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Sentencia T.S.J. Valencia 49/2006, de 10 de enero


 RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo. Voluntad del trabajador basado en incumplimiento grave del empresario. Impago del subsidio por incapacidad temporal, tanto del pago directo como delegado. Incumplimiento subsumible en el punto c) del artículo 50.1 del ET.

CONTENIDO:


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida de fecha 14 de febrero de 2005, dice en su parte dispositiva: Fallo: "Que desestimando la demanda formulada por D. José Antonio frente a la empresa 'Ruedalva, S.L.' y Fondo de Garantía Salarial debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en demanda".

Segundo.-Que en la citada sentencia y como Hechos probados se declaran los siguientes:

"Primero. El actor D. José Antonio ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada 'Ruedalva, S.L.', dedicada a la actividad de transporte de mercancías, desde 02-10-1998, con la categoría profesional de conductor y retribución mensual de 1.007,70 €.

Segundo. La empresa demandada tiene concertada la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, con Ibermutuamur (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 274).

Tercero. El actor inició proceso de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, en 15-12-2003, con el diagnóstico: Reagudización neopulmonar, situación de incapacidad temporal, en la que continua a día de hoy.

Cuarto. Con fecha 17-2-2004 el actor solicitó a Ibermutuamur el pago directo de la prestación de incapacidad temporal, de referencia, la Mutua demandada se dirigió a la empresa demandada mediante escrito de fecha 23-02-2004 solicitando se confirme si es cierto que no ha procedido al pago delegado de la prestación, contesta la mercantil demandada en escrito de 01-03-2004 que el trabajador no ha cobrado sus salarios, porque no quiso cobrar, y en escrito de 23-03-2004 que el demandante no ha cobrado sus salario indicando que la causa del impago se debe a no querer el Sr. José Antonio entregar un móvil de la empresa así como el descuento de la facturación.

Quinto. Por resolución de 23-03-2004 Ibermutuamur denegó al actor el abono de la prestación de incapacidad temporal, alegando como causa inexistencia de incumplimiento empresarial.

Sexto. Disconforme el actor interpuso demanda que fue turnada al Juzgado de lo Social número Uno de los de Elche, proceso 467/2004, que terminó por Sentencia de 08-10-2004, cuyo fallo es del tenor literal siguiente..."" Que debo estimar y estimo la demanda formulada por D. José Antonio frente a la 'Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Inbermutuamur' y la empresa 'Ruedalva, S.L.' y declaro el derecho del demandante a percibir el subsidio de incapacidad temporal, derivado de enfermedad común, sobre una base reguladora de 1.007,70 euros mensuales y 33,59 euros diarios, condenando a 'Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 274 Ibermutuamur' a abonar el citado subsidio, mediante pago directo, desde el día 1 de enero de 2003 y hasta que concurra una causa de extinción en la forma, porcentaje y cuantía reglamentarios y, con independencia de las responsabilidades que se puedan exigir en otro orden, se absuelve a la empresa 'Ruedalva, S.L.' de la pretensión deducida en este pleito..." Posteriormente hubo aclaración en los términos siguientes: donde dice mediante pago directo, desde el día 1 de enero 2003 y hasta que concurra, debe decir mediante pago directo, desde el día 1 de enero y hasta que concurra.

Séptimo. En 02-11-2004 'Ibermutuamur'notificó al actor que en fecha próxima se le abonaría la cantidad de 6.886,94 euros en concepto de prestación económica de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, correspondiendo al período: 01-01-2004 a 30-09-2004.

Octavo. En 16-06-2004 el actor interpuso ante el SMAC papeleta de conciliación sobre extinción de la relación laboral por incumplimiento empresarial grave, por no abonarle la prestación de incapacidad temporal, en pago delegado, desde 01-01-2004, celebrándose acto de conciliación en 02-07-2004, que terminó con el resultado de sin avenencia.

Noveno. En 05-07-2004 el actor interpuso demanda origen de autos en el Decanato de los Juzgados de lo Social de esta Ciudad, que fue turnada al este Juzgado de lo Social número dos de Elche, proceso 709/2004.".

Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, habiendo sido debidamente impugnado por la representación legal de la demandada "Ruedalva, S.L."Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-1. Recurre en suplicación la parte actora, la sentencia que desestima su demanda, sobre extinción del contrato de trabajo, con causa en el impago de prestaciones de Incapacidad Temporal (IT). El recurso, se impugna por la empresa y contiene un solo motivo que se formula por el cauce que permite el apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción del art. 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores y de la doctrina que contienen las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de mayo de 1995 y 2 de noviembre de 1996.

2. Pues, bien, para resolver el debate debe partirse del relato probado, que constituye el eje de esta resolución y que no ha sido impugnado, en el que se da cuenta, a los efectos que aquí interesan, de los siguientes datos:

a) Que el actor, D. José Antonio, ha prestado servicios para la empresa demandada "Ruedalva, S.L.", dedicada a la actividad del transporte de mercancías, desde el 2-20-1998, con la categoría profesional de conductor y salario de 1.007,70 euros.

b) Que con fecha 15-12-2003, el actor inició proceso de IT, derivado de contingencias comunes, solicitando con fecha 17-2-2004 a Ibermutuamur, con quien tiene suscrita la empresa la gestión de la IT derivada de aquellas contingencias, el pago directo de la prestación, el que finalmente le es denegado por resolución de la Mutua de fecha 23-3-2004, por inexistencia de incumplimiento empresarial.

c) Que por sentencia de 8-10-2004, dictada en el proceso 467/2004 tramitado ante el Juzgado núm. 1 de Elche, se reconocía el pago directo de la prestación de IT con base reguladora de 1.007,70 euros mensuales y 33,59 euros diarios y se condenaba a la Mutua a abonar el citado subsidio en la forma, porcentaje y cuantía reglamentarios, y se absolvía a la empresa, sin perjuicio de las responsabilidades que se le puedan exigir en otro orden.

d) Que en fecha 2-11-2004, Ibermutuamur, notificó al actor que en fecha próxima abonaría la cantidad de 6.886,94 euros, en concepto de prestación económica de IT, derivada de contingencias comunes, correspondiendo al período 1-1-2004 a 30-9-2004.

e) Que la papeleta de conciliación se interpuso el 16-6-2004, se celebró el acto, sin avenencia el 2-7-2004 y se interpuso la demanda el 5-7-2004.

Con estos datos, la sentencia recurrida aplicando la doctrina contenida en la sentencia del TSJ de Andalucía (Granada) de fecha 18-11-2003, considera que como las prestaciones de seguridad social no tienen el carácter de salario no concurre la causa de extinción alegada de retraso o impago de los mismos y desestima la demanda. Y desde ahora se anticipa que el recurso debe prosperar.

Segundo.-1. El Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de noviembre de 1996 que se menciona como infringida y que ha sido seguida por esta Sala por ejemplo en la sentencia resolutoria del Recurso de suplicación núm. 1876/2005 señala que: "El artículo 1258 del Código Civil, establece que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley"; es decir, el precepto obliga a estar a las consecuencias lógicas del pacto libre, extendiendo la responsabilidad contractual no sólo al texto literal, sino a sus derivaciones lógicas; derivaciones en las que actúan como referencia la buena fe, el uso y la ley. Precisamente, el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1974, establecía en su artículo 129.1 -hoy artículo 131 del Texto Refundido de 1994, según la redacción dada por el artículo 6.1 de la Ley 1992 de 24 de noviembre de Medidas Presupuestarias Urgentes-, que el subsidio, en caso de enfermedad o accidente no laboral se abona, respectivamente, a partir del decimosexto día de baja, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive", y que -ordinal 2-"el subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria -hoy incapacidad temporal, como antes se ha dicho- correspondiendo su pago, en concepto de delegado, al propio empleador. Así, pues, el contrato de trabajo impone "ex lege"al empleador una doble obligación, de una parte, el pago directo de la prestación de incapacidad temporal durante los días cuarto a decimoquinto, de otra, el pago delegado de la misma, durante el tiempo posterior de enfermedad, con una duración máxima de doce meses y prórroga -artículo 127 del Texto Refundido de 1974; artículo 128 del Texto de 1994-. Ambas obligaciones derivadas "ex lege"del contrato de trabajo, y cuyo cumplimiento cabía esperar, lógicamente, en el comportamiento del empresario, constituyen la causa rescisoria de incumplimiento grave tipificada en el artículo 50.1.c) del Estatuto de trabajo, y a ello no se opone que la cobertura de incapacidad temporal forme parte de la acción protectora de la Seguridad Social, pues, en todo caso, se trata de obligaciones legales de prestación impuestas por la Ley General de la Seguridad Social al empresario en favor del trabajador, que constituyen efecto reflejo del contrato de trabajo".

2. En consecuencia es incorrecta la sentencia de Instancia que siguiendo doctrina del Tribunal Supremo (STS de 4 de febrero de 1991), ya superada, y que a su vez refiere la dictada por el TSJ de Andalucía, concluye que el impago de la prestación de IT, por contingencias comunes, cuyo pago delegado tenía asumido la empresa, no es causa que de lugar a la extinción del contrato a instancias del trabajador; ya que si bien es cierto que dicha causa no podría subsumirse en la prevista en el art. 50.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, si que se contempla en el apartado c) del referido precepto al referirse a cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones del empresario..., según la doctrina expuesta. Y como también concurre la infracción de la doctrina contenida en la sentencia denunciada de 22 de mayo de 1995, que establece que el incumplimiento de anticipar el pago de la prestación de IT es conducta tipificada en el art. 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, deberá concluirse que procedía estimar la demanda ante el grave y dilatado incumplimiento de la referida obligación empresarial que aquí se enjuicia y que comprende, al menos, desde el inicio de la obligación de pago delegado de la IT (1-1-2004), hasta la fecha de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Elche de fecha 8-10-2004, en que todavía no se había producido causa por la que se extinguiera la IT, como se deduce no solo del fallo de la referida resolución, sino también de la notificación del futuro abono de la prestación por parte de la Mutua; sin que a ello se oponga, como alega la parte recurrida, el hecho de que se haya regularizado la deuda con anterioridad a la fecha del juicio, pues a parte de que nada consta en la sentencia sobre el particular, aun en el supuesto de que el actor haya percibido la cantidad debida, ello no enerva la acción ejercitada por el trabajador (STS 27 de mayo de 1987), pues el impago existió y se mantuvo al ejercitarse la acción resolutoria, siendo grave atendiendo a la doctrina resumida en la sentencia de esta Sala 3356/2005, de 10 de octubre (R 2659/2005) que señala que:" como ha puesto de relieve esta Sala en sentencia, por ejemplo, de 11 de enero de 2001 (número 114/2001), seguida de otras posteriores, dentro de las pautas jurisprudenciales es donde hay que analizar el presente supuesto, dado que los casos de incumplimiento empresarial son no sólo casuísticos sino de una variedad casi particularizada al caso concreto. La sentencia del Tribunal Supremo de 25-01-1999, que menciona la jurisprudencia de esa misma Sala, reflejada, entre otras, en las SSTS/IV 24-III-1992 (recurso 413/1991) -invocada como de contraste-, 29-XII-1994 (recurso 1169/1994), 25-IX-1995 (recurso 756/1995) y 28-IX-1998 (recurso 930/1998), entiende que, "una interpretación conjunta de los apartados b) y c) del art. 50.1 del ET exige para que prospere la causa resolutoria a instancia del trabajador basada en "la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado" es necesaria la concurrencia del requisito de "gravedad" en el incumplimiento empresarial, y que a los efectos de determinar tal "gravedad" debe valorarse exclusivamente si el retraso o impago es o no grave o trascendente en relación con la obligación de pago puntual del salario ex arts. 4.2.f) y 29.1 ET, partiendo de un criterio objetivo (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado)".

3. Por lo expuesto procede estimar el recurso y revocar la sentencia para estimar la demanda en su pretensión del extinguir el contrato, con causa en el incumplimiento empresarial descrito, desde la fecha de esta resolución y con derecho a percibir la indemnización de 45 días por año que señala el art. 50.2, en relación con el art. 56.1.a) ambos del Estatuto de los Trabajadores, tomando como base el salario y antigüedad que señala la sentencia de instancia consentidos en el recurso.

FALLO

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. José Antonio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Elche en fecha 14 de abril de 2005, y en consecuencia revocamos la sentencia recurrida y estimando la demanda del recurrente frente a la empresa "Ruedalva, SL", declaramos resuelto en esta fecha el contrato de trabajo que une a las partes, y condenamos a la empresa demandada a que abone al trabajador una indemnización de 11.084,70 euros.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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