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Sentencia T.S. (Sala 4) de 11 de mayo de 1999


 RESUMEN:

Conflicto colectivo. Estimación. Decisión unilateral de la empresa que altera sustancialmente el sistema de remuneración del colectivo afectado por este proceso. Esta novación objetiva de relaciones laborales ha de tacharse de nula.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Según hechos probados, los trabajadores afectados por el conflicto colectivo -monitores de reposición preventistas, oficial de primera y segunda y ayudantes de la empresa demandada-tienen reconocido, en su sistema retributivo, una comisión variable que se obtenía en función de la aplicación de sus tablas, y que se regulaban por acuerdos anexos al Convenio colectivo, siendo el último de la fecha 10 de septiembre de 1997, adoptado en el seno de la Comisión negociadora.

En fecha 12 de marzo de 1998, la empresa decidió, en forma unilateral, reestructurar las rutas de mercado tradicional, alterar las tablas pactadas, de forma que las redujo de seis a cuatro, ofreciendo a la vez, el compromiso de regularizar las comisiones directas durante la vigencia del Convenio colectivo, al final de cada año, con abono de las diferencias al trabajador en su caso.

La representación de los trabajadores ha interpuesto, frente a dicha alteración, demanda de conflicto colectivo, que ha sido estimada por la sentencia de 28 de mayo de 1998, que declaró nulo el repetido acuerdo de 12 de marzo de 1998. Frente a esta sentencia, se ha interpuesto por el empleador el presente recurso de casación que se articula en cuatro motivos, amparados los dos primeros sobre revisión de hechos, en el artículo 205 d) L.P.L. y los dos restantes sobre infracción del Ordenamiento Jurídico en el apartado e) del mismo artículo.

Segundo.-Pretende el recurrente en el primer motivo del recurso, que se adicione a los hechos probados, uno expresivo de que "el acuerdo de la Comisión negociadora del Convenio colectivo de 1997, integrado en el citado Convenio y con idéntica naturaleza, eficacia y fuerza de obligar, establece en su artículo cuarto, que el número y asignación de Preventistas a los distintos canales de ventas y rutas en facultad de la Dirección, que se regirá para llevarla a cabo por el principio de idoneidad y adecuación de los hombres al puesto de trabajo". Sirve de apoyo a esta revisión fáctica, la expresión literal del artículo 4.º del acuerdo de 10 de septiembre de 1997, incorporada en autos como documento número dos de la prueba de la demandada -folio 23 y documento 0- folio 36 de la prueba documental de la parte actora.

El motivo debe ser rechazado en virtud de los siguientes razonamientos:

a) El error ha de recaer sobre el hecho, es decir, sobre "el factum" de toda relación. Delimitación conceptual que excluye de la revisión, la redacción de cualquier norma de derecho y su exégesis, pues, en otro caso, se tergiversaría el razonamiento silogístico, propio de la sentencia, e incluso se podría llegar a predeterminar el fallo.

El propio concepto de hechos probados repele la inclusión en los mismos de normas jurídicas, carácter que tiene el Convenio colectivo [artículo 82 y concordantes del Estatuto de los Trabajadores (ET)]; Convenio del que, consecuentemente, no constituye un documento del que pueda derivar un error en la apreciación de la pruebas. Ello quiere decir, que toda cuestión respecto al Convenio colectivo litigioso ha de ser denunciada por la vía del artículo 205.e), es decir, por el motivo de infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia.

b) El motivo es inútil, porque de una parte, la propia parte recurrente reconoce, "la referencia genérica que el hecho probado de la sentencia.... hace al contenido global del citado acuerdo" de donde su incorporación por remisión, y, de otra, la adición no sería trascendente al fallo, pues el objetivo del presente proceso, tal como ha venido a ser configurado en la fase alegatoria, es la validez o eficacia del sistema adoptado unilateralmente por la empresa sobre el sistema de comisión de un grupo de trabajadores en correspondencia con el tipo de producto vendido.

Tercero.-Igual rechazo ha de sufrir el motivo segundo del recurso, por el que se pretende la revisión del hecho probado segundo, y su sustitución por otro del tenor literal siguiente: "La empresa, desde el 6 de febrero de 1998 y hasta el 12 de marzo de 1998, fecha en la que comunica su decisión de reestructurar el número y asignación de preventistas a nuevos canales, rutas de ventas y cualificación de los mercados correspondientes -mercado tradicional, alimentación, juventud, etc.- mantuvo conversaciones y consultas, incluso mediante intercambio de alternativas, documentalmente y por escrito, con la representación de los trabajadores, en orden a dicha reestructuración" para la que fija como fecha de efectos el 23 de marzo de 1998. Nueva redacción que apoya en el contenido directo de los documentos obrantes a los folios 26 y seguidos; 27 y seguidos; 28 y seguidos, 29, y 30 y seguidos (documentos núms. 4, 5, 6, 7, 8 y 9) de la prueba documental de la demandada.

Ello es así, porque la variación pretendida resulta intranscendente en el significado del pronunciamiento o fallo, dado que la eficacia de Convenio colectivo del acuerdo colectivo litigioso, reconocido por ambas partes, implica que el mismo -al margen de conversaciones formales entre las partes- en los términos del artículo 41.2 párrafo 3.º, únicamente puede ser modificado por "acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores".

Cuarto.-Denuncia el tercer motivo, interpretación errónea del acuerdo de 10 de septiembre de 1997, su anexo y cuadro de sistema de comisiones, concluyendo el recurrente, tras ciertas consideraciones al respecto, que "la empresa actúa dentro de sus facultades directivas, reconocidas expresa y taxativamente por el Convenio colectivo -acuerdo de septiembre de 1997- cuando procedió a la reestructuración de las rutas y mercados, aplicando el efecto retributivo previsto y también acordado del propio sistema de comisiones".

Bastaría para rechazar este motivo la insuficiencia de su fundamentación, en cuanto este motivo del recurso, se limita, como se acaba de exponer, a argumentar sobre las facultades que, en su opinión, facultaban a la empresa, según el acuerdo de septiembre de 1997, para modificar o alterar el sistema de retribución por comisión, litigioso, sin establecer adecuada conexión con el objeto del proceso de conflicto colectivo, cual es la impugnación de la decisión concreta empresarial adoptada en 12 de marzo de 1998, que, es justamente, la que la sentencia recurrida declara nula, al entender, tras motivada argumentación, que el acto del empleador constituye una novación objetiva de relaciones laborales, adoptadas unilateralmente, en cuanto el modo de cálculo de la comisión -pactado colectivamente y con ánimo de permanencia-"se efectuaba en función de 6 tablas y desde la decisión unilateral del empleador en atención a cuatro" y que este carácter novativo de la decisión empresarial litigiosa se pone de manifiesto en la redacción de la propia decisión que instaura "una garantía compensatoria para el supuesto que el pacto así alegado suponga un perjuicio para el trabajador".

Desde otro punto de vista, ninguna de las normas que regulan la interpretación de los Convenios -artículos 3.º y 1281 y ss del Código Civil, en la doble proyección que tiene el Convenio, de norma y contrato- aparecen mencionadas o censuradas, y, como a ello se une, según lo expuesto anteriormente -y partiendo del hecho claro de alteración de las tablas de fijación de las comisiones que el empleador redujo de seis a cuatro-la ausencia de toda argumentación jurídica sobre el acuerdo de 12 de marzo de 1998, argumentación jurídica que ha sido objeto de pronunciamiento de la sentencia recurrida, el repetido motivo debe ser desestimado, en cuanto el recurrente no ha acreditado en forma alguna que aquel acuerdo haya sido erróneamente interpretado.

Quinto.-También debe ser desestimado el cuarto y último motivo del recurso, que, igualmente, al amparo del artículo 205 e) L.P.L., denuncia infracción por aplicación indebida del artículo 41 E.T. en relación con lo establecido en el artículo 3.º g) del propio Estatuto -esta última cita, afecta, sin duda, de un error unilateral, ya que este artículo 3.º, que se refiere a las fuentes de la relación laboral, no tiene ningún apartado, y, de otra parte, regula los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas-. Y su rechazo se impone por la simple aplicación del artículo 41.2 párrafo 3.º E.T. que dispone que "la modificación de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos, regulado en el título III de la presente Ley sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores respecto de la materia a las que se refieren los párrafos b), c), d) y e) del apartado anterior", entre los que se incluye [apartado d)] el sistema de remuneración. Como se ha dicho antes, y se repite ahora, la decisión unilateral adoptada por la empresa en 12 de marzo de 1998, alteró o modificó sustancialmente el sistema de remuneración del colectivo a que afecta el presente proceso y esta novación objetiva realizada por el empresario, -de la que constituye reflejo la garantía instaurada para el supuesto de que la modificación perjudicara la retribución del trabajador-ha de tacharse de nulo al no estar apoyado en el acuerdo entre el mismo y los representantes de los trabajadores. Acuerdo colectivo que constituye requisito indispensable para la validez de las condiciones establecidas en el Convenio colectivo, a salvo naturalmente, de otras vías legales y procesales de alteración que no han sido utilizadas en el actual proceso.

Sexto.-En virtud de lo expuesto, se impone la desestimación del presente recurso, sin imposición de costas procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 233.2 de L.P.L.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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