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Sentencia T.S. (Sala 4) de 14 de diciembre de 1999


 RESUMEN:

FOGASA. Responsabilidad. Desestimación. Abono del 40 por ciento de la indemnización. Improcedencia. El cierre de empresa que tiene más de 5 y menos de 10 trabajadores, efectuado mediante despidos objetivos del artículo 52.c) E.T. no obliga al FOGASA a pagar el 40 por ciento de las indemnizaciones

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Los dos actores trabajaron para la empresa "Celso González Novoa", cuya sede se encuentra en la provincia de Guipúzcoa, ostentando la categoría de oficial de 2.ª En esta empresa prestaban servicio ocho trabajadores. Tal empresa procedió a despedir a todos sus trabajadores con base en el artículo 52.c), alegando la concurrencia de causas económicas; la fecha de efectos de estas extinciones fue la del 31 de marzo de 1998. Desde ese día la empresa cesó en las actividades propias de su objeto, dándose de baja en la Seguridad Social y no prestando en ella desde entonces servicio alguno ningún trabajador.

Los dos demandantes no presentaron demanda de despido frente a la extinción de sus respectivos contratos de trabajo. Lo que estos dos actores hicieron fue formular ante el Fondo de Garantía Salarial solicitud a fin de que éste les abonase el 40 por ciento de la indemnización que para cada uno de ellos había fijado la empresa en virtud de lo que prescribe el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores; esta porción del 40 por ciento de esas indemnizaciones suponía para el actor, Miguel Angel M.M. 238.775 pesetas y para Miguel Angel T.H. 322.600 pesetas. Es de destacar que tal presentación de solicitud tuvo lugar ante el Fogasa el 31 de marzo de 1998, es decir el mismo día en que la empresa cesó en sus actividades.

El Fondo de Garantía Salarial denegó las solicitudes de los demandantes, mediante resolución de 25 de mayo de 1998. Ante tal negativa, estos presentaron la demanda que da origen a las presentes actuaciones, en cuyo suplico se pide que "en su día se dicte sentencia estimando la demanda condenando al Fondo de Garantía Salarial a abonar a los actores la cantidad de 561.375 pesetas, sin perjuicio de lo que se fije en conclusiones definitivas". El Juzgado de lo Social núm. 1 de San Sebastián dictó sentencia con fecha 29 de octubre de 1998, en la que desestimó las pretensiones de tal demanda. Pero, interpuesto recurso de suplicación por los actores, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante sentencia de 30 de marzo de 1999, acogió favorablemente tal recurso, revocó la resolución de instancia y, estimando la demanda condenó al Fogasa a pagar al actor señor M.M. la suma de 238.775 pesetas y al señor T.H., también demandante, la cantidad de 322.600 pesetas.

Segundo.-Contra esta sentencia de la Sala de lo Social del País Vasco se interpuso por el Fondo de Garantía Salarial el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se analiza. En el se alega, como sentencia de contraste, la dictada por la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal de Justicia de Castilla y León con fecha 8 de marzo de 1998. En ella también se trató de una empresa de más de cinco trabajadores (eran seis los empleados de la misma) que cesó en su actividad mediante los despidos objetivos, "ex" artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, de tales empleados. Los días 14 y 20 de mayo de 1996 extinguió los contratos de dos de dichos trabajadores; algo más de un mes después, el 26 de junio del mismo año, la empresa procedió a extinguir los contratos de los cuatro trabajadores restantes, produciéndose así el cierre de la empresa y el cese en la actividad de la misma. Se solicitó luego al Fogasa que abonase el 40 por ciento de las indemnizaciones correspondientes a los despidos mencionados. Este organismo accedió a satisfacer el 40 por ciento de las indemnizaciones de los dos trabajadores despedidos en primer lugar (los despedidos los días 14 y 20 de mayo), pero denegó el pago correspondiente a los cuatro operarios que cesaron el 26 de mayo. Presentada por éstos la correspondiente demanda ante los Tribunales del Orden Social de la Jurisdicción, fue desestimada, tanto en la instancia como en suplicación. Así pues, la Sala de lo Social de Valladolid, en la sentencia referencial mencionada, desestimó las pretensiones de la demanda. Las razones en que se apoya tal sentencia pueden resumirse del siguiente modo: a) "Tratándose de empresas de más de cinco trabajadores, que cesan en su actividad empresarial y que van a resolver los contratos de la plantilla en su totalidad, no pueden acudir al sistema del despido objetivo individual del artículo 52.c) del Estatuto de los trabajadores, sino que han de seguir el procedimiento administrativo exigido en los despidos colectivos, y por los trámites del artículo 51 del Estatuto y demás normas complementarias"; b) "Y ello es así, porque la necesidad de tramitar el mencionado expediente administrativo es una exigencia legal que de no seguirse ... debe acarrear la nulidad del acto resolutorio a los efectos del artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores".

No hay duda, por consiguiente, de que existe contradicción entre las dos sentencias confrontadas, pues siendo sustancialmente iguales los hechos, fundamentos y pretensiones de una y otra, llegan a pronunciamientos distintos.

La expresada identidad no se rompe por el hecho de que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en primer lugar se hubiese despedido a dos trabajadores y un mes más tarde a los cuatro restantes, dado que, en virtud de lo establecido en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores [al que se remite explícitamente el artículo 52.c), sobre todo en lo que se refiere al número de trabajadores despedidos], se deben tomar en consideración todos los despidos producidos por las mismas causas económicas dentro de un período de noventa días. Por consiguiente, tanto en una como en otra sentencia se ha de tomar en consideración el cierre definitivo de unas empresas que habían venido ocupando a más de cinco trabajadores.

Tampoco quiebra, en absoluto, esa identidad por la circunstancia de que en las presentes actuaciones sean los trabajadores quienes reclaman directamente al Fogasa el pago del 40 por ciento de sus indemnizaciones, y en cambio en el asunto resuelto en la sentencia referencial fuese la empresa la que formulase ante el Fogasa primero y ante el Juzgado de lo Social después, la aludida pretensión, dado que dicha empresa había abonado directamente a los trabajadores cesados la indemnización de veinte días por año de servicio que señala el artículo 52.c). Esta divergencia carece por completo de relevancia a los efectos de la contradicción de que tratamos, puesto que, a pesar de ella, la situación y cuestiones planteadas en uno y otro caso son sustancialmente las mismas. El problema central y básico, en estos dos litigios, es el de determinar si el cierre total de una empresa que tiene más de cinco trabajadores y menos de diez, efectuado mediante despidos objetivos del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, puede o no obligar al Fondo de Garantía Salarial a hacer efectivo el pago del 40 por ciento de las correspondientes indemnizaciones tal como dispone el artículo 33.8. Esta es la cuestión fundamental que concurre en las dos sentencias comparadas, y tal cuestión persiste y no resulta alterada ni eliminada tanto por el hecho de que la reclamación frente al Fogasa se lleve a cabo por la empresa, como si se efectúa por los trabajadores. Tanto en uno como en otro supuesto ese problema se mantiene como cuestión esencial a resolver; lo que hace lucir, con toda nitidez, que esa diferencia es manifiestamente irrelevante a los efectos de la contradicción que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Se ha de concluir, por ende, que se cumple el requisito de recurribilidad que establece este artículo 217.

Tercero.-El artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores dispone que "en las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 por ciento de la indemnización legal que corresponda a los trabajadores cuya relación laboral se haya extinguido como consecuencia del expediente instruido en aplicación del artículo 51 de esta Ley o por la causa prevista en el párrafo c) del artículo 52". Ahora bien, para que este precepto pueda entrar en acción, es decir para que nazca la obligación del referido Fondo de abonar el 40 por ciento de dicha indemnización, es de todo punto necesario que nos encontremos ante uno de los dos supuestos que se acaban de mencionar, ésto es que se trate de un despido colectivo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en el que, "como consecuencia del expediente instruido en aplicación"de lo que esta norma establece, se hayan extinguido los contratos de trabajo de unos determinados trabajadores; o de un despido objetivo de los que prevé el artículo 52.c) del mencionado cuerpo legal. Si la situación analizada no puede ser incardinada en ninguno de estos preceptos, falta el requisito fundamental e ineludible para que el comentado artículo 33.8 pueda ser aplicado, y en consecuencia no existe obligación del Fogasa en relación al pago directo del 40 por ciento de las indemnizaciones que hubieran podido estipularse. Disponer que en esas situaciones no encajables en el artículo 33.8, el Fogasa satisfaga este 40 por ciento, supone adoptar una decisión manifiestamente contraria a ley, extendiendo la responsabilidad de este organismo a supuestos no previstos, a tal efecto, ni en este artículo, ni en ningún otro precepto legal. Se recuerda que la obligación que estatuye este artículo 33.8 es distinta, en contenido, naturaleza y fines, de las que se estructuran en los números 1 y 2 del mismo artículo, por cuanto que aquélla es de carácter principal y directo, mientras que éstas son de carácter subsidiario pues sólo pueden ser operativas en los casos de "insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios"; además en estas últimas el Fogasa, una vez que ha hecho efectivo a los operarios el pago de las pertinentes indemnizaciones, conforme a los números 1 o 2 del artículo 33, se subroga en los derechos y obligaciones de éstos, como ordena el número 4 de este precepto; cosa que no acontece, en modo alguno, en los supuestos del número 8, pues en ellos la responsabilidad del Fondo es propia, principal y directa.

Sentadas las precisiones que acaban de expresar, es necesario resaltar que para la existencia real y efectiva, tanto del despido colectivo del artículo 51 como del despido objetivo del artículo 52.c), no basta con que concurran de un lado las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y de otro la decisión empresarial de extinguir los contratos de trabajo, sino que además es absolutamente preciso cumplir otros requisitos o exigencias. Así en el despido colectivo es obligado que se lleve a cabo la tramitación del "procedimiento de regulación de empleo" que prescriben los números 2 y siguientes del artículo 51 del Estatuto y el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, y que se dicte por la Autoridad laboral la pertinente resolución autorizando las extinciones de los contratos con arreglo a los números 5 y 6 de ese artículo; y en lo que atañe al despido objetivo del artículo 52.c), no sólo se han de cumplir las exigencias formales del artículo 53, sino que además, para que legalmente pueda ser calificado como tal y produzca cualquiera de los efectos propios del mismo, es preciso que se respeten con rigor y exactitud los límites numéricos y temporales que establecen los artículos 52.c) y 51.1; si estos límites no se respetan, no existe legalmente despido objetivo.

A este respecto, se destaca que el artículo 52.c), impone, como una de sus exigencias esenciales, que la amortización de puestos de trabajo sea "en número inferior al establecido" en el artículo 51.1. Por tanto, tomando en consideración lo que manifiestan estas normas, resulta que el despido objetivo no puede llevarse a efecto, dentro de un período de noventa días, en relación con un número de trabajadores que sea igual o superior a los límites que fijan los apartados a), b) y c) de dicho artículo 51.1; pero además, cuando "la extinción de los contratos de trabajo ... afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa", sólo podrá efectuarse tal extinción por medio del despido objetivo del artículo 52.c), cuando el número de trabajadores de tal plantilla no supere a cinco. Así pues, la extinción de los vínculos laborales de toda la plantilla de la empresa, cuando ésta esté compuesta por seis, siete, ocho o más empleados, llevada a cabo acogiéndose a lo que dispone este artículo 52.c), carece por completo de validez como tal despido objetivo, toda vez que se trata de un supuesto que queda fuera del marco y previsiones de esta norma legal.

Téngase en cuenta que esta especial figura sólo existe legalmente cuando se dan las condiciones y requisitos que impone el artículo 52.c), y que si éstos requisitos no concurren, no hay, en absoluto, despido objetivo. Y si no hay despido objetivo, ni tampoco despido colectivo, no puede aplicarse lo que estatuye el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto.-Las razones expuestas en el anterior fundamento de derecho ponen en evidencia que, en el caso de que se trata en esta litis, no existe responsabilidad del Fogasa de abonar a los dos actores el 40 por ciento de la indemnización fijada por la empresa. Esta se componía de ocho empleados, por lo que, para que la extinción de los contratos de todos ellos pudiera dar lugar a la comentada responsabilidad del Fogasa del artículo 33.8, hubiera sido absolutamente necesario que se hubiese hecho a través del cauce propio del despido colectivo del artículo 51, y en concreto que se hubiese seguido el "procedimiento de regulación de empleo" previsto en los números 2 y siguientes de este artículo y se hubiese autorizado tal extinción por la correspondiente resolución de la autoridad laboral. Es claro que nada de ésto ha existido en este caso, y en consecuencia no puede entrar en juego el artículo 33.8. El hecho de que el empresario haya acudido al despido objetivo, no altera en modo alguno esta conclusión, pues no se trata realmente y conforme a ley, de un supuesto propio de tal figura legal, al no concurrir los requisitos de la misma, según se ha explicado en los párrafos anteriores. El empresario no puede, a su capricho, utilizar una u otra clase de extinción con base en la existencia de causas objetivas; por el contrario, ha de seguir forzosamente aquélla que corresponda según ley.

Y no es posible, en el supuesto de autos, considerar válidos los despidos objetivos de los dos actores con base en que no se ha superado el límite que se desprende del apartado a) del artículo 51.1, habida cuenta que en este caso no se trata de la aplicación de tal límite, sino del específico que la ley señala para los ceses de toda la plantilla de la empresa, y es incuestionable que ese tope sí se ha sobrepasado; máxime cuando no se ha probado, no habiéndose ni siquiera alegado, que las extinciones de los contratos de trabajo de los dos actores hubiesen sido anteriores en el tiempo al resto de sus compañeros.

Debe tenerse en cuenta además que: a) El hecho de que la decisión extintiva del empresario no haya sido impugnada por los trabajadores afectados, no supone, en lo que respecta a la obligación que impone el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, que el Fogasa quede ya inexorablemente obligado a su cumplimiento; b) Al contrario, si este organismo llega a la convicción de que tal cese no reúne los caracteres y connotaciones que definen al despido objetivo ni al despido colectivo, conforme a lo que disponen los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, el propio mandato del artículo 33.8 le obliga a denegar el pago del 40 por ciento de la indemnización a que el mismo se refiere; c) Ahora bien, si los empleados despedidos formulan demanda contra dicho Fondo exigiéndole cumplimiento de esa responsabilidad, para que pueda prosperar la postura denegatoria del Fogasa, es preciso que este organismo acredite debidamente en ese proceso judicial que en el cese que dio lugar al planteamiento de esa demanda, no concurren los requisitos y elementos propios del despido objetivo ni del despido colectivo.

Quinto.-De todo cuanto se deja expresado, se deduce con toda claridad que la sentencia recurrida ha vulnerado los preceptos mencionados en los anteriores fundamentos de derecho, y quebrantado la unidad en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia. Por ello procede estimar el recurso formulado por el Fogasa y casar y anular la sentencia recurrida. Y resolviendo el debate planteado en suplicación, se ha de confirmar íntegramente la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de San Sebastián el 29 de octubre de 1998, que desestimó la demanda origen de este proceso.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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