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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 14 de febrero de 2001


 RESUMEN:

Nulidad de actuaciones. Improcedencia del recurso de suplicación. Reclamación de categoría profesional y diferencias retributivas.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En la demanda que dio origen a las presentes actuaciones, formulada frente a las empresas "Servicios Integrales de Seguridad (Segurisa) y Vigilancia integrada SA" (Vinsa), los actores, hoy recurridos, solicitaban que se declarase que la categoría profesional que les corresponde ostentar es la de vigilante jurado, así como su derecho a percibir las diferencias retributivas entre dicha categoría y la de guarda de seguridad que les atribuyen las empresas demandadas, cuantía cuya determinación efectuarían en el acto del juicio y que los demandantes Srs. G. y G. concretaron en ese momento procesal y para cada uno de ellos en la cantidad de 314.095 ptas. a cargo de Segurisa y de 69.160 a cargo de Vinsa, mientras que el demandante Sr. F. la fijó, con la misma imputación, en 107.261 y 69.160 respectivamente.

El Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Albacete en sentencia del 13 de noviembre de 1998, rechazó la pretensión sobre clasificación profesional y estimando parcialmente la demanda condenó la empresa Servicios Integrales de Seguridad a pagar a los actores primeramente citados la cantidad de 179.619 ptas. y la de 38.101 al tercero de los reclamantes

Los actores recurrieron en suplicación, interesando la condena de ambas empresas al reconocimiento de la categoría que propugnaba y el abono de las diferencias correspondientes año 1998, que no había reconocido el Juzgador de instancia. En la impugnación del recurso se puso de manifiesto que contra las sentencias recaídas en los procesos sobre clasificación profesional, no cabe recurso alguno En la sentencia combatida, que es la dictada el día 28 de enero de dos mil por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, entendiendo que lo que propugnan los actores es la acomodación de su categoría profesional a las funciones realizadas desde el inicio de la relación laboral, estimó el recurso y revocando la sentencia de instancia condenó a las dos recurridas a reconocerles la categoría de vigilantes jurados hasta el 1-1-1998 y desde ea fecha la de vigilantes de seguridad, condenando igualmente a la empresa Segurisa a pagar a los Srs. G. y G. la cantidad, a cada uno de ellos, de 248.779 y al Sr. F. la de 107.261 ptas., e igualmente a la empresa "Vigilancia integrada SA" al abono a cada uno de los demandantes a la cantidad de 69.160 ptas.

El relato de la sentencia del juzgado, que no fue combatido en el recurso, entre otros extremos nos hace saber: que los accionantes suscribieron contratos con la categoría de vigilante de seguridad, no obstante lo cual, al no existir la misma en el convenio colectivo eran retribuidos como guardas de seguridad; que las funciones desarrolladas desde el inicio d el relación laboral consistieron en tareas de vigilancia y protección de bienes y de personas, controles de identidad, protección del dinero de taquillas y de la central de alarmas, custodia de cadáveres en casos de arrollamientos y custodia de mercancías peligrosas, al igual que los trabajadores que tenían reconocidas la categoría de vigilantes jurados, con la única diferencia que a partir de noviembre de 1997 dejaron de realizar turnos de noche, que asumieron en exclusiva los vigilantes jurados; que los actores están juramentados y en posesión de licencia de armas.

Entre las sentencias citadas como contradictorias, se ha seleccionado la de esta Sala, citada en la preparación y en la interposición del recurso, del 4 de febrero de 1998, recurso 1939/97. Según se expresa en su relato el actor comenzó a prestar servicios el 5 de diciembre de 1989 con la categoría profesional de Administrativo c), y habiendo sido objeto de un despido declarado improcedente, en ordinal tercero de sus hechos se indica que desde la incorporación al puesto de trabajo, el día 1-9-1993, el actor continúa realizando la funciones y tareas de administrativo, pero percibe los salarios de la categoría inferior. También se hacen constar las diferencias salariales de los distintos períodos que reclama que asciende, en el de enero a diciembre de 1994, a la suma de 374.612 ptas. La sentencia estimó el recurso de casación declarando que no procedía recurso contra la sentencia de instancia.

Concurre pues la identidad exigida en el artículo 217 pues en ambas sentencias se contemplan reclamaciones de clasificación profesional y reclamación de cantidades superiores a 300.000 ptas. por realización de funciones correspondientes a la categoría superior a la asignada, aunque en la sentencia combatida se estime la pretensión virtud del principio de adecuación entre la función y la categoría, pues ello no determina la falta de identidad, que se pude predicar tanto cuando se invoque el actual artículo 22, 5.1 como cuando se apoye en el n.º 4 del artículo 39, ambos del Estatuto de los Trabajadores, pues el artículo 137.3 de la LPL no distingue para excluir el recurso entre los distintos preceptos en que puede apoyarse la acción esgrimida, y no obstante en los correspondientes procesos se alcanzaron fallos contradictorios, ya que la sentencia combatida admite y estima el recurso, mientras la aportada para contraste anula la sentencia del Tribunal Superior.

Segundo.-En la interposición del recurso la parte recurrente, al igual que en la impugnación en sede de Suplicación, denuncia la infracción del artículo 137.3 de la Ley de Procedimiento solicitando la casación y anulación de la sentencia. En el mismo sentido se manifiesta el Ministerio Fiscal en su documentado informe.

La cuestión litigiosa ya ha sido objeto de unificación y a esta doctrina ha de estarse La doctrina unificada consagrada con anterioridad se reitera en relación con los nuevos textos legales, es decir en resoluciones que hubieran sido dictadas con posterioridad a la entrada en vigor del TA de la LPL, en la antigua sentencia, a estos efectos, del 31 de enero de 1994, que excluye de la posibilidad del recurso los procesos sobre clasificación profesional, reiterando la doctrina entre otras, de las sentencias de 9 marzo, 15, 22 y 31 julio, 30 octubre 1991, 17 y 24 marzo y 20 octubre 1993, y esa doctrina se continúa desde dicha fecha y así recientemente pueden citarse, a vía de ejemplo, las sentencias del 22 de septiembre de 1998, recurso 1571/98 y del 2 de enero de dos mil, recurso 1360/1999 Como dice esa sentencia del año 1994: "conforme a tal línea jurisprudencial, que tiene carácter consolidado, este criterio es predicable tanto en el supuesto de que la pretensión deducida limitase su objeto al reconocimiento de la superior categoría cuyas funciones, según se alegare, fueron las realizadas -bien se invoque como fundamento el art. 16.4.º bien el art. 23 ET (hoy 22.5 y 39.4 ET), como aquellos otros en que se acumulara a dicha acción otra para reclamar las diferencias retributivas correspondientes, ya que esta segunda petición queda condicionada a la tramitación y decisión de la primera, respecto de la que tiene carácter subordinado. "Estamos en presencia de un pronunciamiento absolutamente ligado al de clasificación profesional y que le complementa, por lo que debe ser sometido a la misma regla del artículo 189.1.º de irrecurribilidad, como se reitera en el artículo que se cita como infringido de la misma Ley de Procedimiento Laboral para negar que contra el fallo de instancia procediera el recurso de suplicación"

Tercero.-Por todo lo anteriormente expuesto, procede estimar el recurso y declarar la firmeza de la sentencia de instancia dada la incompetencia funcional de la Sala que dictó la sentencia recurrida.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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