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Sentencia T.C. 17/2000, de 31 de enero

 RESUMEN:

Sanción disciplinaria. Recurso de suplicación. La sentencia incurre en incongruencia, reforma peyorativa e indefensión. Motivación no justificativa de estos defectos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.  El presente recurso de amparo tiene por objeto la imputación que la empresa recurrente hace a la Sentencia impugnada, que es la dictada en grado de suplicación el 15 de marzo de 1996 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de haber vulnerado el art. 24.1 C.E., desconociendo el derecho fundamental de aquélla a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por haber incurrido en incongruencia y en reforma peyorativa así como por carecer de fundamentación en Derecho -al no ser acorde con la legalidad- y de motivación suficiente.

La empresa recurrente impuso al trabajador la sanción de suspensión de empleo y sueldo por quince días, al estimar que había cometido una falta muy grave, la prevista en el art. 69.9 de la Ordenanza de Trabajo en el Comercio, de 24 de julio de 1971. Impugnada la sanción por el trabajador, la Sentencia del Juzgado de lo Social, de fecha 31 de octubre de 1994, confirmó la calificación de la falta y rebajó, no obstante, la sanción a ocho días de suspensión de empleo y sueldo.

La empresa formuló recurso de suplicación, que fue admitido, según se razona en la propia Sentencia que lo resolvió, por tratarse de falta muy grave confirmada jurisdiccionalmente (art. 115.3 LPL). Dicha Sentencia de suplicación, que es la ahora impugnada, revocó la de instancia "en el sentido de calificar la falta como grave y rebajar la sanción de quince a siete días", según dice textualmente su parte dispositiva en el particular que ahora interesa.

Es oportuno hacer constar que, según las previsiones del art. 70 de la Ordenanza de 1971, ya citada, la sanción de suspensión de empleo y sueldo, tratándose de faltas graves, lo era por tiempo de tres a siete días y, tratándose de faltas muy graves, por tiempo de veinte a sesenta días.

2.  Antes de proceder al examen de las cuestiones planteadas con la demanda de amparo es conveniente fijar con precisión determinados extremos: el ámbito jurídico en el que se produjo la actuación empresarial cuestionada en el procedimiento judicial, el marco normativo de aplicación y el sentido y significado de las resoluciones judiciales de que se hace mérito en la demanda de amparo.

a)  En primer lugar, el ámbito jurídico de la actuación empresarial. Esta actuación, cuestionada en proceso judicial por razón de la demanda formulada por el trabajador, es la correspondiente al ejercicio del poder disciplinario de la empresa, en cuya virtud ésta puede imponer sanciones a los trabajadores, directamente y por propia y autónoma decisión. Es este un poder que pone de manifiesto la situación de primacía en que, en principio, se halla el empresario en el marco de la relación laboral. Y precisamente para garantizar su ejercicio dentro de determinados y adecuados límites se caracteriza -aparte otras notas definidoras, que ahora no interesan- por ser un poder subordinado y sometido al principio de legalidad: lo primero, porque la actuación disciplinaria empresarial está sujeta a revisión por la Autoridad judicial, a instancia de parte y previo el correspondiente proceso (el llamado "proceso de impugnación de sanciones", amén del proceso previsto para supuestos de despido disciplinario), y lo segundo, porque se exige una previsión normativa tanto de las conductas sancionables como de las sanciones que puedan imponerse.

En relación con ello, ya dijimos en la STC 206/1987, de 21 de diciembre, F.J. 2, y en similar sentido en la STC 125/1995, de 24 de julio, que "el empresario, en nuestro sistema legal, tiene atribuido un llamado poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales para su imposición y efectividad", siendo su contrapartida "el correlativo derecho del trabajador, además de otras garantías, de instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la conformidad a Derecho de tal decisión empresarial". Concluye la expresada STC 206/1987 que "tiene así el proceso por sanciones un carácter revisor a favor del trabajador". Y ello explica que sea el trabajador quien esté legitimado activamente para abrir dicho proceso, según resulta de los propios términos del art. 114.1 LPL.

b)  En segundo lugar, el marco normativo de aplicación. Tal marco, aparte el art. 58 LET, lo constituía específicamente la Ordenanza de Trabajo en el Comercio, de 24 de julio de 1971, que preveía en sus artículos 67, 68 y 69 las conductas sancionables (respectivamente, faltas leves, graves y muy graves) y que establecía las correspondientes sanciones en el art. 70. Ya se ha indicado que la decisión empresarial calificó como muy grave (art. 69.9) la falta imputada al trabajador, sancionable con suspensión de empleo y sueldo por quince días, sanción que, según hemos visto, era inferior a las sanciones previstas para tal tipo de faltas y superior a las previstas para las faltas graves.

En el aspecto procesal las normas de aplicación son las que regulan el "proceso de impugnación de sanciones", modalidad procesal que con tal nombre se regula en los artículos 114 y 115 LPL, que solamente se abre a instancia del trabajador (art. 114.1). A tal efecto, y según el art. 115 LPL, los pronunciamientos judiciales posibles en dicho proceso son (y lo eran también cuando se tramitó el que ahora nos ocupa) la confirmación de la sanción, su declaración de nulidad, su revocación total y su revocación parcial, procediendo esta última "cuando la falta cometida no haya sido adecuadamente calificada", en cuyo caso "el Juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta" [art. 115.1 c) LPL].

c)  En tercer lugar, el sentido y significado de las resoluciones judiciales cuestionadas. Como respuesta a la demanda del trabajador, que había impugnado la sanción impuesta, la Sentencia de instancia revocó parcialmente la decisión empresarial, pues mantuvo la calificación de la falta (muy grave) y redujo la sanción a ocho días de suspensión de empleo y sueldo. La simple lectura del fallo y del art. 115.1.c) [transcrito en lo fundamental en el precedente apartado b) "in fine"] pone de manifiesto que aquél no es conforme con las previsiones de dicha norma.

Formalizado recurso de suplicación por la empresa, la Sentencia de la Sala de lo Social rebajó la calificación de la falta (que definió como grave) y la duración de la sanción (estableció siete días de suspensión de empleo y sueldo). Con ello pretendió adecuar sanción y falta y fijó aquélla dentro de las previsiones normativas bien que, según se afirma en la demanda de amparo, sin motivación y sin respetar los límites del objeto del recurso. Es precisamente esta resolución a la que se imputa la vulneración de los derechos fundamentales relacionados.

3.  La empresa recurrente sostiene que la Sentencia de suplicación es incongruente con la pretensión articulada en el recurso ya que ésta tenía por objeto, dado el tenor de la Sentencia de instancia, solamente la revisión de la sanción y no la calificación de la falta, pese a lo cual el fallo de dicha Sentencia alcanzó a ambos extremos, reduciendo la duración de la sanción y la entidad de la falta. Se dice, al efecto, en la demanda de amparo que se está ante un vicio de incongruencia de relevancia constitucional, ya que "la Sentencia concede algo que nadie ha pedido y sobre lo que nadie ha discutido, sin que haya existido la posibilidad de ejercitar el derecho de defensa y contradicción respecto a la valoración como grave de la falta cometida por el trabajador".

El hecho determinante de la incongruencia supone además en el presente caso, según alega la parte recurrente, una "reformatio in peius" ya que la resolución cuestionada, se afirma, "empeora la posición jurídica" de dicha parte. Se alega también, a tal fin, que, al ser calificada la falta como grave (revocando la Sentencia de instancia, que había estimado conforme a Derecho la calificación de muy grave, contenida en la decisión empresarial), la empresa "ha de retribuir más salario y cotizar durante más días", amén de que tal cambio en la calificación de la falta "conlleva consecuencias adicionales respecto a eventuales incumplimientos futuros del trabajador (tratamiento de la reincidencia), además de un cierto debilitamiento del poder de dirección y las facultades disciplinarias empresariales, que se ven en cierta medida desautorizadas".

4. Respecto de la incongruencia, hemos dicho reiteradamente desde la STC 20/1982, de 5 de mayo, que tal vicio o defecto, "entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal (SSTC 177/1985, 191/1987, 88/1992, 369/1993, 172/1994, 311/1994, 111/1997 y 220/1997)" (STC 136/1998, de 29 de junio).

La relevancia constitucional de la incongruencia viene dada, en consecuencia, por la situación de indefensión generada por la alteración de los términos del debate. En efecto, como dice la STC 220/1997, de 4 de diciembre, "cuando la desviación en que consiste la incongruencia es de tal naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción y, por ende, del fundamental derecho de la defensa, pues la Sentencia ha de ser dictada tras la existencia de un debate y de una contradicción y sólo en esos términos dialécticos es justo el proceso y justa la decisión que en él recae".

Por otra parte, la incongruencia, referida a un pronunciamiento judicial recaído en segundo o posterior grado jurisdiccional, tiene una de sus manifestaciones más importantes en la reforma peyorativa. En efecto, ésta expresa una situación de indefensión de la parte recurrente, en cuanto el pronunciamiento judicial cuestionado produce un empeoramiento de su situación jurídica, como consecuencia del propio recurso interpuesto, sin mediación de pretensión impugnatoria de la otra parte, y a salvo de que el daño "resulte como consecuencia de la aplicación de normas de orden público, cuya recta aplicación es siempre deber del juez, con independencia de que sea o no pedida por las partes" (STC 15/1987, de 11 de febrero, F.J. 3).

Ya hemos dicho, al efecto, en la STC 8/1999, de 8 de febrero, con cita de la STC 17/1989, de 30 de enero, que la prohibición de la "reformatio in peius" es una manifestación de la interdicción de indefensión que establece el art. 24 C.E. y una proyección de la congruencia en el segundo o posterior grado jurisdiccional, en vía de recurso, lo cual incluye la prohibición de que el órgano judicial "ad quem" exceda los límites en que esté formulado el recurso, acordando una agravación de la Sentencia impugnada que tenga origen exclusivo en la propia interposición de éste.

Así pues, es la "reformatio in peius"" una modalidad de incongruencia procesal, cuya prohibición, aparte de un principio general del Derecho Procesal tradicionalmente expresado en el "brocardo tantum devolutum quantum apellatum", conecta con el art. 24.1 C.E., a través de la prohibición de indefensión" (STC 45/1993, de 8 de febrero, F.J. 2).

No es dudosa, por otra parte, la vigencia de la prohibición de la "reformatio in peius" en el proceso laboral, según ya hemos declarado en las SSTC 91/1988, de 20 de mayo, y 45/1993, sin perjuicio de que, como se dice en la primera de las citadas, haya de tenerse en cuenta "que una de las características del proceso laboral frente al civil es, precisamente, el mayor margen de actuación del Juez, lo cual puede presentar, a la postre, una debilitación del principio dispositivo".

La exposición que precede pone de manifiesto que, al pasar al estudio del supuesto sobre el que versa la presente pretensión de amparo, hayan de examinarse conjuntamente las imputaciones de incongruencia y reforma peyorativa, hechas a la Sentencia recurrida en relación con la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. A tal examen conjunto se procede a continuación.

5.  El recurso de suplicación, interpuesto por la empresa en el supuesto que nos ocupa, se sustentaba sobre la consideración de que la Sentencia entonces impugnada se había extralimitado en las funciones revisoras que, respecto de la sanción impuesta por la empresa al trabajador demandante, confería la legalidad procesal al Juez de instancia. Por ello la empresa recurrente solicitó la revocación de la Sentencia impugnada, en el sentido de que se confirmase íntegramente la sanción impuesta por ella misma en su día. La Sentencia de suplicación, como ya se indicó, calificó la falta de grave y rebajó la sanción a siete días, que era el máximo permitido por el art. 70 de la Ordenanza para tales faltas.

La incongruencia y la reforma peyorativa se habrían producido, según la demanda de amparo, tanto por la calificación de la falta (que pasó de muy grave a grave) como por la sanción (de ocho a siete días), habiendo mediado exclusivamente entre la Sentencia de instancia y la de suplicación el recurso de la empresa, único que se interpuso, sin que hubiera habido impugnación por parte del trabajador recurrido.

6.  El examen de lo actuado pone de manifiesto que la Sentencia recurrida en amparo incurre en los defectos de incongruencia y reforma peyorativa, con indefensión, según se razona seguidamente.

a)  En primer lugar, la Sentencia recurrida en amparo es incongruente.

Es de todo punto evidente que el fallo de la Sentencia de suplicación contiene una efectiva desviación del propio objeto de la pretensión impugnatoria, es decir, de la pretensión articulada en el recurso. Como dice la demanda de amparo, con referencia al debate de suplicación, "la Sentencia concede algo que nadie ha pedido y sobre lo que nadie ha discutido".

Basta señalar, al efecto, que la Sentencia de instancia había mantenido la calificación de la falta (la calificación hecha por la empresa en el ejercicio de sus facultades disciplinarias), rebajando, en cambio, la sanción. Así, dice textualmente en su fundamentación jurídica que los hechos "merecen la calificación de falta muy grave del ordinal 9.º del art. 69 de la Ordenanza de Comercio aplicable". Justamente es dicho art. 69.9 el aplicado a tal fin por la empresa. Y añade la Sentencia de instancia que las circunstancias concurrentes (actuación posterior del trabajador para pedir perdón por lo sucedido) "hacen que tal falta deba ser sancionada con la pena mínima, cual es la de ocho días de suspensión de empleo y sueldo, según se desprende de lo dispuesto en el art. 70 de la Ordenanza aplicable".

Contra dicha Sentencia, que fue consentida por el trabajador sancionado y demandante, interpuso la empresa recurso de suplicación. En el recurso, con invocación de los preceptos que se estimaban infringidos [art. 58.1 LET y art. 70 de la Ordenanza, en relación con el art. 115.1 c) LPL), postulaba la empresa la confirmación de la sanción impuesta por ella en su día (quince días de suspensión de empleo y sueldo), con la consiguiente revocación de la Sentencia de instancia. El recurso no fue impugnado por el trabajador.

Pues bien, centrado el debate en los expresados términos, es claro que la Sentencia que le dio fin se extendió a la calificación de la falta (que definió como grave) y a la duración de la sanción (que fijó en siete días). En el primer caso la decisión judicial versó sobre algo que no era objeto del recurso. En el segundo caso la decisión judicial versó sobre lo que era objeto del recurso, pero no respetó sus límites propios, delimitados por la pretensión impugnatoria.

b)  En segundo lugar, la expresada incongruencia constituye una reforma peyorativa para la empresa, entonces recurrente.

Se fundamenta la estimación de la existencia de la "reformatio in peius" en que la Sentencia de suplicación produjo, de modo directo e inmediato, un empeoramiento de la situación jurídica de una de las partes (precisamente la entonces recurrente y, justamente, como consecuencia exclusiva de la propia interposición del recurso), en lo que respecta al derecho sustantivo o material por ella defendido en el proceso: en este caso, en lo atinente a la calificación de la falta y a la sanción impuesta.

Los supuestos perjuicios de carácter económico o de debilitamiento del poder empresarial, a que también se alude en la demanda de amparo, carecen de relevancia a este fin, pues no son sino efectos indirectos de la Sentencia cuestionada, no inmediatamente vinculados al proceso al que la misma dio término.

c)  En tercer lugar, la incongruencia y reforma peyorativa se produjeron con infracción del derecho a la interdicción de toda indefensión en el proceso.

No impide tal conclusión el hecho de que la calificación de la falta y la duración de la sanción hubieran sido objeto de debate contradictorio en la instancia, según se expone a continuación.

Dentro de un proceso, en los sucesivos grados jurisdiccionales que siguen a la instancia, en virtud de los recursos interpuestos, el objeto de debate (el objeto del recurso) no tiene necesariamente que coincidir con el objeto del proceso: ciertamente, ha de mantenerse dentro de los límites de este último, pero -habiendo de respetarse tal circunstancia- el objeto del recurso se halla también delimitado por el propio contenido de la correspondiente pretensión impugnatoria.

Por lo dicho, queda fuera del recurso toda cuestión no comprendida en la pretensión impugnatoria. En consecuencia, no es preciso que se extiendan a tal cuestión (en realidad, no deben extenderse a ella) las alegaciones de las partes.

Y por lo mismo se produce la indefensión del recurrente si la Sentencia que da término al recurso resuelve una cuestión no planteada, que es ajena al propio recurso. Tal es lo sucedido en el caso que nos ocupa.

7.  El juicio de constitucionalidad de la resolución impugnada sería incompleto si no se examinase su motivación o fundamentación, que sirve para poner de manifiesto su verdadero sentido.

Dicha resolución, la Sentencia de suplicación, según razona en su único fundamento de Derecho, estima improcedente el hecho de que la Sentencia de instancia calificase de muy grave la sanción del trabajador, visto que, al mismo tiempo, "[había] revocado la sanción impuesta de suspensión de quince días de empleo y sueldo, imponiendo otra de sólo 8 días cuando, por tratarse de falta muy grave, y según lo establecido en el art. 70 de la Ordenanza de Trabajo en el Comercio de 24 de julio de 1971 anteriormente citada, la sanción para las faltas calificadas como muy graves oscilará entre veinte y sesenta días de suspensión de empleo y sueldo". A la vista de estos extremos, estima la Sentencia de suplicación que se produjo "un exceso por parte del Juzgador, que ha sobrepasado los límites de su facultad revisora", y concluye que "ello obliga a estimar el recurso y a revocar la Sentencia de instancia en el sentido de calificar la falta con el grado de grave y reducir la sanción a 7 días de suspensión de empleo y sueldo".

El texto de la fundamentación jurídica de dicha Sentencia, que en lo esencial se ha transcrito, permite conocer cuáles fueron los criterios jurídicos esenciales determinantes del pronunciamiento judicial. Tales criterios se refieren, sin duda, a la aplicación de la Ordenanza de 1971 y consecuente adecuación entre la calificación de la falta y la sanción, en relación con el ejercicio (que se tilda de inadecuado o improcedente) por el Juzgador de instancia de las facultades revisoras concedidas por la normativa procesal. Es por tal razón por la que se fija una sanción de siete días de suspensión de empleo y sueldo, prevista como máxima para las faltas graves (pues la de ocho días y la de quince días están fuera de las previsiones normativas), siendo precisamente esta calificación de falta grave la que se hace de los hechos en la expresada Sentencia de Suplicación.

En definitiva, se advierte que en todos los casos se está ante sanciones de igual naturaleza (suspensión de empleo y sueldo), si bien con distinta duración, y que la sanción establecida por el Juzgador de instancia (ocho días) y la impuesta por la empresa (quince días) constituían una cierta aminoración del rigor sancionador, vista la sanción mínima prevista para las faltas muy graves (veinte días), sin que, por otra parte, correspondieran aquéllas a faltas de menor gravedad. Todo ello por la circunstancia, ciertamente anómala, de la falta de previsión normativa acerca de sanciones de esta naturaleza entre ocho y diecinueve días.

Sentados los anteriores extremos, es obligado concluir que la Sentencia, atendida su motivación, no justifica en absoluto el que haya incurrido en los expresados defectos de incongruencia, reforma peyorativa e indefensión, aun tratándose, ciertamente, de un supuesto tan peculiar como el que nos ocupa. Procede, por todo ello, la estimación del recurso de amparo.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

1.º  Reconocer el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva.

2.º  Anular la Sentencia dictada el 15 de marzo de 1996 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 1368/1995.

3.º  Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse dicha Sentencia, a fin de que se dicte otra, que resuelva el recurso de suplicación sin vulneración de derechos fundamentales.

Voto particular que formula el Magistrado don Pablo Cachón Villar a la Sentencia dictada por la Sala Primera de este Tribunal en el recurso de amparo núm. 1628/1996, al que se adhiere la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde.

Disiento, con el máximo respeto al criterio sustentado por la mayoría, del apartado tercero del Fallo, en cuanto en él se acuerda la devolución de las actuaciones al Tribunal que dictó la Sentencia recurrida (la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) a fin de que dicte nueva Sentencia, resolutoria del recurso de suplicación.

Estoy de acuerdo en que dicha Sentencia incurre en los defectos de incongruencia e indefensión, en los términos en que se razona en la Sentencia que otorga el amparo. Ello no obstante, entiendo que no procede la devolución de actuaciones a los fines expresados porque, desde la perspectiva constitucional y de protección de los derechos fundamentales, ámbito propio de nuestra competencia, puede concluirse que de ningún modo es posible la estimación del recurso de suplicación, según se razona a continuación.

Consta, y así se dice en la Sentencia de amparo, que, según las normas de aplicación, la sanción de suspensión de empleo y sueldo lo era por tiempo de tres a siete días, tratándose de faltas graves, y de veinte a sesenta días, tratándose de faltas muy graves. La empresa impuso al trabajador la sanción de quince días de suspensión de empleo y sueldo por hechos que estimó constitutivos de falta muy grave. Formulada demanda impugnatoria de la sanción, la Sentencia de instancia, que mantuvo la calificación de la falta como muy grave, rebajó aquélla a ocho días de suspensión de empleo y sueldo.

Pues bien, al formular la empresa el recurso de suplicación, con invocación de los preceptos considerados como infringidos, postulando que se deje sin efecto la Sentencia de instancia y se confirme, por lo tanto, la sanción empresarial (es decir, quince días de suspensión de empleo y sueldo), está pidiendo dicha empresa recurrente que el Tribunal de suplicación, en perjuicio del trabajador, de como buena y establezca positivamente una sanción no prevista por las normas de aplicación, aceptando una inexistente escala de sanciones. Tal pretensión está fuera del ámbito propio del derecho a la tutela judicial efectiva, que reconoce y proclama el art. 24 C.E., cuyo contenido comprende precisamente, según reiterada jurisprudencia constitucional de innecesaria cita, el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.

Por lo expuesto, la pretensión impugnatoria articulada en el recurso de suplicación, carente de base normativa, no puede obtener más respuesta que la simple desestimación. Tal conclusión cobra más fuerza, si cabe, si se advierte que se está en el campo del derecho sancionador.

En consecuencia, se sostiene en este Voto particular que lo procedente era el otorgamiento del amparo, en el sentido de reconocer el derecho de la parte recurrente a la tutela judicial efectiva y de anular la Sentencia de suplicación, sin más.

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