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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 720/2006, de 4 de mayo


 RESUMEN:

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Conversión del contrato a tiempo completo en contrato a tiempo parcial. Nulidad. Inexistencia de consentimiento del trabajador y en ausencia de éste, falta de expediente de regulación de empleo.

CONTENIDO:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: "Fallo: Estimo la demanda de D.ª Ángeles contra el Excmo. Ayuntamiento de Belmonte, declaro nula la decisión empresarial debiendo ser reintegrada la actora a su situación previa a aquélla decisión. Desestimo las excepciones de litispendencia y cosa juzgada."

Segundo.-Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:

"Primero. La actora D.ª Ángeles presta servicios para el Ayuntamiento de Belmonte desde el 1-7-1996, con categoría profesional de bibliotecaria, con un salario de 35,55 euros.

Segundo. Desde el 1-7-2002 el horario de la actora es de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 19 horas, a tiempo completo.

Tercero. El 1-6-2004 notificó el Ayuntamiento que por condiciones económicas, deficiencias en las instalaciones puestas de manifiesto por la Inspección de Trabajo, y descenso de matrículas y usuarios, a partir del 1-7-2004 el horario de apertura de la biblioteca será de lunes a viernes de 5 a 9.30 de la tarde y sábados de 10 a 13.30. Por lo que el contrato pasa a ser de tiempo parcial de 20 horas semanales (reducción 43,24%).

Cuarto. La actora es representante de los trabaja-dores.

Quinto. Se ha agotado la vía administrativa previa.

Sexto. En fecha 14-5-2004 se dictó sentencia por este Juzgado, autos núm. 176/2004, estimando la demanda de la actora contra el acuerdo del Ayuntamiento demandado de 16-2-2004 por el que a partir del 1-3-2004 el horario de apertura de la biblioteca de lunes a viernes se efectuaría de 5 a 8.30 horas p.m. y sábados de 10 a 12.30 horas a.m., pasando a estar vinculada por un contrato a tiempo parcial, requiriéndole el Ayuntamiento para la firma de un nuevo contrato, por las mismas causas que ahora se invocan. Dicha sentencia estimó la demanda, declarando nula la medida empresarial por defecto de forma por falta de notificación con preaviso de 30 días a su efectividad."

Tercero.-Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La demandada formula recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, estimatoria de la demanda interpuesta por la actora, solicitando, en primer lugar, al amparo del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la anulación de la sentencia, alegando la incompetencia de jurisdicción, la inadecuación de procedimiento, la litispendencia y la cosa juzgada, a todo lo cual se opone la actora en su escrito de impugnación por las razones aducidas en el mismo.

Así las cosas, se ha de significar lo siguiente:

1) El recurso de suplicación faculta al Tribunal "ad quem" para analizar los concretos motivos del recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) o c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión (y que produce la consecuencia prevista en el art. 200 LPL), se denuncien yerros fácticos evidentes y trascendentes al fallo y/o finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material (postulando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los artículos 201 ó 202 LPL).

2) Dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia (así SS. del Tribunal Supremo de 22-4-1970 y 21-6-1971, entre otras muchas), aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal "ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de oficio.

3) Toda petición de nulidad de actuaciones debe ampararse en el artículo 191.a) de la Ley de Procedimiento Laboral, bien entendido que la infracción de una norma procesal no es incardinable en el motivo contemplado en el artículo 191.c) LPL (SS del Tribunal Supremo de 2-7-1984 y 16-6-1986) y, a tal efecto, ha de tenerse en cuenta, conforme a lo expuesto, que sólo cabe invocar infracciones procesales que hayan generado indefensión para quien interpone el recurso y su ubicación en la formalización debe ser alegada en primer lugar (S.ª del Tribunal Supremo de 24-6-1974, entre otras), debiendo resolverse lo que proceda en relación con dicha alegación también en primer término.

4) Con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, aun cuando el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, ha de tenerse en cuenta también que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia en el caso de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental (SS.T.C. 11/1982, de 29 de marzo; 126/1984, de 26 de diciembre; 220/1993, de 30 de junio, 193/2000, de 18 de julio y 172/2002, de 30 de septiembre, entre otras).

Por ello, las decisiones judiciales de terminación del proceso son constitucionalmente legítimas siempre que el razonamiento responda a una interpretación de las normas legales conforme a la efectividad del derecho fundamental, dada la vigencia aquí del principio "pro actione", de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, sin que dicho principio deba entenderse tampoco como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la resolución del problema de fondo de entre todas las posibles que la regulan (SS.T.C. 195/1999, de 25 de octubre; 191/2001 de 1 de octubre; 78/2002, de 8 de abril y 172/2002, de 30 de septiembre, entre otras).

Así, si bien el Tribunal Constitucional ha flexibilizado los requisitos procesales exigibles en atención al derecho a la tutela judicial efectiva y del principio "pro actione", constituye doctrina del propio Tribunal Constitucional que "el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface mediante la obtención de una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal y así lo acuerde el órgano judicial en aplicación razonada y razonable de la misma" (SS.TC. 355/1993, de 29 de noviembre; 106/2002, de 6 de mayo; y 172/2002 de 30 de septiembre, entre otras).

5) Como tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con la competencia objetiva, en una reiterada doctrina (así, SS.T.S. de 17-5-1990 y 11-7-1990), al tratarse de una cuestión de orden público procesal, la Sala en suplicación no está sujeta siquiera a los concretos motivos invocados en el recurso (como tampoco ha de estar para su examen al relato de hechos probados en la forma recogida en la sentencia de instancia, pudiendo valorar de nuevo y en su integridad cuantos medios de prueba se hayan propuesto y practicado) y tal cuestión escapa además al poder de disposición de las partes.

En definitiva, y conforme a lo expuesto, con carácter previo incluso al análisis de los motivos invocados la Sala ha de decidir sobre la competencia por razón de la materia de este orden jurisdiccional para conocer de las pretensiones deducidas, con facultad para formar su convicción mediante el análisis de la totalidad de las actuaciones practicadas, de manera exclusiva y excluyente, sin sujeción a los motivos y razonamientos expuestos en el recurso, ni a la declaración de hechos probados y argumentados de la resolución impugnada porque la jurisdicción como norma de derecho absoluto y necesario constituye el primer presupuesto formal y trámite inexcusable para que el órgano judicial pueda conocer del pleito sometido a su consideración y por afectar al orden público procesal las cuestiones de competencia "ratione materiae" quedan fuera del principio dispositivo de los litigantes y de la voluntad del propio Juzgado o Tribunal, siendo la jurisdicción improrrogable, como expresamente dispone el artículo 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL, 1985, 1578, 2635; APNDL 8375) hasta el extremo de la posibilidad de su apreciación de oficio -artículos 9.6 L.O.P.J. y 5 de la Ley de Procedimiento Laboral (RCL 1995, 1144, 1563)- imponiéndose el estudio preferente de la incompetencia objetiva o por razón de la materia, ya que de concurrir aquélla significaría un obstáculo insuperable que vedaría al órgano judicial entrar en el examen del fondo del asunto.

6) En el supuesto de autos, a la vista de la demanda presentada, resulta indudable que se ha de rechazar la incompetencia de jurisdicción (excepción que, por lo demás, ni siquiera aparece alegada en el acto del juicio), por cuanto se trata de una acción derivada del contrato de trabajo, viniendo atribuida la competencia para conocer de la misma al orden jurisdiccional social, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin que sean en consecuencia de recibo las alegaciones de la recurrente. Como igualmente ha de rechazarse la excepción de inadecuación del procedimiento (tampoco alegada en el acto del juicio), ya que la actora presentó demanda en reclamación de derechos, solicitando que se declarase nula la decisión de reducir su jornada laboral y que se le reponga a su anterior jornada de trabajo a tiempo completo, y siendo así la pretensión ejercitada puede plantearse indudablemente acudiendo al procedimiento ordinario establecido en la Ley de Procedimiento Laboral.

Y en consecuencia, conforme a lo expuesto, deben decaer los dos primeros motivos del recurso de la demandada, planteados en las alegaciones Primera y Segunda del mismo. Como deben rechazarse igualmente las de litispendencia y cosa juzgada, según se verá, que deben analizarse conjuntamente, dada la evidente relación entre ambas.

Así, se ha de significar que, según tiene declarado la sentencia del Tribunal Supremo de 26-10-2004, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, "la litispendencia es en nuestro Derecho Procesal una excepción que tiende a impedir la simultánea tramitación de dos procesos con el mismo contenido, siendo una institución preventiva y tutelar de la cosa juzgada, por lo que requiere las mismas identidades que ésta, identidades que han de ser subjetiva, objetiva y causal, por lo que no basta para la identidad total con que entre ambos procesos exista una mera conexión o identidad de alguno de estos elementos (pero no de todos), pues esto último a lo único que puede dar lugar es a la posibilidad de acumulación de ambos procesos a instancia de parte legítima, constituyendo una hipótesis distinta a la de litispendencia". Habiéndose puesto de relieve en dicha sentencia que se está, en realidad, ante institutos jurídicos diferentes a pesar de la relación entre ellos y así, en primer lugar, el efecto de cosa juzgada opera sobre la base de una situación jurídica ya dada en la realidad histórica en virtud de una sentencia que es firme, lo que no sucede cuando se alega la litispendencia, basada precisamente en la tramitación de un proceso anterior todavía no llevado a término; y, en segundo lugar, la función del instituto de la cosa juzgada es doble, pues -amén del efecto negativo o excluyente- cabe el efecto positivo o prejudicial cuando no hay identidad absoluta de los elementos de la pretensión pero sí hay una parcial identidad en el objeto de uno y otro proceso, lo que no cabe en la litispendencia, que, conforme a lo expuesto, exige la identidad en todos los elementos esenciales de ambos procesos.

Pues bien, habida cuenta de lo expuesto, resulta indudable que no cabe apreciar la litispendencia alegada por la recurrente en su recurso (Alegación Tercera), ya que se pretende apoyar tal excepción en la pendencia del procedimiento 413/2004 y, por un lado, se aprecia que no aparece mencionado el mismo en el acta del juicio y, por otro lado, no es posible ignorar que para que pueda acogerse la excepción alegada es preciso en todo caso acreditar que existe identidad de las acciones ejercitadas en los dos procesos, sin que baste la mera alegación al respecto, lo que no ha tenido lugar en el supuesto de autos.

Asimismo resulta indudable que tampoco es posible apreciar la cosa juzgada alegada por la recurrente, que trata de apoyar tal excepción en la sentencia 130/2004, que recayó en fecha 14-5-2004, en el procedimiento 176/2004 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca, seguido sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sin que quepa ignorar que en el mismo se declaró nula por defecto de forma la medida empresarial adoptada el 16-2-2004, mientras que en el proceso que dio lugar al presente recurso se impugna la decisión del Ayuntamiento adoptada el 28-5-2004 y notificada el 1-6-2004. Con lo que debe rechazarse también dicha excepción, conforme a lo expuesto anteriormente.

Segundo.-Sentado lo anterior y en lo que respecta a la revisión fáctica pretendida por la recurrente al amparo del artículo 191.b) LPL, se ha de tener en cuenta lo siguiente:

1. El recurso de suplicación es, según lo indicado, de naturaleza extraordinaria y a diferencia del recurso ordinario de apelación (en el que el Tribunal "ad quem" puede revisar "ex novo" los elementos fácticos y consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida) dicho recurso -a modo de pequeña casación- no faculta al Tribunal sino para analizar los concretos motivos del recurso, conforme a lo expuesto.

2. Asimismo, ha de tenerse en cuenta, por un lado, que las cuestiones de hecho y de derecho ineludiblemente han de ser tratadas por separado, y por otro, que sólo cuando se aprecia la infracción denunciada, procede la estimación del recurso, bien entendido que el error de derecho en la apreciación de la prueba, por aducirse infracción de una norma, ha de formalizarse por la vía del artículo 191.c) LPL, y que, en lo que respecta al error fáctico, que ha de denunciarse por el cauce del artículo 191.b) LPL, no es posible ignorar que, dada esa extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, de la doctrina sentada respecto al mismo se desprenden una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformarlo en una segunda instancia, pudiendo compendiarse estas reglas, en lo que aquí interesa, del siguiente modo:

1.º) La revisión de hechos no faculta al Tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental o pericial alegada que demuestre patentemente el error de hecho, bien entendido que su apreciación no puede entrañar denegación de las facultades valorativas de la prueba atribuidas al Juzgador "a quo", a quien corresponde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97 de la LPL, apreciar todos los elementos de convicción aportados al proceso y declarar, en función de éstos, los que estime probados.

2.º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada (STS 16 de diciembre de 1967, 18 y 27 de marzo de 1968, 8 y 30 de junio de 1978, y 2 de mayo de 1985).

3.º) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia, órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba (STC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de 15 de febrero).

4.º) No pueden introducirse en el momento de la suplicación cuestiones fácticas novedosas y que no hayan sido objeto de alegación y, en su caso, debate en la instancia (SS.T.S. de 18-7-1984 y 3-3-1987, entre otras muchas), debiendo subrayarse que siendo únicamente las pruebas documental y pericial aptas para amparar este tipo de motivo, sólo son admisibles para poner de relieve el yerro fáctico los documentos hábiles que ostenten un decisivo valor probatorio y tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia o idoneidad (SS. del T.S. de 19-11-1987 y 18-1-1988), de forma que el error que se denuncia ha de quedar de manifiesto de manera clara, evidente y directa, sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas (S.T.S. de 18-1-1988, entre otras), a lo que se ha de añadir que el recurso se da contra el fallo y no contra los hechos o consideraciones jurídicas de la sentencia, siendo intrascendentes al recurso las denuncias por error de hecho o infracción jurídica que no alteren el sentido del fallo (SS del Tribunal Supremo de 18-10-1982 y 16-3-1987, entre otras muchas). Pues bien, en el supuesto de autos se observa que la recurrente pretende que se recojan como Hechos probados los que indica recogidos en la sentencia núm. 130/2004 del Juzgado de lo Social de Cuenca, dictada el 14-5-2004, y en la sentencia núm. 1185/2004 de esta Sala, que resolvió el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Cuenca de fecha 6-9-2004, recogiendo y dejando intactos los hechos declarados probados en esta sentencia. Y así, si por un lado aparece que nada de ello se alegó al respecto en el acta de juicio de 16-9-2004, fecha de la vista del proceso que ha dado lugar al presente recurso, por otro lado se ha de significar que la adición pretendida sería totalmente intrascendente al fallo, por cuanto basando la demandada su recurso en último extremo en la posibilidad de adoptar las medidas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, lo realmente relevante sería, como se verá, el que se hubiera seguido el procedimiento legalmente establecido a tales efectos, nada de lo cual aparece en la adición propuesta, por lo que, conforme a lo expuesto, debe rechazarse la revisión de hechos solicitada por la recurrente.

Tercero.-Finalmente, la recurrente solicita la revisión del Derecho alegando que en el último párrafo del artículo 12.4.e) del Estatuto de los Trabajadores se permite la adopción de medidas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del propio Estatuto, y sostiene que la modificación de condiciones deriva de la situación económica, técnica, organizativa y financiera. A lo que se opone igualmente la actora en su escrito de impugnación por las razones alegadas en dicho escrito.

Así las cosas, se ha de significar que regulándose en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores el contrato de trabajo a tiempo parcial junto al contrato de relevo, en el apartado e) del número 4 de dicho artículo se establecen una serie de reglas sobre la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial, imponiéndose en primer término el carácter voluntario de dicha conversión, ya que ésta "no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 41", y no sólo eso puesto que "el trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción".

De forma que no es posible la conversión del contrato si no media el consentimiento del trabajador, aunque, como excepción, se permite la utilización de las medidas previstas en los antecitados artículos 51 y 52.c) ET, con lo que cabría la conversión unilateral del contrato a través de un expediente de regulación de empleo o, de forma individual, acordar las medidas contempladas en el apartado c) del artículo 51, que regula el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que conlleva que en ambos casos (expediente de regulación de empleo o despido individual por dichas causas), habría de seguirse necesariamente el procedimiento legalmente establecido al efecto.

Ahora bien, en el supuesto de autos, debiendo partirse necesariamente del relato fáctico de la sentencia y proyectando el anterior soporte normativo al concreto caso enjuiciado, resulta obligado rechazar también la alegación mencionada, por cuanto ni existió consentimiento de la trabajadora a la conversión del contrato ni se ha seguido el procedimiento que, conforme a lo expuesto, permitiría la conversión unilateral del contrato, acudiendo al correspondiente expediente de regulación de empleo o acordando las medidas procedentes conforme a lo establecido en el artículo 52.c) ET...

Por todo lo cual se hace preciso, con previa desestimación del recurso, la confirmación de la sentencia de instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Ayuntamiento de Belmonte contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Cuenca de fecha 22 de septiembre de 2004 en virtud de demanda formulada por D.ª Ángeles en reclamación por derechos, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia, con abono por la parte recurrente al Letrado que ha impugnado su recurso, de la cantidad de 300 euros en concepto de honorarios.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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