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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 9 de marzo de 1999


 RESUMEN:

Fondo de Garantía Salarial. Prescripción. El día inicial del plazo para reclamar al FOGASA la garantía salarial -artículo 33 E.T.- coincide en la fecha de la firmeza -no de la notificación- del auto en que se declara la insolvencia provisional del empleador.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico.-1. La cuestión planteada en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que cabe entender de correcta interposición formal, es la relativa a la determinación del día inicial del plazo de prescripción para el ejercicio por parte del trabajador frente al Fondo de Garantía Salarial de la acción tendente al reconocimiento de prestaciones de garantía salarial "ex" artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, y, en concreto, si se inicia en la fecha de notificación al trabajador del auto en el que se declare la insolvencia provisional del empleador o en la fecha de su firmeza.

2. El problema ya ha sido resuelto por esta Sala en un supuesto análogo al ahora enjuiciado y en el que invocaba idéntica sentencia de contraste -la dictada por la Sala de lo Social del TSJ/Galicia en fecha 17 de enero de 1996 (rollo 264/94)-, partiendo de la concurrencia del presupuesto de la contradicción de sentencias "ex"artículo 217 de la L.P.L., ya que en la entonces recurrida, como ahora acontece con respecto a la impugnada STSJ/Madrid de 16 de septiembre de 1997 (rollo 372/1997), se establecía como fecha inicial del plazo de prescripción el día de notificación a los trabajadores del auto de insolvencia, en cambio en la de contraste se fijaba en el día de la fecha de firmeza del auto.

3. La solución, dada en la STS/IV de 24 de febrero de 1998 (recurso 1287/1997), cuyos argumentos se asumen y se dan por reproducidos, consistía en entender que el día inicial era el de la fecha de firmeza del auto de declaración de insolvencia provisional empresarial. Se fundamentaba, en esencia, en que "aunque el trabajador pudiera ejercitar su acción a partir de la fecha de notificación de la resolución judicial que declara la responsabilidad subrogatoria del Fondo, su ejercicio a partir de la firmeza de la misma no puede perjudicarle. Lo que es un privilegio -derecho a anticipar el ejercicio de la acción- no puede convertirse en un perjuicio -cómputo del plazo de prescripción a partir de la fecha privilegiada de pronunciamiento de la resolución y no de su firmeza-. De una parte es sabido, -según constante jurisprudencia, tanto de esta Sala de lo Social, como de la Sala Civil- que la prescripción en cuanto no se sustenta en un principio de justicia intrínseca, sino de seguridad jurídica, debe ser objeto de interpretación restrictiva. De otra, es de constatar que, como norma general establecida en el artículo 1971 del Código Civil, el día inicial del plazo prescriptivo arranca desde la firmeza de la sentencia, -firmeza que, analógicamente debe predicarse respecto de las demás resoluciones judiciales reconocedoras de derechos- y, que, por lo tanto si también, en términos generales, el 'dies a quo'de la prescripción coincide con la fecha a partir de la cual la acción puede ser ejercitada, (artículos 59.2 del Estatuto de los Trabajadores y 1969 del Código Civil) debe entenderse que es lógico pensar que, la acción en términos de cierta seguridad y razonabilidad -que pudieran ser perturbados por la 'provisionalidad' del auto reconocedor del derecho- nace en la fecha en que la resolución judicial deviene firme".

4. Consecuentemente, como en el caso ahora examinado, la acción se ejercitó dentro del plazo de un año, computado desde la fecha de firmeza de la resolución judicial litigiosa, -pues la última notificación del auto se verificó a la empresa por edictos publicados en periódico oficial el día 24 de mayo de 1995 y la solicitud de prestaciones fue presentada por los trabajadores ante el FOGASA el día 23 de mayo de 1996 (hechos 4.º y 5.º de la sentencia de instancia)-, ha de ser estimado el motivo de infracción legal aducido, ya que la sentencia impugnada infringe la Ley y produce quebrantamiento en la unidad de doctrina, por lo que impone su casación y anulación por este motivo, aunque rechazando expresamente el motivo de incongruencia "ex" artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil invocado también por los recurrentes al haber dado aquélla suficiente respuesta a las cuestiones oportunamente formuladas por las partes.

5. Lo anterior conduce a resolver el debate en los términos planteados en suplicación, lo que implica la estimación del recurso de tal clase interpuesto por los actores y la condena al FOGASA al abono a los mismos de las cantidades que para cada uno de ellos se especifican en el indiscutido hecho declarado probado séptimo de la sentencia de instancia; sin hacer expresa declaración sobre costas procesales (artículo 233.1 de la L.P.L.)


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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