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Sentencia T.S. (Sala 4) de 3 de julio de 2001


 RESUMEN:

FOGASA. Despido colectivo u objetivo del artículo 52.c) ET (40 por ciento de la indemnización legal). Prescripción. Corre el plazo desde la firmeza de la sentencia (cuando tal indemnización ha sido declarada en vía jurisdiccional). Si se trata de responsabilidad subsidiaria por insolvencia empresarial, se inicia desde la firmeza del auto de insolvencia.

CONTENIDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar el día inicial o "dies a quo" del plazo de prescripción de una de las acciones que el trabajador puede dirigir al Fondo de Garantía Salarial (FGS) para el cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de esta entidad en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores (ET). Se trataen concreto de la reclamación de cantidad en concepto de cuota parte de indemnización que, de acuerdo con el art. 33.8 del ET, se asigna al FGS ("40% del total de la indemnización legal") en los supuestos de despido colectivo o despido objetivo del art. 52.c) del ET, cuando tales acuerdos de extinción del contrato de trabajo han sido adoptados en empresas de menos de 25 empleados.

No se discute en el presente recurso sobre la duración del referido plazo de prescripción de acciones, que, según la sentencia de suplicación recurrida, ha de ser de un año por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 33.7 del ET. En este punto coinciden la sentencia impugnada y la sentencia aportada para el juicio de contradicción, y esta posición coincidente encuentra además apoyo en doctrina unificada reciente de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS 5-12-2000).

Segundo.-Las tesis en presencia en este debate de casación unificadora son, de un lado, que el día inicial del referido plazo es el de la firmeza de la sentencia que declara la responsabilidad del FGS, y de otro lado que la fecha a tener en cuenta a tal efecto es la de la notificación (o más bien la de la firmeza) del auto de insolvencia de la empresa que acordó la extinción del contrato de trabajo por causas económicas.

La sentencia recurrida ha acogido la primera tesis, considerando que el plazo de prescripción de un año debe contarse a partir de la fecha de notificación del auto que declara la insolvencia de la empresa, lo que en el caso tiene lugar el 25 de marzo de 1997. Siendo ello así, la solicitud al FGS de la parte de la indemnización legal de despido económico a su cargo, efectuada el 30 de septiembre del mismo año 1997, se encuentra dentro de plazo. De haberse tomado como "dies a quo" del plazo de prescripción de la referida reclamación al FGS la fecha de la firmeza de la sentencia de condena al pago de la indemnización de despido, circunstancia que se produjo el 7 de septiembre de 1996, la Sala de suplicación habría llegado con seguridad, mediante un cómputo cronológico sencillo, a la conclusión contraria.

Es justamente esto lo que ha ocurrido en la sentencia de contraste, dictada por la propia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 25 de junio de 1999. En este caso, el derecho de reclamación de los actores a la cuota parte de indemnización de despido económico a cargo del FGS se consideró prescrito porque el intervalo entre la data de firmeza de la sentencia de condena y la de la reclamación del art. 33.8 del ET rebasaba el año, debiendo tenerse en cuenta que, al igual que en el litigio de la sentencia recurrida, dicha reclamación fue interpuesta antes de que transcurriera un año desde la declaración jurisdiccional de insolvencia de la empresa que había acordado el despido económico.

Procede entrar por tanto en el fondo del asunto, tras comprobar el cumplimiento del requisito de contradicción de sentencias y de los restantes establecidos en la ley.

Tercero.-La solución correcta a la cuestión controvertida es la de la sentencia de contraste, por lo que, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, el recurso debe ser estimado.

A diferencia de lo que sucede con las responsabilidades a cargo del FGS establecidas en los apartados 1 y 2 del art. 33 del ET, que tienen carácter de responsabilidad subsidiaria de carácter aseguratorio o de garantía para el supuesto de insolvencia de la empresa, la responsabilidad del FGS por el 40% de la indemnización legal de despido establecida en el art. 33.8 del ET es, como ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, una responsabilidad directa (STS 27-6-1992, 24-11-1992, 12 y 16-12-1992, 23-7-1993, 11-5-1994, 7-5-1997), cuyo hecho causante no es la insolvencia del empresario sino el reconocimiento por resolución administrativa o sentencia judicial de la obligación de pago de dicha indemnización legal. La función de esta responsabilidad directa del FGS no es, en suma, la de garantía o aseguramiento de salarios o indemnnizaciones a cargo del empresario, sino la de alivio o reducción del coste financiero para el empresario de los despidos económicos en determinadas empresas pequeñas (las que cuentan con una plantilla inferior a 25 trabajadores).

En el supuesto del art. 33.8 del ET nos encontramos, por tanto, como señala con acierto el informe del Ministerio público, no ante una indemnización única sino ante una indemnización fragmentada por ministerio de la ley en dos prestaciones dinerarias diferentes para cada uno de los obligados, en las que, respecto de las responsabilidades del FGS, los plazos de prescripción corren de forma independiente. El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad directa del 40% de la indemnización legal de despido económico corre, de acuerdo con la norma del art. 1971 del Código Civil, cuando tal indemnización legal ha sido declarada en vía jurisdiccional, desde la firmeza de la sentencia de condena al abono de la misma ("El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme"). El plazo de prescripción de la eventual acción de responsabilidad subsidiaria por insolvencia empresarial arranca, como ha reconocido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo, desde la firmeza del correspondiente auto de insolvencia (STS 13-2-1993, 14-2-1994, 24-2-1998, 9-3-1999, 17-12-1999).

Cuarto.-La sentencia estimatoria de unificación de doctrina obliga a resolver el debate de suplicación con arreglo a doctrina unificada. Ello comporta en el caso, a la vista del signo de la sentencia de instancia, la estimación del recurso del FGS, y la desestimación de la demanda del actor por acogimiento de la excepción de prescripción interpuesta por dicha entidad.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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