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Sentencia T.S.J. Extremadura 306/2009, de 16 de junio


 RESUMEN:

Sentencia. Nulidad. Desestimación. No vulnera el derecho de defensa. La incongruencia alegada no altera el fallo. Sanciones por falta grave. No procede. Derecho de libertad de expresión. Confirma sanción por falta leve. Uso indebido de material de la empresa.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"Primero. El actor, Eulogio viene prestando sus servicios con una antigüedad de Mayo de 1.985, como Delegado de Ventas, actualmente en la empresa demandada Tyco Healthcare Spain S.L. domiciliada en Barcelona y dedicada a la actividad de la industria química,. Anteriormente y hasta el 31.10.03 en la empresa B.Braun-Dexon, S.A., percibiendo una retribución media por todos los conceptos, incluidos incentivos superiores a 4.187,73 Euros mensuales brutos.-Segundo. El 24 de octubre del pasado años, recibió un correo electrónico de la empresa en la que se le comunicaba que "al no tener en dicha fecha los incentivos 4 Q aprobados", no podrían incluirse en la nómina ni en la transferencia prevista a realizar en los días próximos. El mismo día, el actor cursó en su día otro correo electrónico, dirigido a la mayor parte de los compañeros de trabajo, aproximadamente mas de 300 en 20 provincias distintas, cuyo texto se tiene expresamente por reproducido, mostrando su disconformidad con dicho retraso y aludiendo a la "mala gestión de alguien" y a los problemas económicos que personalmente podían irrogarle.-Tercero. La empresa, previa la tramitación de un expediente disciplinario que igualmente se da por reproducida, le comunicó el 2-02.07 la imposición de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 1 día y dos de amonestación escrita por la comisión de una falta grave y dos leves, comunicación que también se da por reproducida.-Cuarto. No conforme promovió acto de conciliación en la UMAC y en el mismo, que se celebró el 9-03, el representante de la empresa manifestó la calificación de las faltas, aviniéndose a la suspensión de las sanciones graves hasta su prescripción, siempre que el actor no incurriese en reincidencia. Con fecha de 14 de Marzo presentó demanda en el Juzgado de lo Social interesando la nulidad de la sanción, borrándola de su expediente personal, y la condena a la empresa de la retribución dejada de percibir, así como que la misma fuese sancionada por temeridad y condenada al pago de los honorarios de su Letrado"

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que DESESTIMANDO integralmente la demanda interpuesta por Eulogio contra TYCO HEALTHCARE SPAIN S.L. sobre impugnación de sanción, debo absolver y absuelvo libremente a dicho demandado de las pretensiones contenidas en la demanda por aquél formulada y que han dado origen a las presentes actuaciones."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 17-4-09, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El trabajador demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia que desestima su demanda en la que reclama contra las sanciones por dos faltas leves y otra muy grave que le han sido impuestas por la empresa demandada y en un primer motivo, al amparo del apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende que se anule la sentencia recurrida, en la que entiende que se han infringido los artículos 97.2 de la citada ley procesal, 218.1 de la de Enjuiciamiento Civil y 24.1 de la Constitución por incongruencia e insuficiencia en los hechos probados y en los fundamentos de derecho, alegaciones que no pueden prosperar.

En cuanto a la incongruencia, la achaca el recurrente a que el juzgador de instancia ha examinado la imputación de una falta grave, cuando por lo que se sanciona al trabajador es, además de por dos faltas leves, por otra muy grave. En efecto, en el cuarto de los hechos probados de la sentencia recurrida se hace constar que la empresa impuso al demandante sanciones por una falta grave y dos leves, cuando, de lo que se expone en la demanda y del expediente sancionador que en la sentencia se da por reproducido, se desprende que lo impuesto, además de las correspondientes a dos leves, fue una sanción por falta muy grave, pero, aunque esa alteración de la calificación de la falta pudiera integrar lo que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en Sentencia 113/1999, de 14 de junio, denomina incongruencia por error, que se da cuando no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta, en este caso ese defecto no puede determinar la nulidad de la sentencia recurrida, puesto que, como también señala el Alto Tribunal, por ejemplo en Sentencia del 124/94, de 25 de abril, para que exista vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 CE, no basta el mero incumplimiento formal de normas procesales, sino que del mismo ha de derivarse un perjuicio material para el interesado, esto es, ha de tener una repercusión real sobre sus posibilidades efectivas de defensa y contradicción, pues no toda infracción o irregularidad procesal cometida por los órganos judiciales provoca, en todos los casos, la eliminación o discriminación sustancial de los derechos que corresponden a las partes en el proceso, y en este caso no se ve la razón por la que, como alega el recurrente, el resultado de la sentencia hubiera sido otro si el juzgador hubiera partido de una sanción por falta muy grave, entre otras razones porque en el único fundamento de derecho, no mantiene que la conducta del demandante constituya una falta grave y los razonamientos que emplea para confirmar la sanción también podía emplearlos para confirmar la impuesta por la falta muy grave imputada, pudiendo ser que la referencia a la grave en el tercer hecho probado de la sentencia constituya un error, sí, pero meramente de redacción, que no integra el que puede determinar la nulidad de la sentencia.

Por lo que se refiere a la insuficiencia del relato fáctico de la sentencia, como ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de octubre de 1.995: " ... ordinariamente, sólo podrá afirmarse que la narración histórica es insuficiente, cuando en ella no se recogen hechos de relevancia en el pleito, a pesar de que los mismos han quedado acreditados en virtud de la prueba practicada en él. Pero en tales supuestos el camino que está al alcance de quien recurre en casación contra la sentencia de que se trate es el que establece el apartado d) del artículo 204 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral de 27 de abril de 1.990 -apartado d) del artículo 205 del Texto Refundido de 7 de abril de 1.995 -; esto es, la solicitud de que se revise o modifique dicho relato fáctico mediante la inclusión en él de los hechos omitidos por la sentencia impugnada, basándose tal modificación en las pruebas documentales o periciales que obren en autos y que demuestren la realidad de esos hechos. Por ello, en estos casos los Tribunales laborales, desde mucho tiempo atrás, han venido manteniendo que es el propio tribunal que conoce del recurso a quien corresponde normalmente determinar la suficiencia o insuficiencia de los hechos probados de la sentencia recurrida, sin que como norma general las partes puedan basar los motivos de sus recursos de casación de suplicación en esa particular alegación de nulidad de lo actuado, pues el cauce procesal que, para resolver esa insuficiencia, pueden utilizar las partes, es, como se acaba de decir, la pertinente adición o revisión fáctica basada en documentos o pericias obrantes en autos. Así lo ha proclamado en con reiteración esta Sala IV del Tribunal Supremo en numerosas sentencias de las que mencionamos las de 4 y 7 de noviembre de 1.988, 7 de junio, 11 de octubre y 27 de diciembre de 1.989 y 21 de mayo de 1.990 ". Por ello, en este caso, tampoco puede accederse a la pretensión de nulidad por tal motivo, pues, a juicio de esta Sala, el relato fáctico de la sentencia de instancia permite resolver todas las cuestiones que en el recurso se plantean y ello se deduce incluso de los restantes motivos del mismo, en los que, salvo una totalmente intrascendente, ninguna alteración de hechos probados se intenta y después, no se hace alusión a ninguno que no conste probado.

Por último, en cuanto a los razonamientos de la sentencia, la STC 80/2000, de 27 de marzo señala que "el requisito de motivación de las sentencias, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, no impone que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni un determinado alcance o entidad en el razonamiento empleado, ni siquiera la corrección jurídica interna de la fundamentación empleada; basta que la argumentación vertida, con independencia de su parquedad o concentración, cumpla la doble finalidad de exteriorizar el motivo de la decisión, su «ratio decidendi» (SSTC 122/1991, de 3 de junio, F. 2; 5/1995, de 10 de enero, F. 3; 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2 ), excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, y que permita su eventual revisión jurisdiccional a través del efectivo ejercicio de los recursos establecidos, como aquí sucede con este recurso de amparo (por todas, STC 25/1990, de 19 de febrero )" y en este caso, no se aprecia ni ausencia de motivación en ninguno de los sentidos que acusa el recurrente pues, en cuanto a los hechos que el juzgador declara probados, nos recuerda el Tribunal Supremo en Sentencia STS 25 de enero de 2001 que "Para la observancia del precepto no es necesario exponer un discurso minucioso y exhaustivo aplicado a todas y cada una de las pruebas concretas que se hayan practicado" y, por lo que se refiere a los fundamentos del fallo, aunque sea cierto que el juzgador de instancia no cita expresamente ningún precepto o doctrina, basta con la alusión a los principios y la referencia a la guía de conducta entregada al demandante que, junto a otros razonamientos, se contienen en el único fundamento de derecho de la sentencia.

Segundo.-El siguiente motivo del recurso, al amparo del apartado b) del mismo precepto procesal que el anterior, se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo que se añada uno nuevo en el que constaría que "la actual razón social o titular de la empresa del actor lo es desde el 1 de octubre de 2003, subrogándose en la anterior titular", sin que pueda accederse a ello porque no se ve la importancia que lo que se trata de añadir pueda tener en el recurso y, en todo caso, ya consta en el primer hecho probado de la sentencia, aunque en él consta como fecha de la subrogación el 31 del mismo mes y año.

Tercero.-En el último motivo del recurso se denuncia en primer lugar la infracción del artículo 62.2 y 64 del convenio colectivo de aplicación, el de Industrias Químicas (BOE de 6 de agosto de 2004 ) y 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, insistiendo en la prescripción de las faltas leves que se imputaron, alegación que no debe prosperar porque, aunque, efectivamente, el art. 64 del convenio establece que la facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días a partir de que aquélla tuvo conocimiento de su comisión y ese conocimiento se produjo en este caso, al menos, el 18 de diciembre de 2006, cuando se incoa el expediente disciplinario, por lo que, cuando el 2 de febrero de 2007 se impusieron las sanciones por faltas leves, ese plazo ya había pasado, aunque, como nos dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 junio 2002, es doctrina tradicional la relativa a los efectos no interruptivos del plazo de prescripción del expediente disciplinario cuando el trabajador no tiene carácter representativo, ni lo exige el correspondiente Convenio Colectivo y aquí no se da ninguna de esas dos condiciones, también ha declarado el Alto Tribunal, por ejemplo en Sentencia de 25 de enero de 1996, que la tramitación del expediente aludido sí interrumpe el plazo prescriptivo, aunque no esté ordenada por ningún precepto legal o convenido, cuando la misma es precisa o necesaria «para constatar la realidad y alcance de los hechos» acaecidos, siempre que sea conocida en forma por el afectado; es decir la interrupción de la prescripción comentada se produce cuando el expediente es medio preciso para llegar al conocimiento adecuado de los hechos y en este caso, dado el medio que se había empleado para llevar a cabo la conducta imputada por la empresa, parece que era aconsejable, al menos, incoar un expediente disciplinario en el que se oyera al demandante y se averiguara la trascendencia que tuvieron los hechos.

Cuarto.-También se alega en el tercer y último motivo del recurso la infracción de los artículos 59.3, 8 y 61.9 del mencionado convenio, y 23.1, 20.1 .a) y 219 de la Constitución, porque las sanciones impuestas van contra los derechos de libertad de expresión e información, de reunión y de participar en los asuntos de la empresa,

Respecto al ejercicio de los primeros de tales derechos en el ámbito de un contrato de trabajo, el Tribunal Constitucional en Sentencia 56/2008, de 14 de abril, se refiere a "los márgenes del derecho fundamental en ese ámbito contractual, reproduciendo a tal propósito la doctrina que, entre otras, fijara nuestra STC 151/2004, de 20 de septiembre, F. 7:

«Al respecto, ha de comenzarse recordando que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE, y cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los oportunos medios de reparación (por todas, SSTC 6/1988, de 21 de enero; 186/1996, de 25 de noviembre; o 20/2002, de 28 de enero ). Lo que se ha justificado por cuanto las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de "feudalismo industrial" repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1 CE ; STC 88/1985, de 19 de julio, F. 2 ). La efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquéllos y las facultades empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE . Por esa razón es necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ellos».

«Se ha declarado también, en segundo término, que el ejercicio del derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE se encuentra sometido a los límites que el apartado 4 del mismo precepto establece ( SSTC 126/1990, de 5 de julio; 106/1996, de 12 de junio; o 186/1996, de 25 de noviembre, entre otras) y, en particular, que cuando nos situamos en el ámbito de una relación laboral las manifestaciones de una parte respecto de la otra deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se derivan de la existencia de tal relación, pues el contrato entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo necesariamente en el marco de dicha relación ( SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; 6/1988, de 21 de enero; 4/1996, de 16 de enero; 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 20/2002, de 28 de enero; o 126/2003, de 30 de junio ). De este modo, surge un "condicionamiento" o "límite adicional" en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la relación laboral, que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero ), aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución ( STC 241/1999, de 20 de diciembre )»".

Es decir, la existencia de un contrato de trabajo, que conlleva la inserción del trabajador dentro del círculo rector y disciplinario del empresario, no impide al primero ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, pero tal derecho no es ilimitado, puesto que, como nos dice el mismo TC, en Sentencia 204/1997, de 25 de noviembre "el ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto (entre otras, SSTC 105/1990, 85/1992, 336/1993, 42/1995, 76/1995, 78/1995 y 176/1995 )", límite que es más estricto como consecuencia de la existencia del contrato de trabajo que impone a las partes cumplir sus obligaciones conforme a las exigencias de la buena fe, tal como expresamente lo impone para el trabajador del art. 5.a) ET .

En este caso, las sanciones que se han impuesto al demandante tienen por causa un correo electrónico que, tras recibir de la empresa otro en el que, al parecer, se comunicaba que un mes no se iban a percibir los incentivos en la fecha en que se venían percibiendo, envió a los compañeros de trabajo, cuyo contenido se da por reproducido en el segundo de los hechos probados de la sentencia recurrida. En dicho correo, que figura en el folio 72 de los autos, puede leerse: "Después de recibir..la agradable noticia...esta mañana, paso a describir mi cuestión personal, para ver entre todos como se busca una solución: Desde que estoy en Tyco Healthcare Spain, he adaptado mis pagos personales a la forma de desembolso de esta compañía, es decir, tod lo pago trimestralmente...el colegio de los niños, la comunidad de vecinos etc...y sobre todo la hipoteca. Yo quisiera saber a quien me tengo que dirigir, para que los números rojos y otros gastos que se van a producir por devolución de recibos...¿Quién me los va a pagar? -¿La compañía tiene previsto estas situaciones?... que mala gestión de alguien...se generan estos gastos a los empleados...o por favor me dan el nombre de la persona que ha tomado la decisión, o ha montado este estropicio para poderle reclamar los gastos se van a ocasionar además del desgaste personal y la mala imagen que a partir de hoy voy a tener. -Me parece impresentable, que alguien juegue con la economía de las familias de los empleados y sobre todo de un salario que nos pertenece y que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir y que nada más, lo que yo pido es que me den lo que es mío y si no que pague el que tenga que pagar. Por supuesto que esta queja la haré llegar a las instancias directivas internacionales, a las sindicales, laborales y jurídicas que correspondan".

El art. 61.9 del convenio colectivo de aplicación entre las partes, en consonancia con el art. 52.2.c) ET, califica como falta muy grave "los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los jefes o a sus familiares, así como a los compañeros de trabajo y subordinados", pero lo que el demandante expuso por medio del correo electrónico remitido a sus compañeros no puede considerarse que tenga encaje en ese precepto. Del contenido del correo tan sólo pueden entresacarse tres expresiones que podrían tener alguna cabida en la falta prevista en él, las relativas a la "mala gestión de alguien", a "ha montado este estropicio" y a que "me parece impresentable que alguien juegue con la economía de las familias de los empleados", todas ellas, se supone, relativas a alguien perteneciente a la dirección de la empresa, pero, sean quienes sean, jefes, compañeros o subordinados del demandante, tales expresiones no parece que puedan considerarse ni malos tratos de palabra, ni abuso de autoridad ni falta grave de respeto y consideración y menos con la gravedad o trascendencia que serían exigibles para constituir una falta para la que el artículo siguiente del convenio permite imponer, incluso, la sanción de mayor gravedad en el ámbito laboral para un trabajador, la del despido, debiendo tenerse en cuenta que, aunque la empresa sólo haya impuesto, además de las correspondientes a dos faltas leves, una sanción que correspondería también a esa calificación, ha calificado la falta como muy grave de las previstas en el antes mencionado precepto convencional.

Tampoco puede entenderse que lo que expuso el demandante se trate, en palabras de la antes mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional, de "expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican" y, aunque, debido a ese límite superior que, como vimos, impone la existencia del contrato de trabajo, puede que algunas de las expresiones de que tratamos, contengan imputación de mala conducta empresarial, sobre todo al atribuir que alguien de ella juega con la economía de las familias de los empleados, sentado que no son de la gravedad suficiente para suponer una falta muy grave, no tienen encaje en ninguna de las conductas que, en los artículos 59 y 60 del convenio, se consideran faltas leves y graves, respectivamente.

Respecto a las otras dos sanciones impuestas al demandante, debe señalarse, en primer lugar, que, como sucedería con las dos si hubiera que confirmar la impuesta por falta muy grave, una de las leves ha de ser revocada sin más, puesto que se está sancionando dos veces una misma conducta, pues sólo existió una, la del envío del correo electrónico a los compañeros, lo cual podrá calificarse de distintas formas o, incluso, tener diversas consecuencias, pero sólo puede castigarse con una sanción, aunque tales consecuencias puedan tenerse en cuenta para la calificación de la falta y la imposición de la sanción.

Una de las sanciones por falta leve impuesta ha de ser confirmada, pues, aunque tiene razón el recurrente en que calificar la conducta del demandante dentro de las faltas leves previstas en los números 3, abandono del servicio, y 8, discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la empresa, del art. 59 del convenio es bastante forzado, sin embargo, puede considerarse incluida dentro de la prevista en el nº 11, que se refiere a la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (corro electrónico, Intranet, Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral, más cuando, como se declara con valor de hecho probado en el único fundamento de derecho la sentencia recurrida, al demandante se le entregó una "Guía de Conducta Ética" de le empresa, en la que, en lo relativo a correo electrónico, Internet y uso de los bienes de la empresa, consta que "los bienes de la empresa se pueden usar exclusivamente para realizar las tareas relacionadas con las actividades comerciales", restricción que entra dentro de las facultades de la empresa pues, como señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de septiembre de 2007, en la que se analiza esa posibilidad, "lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales-".

De todo lo expuesto se desprende que procede estimar en parte el recurso, revocando de la misma forma la sentencia recurrida, para, de acuerdo con el art. 115.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, revocar la sanción por falta muy grave y una por falta leve, impuestas al demandante, confirmando la otra por falta leve.

F A L L A M O S

Con estimación parcial del recurso de suplicación interpuesto por D. Eulogio contra la sentencia dictada el 25 de abril del 2007 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Badajoz, en autos seguidos a instancia del recurrente frente a TYCO HEALTHCARE SPAIN SL, revocamos en parte la sentencia recurrida para revocar las sanciones de un día de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de falta muy grave y de amonestación escrita por falta leve, impuestas al demandante por la empresa demandada, a la que condenamos a que deje sin efecto tales sanciones, borrándolas del expediente personal del demandante y le abone el salario correspondiente a la sanción de suspensión, si se ha hecho efectiva, confirmando la sentencia recurrida en cuando confirma la otra sanción por falta leve impuesta.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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