Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Galicia 3741/2008, de 22 de octubre


 RESUMEN:

Despido. Prescripción de la falta. Interrupción. Investigación penal necesaria por la conducta clandestina. Despido procedente. Transgresión de la buena fe contractual. Rayar el vehículo de socio-administrador de la empresa.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por Eusebio en reclamación de DESPIDO DISCIPLINARIO siendo demandado AKROS JOYEROS SLL. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000101 /2008 sentencia con fecha trece de Mayo de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que estimó la demanda.

Segundo.-Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

Primero. El actor D. Eusebio vino prestando servicios para la empresa AKROS JOYEROS, S.L.L., desde el 1 de setiembre de 1999, con la categoría profesional de Dependiente y percibiendo un salario de 1.562'50 euros incluida prorrata de pagas extras. El actor es socio-trabajador de la demandada, siendo los demás socios del mismo D. Marcos, D. Pablo y D. Rosendo, ejerciendo estos dos últimos de administradores solidarios./ Segundo. El actor presentó las siguientes demandas en reclamación de cantidad contra la empresa demandada, que dieron lugar los procedimientos que a continuación se indican:

1.-En fecha 5 de enero de 2006, presentó demanda reclamando la cantidad de 1.143'64 euros, por salario de octubre y noviembre de 2005. Dicha demanda dio lugar a los autos n° 9/06 de este Juzgado en los cuales se dictó auto el 1 de febrero de 2006, teniendo por desistido al actor, en base al escrito presentado por el mismo.

2.-En fecha 15 de marzo de 2006 presentó demanda en reclamación de la cantidad de 571'82 euros, en concepto de diferencias salariales de enero de 2006. Dicha demanda dio lugar a los autos n° 172/06 de este Juzgado en los cuales recayó sentencia el 2 de mayo de 2006 en cuya parte dispositiva se estimó parcialmente la demanda y se condenó a la empresa a abonarle la cantidad de 519'23 euros.

3.-En fecha 23 de junio de 2006 presentó demanda en reclamación de la cantidad de 13.852"54 euros, por salarios correspondientes de febrero a agosto/2005 y febrero y marzo/2006. Dicha demanda dio lugar a los autos n° 544/06 tramitados en el Juzgado de lo Social n° Dos de esta ciudad en los cuales recayó sentencia el 23 de octubre de 2006, estimando la demanda.

4.-En fecha 19 de marzo de 2007 presentó demanda en reclamación de la cantidad de 519"22 euros, en concepto de diferencias en la paga extra de marzo de 2006, demanda que dio lugar a los autos n° 192/07 del Juzgado de lo Social n° dos de esta ciudad, en los cuales recayó sentencia el 4 de mayo de 2007, estimando la demanda./ Tercero. En fecha 14 de febrero de 2006 el actor presentó demanda ante la Inspección de Trabajo frente a la empresa demandada, por diferencias de cotización, levantando actas de liquidaciones n° 201/06, 202/06, 203/06, 204/06, 205/06 y 206/06, confirmadas por resolución de 26 de setiembre de 2006./ Cuarto. En fecha 21 de marzo de 2006, tras ser dado de alta médica, el actor se personó en las dependencias de la empresa sitas en la calle Bedoya n° 11 de esta ciudad, al objeto de su reincorporación, acompañado de dos testigos. D. Rosendo que se encontraba en las dependencias, pidió a los testigos que se identificaran, y al no hacerlo pulsó el botón de la central de alarmas, interviniendo la policía./ El citado D. Rosendo despidió al actor de forma verbal./ En fecha 22 de marzo la empresa demandada reconoció la improcedencia del despido depositando en este Juzgado la indemnización prevista en el Articulo 56.1 a) del Estatuto de los Trabajadores./ Quinto. En fecha 19 de abril de 2006 el actor formuló demanda por despido nulo, la cual dio lugar a los autos n° 275 y acumulados n° 298/06 tramitados en este Juzgado, en los cuales recayó sentencia el 26 de mayo de 2006, declarando la nulidad del despido del actor por vulneración de la garantía de indemnidad./ Dicha sentencia fue confirmada por la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 10 de noviembre de 2006 . Instado incidente de readmisión irregular, se dictó Auto el 20 de marzo de 2006 declarando irregular la readmisión del actor efectuada el 2 de enero de 2007 y condenando a la empresa a reponerlo en las anteriores condiciones de trabajo. Dicho Auto fue confirmado por el de 16 de abril de 2007./ Sexto. En fechas 3, 8 y 15 de enero de 2007, el actor recibió por burofax, cartas de sanción de apercibimiento./ En impugnación de dichas sanciones presentó demandas que dieron lugar a los autos acumulados n° 118/07, 131/07 y 133/07, tramitados en este Juzgado, en los cuales recayó sentencia el 20 de abril de 2007 en cuya parte dispositiva se revocaron las sanciones impuestas./ Séptimo. En fecha 16 de noviembre de 2006 el actor formuló denuncia penal, contra D. Pablo, D. Marcos y D. Rosendo, por delitos de falsificación de documento mercantil y societaria, apropiación indebida, imposición de acuerdo social abusivo y violación de derechos del socio./ La indicada denuncia dio lugar las diligencias previas 3120/06 que se tramitaron en el Juzgado de Instrucción n° Tres de esta ciudad./ Octavo. El actor presentó demanda por vulneración de Derechos Fundamentales que dio lugar a su desestimación por Sentencia del Juzgado de lo Social n° Dos de esta ciudad de fecha 12 de julio de 2007, que fue confirmada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 12 de diciembre de 2007 .

Noveno. En fecha 4 de junio de 2007 entre el actor, D. Arturo y el socio D. Rosendo reprodujo la siguiente conversación:

Minuto 1:20.

Arturo: ¿Qué coño miras?

Eusebio: ¿Qué me estas insultando?

Arturo: Te estoy preguntando que coño miras.

Eusebio: Estoy en mi empresa y miro para donde quiero, estoy mirando para las bateas que estas facturando.

Arturo: Cámbiame de carita eh¡¡ Cámbiame de carita eh¡¡ Porque aquí no hay coches para darle vueltas acojonado. Eusebio: Cuando quieras me pegas delante de testigos ya te lo dije el otro día, pégame que hay cámaras filmando venga dame, pégame, pégame.

Rosendo: Ponte a trabajar.

Arturo: cuando te coja en la calle Eusebio ¡¡¡ (haciendo un gesto de que me iba a cortar el cuello)

Eusebio: ¿Qué me estas amenazando?

Rosendo: Ponte a trabajar.

Eusebio: ¿Me estas amenazando?

¿Me estas amenazando?

Minuto 2:13.

Arturo: Yo salgo a la una y media sabes?

Rosendo: Ponte a trabajar.

Eusebio: ¿Qué me estas amenazando?

Arturo: Acojonao no tienes huevos.

Eusebio: Sabes que los tengo hombre, sabes que los tengo pero soy más inteligente que tú./ Decimo. En fecha 28 de diciembre de 2007 le fue remitido por burofax carta de despido del siguiente tenor literal: "...Por la presente y a tenor de lo preceptuado por el articulo 55 del Estatuto de los Trabajadores, por esta empresa se le comunica que con fecha de efecto de este mismo día 28 de diciembre de 2007, se procede a su DESPIDO DICIPLINARIO con fundamento en el articulo 54.2d ) del mimo cuerpo legal citado anteriormente, y por la siguiente causa: .-Que en repetidas ocasiones han aparecido dañados con rayazos intencionados con objeto punzante los vehículos de los socios de esta mercantil y administradores solidarios de la empresa D. Rosendo y D. Eusebio . Dichos vehículos se encontraban aparcados como se viene y se venia haciendo habitualmente en el Parking Buenos Aires. Dichas ocasiones fueron en las siguientes fechas: 12 de mayo de 2006, aparece rayado el coche de Rosendo .-13 de julio de 2006, aparece rayado el coche de Eusebio, 5 de febrero de 2007, aparece rayado el coche de Rosendo .-9 de marzo de 2007, de nuevo aparece rayado el coche de Rosendo .-Que aunque pudiéramos albergar sospechas de que era usted el que se dedicaba a rayarnos el coche, puesto que también se dedicaba a hablar mal de esta empresa tanto a clientes como a proveedores, nunca tuvimos la certeza necesaria para su inculpación, hasta la última ocasión en que fue visto por un empleado, vigilante del aparcamiento.-No obstante y ante la inseguridad de que realmente hubiera sido usted, en averiguación y aseveración de los hechos, se presentó denuncia penal que incoaba el oportuno juicio de faltas en el que, en fecha 20 de noviembre de 2007, recayó sentencia condenatoria, en el que se reconocen como probados los siguientes hechos (numeral único del relato fáctico de la sentencia): "Queda probado y así se declara que sobre las horas del día 9 de marzo de 2007 cuando el denunciante D. Rosendo tenía estacionado el vehículo Citroén Evasión matricula N-....-NS en el parking situado en la Plaza de San Antonio, el denunciado D. Eusebio rayó el vehículo del denunciante, causándole daños materiales por importe de 191'll €".-Dicha sentencia, que le condena como autor criminalmente responsable de una falta de daños prevista en el articulo 625 del CP a la pena de veinte días de multa con una cuota diaria de diez euros, ha adquirido firmeza por auto de fecha7 de diciembre de 2007, siendo notificada a la empresa en fecha l0 de diciembre de 2007.-dichos actos lesivos son constitutivos de una infracción muy grave, y a tenor del articulo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, merecedores de despido disciplinario por transgredir la buena fe contractual que debe presidir las relaciones laborales.-Y no siendo representante legal de los trabajadores ni delegado sindical ni constando a esta empresa su sindicación, para que sirva de atenta comunicación, extiendo, firmo y le remito vía burofax la presente en lugar y fecha indicados anteriormente, dando cuenta asimismo a los representantes de los trabajadores, e informándole que tiene a su disposición en la sede de la empresa la liquidación que legalmente le corresponde..."./ Undecimo. El actor fue condenado por sentencia del Juzgado de Instrucción n° Dos de esta ciudad de fecha 20 de noviembre de 2007, como autos de una falta de daños prevista en el Articulo 625 del Código Penal a la pena de 20 días de multa, por haber realizado los siguientes hechos: "El día 9 de marzo de 2007 cuando el denunciante D. Rosendo tenía estacionado su vehículo Citroén Evasión matricula N-....-NS en el parking situado en la Plaza de San Antonio, el denunciado D. Eusebio rayó el vehículo del denunciante, causándole daños materiales por importe de 191'll €". Dicha sentencia es firme. La denuncia se presentó por D. Rosendo el día 9 de abril de 2007./ Duodecimo. El actor permaneció en situación de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común desde el 9 de marzo al 5 de mayo de 2005, con el diagnostico de "síndrome de ansiedad" y desde el 19 de julio de 2005 al 21 de marzo de 2006, con, el diagnostico de "trastorno adaptativo". El 19 de enero de 2007 inició nueva situación de I.T. derivada de enfermedad común con el diagnostico de síndrome ansioso depresivo, habiendo sido dado de alta por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, en idéntica fecha./ Decimotercero. El actor no ostentan ha ostentado durante el último año cargo representativo de los trabajadores./ Decimocuarto. En fecha 1 de febrero de 2008 se celebró acto de conciliación ante el U.M.A.C., con resultado "Sin Efecto", presentando demanda el actor ante el Decanato el 8 de febrero de 2008.

Tercero.-Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda formulada por D. Eusebio contra la empresa AKROS JOYEROS S.L.L., debo declarar y declaro el despido del actor IMPROCEDENTE, condenando a la empresa demandada a que en plazo de CINCO DIAS opte entre readmitir al actor en su puesto de trabajo en iguales condiciones que antes del despido o le abone una Indemnización de 19.506'04 euros, con la matización de que los salarios de tramitación sólo se devengan desde el 13, de marzo de 2008 hasta la de notificación de la presente sentencia, al estar el trabajador en situación de Incapacidad Temporal desde la fecha del despido hasta dicha fecha, condenando a la demandada a su pago.

Cuarto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandada siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Recurre ambas partes, actor y demandada, la sentencia de instancia, que acogió en parte la demanda rectora de los autos, solicitando la revocación de la misma y la estimación de sus respectivas pretensiones para lo cual, comenzando por el recuro de la empresa, primero que aparece formalizado y por contener un motivo de nulidad de la resolución recurrida, la empleadora recurrente al amparo del art. 191.a) LPL insta la nulidad de dicha resolución por vulneración del derecho de defensa al no haberse practicado la prueba testifical propuesta y admitida sin que se acordase la suspensión del juicio ante la incomparecencia del testigo para que se repongan los autos al momento de haberse cometido la infracción.

Se ha de resolver en primer lugar la cuestión relativa a la nulidad de actuaciones que se plantea por cuanto su acogimiento impide el análisis de los restantes, y al respecto se ha de señalar que: A) La nulidad de actuaciones es un remedio extraordinario que ha de ser de muy estricta y excepcional aplicación dada su influencia tan negativa en el tracto procedimental, tanto para los litigantes como para los principios de celeridad y economía procesal, y la jurisprudencia tiene declarado con reiteración notoria, que para que un quebrantamiento de normas procesales acarree la nulidad de lo actuado se precisa: 1.-que se cite la norma infringida y que efectivamente lo haya sido; 2.-que se trate de norma esencial al procedimiento; 3.-que se haya formulado oportunamente la correspondiente protesta, y 4.-que la violación haya producido indefensión al denunciante. Al respecto el Tribunal Constitucional afirma que "la indefensión que prohibe el art. 24.1 de la Constitución no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o resulte imputable a su propia conducta (Sentencia 41/1989, de 16 febrero )".

B) Para que pueda apreciarse indefensión motivadora de la nulidad de actuaciones constituye requisito esencial que la indefensión se haya producido por una decisión o por una omisión imputable al órgano jurisdiccional (Tribunal Constitucional 70/1984, 48 y 89/1986 98/1987 y 140/1996, de 16 septiembre y 107/99 de 14 junio ), lo que no se produce cuando la posible indefensión es producto del abandono, negligencia o inactividad de la parte en la defensa de sus intereses (Tribunal Constitucional 68/1986, de 27 mayo y 54/1987, de 13 mayo ). Aplicado lo anterior al presente caso en que, la parte recurrente pretende que se aprecie falta de tutela e indefensión en el hecho de no haberse podido practicar la prueba testifical propuesta por incomparecencia del testigo, y aunque la parte pidió la citación a juicio de dicho testigo y este fue citado sin embargo no compareció en dicho acto y la parte ahora recurrente ha protestado tal falta, lo cierto es que no hizo constar las preguntas que serían de interés para tal testigo al objeto de que el juzgador de instancia pudiera valorar la suspensión y ahora la Sal pudiera igualmente valorar la trascendencia de tal testifical, por lo que la protesta es meramente formal, si a ello se adiciona que la mercantil recurrente se conformó con el pronunciamiento de instancia en el sentid de que de considerarlo preciso se le citaría como diligencia final, sin que se instara del juzgador tal diligencia y teniendo en consideración que tal testigo es el que depuso en el juicio de faltas en que se condenó al actor, condena que sustenta ahora su despido, se estima que la declaración del mismo deviene intrascendente para la resolución del presente litigio, por lo que se rechaza el motivo de nulidad.

Segundo.-Ambos recurrentes, con amparo en el art. 191.b) LPL, instan la revisión del relato fáctico proponiendo la mercantil recurrente las siguientes revisiones del mismo: A) Adicionar un nuevo ordinal 9 bis) del siguiente tenor: "El actor presentó demanda sobre reclamación de cantidad que dio lugar a su desestimación por Sentencia del JUZGADO DE LO SOCIAL nº 3 de esta ciudad de fecha 9/10/07 dictada en demanda 580/07"; citada en su apoyo los f. 161 a 163 de los autos. Se admite la adición que se propone por cuanto así resulta de la documental que se invoca pudiendo ser de interés para la resolución del litigio la constancia en el relato fáctico de los litigios planteados por el actor con resultado negativo para el mismo, extremo que viene a completar el ordinal segundo de probados.

B) Para que se adicione un nuevo párrafo del siguiente tenor al ordinal TERCERO:"Que por el Ministerio Fiscal en escrito de 12/5/08 en la anterior causa interesó el sobreseimiento provisional del nº 1 del Art. 643 LECrim y el archivo de actuaciones, renunciando en caso de apertura del Juicio Oral al ulterior trámite de calificación"; señala en su apoyo el documento que une al recurso con el nº 2.

C) Propone la adición de otro ordinal nuevo 10 bis) que exprese: "El actor ya había sido despedido anteriormente de la empresa RIVO JOYEROS SL por transgredir la buena fe contractual, al cuasar daños a la empresa, siendo reconocido el despido como procedente por sentencia de este mismo Juzgado de fecha 16/4/99, dictada en autos nº 153/99 de despido"; cita en su sustento el documento nº 3 que aporta con el recurso.

La resolución de estas dos últimas modificaciones fácticas exige el previo pronunciamiento sobre la admisión de los documentos que se unen al recurso, unión que es impugnada de contrario, por defecto de forma, impugnación que carece de contenido a la vista de que la parte al recibir para impugnar el recurso ha podido tomar conocimiento de dichos documentos y efectuar las manifestaciones oportunas sobre su admisibilidad, tal como de hecho ha realizado, no obstante ello no cabe duda que la admisión de documentos en esta alzada es una posibilidad extraordinaria a la luz de lo dispuesto en el art.231.1 LPL que remite al actual art. 270 LEC que regula la presentación de documentos en momento no inicial del proceso, en este caso, una vez recaída resolución y que viene a exigir que el documento de cuya presentación se trate reúna alguna de las condiciones allí expresadas lo que evidentemente no acontece con la sentencia aportada como documento nº3 por la parte, sin que sirva de escusa su no aportación el hecho de que obrara en los archivos del propio organo jurisdiccional ya que el Juzgador de instancia no tiene obligación de proveer la prueba de las partes que no le es solicitada expresamente, en consecuencia la última propuesta de adición (apartado C) precedente es inadmisible por falta de sustento alguno. En cuanto al escrito del Ministerio Fiscal si bien lleva fecha de 12/5/08 y previsiblemente es posterior al acto de juicio celebrado el 26/3/08 sin embargo dicho documento carece de fehaciencia alguna por cuanto se trata de una simple fotocopia sin testimoniar, por lo que carece de efecto probatorio alguno por lo que tampoco cabe su unión a los autos, consecuentemente, la adición que se propone al ordinal tercero carece de sustento alguno, y, en todo caso dicha adición resulta intrascendente para el fallo del presente litigio por lo que no es admisible tal propuesta.

Con igual amparo procesal el actor recurrente propone la revisión del relato histórico al efecto de que se modifique el ordinal PRIMERO, sustituyendo en el mismo el salario que consta por el de "...1.640,70 € incluida la prorrata de pagas extras.. ", cita en sustento de tal propuesta lo documentos obrantes en autos a los f.233 a 243 de los autos.

No procede la revisión que se pretende por cuanto el salario ha sido cuestión litigiosa debatida no solo en este pleito sino también en otros precedentes por lo que las nóminas que se invocan, que se corresponden a un periodo de incapacidad temporal, no contienen salarios sino bases de cotización y prestaciones de seguridad social, por lo que no demuestran error alguno del juzgador de instancia en la valoración de la prueba, existiendo por el contrario resoluciones judiciales que acreditan el salario que se deja probado en instancia por lo que se ha de mantener incólume dicho ordinal.

Tercero.-En sede jurídica, con amparo procesal en el art. 191.c) LPL, denuncia la mercantil recurrente dos infracciones normativas, la primera, señala como infringido el art. 60.2 LET argumentando que el hecho imputado en la carta no se halla prescrito por cuanto el cabal conocimiento del mismo y la autoría del actor no lo conoce hasta la sentencia penal que condena al actor y es a partir de dicha resolución cuando se ha de iniciar el computo del plazo de prescripción de la falta imputada al actor. Como segunda denuncia normativa señala la infracción del art. 54.2.b) LET al objeto de que se declare la procedencia del despido argumentando, en esencia, que el hecho imputado al actor y acreditado constituye una infracción muy grave sancionable con la máxima medida disciplinaria de despido.

Se ha de resolver en primer lugar la cuestión relativa a la prescripción por cuanto su desestimación implicaría la innecesariedad de analizar el segundo de los motivos planteados por la mercantil recurrente y siguiendo la doctrina contenida entre otras en las STS de 21 septiembre 1984 que cita sus sentencias de 18 de febrero de 1982 y posteriormente en 25 de Marzo de 1983 según la cual "la prescripción se interrumpe, si existe acción judicial encaminada a descubrir y sancionar determinados hechos, aunque desde la ocurrencia de los mismos hasta su sanción transcurra el tiempo..; [...y que..] el art. 60-2 del Estatuto de los Trabajadores al establecer que «en todo caso prescribirán las faltas a los seis meses de haberse cometido», ha sido interpretado por la Sala en el sentido indicado de entender que la existencia de un procedimiento penal en busca de descubrimiento, concreción e imputación de la falta, interrumpe el plazo prescriptivo", así como la doctrina contenida en la STS de 26 mayo 1992 según la cual "la interrupción se ha producido, lo que no afecta a la independencia del orden social respecto del penal, por ser cuestiones diferentes, ya que esta no interferencia se refiere a procesos en curso y de ahí la excepción del art. 86.2 de la Ley Procesal Laboral y la regla del núm. 1 del mismo precepto, mientras que en el caso que se examina se trata de una prescripción que se ganaría, si no se hubiera interrumpido" ha de considerarse que la facultad de sancionar al actor por el hecho imputado el 9/3/07 una vez que por el mismo se siguió un procedimiento penal en averiguación del autor de tal hecho, proceso en el que se condenó al actor como autor responsable del mismo, no se haya prescrita, pues el plazo de prescripción quedó en suspenso con el ejercicio de aquella acción penal hasta que la resolución en dicha vía alcanzó firmeza lo que aconteció el 7/12/07 por lo que la carta entregada al actor el 28 de dicho mes sancionando por aquel hecho no se encuentra fuera del plazo de prescripción del art. 56 LET, debiendo considerarse que el plazo prescriptivo ha quedado interrumpido durante la tramitación del referido proceso penal, interrupción que se justifica en la razón de que cuando el hecho imputado puede ser constitutivo de delito o falta es en el proceso penal que se siga a tal efecto donde mejor se podrá determinar y conocer la realidad y circunstancias de los hechos acaecidos en relación a tales faltas, y por ello es totalmente conforme a la Ley y a la lógica el que el plazo de la citada prescripción laboral quede interrumpido hasta que se dicte sentencia en ese proceso penal, para que de este modo el empresario proceda al despido del trabajador con pleno conocimiento de causa y con base en los datos que objetivamente constata esa sentencia; pero esta razón esencial exige que el empresario suspenda su decisión de despedir hasta que se dicte esa sentencia penal, criterio compartido por STSJ de Andalucía-Sevilla en su resolución de 23 de junio de 2003, STSJ de Cantabria de 8 marzo 2006 y STSJ de Aragón de de 29 septiembre 2003, invocando esta última, el argumento de que "en virtud del principio de no contradicción (STC de 26-11-85, núm. 158/85 [RTC 1985\158 ]), sería vinculante una declaración penal de inexistencia de los hechos (art. 86. 3 de la LPL [RCL 1995\1144, 1563 ])", para justificar la procedencia de suspender el proceso sancionador laboral hasta la resolución del proceso penal, que en este caso, dada la clandestinidad de la conducta imputada, era precisa dicha investigación penal para que el empresario tuviera definitivo y cabal conocimiento de la autoría del hecho imputado lo que alcanza con la sentencia penal que califica: a) como veraces los hechos imputados, b) determina la gravedad de la conducta y, c) fija al autoría de la misma, de modo que puede proceder al despido disciplinario con absoluto conocimiento y certeza de tales extremos y la responsabilidad del actor en su comisión, razones todas que llevan a que se acoja el motivo y se revoque en tal aspecto dicha resolución.

Cuarto.-Por su parte el actor, en sede jurídica con amparo en el art. 191.c) LPL denuncia la infracción de los arts. 14 y 24 CE en relación con el art. 55.5 LET razonando que de los antecedentes probados relativos a la conducta de la empresa en relación con el actor se evidencia que la decisión extintiva de su contrato es una represalia por el ejercicio de acciones judiciales y acciones administrativas frente a la empresa por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho a la indemnidad y que, igualmente, es discriminatorio ya que al compañero de los hechos relatados en el ordinal noveno de probados no se le sanciona vulnerándose su derecho a la igualdad de trato.

El motivo debe ser desestimado en atención al criterio reiteradamente sostenido según el cual "en cuanto a la nulidad de la decisión patronal por vulneración del derecho a la indemnidad es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que "en los casos que se alegue que el despido es discriminatorio o lesivo de algún derecho fundamental del trabajador, y tal alegación tenga reflejo en hechos de los que resulte una presunción o apariencia de aquella discriminación o lesión, el empresario tiene la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión extintiva (S TC 21/1992 por todas)" y sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en la indicada vertiente de indemnidad la STCO 199/2000, expone que " el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se establece mediante la actuación de los jueces y tribunales, sino a través de garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones jurídicas o privadas. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de la indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos. En definitiva, la garantía de la indemnidad se traduce en el derecho del trabajador a no sufrir consecuencias desfavorables por el ejercicio de acciones judiciales o previas al proceso en defensa de sus derechos laborales", doctrina que aplicada al presente supuesto implica la desestimación del motivo por cuanto si bien es cierto que el actor ha acreditado la existencia previa de demandas frente a la empresa, denuncias ante la Inspección de trabajo que generaron perjuicios para la patronal, datos que dan lugar a que se genere una inversión en la carga de la prueba en virtud de la cual el empleador deba acreditar la existencia de motivos reales y serios que justifiquen su decisión al margen de toda idea de represalia, esta prueba se ha producido de modo fehaciente, ya que se ha imputado al actor una conducta cierta y veraz que ha justificado una condena penal del mismo por tal conducta y el empleador esperó, diligentemente, a la finalización del proceso penal, consecuentemente, se han desvirtuado aquellos iniciales indicios de discriminación del actor. Por otra parte, no cabe aceptar la vulneración del derecho a la igualdad por una conversación de enfrentamiento del actor con otro trabajador de la empresa (ordinal noveno) por cuanto de dicha conversación no se ha seguido medida disciplinaria alguna frente al actor, por lo que mal puede exigirse en base a dicho principio de igualdad la adopción de medida de tal índole frente a su compañero, ninguna otra conducta se ha imputado a la empresa de la que pueda deducirse la vulneración de aquel principio constitucional por alguna de las razones que en el mismo se establecen por lo que se desestima el recurso de la parte actora.

Quinto.-La desestimación del recurso del actor, así como el acogimiento del primer motivo de recurso de la mercantil empleadora, implica el análisis del segundo motivo de recurso de la misma relativo a la gravedad de la conducta del actor y la procedencia del despido, al respecto, es notorio que el contrato de trabajo sujeta a las partes contratantes al mutuo deber de acomodar su comportamiento, a lo largo de todo el desarrollo de la relación laboral, a las exigencias que comporta el básico principio de la buena fe, las cuales suponen la obligación de orientar la conducta respectiva de cada contratante con arreglo a pautas de lealtad, honradez, probidad y de respecto a la confianza que legítimamente el uno deposita en el otro. La presencia de la buena fe como elemento normativo definitorio y delimitador del normal contenido obligacional que deriva del contrato de trabajo aparece destacada en el art. 5 a) y, sobre todo, en el art. 20.2 de LET, precepto este último que en su último inciso declara que, en cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe, por lo que su vulneración por parte del trabajador, cuando reviste las notas de grave y culpable constituye la justa causa de despido disciplinario que tipifica el art. 54.2 d) del LET, siendo reiteradísima la jurisprudencia señalando que la falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa, pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral [por todas, STS de 26-1-1987 (RJ 1987\130 )], exigiéndose que la conducta del trabajador, para que sea sancionable con el despido, derive de un obrar consciente y doloso [así SSTS de 27-11-1985 (RJ 1985\5872), 17 junio y 4 julio 1986 (RJ 1986\3666 y RJ 1986\3948), 5-5-1987 (RJ 1987\3234), 20-3-1989 (RJ 1989\1887 ) al lado de muchas otras], por todo ello, consideramos que la decisión patronal de despedir al actor se ajusta a tales parámetros ya que el daño causado al vehiculo de un socio y administrador de la empresa -por tanto, superior del actor-, lo es en atención a la conflictividad que el actor mantiene con la empresa y su dirección de la que forma parte el propietario de aquel vehiculo, daño que se ocasiona de forma voluntaria y deliberada y sin que suponga beneficio alguno para el actor, en consecuencia, la medida disciplinaria es conforme con la legalidad vigente, tal como en su día señaló entre otras la STS de 9 diciembre 1987 y 25 de abril de 1985 "en supuestos de causar desperfectos o roturas en bienes o instrumentos de trabajo, no constituye la esencia del incumplimiento contractual la causación de un daño, sino la vulneración de la lealtad debida, de la buena fe, recíprocamente exigibles en cualquier relación contractual y significadamente en la relación laboral. Y cuando intencionadamente se realiza un acto de dicha naturaleza, no es dable sino estimarlo -indisputablemente- como grave y culpable transgresión, suficiente para legitimar la decisión empresarial de despedir", e igualmente en cuanto a daños a terceros constitutivos de dicha infracción la STSJ de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1), de 21 diciembre 2005, doctrina que resulta aplicable al presente supuesto en el que concurre un claro "dolo laboral", en el actor, pues su conducta se dirige a dañar un bien de una persona en atención exclusiva al conflicto que mantiene con la empresa que esa persona dirige y de la que es subordinado, por lo que se ha de acoger este motivo de recurso y con revocación de la resolución recurrida se desestima la demanda rectora de los autos, declarando convalidada la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes sin derecho a indemnización alguna ni salarios de tramitación a favor del demandante.

Sexto.-La estimación del recurso formulado por la mercantil recurrente implica, de conformidad con el art. 202 LPL la devolución a la misma del depósito constituido para recurrir así como que se alcen los aseguramientos prestados una vez firme esta resolución. Todo ello sin costas.

Por todo lo expuesto,


FALLAMOS


 
Que estimamos el recurso de suplicación formulado por AKROS JOYEROS SL L contra la sentencia dictada el 13/5/08 por el Juzgado de lo Social Nº UNO DE ORENSE, en autos Nº 101/08, sobre DESPIDO, seguidos a instancias de Eusebio contra dicha mercantil y con revocación de dicha resolución desestimamos la demanda rectora de los autos y en consecuencia convalidamos la decisión extintiva del contrato que unía a las partes sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación a favor del demandante. Se desestima el recurso de suplicación formulado por el actor contra dicha resolución.

En cuanto al depósito y consignación efectuados, así como a costas de esta alzada estése a lo razonado.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación