuesto defecto, dictando sin embargo una resolución que imputa a aquéllos el incumplimiento del trámite preprocesal. En definitiva, la inobservancia del deber de verificación de los presupuestos procesales y, en su caso, de la obligación de apertura de un trámite de subsanación adquieren relevancia constitucional, toda vez que se ha impedido a los recurrentes obtener un pronunciamiento sobre el fondo por una causa inexistente, ya que la vía administrativa previa se encontraba efectivamente agotada.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia:

1.  Reconocer a los recurrentes su derecho a la tutela judicial efectiva.

2.  Anular las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife de 2 de mayo de 1995 y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede Santa Cruz de Tenerife) de 20 de septiembre de 1995 y el Auto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 19 de julio de 1996.

3.  Reponer las actuaciones al momento procesal adecuado para que el Juzgado de lo Social núm. 3 de Santa Cruz de Tenerife compruebe el presupuesto procesal de la reclamación administrativa previa.

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