Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 26 de septiembre de 2001


 RESUMEN:

Despido improcedente. Indemnización. No se computa la situación de excedencia forzosa. Se tiene en cuenta el tiempo de servicios prestados, no la antigüedad. Son conceptos diferentes y no equiparables entre sí la antigüedad y los años de servicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, consiste en determinar si el tiempo en que un trabajador ha estado en situación de excedencia forzosa por desempeñar un cargo público, debe ser valorado a los efectos de calcular la correspondiente indemnización por el despido declarado improcedente. Concurre el requisito de contradicción en los términos establecidos en el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues ante supuestos análogos las sentencias comparadas dan soluciones opuestas.

El demandante en su escrito de impugnación del recurso, opuso con carácter previo, la no admisibilidad por la misma razón de cuestión nueva que ya adujo en la impugnación del recurso de suplicación, por entender que el descuento del periodo de excedencia forzosa del cálculo de la indemnización, no fué suscitado, debatido ni planteado en la instancia, pues las alegaciones utilizadas como medio de defensa al formular la oposición a la demanda en el acta de juicio, tal y como se desprende de la misma fueron exclusivamente tres: 1) excepción de caducidad de la acción de despido; 2) oposición al salario alegado por la parte actora; y, 3) oposición a la pretensión del demandante consistente en que se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido.

Segundo.-La citada cuestión, no reviste las características de "nueva", pues la misma ya fue abordada por la sentencia de instancia. Así, en el hecho probado cuarto se recoge que "El demandante en fecha 1 de diciembre de 1989 inició situación de excedencia forzosa al haber resultado elegido Eurodiputado, situación que se prorrogó en el mes de octubre de 1993 al haber obtenido un acta de Diputado en las Cortes Generales, y en el mes de marzo de 1996 por haber sido elegido Senador en las Cortes Generales, habiendo solicitado su reincorporación a su puesto de Director General con efectos de 21 de enero de 2000" y, en la fundamentación jurídica se refiere a la "condena del Comité demandado a las consecuencias legales que para el despido improcedente establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores", precepto este, que hace referencia a "una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio" y, que fué interpretado tácitamente por el Juzgador de instancia en el sentido de que para el cálculo de la indemnización se computa como tiempo de servicio el transcurrido en la situación de excedencia forzosa recogido en el citado hecho probado cuarto, tesis que al no ser compartida por la parte condenada, determinó el recurso de suplicación. Incluso la parte final del fundamento de derecho segundo expresa "sin que proceda conforme postula la patronal demandada excluir del periodo de revalorización del salario el tiempo en que el demandante ha estado en situación de excedencia forzosa, por cuanto que la suspensión del contrato de trabajo que conlleva la referida excedencia forzosa, tan solo implica la exoneración de las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo, pero no implica la congelación del trabajo a menos que la misma se haya pactado por las partes, lo que no sucede en el presente caso", lo que conduce a entender que la demandada partía, de la aplicación literal del artículo 56 y, que por ello nada opuso en el acto de juicio sobre el concreto particular del recurso.

En todo caso como dice la sentencia de suplicación "no es posible aceptar que cuestionarse la interpretación judicial del contenido de un precepto legal constituya una cuestión nueva, pues es evidente que las partes no pueden delimitar la totalidad de las consecuencias derivadas de la aplicación de un determinado precepto legal, ni es exigible que dentro del proceso se plantee la totalidad de las cuestiones posibles dentro de la aplicación de una norma determinada, por lo que el Juez de instancia, al interpretar la aplicación de la norma al supuesto concreto, puede introducir un elemento de discrepancia entre las partes cuyo ámbito de resolución solo puede ser el de este recurso".

Tercero.-Como expresa la sentencia aportada como de contraste de este Tribunal de 30 de junio de 1997 (recurso 2698/96) "la doctrina ha sido ya unificada en casación para la unificación de doctrina; la sentencia de esta Sala de 8 de marzo de 1993 declara, respecto del cálculo de la indemnización correspondiente, que el módulo de cuarenta y cinco días de salario que establece el artículo 56.1.a) del Estatuto actúa sobre el tiempo de servicios prestados y no sobre la mayor antigüedad reconocida. Este criterio jurisprudencial tiene carácter consolidado, sin perjuicio de que haya un pacto o disposición en contra, que no es el caso, pues así se manifiesta en las sentencias de la Sala de 16 de enero y 30 octubre de 1984, 20 de noviembre y 17 de diciembre de 1985, 25 de febrero y 30 de abril de 1986, 5 de mayo, 2 de junio y 21 de diciembre de 1987, 28 de abril, 8 y 14 de junio de 1988, 24 de julio y 19 de diciembre de 1989 y 15 de febrero de 1990. También lo declaró así la sentencia de 27 de junio de 1991, aunque con la diferencia de que en el convenio colectivo aplicable se determinaba el cómputo, a todos los efectos, por la mayor antigüedad asignada en el contrato, procedente de servicios prestados en otros contratos anteriores, sin que se diera en el caso la responsabilidad por subrogación".

Añade la expresada sentencia que "Una cosa es el derecho al cómputo de la antigüedad en la excedencia forzosa, y otra la determinación del tiempo de servicios en la empresa a efectos del artículo 56.1,a) del Estatuto. Suspendido el contrato por la excedencia forzosa, ésta exoneró de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo (artículo 45.2 del Estatuto). El hecho probado undécimo de la sentencia de la Sala de Barcelona, adicionado en virtud del motivo de suplicación, precisa, a instancia del FOGASA recurrente, cuál es el tiempo en que los servicios se prestaron; y la no realización de servicios durante el período de la excedencia no puede entenderse como tiempo de servicios".

Esta doctrina, es lógica consecuencia de los términos en que se expresan los artículos 56.1.a) y 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, en donde, el primero (al igual que los correspondientes preceptos referidos a la extinción de las relaciones laborales especiales) establece la indemnización a tenor de los "periodos de tiempo de servicio" y no de antigüedad, como también se hace en los artículos del mismo texto legal 53.1.b) (extinción del contrato por causas objetivas) y 51.8 (despido colectivo) y, el segundo (artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores) determina los derechos inherentes a la excedencia forzosa, que son conservación del puesto y cómputo de antigüedad y no de "tiempo de servicio", conceptos distintos como reiteradamente y desde antiguo matizó nuestra jurisprudencia. Así en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1984 señala que: "son conceptos diferentes, antigüedad en la banca y servicios en la empresa demandada, no equiparables entre sí"; la de 20 de noviembre de 1985, en donde se dice que la indemnización por despido se fija con arreglo a los años de servicio y no en base a la antigüedad en la actividad laboral sea cualquiera el empresario a cuyo servicio estuviere; de 30 de abril de 1986 indicando que los conceptos antigüedad en la profesión y servicios profesionales son diferentes al no ser equiparable entre sí, dado que aquella refleja el tiempo de desempeño en la profesión, aún cuando se haga en distintas empresas, mientras que el de servicio profesional se concreta al del tiempo en el que el trabajador trabaja por cuenta y bajo la dirección de una empresa, sirviendo este último concepto para fijar la indemnización que le corresponde al trabajador cuyo despido sea declarado improcedente; y la de 21 de diciembre de 1987, en cuanto expresa que "hay que tener en cuenta la doctrina de esta Sala, establecida en sentencias de 13 de julio de 1982 y 16 de enero de 1984, que destaca la distinción entre antigüedad en una determinada actividad y servicios prestados en la empresa, diversidad que resulta, inequívocamente, de lo establecido en el art. 98 [hoy 104] de la Ley de Procedimiento Laboral que distingue la primera del número de días, meses y años de los segundos que el trabajador llevase prestando en la empresa, doble exigencia a la demanda por despido que no tendría sentido si en todos los casos significase lo mismo, criterio que se reitera en el art. 101.c) [hoy 107.c] en el que se vuelve a mencionar la antigüedad y la concreción de los periodos de tiempo servicios; de donde la expresada doctrina deduce que mientras los servicios prestados en la empresa representan el tiempo durante el que se han realizado para la determinada entidad que viene obligada al pago de la indemnización a que se refiere el art. 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, o, en su caso, los artículos 51.10 ó 53.1.b) de la misma Ley, aquella, la antigüedad, hace referencia al tiempo transcurrido en una determinada profesión".

Cuarto.-Al no ser ajustada a derecho la doctrina de la sentencia combatida procede la estimación del recurso sin especial pronunciamiento en cuanto a costas, para resolver en suplicación, sustituyendo la indemnización fijada por otra consistente en 45 días de salario por año de servicio realmente prestado, excluyendo el periodo computado de antigüedad transcurrido en excedencia forzosa, que alcanza a la cantidad no discutida de veintiún millones doscientas setenta y dos mil quinientas veintiocho pesetas, procediendo a la devolución del depósito constituido para recurrir.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación