Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 2 de diciembre de 1999


 RESUMEN:

Clasificación profesional y reclamación salarial. Nulidad de actuaciones. La reclamación de cantidad debe correr la misma suerte que la acción principal, aun cuando aquélla exceda de las 300.000 pesetas. Improcedencia del recurso de suplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La trabajadora de un jardín de infancia que había sido contratada como auxiliar de guardería, y que sostenía haber prestado durante toda la relación laboral los trabajos propios de técnico especialista, demandó a la empresa en reclamación de que se le reconociera la categoría últimamente expresada, y se le abonaran diferencias salariales en cuantía total de 489.539 pesetas. Desestimó la demanda el Juzgado de lo Social al que por turno de reparto le había correspondido, informando a las partes que contra su sentencia cabía recurso de suplicación.

La actora interpuso dicho recurso, que fue decidido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en su Sentencia de fecha 9 de junio de 1998, estimando aquél en parte y acogiendo, también con carácter parcial, la demanda, por lo que condenó a la parte interpelada a abonar a la actora la suma de 263.661 pesetas, con rechazo del resto de la pretensión. Frente a esta resolución se ha interpuesto el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, por entender la parte recurrente que no cabía recurso alguno contra la sentencia dictada por el Juzgado de instancia.

Se aporta como Sentencia de contraste la de esta Sala IV del Tribunal Supremo de fecha 4 de febrero de 1998 (Recurso 1939/97), que declaró no caber recurso alguno frente a las Sentencias de instancia recaídas en materia de clasificación profesional, conforme a los artículos 137.3 y 189.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.), ni siquiera cuando a esta acción se acumulara la de reclamación de cantidad superior a 300.000 pesetas. Concurren, por consiguiente, entre las dos resoluciones sometidas a comparación las identidades sustanciales entre las situaciones de hecho, peticiones y causas de pedir, así como la contradicción entre lo decidido en cada una, que son los presupuestos exigidos por el artículo 217 de la L.P.L. para la admisibilidad del recurso de casación unificador de doctrina, por lo que se impone su decisión.

Segundo.-La doctrina en esta materia ya ha sido unificada. No sólo la Sentencia citada ahora como contradictoria, sino las precedentes de 30 de octubre de 1992, 30 de marzo de 1993, 20 de junio de 1995, 28 de mayo y 29 de junio de 1996 (todas citadas en la de 4 de febrero de 1998), y algunas posteriores como la de 27 de febrero de 1999 (Recurso 843/98) se han pronunciado sobre el tema. En el tercer fundamento jurídico de ésta última se dice que "la doctrina sentada al respecto se orienta en el sentido de que aun cuando las acciones de clasificación profesional y de reclamación de diferencias salariales sean acumulables, por permitirlo el artículo 27 de la L.P.L., sin que -dada la especificidad y el carácter preferente de este precepto-sea posible acudir a la aplicación supletoria del artículo 154 núm. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.Cv.), debe considerarse la primera de ellas como principal y a la segunda como subordinada a aquélla, pues la reclamación de las diferencias salariales se apoya precisamente en que el demandante entiende que se le ha venido satisfaciendo un salario menor que aquél que le correspondía percibir por los trabajos realmente realizados, y que corresponden a los propios de aquella superior categoría en la que está pretendiendo que se le clasifique. Por ello y a efectos del recurso que quepa entablar contra la sentencia de instancia, la acción de reclamación de cantidad debe correr la misma suerte que la principal".

Tercero.-Lo hasta aquí razonado pone de manifiesto que al ofrecerse en la resolución de instancia recurso de suplicación contra la misma, y al resolverse por el Tribunal Superior de Justicia dicho recurso se vulneró lo dispuesto en los artículos 137.3 y 189.1 de la L.P.L., que por el recurrente se invocan como infringidos. Y como quiera que las leyes procesales son de obligada observancia, pues a través de ellas y de sus "normas de competencia y procedimiento" manda a los Tribunales ejercer su potestad jurisdiccional el artículo 117.3 de la Constitución española, la admisión y decisión de un recurso que la ley procesal no reconoce supone un quebrantamiento procesal esencial, que consiste en la manifiesta falta de competencia funcional del Organo jurisdiccional que conoció -resolviéndolo- de ese recurso legalmente inexistente, por lo que se ha producido la nulidad radical que contempla el artículo 238 núm. 1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por ello, y conforme también ha dictaminado el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, procede que así lo declaremos, con las demás consecuencias jurídicas inherentes a tal pronunciamiento.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación