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Sentencia T.S.J. Extremadura 545/2008, de 4 de noviembre


 RESUMEN:

Faltas y sanciones. Insultos reiterados a los compañeros por miembro del Comité de empresa. Falta muy grave. Potestad empresarial para la imposición de la sanción. Suspensión de empleo y sueldo.


ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados: "1.-El actor, Juan María viene prestando sus servicios desde 1992, y desde 1996 con la categoría de coordinador de Sección en el centro de trabajo sito en la Granadilla en esta ciudad, de la empresa demandada Centros Comerciales Carrefour dedicada a la actividad del comercio en grandes superficies, ostentando desde finales del 2006 la condición de miembro del Comité de Empresa como afiliado al Sindicato Comisiones Obreras, y percibiendo una retribución última de 1.214,39 euros mensuales por todos los conceptos. 2.-Desde mediados de Enero en que se incorporó tras una baja laboral a su puesto de trabajo en la Sección de Charcuteria, ha tenido un trato vejatorio, ofensivo e insultante para con sus compañeros, formulando expresiones tales como "que unos compañeros eran inútiles e ineptos", que "todo estaba hecho una mierda", "hijo de puta", "chivatos" y otras semejantes que se detallan en la comunicación de sanción de 2-05-07, que se tiene expresamente por reproducida. 3.-A finales de Marzo, dichos compañeros de trabajo pusieron en conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa tales hechos, lo que motivó la incoación de un expediente disciplinario del que se dio traslado al Delegado Sindical de CCOO y al Presidente del Comité de Empresa, y al actor, que formuló las alegaciones que tuvo por conveniente en fecha 29/03. Dicho expediente se tiene igualmente por reproducidas. 4.-Con fecha de 2 de Mayo le fue comunicada la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante 2 meses por malos tratos de palabra y obras, y faltas de respeto y consideración a sus compañeros. No conforme e intentada sin efecto una conciliación previa ante la UMAC, presentó demanda en el Juzgado de lo social instando la nulidad de la sanción por vulneración de los derechos fundamentales o subsidiariamente, su revocación. 5.-El actor ha permanecido de baja laboral entre el 26-05-06 y 22-01-07 y a partir del 22-3-07 inició una nueva baja por presentar un cuadro ansioso-depresivo".

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Juan María contra CARREFOUR S.A. sobre impugnación de sanción, debo absolver y absuelvo libremente a dicho demandado, confirmando la de SESENTA DIAS de SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO que le ha sido comunicada a aquél en fecha de 2-5-07."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 17/7/2008, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia de instancia desestima la demanda deducida por el trabajador por estimar ajustada a derecho la imposición de la sanción de sesenta días de suspensión de empleo y sueldo impuesta al mismo por comisión de falta muy grave, con sustento en los artículos 63.9 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes y 54.1 .c) del Estatuto de los Trabajadores, aplicando lo dispuesto en el artículo 66.3 de la propia norma paccionada "habida cuenta de su antigüedad en esta Compañía y en la confianza de que no repitan conductas similares", tal y como consta en la comunicación de imposición de sanción, que obra a los folios 3 y 4 de los autos, que la sentencia de instancia da expresamente por reproducida en el su hecho probado segundo. Frente a dicha decisión se alza la vencida interponiendo el presente recurso de suplicación. Y en un primer motivo de recurso, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicita la revisión del relato fáctico declarado probado, interesando, en primer término que, con sustento en el documento aportado por la empresa demandada a instancia de la actora recurrente, y que obra al folio 221 de los autos, se haga constar que "en el expediente de D. Juan María no consta ninguna sanción anterior a la fecha de 2 de mayo de 2007", redacción que coincide en su literalidad con el documento en que se apoya. Se opone a dicha adición la propia autora del documento, por tratarse de un hecho negativo lo que pretende añadir, no ser hábil el documento que la sustenta a los efectos revisorios, no ser trascendente para la parte dispositiva de la sentencia, y no acreditar o poner de manifiesto error de clase alguna en que haya podido incurrir el Juzgador de instancia. De lo que invoca el impugnante únicamente tiene transcendencia el carácter negativo de lo que pretende adicionar, pero ello afectaría únicamente al plano formal, es decir que como tal no figurara en el relato fáctico, pero que sí podríamos tener en cuenta, pues si no constan probadas sanciones anteriores es que no existen. Y es que no olvide la recurrida que el documento y la declaración que el mismo contiene fue por ella redactado y aportado al proceso, por una parte, y por otra que la doctrina del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, plasmada por ejemplo en la sentencia de 25 de febrero de 2003, viene a mantener que no se puede descartar un motivo de revisión fáctica por el mero hecho de que resulte intrascendente para el órgano jurisdiccional de suplicación, ya que tal juicio de intrascendencia podría no se compartido por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a la hora de resolver en unificación de doctrina. Expuesto lo anterior, y pese a que el hecho que se trata de añadir está formulado en negativo, hemos de acceder a lo que se solicita, pues lo que contiene no es tal sino la acreditación de la conducta del trabajador en la empresa durante el largo tiempo en el que lleva prestando servicios, lo cual tiene su apoyo en el documento que incorpora la propia recurrida, supuesto distinto al que se acoge esta última, citando la sentencia de este Tribunal de 12 de marzo de 2003, en la que la recurrente pretendía modificar el relato fáctico mediante un documento por ella confeccionado. No es el caso, sino que cabría incluso admitir la adición por tratarse de un hecho indiscutido por la demandada.

En lo que respecta a la antigüedad, la sentencia de instancia hace constar que el actor presta servicios desde el año 1992, y la recurrente solicita la modificación por considerar que debe obedecer, la referida data, a un error del Magistrado de instancia. A ello hemos de acceder del propio modo, y pese también a las reticencias de la recurrida, pues consta en el acta de juicio, folio 45 de los autos, que la empresa reconoce expresamente la antigüedad que alega el actor en su demanda, que es la de 17 de septiembre de 1990, y a ello habrá de estarse por mor de lo dispuesto en el artículo 87.1 en relación con el artículo 85 de la Ley de Procedimiento Laboral, a cuyo fin no precisa de mayor técnica la formulación de la revisión -defecto en la formulación de la pretensión que denuncia el recurrido- que lo que alega el recurrente: que su inserción en la redacción de hechos probados se debe a un error, dado el reconocimiento expreso de la demandada de la antigüedad que invoca en la demanda la parte actora, y en ello sustentamos el éxito de la modificación.

Segundo.-El segundo motivo de recurso, con correcto amparo procesal en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, lo emplea la recurrente en denunciar la infracción del artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores en relación con lo dispuesto en los artículos 64.9 y 66 del vigente Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, cuya inscripción y publicación se acuerda mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 11 de abril de 2006 (BOE de 23 de abril de 2006), así como la jurisprudencia construida en torno a la valoración y calificación de las faltas y las sanciones a imponer en cada caso.

De la lectura del motivo enunciado hemos de partir, en primer lugar, de que el recurrente ofrece una visión subjetiva y parcial de los hechos que sustentan la imposición de la sanción. Por una parte se ciñe al tenor del hecho probado segundo, en lo que respecta a las expresiones que en él se refieren, para mantener, por un lado que las citadas expresiones no se dirigen contra persona en concreto alguna, según el mentado hecho, que la alusión a que "ha tenido un trato vejatorio, ofensivo e insultante para con sus compañeros", no ha de tenerse en cuenta por entrañar calificaciones jurídicas ajenas al ámbito fáctico en el que se declararan, y por último, las que se exponen, aún partiendo de su incorrección, son empleadas con demasiada frecuencia y naturalidad no sólo en el ámbito laboral sino hasta en los medios de comunicación de masas. Ello lo adereza con la invocación de la doctrina de la adecuación de la sanción a la falta cometida, la teoría gradualista, haciendo constar que en el supuesto examinado concurren la antigüedad del actor en su puesto de trabajo, desde el 17 de septiembre de 1990, periodo durante el cual no ha tenido el más mínimo problema con la empresa, ni tan siquiera ha sido amonestado; y, en segundo lugar, que el demandante fue dado de baja por síndrome ansioso depresivo el 22 de marzo de 2003, lo que ha de tener incidencia en la conducta del actor, al no gestarse dicho padecimiento de un día para otro. Ello le lleva a concluir que la conducta no reviste la gravedad suficiente para ser constitutiva de falta muy grave según el artículo 64.9 del Convenio, ni merecedora de la sanción impuesta conforme al artículo 66 de la norma paccionada.

Formulada así la posición del recurrente, no podemos compartirla en tanto en cuanto parte de unos hechos que no son los reales. El Magistrado de instancia, en el hecho probado al que trata de asirse el recurrente expone a manera de ejemplo algunas de las expresiones, para remitirse en su integridad a la carta de sanción, que es lo suficientemente prolija, señalando los días en que ocurren los hechos, los destinatarios de las expresiones y comportamiento del recurrente, y olvida, del propio modo, que el Juez de instancia reitera en la fundamentación jurídica -fundamento de derecho cuarto- que "la veracidad de los hechos imputados al actor ha quedado fuera de toda duda. Sus compañeros de trabajo que elevaron una denuncia a la Dirección de la empresa, al poco tiempo de incorporarse el actor tras su baja, que declararon, juntamente con otros en el Expediente de referencia, han ratificado dichos testimonios en el acta de juicio". Y la sola lectura de la comunicación de sanción, no sólo trasluce los insultos dirigidos a tres compañeros, en concreto Don Cosme, Doña Remedios y Doña Estela, desde la incorporación al trabajo el día 23 de enero de 2007, procedente de una baja laboral que no lo era por trastorno ansioso depresivo, sino por un problema en el codo, con expresiones tales como "inútiles", "ineptos", "hijo de puta", "arrastrado de mierda", "enano chivato", las tres últimas dirigidas al primeramente citado, sino otras de mayor calado, dirigidas a los tres y en concreto a la segunda citada, el día 17 de marzo de 2007, "que aquí va a pasar algo gordo", "que algunos, incluida ella, iban a ir 8 o 9 meses a la cárcel" y "que iba a acabar mal haciendo de marioneta de la gente". Todo ello acaece de forma continuada en el tiempo, hasta que es dado de baja médica el 27 de marzo de 2007, lo que en modo alguno admite justificación, por mucho que apliquemos la doctrina gradualista que invoca el recurrente, ni podemos entrar a analizar, por considerarlo como cuestión nueva, que la baja última indicada, la causa de la misma, haga justificable dicha actitud para con sus compañeros de trabajo, sin olvidar que en todo caso la misma arranca desde el día de su incorporación procedente de la primera baja. Ante la gravedad de la conducta, que el Juzgador de instancia la califica como más reprochable por su condición de miembro del comité de empresa, y lo que ello entraña de cuanto a su deber de defensa de los intereses de los trabajadores, sus propios compañeros, por aplicación de la doctrina jurisprudencial que arranca de la sentencia de 11 de octubre de 1993, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y se mantiene en las de 27 de abril de 2004 y 11 de octubre de 2007, conservando judicialmente la calificación empresarial de la falta cometida por el trabajador como muy grave, corresponde al empresario decidir la sanción a imponer, que en el supuesto de autos no ha elegido la máxima, que es la rescisión del contrato conforme al artículo 66 del Convenio Colectivo referido.

Es por todo lo expuesto que el recurso ha de ser desestimado y confirmada la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,


FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso se Suplicación interpuesto por D. Juan María contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Badajoz de fecha 14/11/07, dictada en sus autos 431/08, seguidos a instancia de la recurrente frente a CARREFOUR, S.A., sobre SANCIÓN, y, en consecuencia, CONFIRMAMOS la sentencia de instancia.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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