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Sentencia T.S.J. Valencia 2366/2009, de 8 de julio


 RESUMEN:

Despido procedente. Quebranto de la buena fe contractual. Operaciones bancarias incumpliendo normativa interna. Falta de prescripción. Desestimación. Conducta continuada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida DE fecha 19 DE noviembre DE 2008, dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por D. Rubén contra BANCO PASTOR y, declarando la procedencia del despido del actor acordado por la empresa el 12.06.2008, convalido la extinción del contrato DE trabajo entre las partes, sin DERECHO a indemnización ni a salarios DE tramitación y absuelvo a la demandada DE las pretensiones en su contra formulada.".

Segundo.-Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO. Sobre las circunstancias laborales del trabajador: I. El actor ha venido prestando servicios por cuenta y orden de la empresa demandada, dedicada a la actividad de entidad bancaria, con la categoría profesional de técnico II director de sucursal, salario de 5.547,16 euros mensuales, con inclusión del prorrateo de pagas extraordinarias, y antigüedad de 02.10.1990.-II. El actor no ostenta la condición de representante de los trabajadores.-SEGUNDO. Sobre las formalidades del despido: Con fecha 30.05.2008 se le comunica al demandante la carta de despido disciplinario, con efectos del mismo día. La carta obra en el ramo de prueba de ambas partes y su contenido se tiene por íntegramente reproducido.-TERCERO. Sobre los hechos relativos a las faltas sancionadas: I. El actor ingresó en el Banco Pastor como jefe de riesgos de la oficina principal de Alicante, cargo que desempeña desde el 21.02.2004 al 31.01.2005, asumiendo el cargo de gestor de empresas en la oficina principal de Elche en el periodo comprendido entre el 01.02.2005 al 25.09.2005, de director de la agencia nº 2 de Elche en el periodo comprendido entre el 26.09.2005 al 06.01.2008, de director de la agencia nº 1 de Torrellano del 07.01.2008 al 23.03.2008 y de director de la oficina principal de Elche desde el 14.03.2008.-II. Dª Soledad ingresa el 28.03.2005 como comercial de servicio de clientes en la OP de Elche, siendo nombrada apoderada el 01.03.2006 e interventora de la agencia nº 2 de Altabix el 18.12.2006, cargo que ejerció hasta el 24.04.2008. Actualmente presta servicios como gestora de personal en Cedeira. Es función de la interventora velar por el cumplimiento de la normativa en todos sus aspectos. El primer cargo de interventora de Dª Soledad fue el desempeñado en la citada oficina.-III. La Comisión Local de Riesgos estaba formada por el actor que, en su condición de director de la oficina la presidía y la interventora, teniendo ambos firma mancomunada. Los datos son introducidos en el sistema scoring por la interventora, pero después se expide un documento impreso en el que constan los mismos que es autorizado por el actor. En las propuestas de operaciones crediticias deben constar las firmas de ambos y se debe hacer constar si existe alguna discrepancia. La facultad atribuida a dicha comisión de autorizar operaciones de riesgo obliga a un estudio previo de las mismas y posterior observación y seguimiento conforme a la normativa de interna del banco siendo las citadas normas de obligado cumplimiento tanto para los riesgos autorizados por dicha comisión como para aquellos informados favorablemente, por lo que es obligado que la información recogida en las propuestas y la información que se transmita sean veraz, clara y concreta y se debe dar cumplimiento exacto a las resoluciones de los órganos superiores, cuidando que las instrucciones y recomendaciones se cumplan fielmente, tanto en la instrumentación como en el desarrollo de la operación. Las comisiones locales de riegos no pueden autorizar la concesión ni renovación de operaciones o líneas permanentes de ningún tipo, cuando los clientes presentan alguna alarma interna o externa y tampoco tienen atribución las oficinas para llevar a cabo el scorin consumo, hipotecario y tarjetas cuando figuran anotaciones en la consulta experian e IJU.-IV. Con fecha 30.05.2008 se emitió el memorado especial de auditoría realizado en la sucursal de Elche Altabix y cuyo objeto era determinar el alcance de las irregularidades, detectadas en la sucursal 0793-Elche, agencia 2 Altabix, en relación al riego de crédito especialmente de captación, formalización, y seguimiento. El citado informe obra en el ramo de prueba de la demandada y su contenido y el de los anexos que figuran en el unidos al mismo se tiene por íntegramente reproducido. Para detectar las irregularidades puestas de manifiesto en el informe era imprescindible realizar una auditoria puesto que la documentación que las reflejaba se encontraba en la sucursal.-V. La normativa interna del banco obliga a identificar las operaciones captadas a través de un intermediario al objeto de efectuar un seguimiento de las operaciones captadas por ese canal (aún cuando se haya acordado no abonarle comisión por su mediación en la captación de la operación. Asimismo es obligatorio que el intermediario en cuestión figure dado de alta como tal lo que debe ser autorizado por el Director Comercial a propuesta y previo informe favorable de la Dirección Regional. Desde marzo del 2007, Soluciones Financieras Vega Baja, S.L. ("Refinanze Orihuela") ha estado actuando como intermediario cediendo operaciones crediticas a la sucursal dirigida por el actor, sin haber sido dada de alta como intermediaria en el scoring y sin incluir esta circunstancia en los expedientes de de evolución de riegos o scoring, conforme a lo que preceptúa la normativa interna del Banco. Se realizaron las operaciones que figuran reseñadas en el memorando (que se tienen por reproducidas) y, a tal efecto, se remitía la documentación necesaria para la aprobación del financiación y, una vez aprobada, los clientes abonaban a la financiera comisiones del 3,5 al 18%. En la citada mercantil trabaja como comercial Dª Flora, quién tenía una relación sentimental con el demandante en esas fechas y ésta cobraba comisiones por cumplimiento de objetivos en captación de clientes y por operación realizada. El actor conocía y consentía la actuación de este intermediario a pesar de que no estaba dado de alta como tal y que no figuraba el origen real de la operación en el scoring.-VI. La normativa interna del banco prohíbe la simulación de operaciones o de su objeto real con el fin e facilitar a los clientes una financiación a la que no tendrían acceso por los canales normales y, también se prevé, que la concesión de operaciones crediticias a familiares y allegados, se deben tratar con la mayor exigencia tanto en la forma como en el fondo, debiéndolas someter a la consideración del inmediato superior aún cuando se encuentren dentro de los límites establecidos dentro de sus atribuciones.-VII. La normativa interna del banco obliga a que se haga constar en el procedimiento scoring de evaluación de evaluación de prestamos al consumo la finalidad del préstamo con el fin de que la evaluación sea lo más real posible evitando la utilización de conceptos genéricos tales como "otros consumos duraderos", "imprevistos familiares" o "otros consumos no duraderos" que tiene por objeto enmascarar el destino real de la operación y es obligado prestar especial atención a la exactitud de todos los datos introducidos en la medida que en ello se basa la correcta evaluación de las solicitudes y del sistema. También se ordena que las operaciones de préstamos al consumo han de ser evaluadas inexcusablemente por el sistema scoring y se prohíbe evaluar por el citado sistema las operaciones que obedezcan específicamente a refinanciaciones de operaciones ya concedidas a particulares que, por razones absolutamente justificadas, sea preciso reconducir nuevamente, reforzando las garantías o con el fin de obtener el adecuado respaldo documental.-VIII. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó la concesión de los préstamos que a continuación se indican a Dª Flora, cliente del Banco desde septiembre del 2005, pareja sentimental del demandante y que está clasificada con "alarma interna" como consecuencia de sus incumplimientos: - El 27.10.2005, un préstamo al consumo por valor de 1.000 euros, indicándose como destino "otros consumos no duraderos" cuando el destino real era absorber un descubierto en su cuenta por el cargo de diversos recibos. El actor conocía el destino real del crédito. - El 08.11.2005 se le concedió otro préstamo de similares características por valor de 3.000 euros cuyo destino fue cancelar el préstamo anterior, absorber el saldo de la tarjeta de crédito y realizar una transferencia a Finanzia para regularizar operaciones pendientes. El actor conocía el destino real del préstamo. - El 03.05.2006 se le concedió descubierto en cuenta de 1.699 euros, provocado por un reintegro en efectivo cuyo fin era regularizar su situación en otra entidades bancarias (el 02.05.2006 abonó 409,90 euros a BBVA para regularizar una cuenta en mora; el 03.05.2006 regularizó otra cuenta en la CAM y el 04.05.2006 abonó 705,90 euros por recibos de tarjeta y 1.397,72 euros por recibos de préstamo personal en la CAM). El actor conocía el destino real del préstamo. - El 04.05.2006 se le concedió otro préstamo de 13.500 euros, en cotitularidad con su abuela (titular de un depósito a plazo de 7.000 euros que se pignora), constando como motivo "reforma de primera vivienda". Los fondos se emplearon para cancelar el préstamo anterior (2.702 euros) y diversas disposiciones en efectivo. Como justificación de los ingresos se unió al expediente un certificado de Dussart Internacional conforme al cuál ésta percibía una nómina de 1.300 euros mensuales pero en la cuenta de la citada cliente figura la percepción de prestaciones de desempleo en el periodo comprendido entre febrero del 2006 a mayo del 2006. Desde febrero del 2008 únicamente realiza ingresos en efectivo de poca cuantía que resultan insuficientes para atender las cuotas del préstamo; tenía un desfase de 753 euros, relativos a cuatro meses. El actor conocía el destino real del préstamo.-IX. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó la concesión de los préstamos que a continuación se indican a D. Florentino, padre de Dª Flora, cliente del banco desde marzo del 2007 y que se dedica a la explotación de escenarios junto con D. Ovidio, y a la intermediación financiera en Logroño a través de la mercantil Cinco Rojo la Rioja, S.L.: - Un préstamo al consumo, el 09.02.2007, por importe de 15.000 euros para la adquisición de "coche turismo", siendo los fondos dispuestos en efectivo y justificado su destino con documento en el que consta como vendedora de un mercedes S400 CD una empresa dedicada a la actividad de limpieza (Moracedo Servicios, S.L.). - Un préstamo al consumo, el 16.05.2007, por importe de 30.000 euros, figurando en el scoring como motivo "otros consumos duraderos", los fondos fueron destinados a pagar la comisión al intermediario y a financiar a la empresa Cinco Rojo La Rioja, S.L. (el día 17.05.2007 el citado cliente cobró un cheque de ventanilla por valor del 24.752,75 euros que fueron ingresados el mismo día en la citada sociedad). El actor conocía el destino real del préstamo.-X. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó la concesión de los siguientes préstamos a. D. Ovidio, cliente desde marzo del 2006 y dedicado a la explotación de escenarios junto con el anterior: - Préstamo Hipotecario Vivienda por valor de 122.400 euros, sobre una vivienda en Orihuela Costa tasada e 153.025 euros. Se trataba de una hipoteca captada (no subrogada) con ampliación de su importe que debía ser autorizada por la Dirección Regional, autorización que no se solicitó. El importe se destinó parcialmente a cancelar la carga anterior (47.858 euros) y el resto a otros pagos. En el scoring figuran como ingresos netos mensuales 2.271 euros correspondientes a una nómina de oficial administrativo de febrero del 2006 en la que figura una partida de 500,00 euros en concento de incentivos y 600,00 euros de dietas y no consta que se aportase la declaración de IRPF que impone la normativa interna del banco.-XI. Rabago Menendez, S.L. empresa dedicada a la intermediación inmobiliaria y financiera y clasificada con alarma interna desde el 15.04.2008 por "escasa calidad de sus negocios" solicitó un préstamo hipotecario por 180.000 euros para la compra de un terreno en Torrevieja, siendo devuelta la propuesta por la Dirección Regional para que aclarase diversos extremos. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó una póliza de crédito por valor de 120.000 euros (cifra máxima que podía conceder la oficina) destinada a "pagos por permisos y licencias de terrenos" con garantía hipotecaria de un terreno dedicado a la explotación agraria tasado en 319.000 euros sin fiadores. Los fondos fueron dispuestos mediante emisión de dos cheques bancarios por 60.278 euros (uno de ellos nominativo a favor de Candida ), reintegros en efectivo y traspasos a cuentas vinculadas a esa sociedad. La operación fue captada por "Refinanze Orihuela" que percibió una comisión de 4.179,35 euros del citado cliente. Desde su concesión únicamente se han abonado intereses, estando vencida desde el 18.04.2008.-XII. En marzo del 2007, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó a Anton, gerente de Rabago Menendez, S.L., empresa dedicada a la intermediación inmobiliaria y financiera y clasificada con alarma interna desde el 15.04.2008 por "escasa calidad de sus negocios", la concesión de un préstamo hipotecario vivienda por importe de 165.000 euros, destinado a la captación de hipoteca en otra entidad como ampliación de importe para realizar reformas, poniéndose como garantía dos áticos, tasados en 252.000 euros, que constituyen una única vivienda. Se hace constar en el scoring reforma vivienda" cuando se trata de hipoteca captada no subrogada que debía ser aprobada por la Comisión Regional. Se refieren como ingresos netos 3.000 euros mensuales justificados a través de la sociedad sin retenciones de IRPF ni de Seguridad Social. En la declaración de IRPF del ejercicio 2007 sus ingresos anuales eran de 8.063 euros. La operación fue captada por "Refinanze Orihuela" que percibió una comisión de 5.744,75 euros del citado cliente. Se dispuso del crédito (pago de la comisión, reintegros en efectivo y trasferencias a parientes y sociedades vinculadas) sin que conste justificación documental de su destino fuese el expresado. Desde su concesión, se ha realizado ingresos insuficientes para atender a la amortización del préstamo existiendo un desfase de 1.770 euros.-XIII. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó la concesión de los prestamos que a continuación se indican a D. Jaime, administrador de Rabago Menendez, S.L. y Cinco Rojo Rioja, S.L., empresas dedicadas a la intermediación inmobiliaria y financiera y clasificada con alarma interna desde el 15.04.2008 por "escasa calidad de sus negocios": - Préstamo Hipotecario Vivienda, en marzo del 2007, por un importe de 188.500 euros, sobre un chalet tasado en 410.000 euros, haciendo constar en el scoring "compra de primera vivienda usada" cuando se trataba de una hipoteca captada no subrogada con ampliación de importe que fue autorizada por la Comisión Regional sin tener atribuciones para ello. Figuran unos ingresos familiares netos de 4.100 euros al mes cuando únicamente aparecen justificados 1.694 euros mensuales (nómina) y 22.717 euros anuales (IRPF). Dicha operación fue captada por Refinanze Orihuela quién percibió del cliente una comisión de 4.643,76 euros. Con la citada cantidad se cancelaron cargas anteriores (134.012 euros), se abonó la comisión y se transfirió a otra entidad bancaria 12.000 euros sin que esté justificado documentalmente su destino final. La operación fue captada por "Refinanze Orihuela" que percibió una comisión de 4.643,76 euros del citado cliente. - Un préstamo al consumo, el 16.05.2007, por importe de 20.000 euros, figurando en el scoring como motivo "otros consumos duraderos", cuando su destino fue la aportación de fondos a la mercantil Cinco Rojo la Rioja, S.L. La operación fue captada por "Refinanze Orihuela" que percibió una comisión de 1.046,75 euros del citado cliente. El crédito presenta un desfase de 1.546 euros (una cuota). El actor conocía el destino real del préstamo.-XIV. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, realizó a D. Jose Ángel, cliente desde septiembre del 2007 y cuyas operaciones fueron captadas por "Refinanze Orihuela", 13 scoring en el periodo comprendido entre el 04.09.2007 al 03.10.2007, seis como "compra de primera vivienda" y el resto por "construcción de primera vivienda" y finalmente le concedió un préstamo hipotecario el 04.10.2007 por la cantidad de 132.500 euros para la "construcción de primera vivienda". En el terreno en cuestión ya existe otro inmueble que pertenece a su madre, avalista de la operación y a su abuela. Los fondos fueron empleados para: cancelar dos prestamos de BBVA a nombre de sus padres y abuela; cancelar un préstamo personal del titular y de Ariadna ; transferencia a la cuenta del titular en el Banco Santander, pago de comisiones a Refinanze Orihuela (3.576 euros) y reintegros en efectivo sin que conste documentado que el destino real fuera el referido. Presenta un desfase de 758 euros (una cuota). Las financiaciones para reunificar deudas deben ser autorizadas por el Comité Regional. El actor conocía el destino real del préstamo.-XV. La Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó al Restaurante el Altillo, S.L., cliente dedicado a la explotación de un restaurante en Elche y cuyas operaciones fueron captadas por Refinaze Orihuela, siete leasings por importe total de 36.913 euros para la adquisición de equipamiento de hostelería para un restaurante de nueva apertura. La empresa suministradora del equipo es Suministros de Hostelería Altamira, S.L., cuyo administrador es D. Emiliano (administrador de Refinaze Orihuela) que en el momento de formalización de la operación ingresó en la cuenta del cliente 8.000 euros que se justificaba por la devolución de un anticipo; no obstante existen otros ingresos de la citada mercantil que desvirtúan el citado motivo. El 28.05.2007 se le concedió una póliza de crédito con limite de 30.000 euros para financiación de circulante y únicamente se ha cubierto las liquidaciones de los intereses. El 15.05.2007 se le concedieron dos prestamos consumo por un total de 20.000 euros a los avalistas de las anteriores operaciones citándose como motivo "otros consumos duraderos" que fueron dispuestos en efectivo e ingresándose en la cuenta de dicha sociedad para atención del negocio. El actor conocía el destino real de los fondos y las relaciones existentes entre el intermediario y el suministrador.-XVI. El 17.07.2007, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, autorizó a Tejuvic, S.L., la concesión de cuatro leasing por valor de 18.324 euros para la adquisición de mobiliario de cocina para el restaurante. La empresa suministradora del equipo es Suministros de Hostelería Altamira, S.L. que en el momento de formalización de la operación ingresó en la cuenta del cliente 1.500 euros que se justificaba por la devolución de un anticipo; no obstante existen otro ingreso posterior de la citada mercantil de 1.000 euros para atender las cuotas vencidas de dos leasing y los gastos de corretaje y existen tres ingresos de 8.500 euros realizados por terceros y destinadas a amortizar las operaciones. El actor conocía las relaciones existentes entre el intermediario y el suministrador.-XVII. En septiembre del 2006, a Proyecto Benidorm 2002, S.L., promotora inmobiliaria, se le concedió una póliza de crédito por importe de 600.000 euros "para la entrega de cantidades como señal para la compra de terrenos en absudia", operación aprobada por la Dirección Regional y condicionada a la entrega de la documentación justificativa de las adquisiciones. Se trasfirieron los fondos sin cumplir el citado requisito y en la renovación de la póliza se indicó que en breve se aportaría la documentación de los terrenos, para formalizar un préstamo hipotecario lo que no consta se haya producido. Tampoco se verificó la solvencia patrimonial. El actor era consciente de las deficiencias expuestas.-XVIII. A la empresa Flores y Plantas Gema, S.L., que está clasificada desde mayo del 2006 con alarma interna de riesgo a extinguir, en julio 2006 la Dirección de Concesión de Riesgos le concede la refinanciación de la deuda por anticipos impagados (30.000 euros) ampliando el préstamo hipotecario que tenía en vigor sobre una finca con vivienda y explotación de viveros. En la autorización de la operación se estipuló la afectación de las subvenciones pendientes de cobro de la titular para la amortización de la misma, lo que no se llevó a cabo. Existe un desfase de 10.394 euros (cuatro cuotas).-XIX. A Pegados del Corcho, S.L., clasificada desde febrero del 2008 con alarma interna de riesgo a extinguir, en el mes de febrero del 2007 la Dirección de Concesión de Riesgos le autorizó un préstamo personal como refinanciación sobrevenida por 60.000 euros condicionada a la actualización de la solvencia fincable de los avalistas, lo que no se llevó a cabo. Existe un desfase en el abono de las dos ultimas cuotas del préstamo y el leasing.-XX. En marzo del 2007, a D. Sergio se le concedió por la Dirección de Concesión de Riesgos un préstamo personal por valor de 20.000 euros, destinado a la adquisición de una franquicia de Viajes Marsans para explotar una agencia de viajes en Elche, condicionada a la justificación del destino de los fondos y domiciliar los ingresos a través de la entidad, condiciones que no se cumplimentaron y, dado que no consta el contrato de franquicia y se dispuso de los fondos a través de dieciséis reintegros en efectivo entre mayo y junio del 2007 es dudoso que el destino de los fondos sea el referido. Actualmente el crédito presenta un desfase de 678 euros (tres cuotas).-XXI. En mayo del 2007, a Dª Amalia la Dirección de Concesión de Riesgos le concedió un préstamo hipotecario para "acceder al traspaso de una discoteca" por valor de 200.00 euros, condicionando a que en la sucursal estuviera en posesión del contrato de traspaso y se controlase que se hiciese el pago a través de la entidad y que la clienta aportase 50.000 euros, condiciones que no se han cumplido, habiéndose dispuesto de los fondos a través múltiples reintegros de efectivo, traspaso a una póliza de crédito y transferencias de lo que se desprende que el destino de los fondos no fue el estipulado. Hecho confirmado por la solicitud de ampliación de hipoteca en diciembre del 2007 para el traspaso de una discoteca, puesto que la anterior no se había llevado a cabo. Asimismo, en mayo del 2006 se le otorgó una póliza de crédito de 50.000 euros para "señalización de inmuebles" que fue dispuesta a través de numerosos reintegros de efectivo sin que conste en el expediente la justificación de las adquisiciones y sin registrar ingresos hasta mayo del 2007 como consecuencia de la disposición del préstamo hipotecario anteriormente referido. Desde su renovación se ha realizado cargos para pago de publicidad sin registrar ingresos. En mayo del 2008, la citada clienta solicitó la refinanciación del préstamo y previamente había cancelado la imposición del plazo fijo y fondo de inversión que había constituido con cargo al préstamo hipotecario.-XXII. El 26.06.2006, coincidiendo su alta como cliente, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, concedió a D. Bernabe un préstamo personal consumo por 4.900 euro constando como motivo "reforma primera vivienda", siendo dispuestos los fondos mediante un reintegro en efectivo de 3.000 euros. El 11.07.2006 se le concedió otro por 15.400 euros indicándose el mismo destino en el scoring pero disponiéndose de los fondos para cancelar el préstamo anterior y el resto por múltiples retiradas en cajeros 4B y amortización de tarjetas de crédito. En e expediente no consta la justificación de las reformas alegadas y en el CIRBE constaba un endeudamiento de la titular y su cónyuge de 296.000 euros. Sin constar ingresos en la cuenta operatoria, el08.09.2006 se les concedió otro préstamo personal consumo por valor de 40.000 euros refiriéndose en el scoring "coche turismo", aportando una factura de "motorfacil, S.L.", empresa de la que es administrador el titular del préstamo, Los fondos fueron dispuestos mediante dos reintegros en efectivo y el resto por posiciones de pasivo (IPF y Fondo de Inversión) que, posteriormente, fueron reembolsados para atender las cuotas vencidas de los prestamos y tarjetas de crédito. Están en mora los dos prestamos y en descubierto la cuenta provocado por la liquidación de la tarjeta de crédito.-XXIII. El día 23.03.2007, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, otorgó a Lucas un préstamo personal al consumo por 25.000 euros constando como motivo en el scoring "compra de vehículo", sin que conste justificación documental del destino. Los fondos fueron dispuestos mediante seis reintegros en efectivo de 23.000 euros. El 26.04.2007 se le concedió otro préstamo al consumo por valor de 40.000 euros constando como motivo en el scoring "otros consumos duraderos", sin que se documente el destino del prestamos. Se dispuso de los fondos para la cancelación del préstamo anterior y un reintegro en efectivo coincidente con la disposición del préstamo hipotecario de su hijo ( Carlos Ramón ) al que se le había realizado un scoring para compra de turismo el 19.04.2007 con resultado "denegado".-XXIV. A Dª María Rosa y D. Cornelio, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, les concedió las pólizas de crédito que figuran en el memorando con motivo de la adquisición de dos viviendas, adquisiciones que no llegaron a formalizarse por problemas con la promotora pero no se canceló la póliza y se abonaron los fondos. En mayo del 2007 se solicitó la renovación del crédito alegando que era para la compra de una vivienda en Villa Capri de Benidorm, operación autorizada por la Dirección de Concesión de Riesgos. En la sucursal constan los documentos de reserva de tres viviendas en dicha urbanización lo que sugiere actividad especulativa. Las reservas tenían validez hasta 13.07.2006, fecha en que debían formalizarse los contratos privados y no consta documentado que se haya efectuado.-XXV. Respecto de Zanfi, S,L. y Carval S.L., empresas integrantes del grupo de José Arronis, la Comisión Local de Riesgos, presidida por el actor, les autorizó las operaciones descritas en el memorando y en la carta de despido (a excepción de la operación de enero del 2008 referida a la última mercantil que fue autorizada por el sucesor del demandante). En resumen, desde julio 2007 en la línea de descuento comercial se detectaron giros vinculados con concentraciones superiores al 50% y 92% respectivamente, siendo dispuestos los fondos esencialmente en efectivo. Y, desde julio del 2007 se descontaron efectos a cargo de IX Shoes, S.L. pese a estar clasificada con alarma interna de riesgo a extinguir desde 29.06.2007. La normativa interna del Banco prohíbe clasificar o tomar operaciones a cargo de librados que mantengan vinculación con la cedente considerándose que concurre cuando forman parte del mismo grupo empresarial. Está prohibido renovar por acuerdo las líneas permanentes para giros a cargo de firmas vinculadas y, en esos casos, ha de cursarse una propuesta a la Dirección de Concesión de Riesgos, para su autorización. En cuanto a los librados diversificados, no se pueden establecer clasificaciones cuya concentración de riesgo supere el 20% de la línea. El actor fue consciente de que se había sobrepasado la concentración de riesgo.-XXVI. El actor aceptaba riesgos superiores a los permitidos al objeto de cumplir los objetivos.-XXVII. Dª Soledad, interventora de la agencia nº 2 de Altabix desde el 18.12.2006 al 14.04.2008, se le incoa expediente contradictorio, en virtud de haber ostentado la condición de miembro del comité de empresa, el 11.07.2008 nombrándose en esa fecha instructor a D. Plácido . El 21.07.2008 la citada trabajadora formula el pliego de descargo que obra en las actuaciones y su contenido se tiene por reproducido. El 31.07.2008 se le comunicó una sanción por falta grave consistente en inhabilitación temporal para pasar a niveles superiores durante 12 meses, con efectos del 01.08.2008.-CUARTO. Formalidades del procedimiento y proceso: Se interpuso papeleta de conciliación el día 18.06.2008, celebrándose el acto el 11.07.2008, que terminó sin avenencia. El demandante interpuso demanda de despido el 11.07.2008 que, turnada a este Juzgado, tuvo entrada el 25.07.2007 .".

Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, habiéndose impugnado en debida forma por la parte demandada. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Recurre en suplicación el actor, la sentencia que ha desestimado su demanda de despido. El recurso, se impugna por la empresa y se estructura en dos motivos. El primero, por el apartado b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, interesa la modificación del relato probado, solicitando la supresión en el apartado V del hecho tercero de la frase "...Quien tenía una relación sentimental con el demandante en esas fechas....", que figura tras el nombre de doña Flora ., invocando el art. 24 de la Constitución, en cuanto que el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión impedirían que figurara en el relato histórico esta coletilla que califica de gratuita, porque a su juicio no resulta ser cierta tal afirmación ni avalada con prueba alguna; solicitando igualmente y con el mismo argumento la supresión en los apartados IX, XIII, XIV, XV y XVII de las frases finales que hacen relación a que el actor conocía en cada uno de los casos el destino final del préstamo, de los fondos o de las deficiencias que concurrían en las operaciones que autorizaba. Y se rechazan estas modificaciones, que no se apoyan en prueba idónea, siendo que por el contrario el interrogatorio del actor, tal y como explica la Magistrado de Instancia en la fundamentación jurídica de la sentencia, sostiene las afirmaciones cuya supresión se interesa.

También solicita el motivo que se añada al apartado XXV del mismo hecho la siguiente expresión: "en la operación que se realizó con Carval SL, en febrero de 2008, no intervino el actor, por cuanto que desde el 7 de enero de 2008 ya estaba en la agencia nº 1 de Elche, Torrellano.", tampoco va a prosperar esta adición, ya que la sentencia reconoce el destino del actor desde enero en otra oficina, y el apartado XXV excluye las operaciones realizadas después de esa fecha y refiere otras anteriores.

Propone, así mismo el motivo la adición nueva del apartado XXVIII al hecho combatido con el siguiente texto: "La última operación imputada al demandante como irregular en la carta de despido tuvo lugar el día 15-10-07 por concesión de dos préstamos al consumo a Belarmino y Zulima, el primero, y Hernan y Fátima, el segundo", lo que también se desestima, vista la reproducción íntegra de la carta de despido en el hecho segundo lo que permite a la Sala, en su caso, extraer las conclusiones relativas a cuales fueron las últimas faltas imputadas.

Por último, se interesa la adición de un nuevo apartado al hecho tercero, el XXIX, que diga: "el actor garantizaba cada una de las operaciones que realizaba con hipotecas sobre patrimonio o, en algunos casos, con garantías personales.", lo que tampoco debe ser acogido, al no constar en todas las operaciones tal y como se desprende del documento en que se apoya, que es el Informe de Auditoria (folios 57 a 73), y tal extremo, que podría ser valorado en cada una de las operaciones, no es el motivo por el que se despide al demandante.

Segundo.-El correlativo motivo de recurso, se formula con amparo en la letra c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, y contiene dos apartados. En el primero, se denuncia la infracción del art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, porque a su juicio estarían prescritas las faltas muy graves imputadas en la carta de despido, atendiendo a que el último hecho imputado se produce el 15-10-07 y la carta se notifica el 12-6-08, fechas que distan mas de ocho meses, por lo que al menos habría trascurrido la llamada prescripción larga, negando la existencia de conducta continuada y la ocultación en que se apoya la sentencia para situar el dies a quo del computo de la prescripción, en todo caso, en la entrega a la empresa del informe de la auditoria en mayo de 2008, alegando que el demandante ha colaborado con la auditoria, y que los datos de las operaciones han sido introducidos por la interventora Sra Soledad, alegando en apoyo de su pretensión la sentencia dictada por el TSJ de Murcia núm. 1224/2004 de fecha 15 de noviembre (rec. 1106/2004). Por su parte, en el segundo apartado del motivo que se examina se denuncia la infracción del art. 53.1 y 6 del XXI Convenio Colectivo de la Banca, en cuanto a la apreciación de la conducta del actor como trasgresora de la buena fe contractual en el desempeño de sus funciones; sostiene el recurso que sorprende la convicción alcanzada por la Juzgadora con el Informe de la Auditoria que aporta la empresa, mientras rechaza por parciales las testificales practicadas por el actor, y niega la gravedad y la culpabilidad de la conducta imputada al demandante porque era la interventora la que debía velar por el cumplimiento de la normativa interna del banco y era ella la que introducía los datos de las operaciones en el sistema scoring, y añade que a pesar de que el demandante presidía la Comisión Local de Riegos, la firma era mancomunada con la interventora, sin que ésta formulara objeción alguna, ni el actor hubiera ejercido presión sobre ella para aprobar las operaciones, lo que no consta en la carta ni se tiene por acreditado, contrastando la sanción impuesta a la interventora, solo después de que se denunciara su impunidad en la papeleta de conciliación, con la aplicación al actor de la máxima sanción. Añadiendo que es costumbre en las distintas sucursales del Banco Pastor operar con intermediarios financieros aunque no hubieran sido dados de alta, siendo que, además, la financiera no percibía comisión, sin que hubiera mediado connivencia con la Sra. Flora a quien exigió garantías, ni con la financiera de la que no era titular sino mera empleada, sin que coincidiera la relación sentimental que mantuvo el demandante con la Sra. Flora, con las operaciones imputadas, ni hubiera llegado a tener con ella una relación familiar; y que lo que llevó al recurrente a conceder las operaciones que relaciona la carta y la sentencia, fue solo el beneficio del Banco al que se debía y el cumplimiento de objetivos marcados por éste, sin que las operaciones descritas en la carta tengan la relevancia que se les quiera dar, ni por su importe, ni por su número, que en definitiva ha propiciado el que el demandante haya sido ascendido a Director de la Oficina Principal, habiendo llegado la mayoría a buen puerto y el pequeño porcentaje que ha incurrido en mora o está en alarma interna lo ha hecho en un momento posterior como consecuencia de la crisis económica y no de la deficiente medición de riesgos, alegando la sentencia del TS de 24 de octubre de 1989 . Por último menciona el recurso la aplicación indebida de los arts 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y la inaplicación de la teoría gradualista.

Tercero.-El recurso plantea dos cuestiones jurídicas diferenciadas que, por otra parte, están íntimamente relacionadas, ya que deberá decidirse sobre si la conducta descrita en la carta de despido, a través de la realización de las operaciones que la misma describe y que declara probadas en su mayoría la sentencia, es constitutiva de falta de la suficiente gravedad para dar lugar al despido impuesto; y si, para el caso de que se acreditada la falta que da lugar al despido, los hechos estarían prescritos.

Para decidir ambas cuestiones debe partirse de los datos que arrojan los hechos probados de la sentencia que describe en el hecho tercero una serie de operaciones que habría autorizado el demandante, Director de la Sucursal y Presidente de la Comisión Local de Riesgos, de la que también formaba parte la Interventora doña Soledad, destacando que estas operaciones se han aprobado con infracción de la normativa interna del Banco, simulando el objeto real de las operaciones y falseando datos, siendo en su mayoría operaciones captadas por "Refinanze Orihuela" nombre comercial de Soluciones Financieras Vega Baja SL, que ha estado actuando como intermediario cediendo operaciones crediticias a la sucursal de la que era Director el demandante, sin haber sido dada de alta como intermediaria en el scoring y sin incluir esta circunstancia en los expedientes de evaluación de riesgos o scoring, desconociendo la normativa interna del banco que lo exige, pese a que el intermediario no cobre comisión, dándose la circunstancia de que la citada mercantil venía cobrando comisiones que van del 2,5 al 18% a los particulares que contratan con el Banco, y que en la misma trabaja como comercial la Sra. Josefa que cobraba comisiones y que ha tenido una relación sentimental con el recurrente, a quien se han concedido préstamos, falseando datos, siendo que alguna de las operaciones autorizadas por el actor han sido concedidas al padre de esta señora y a sus socios, falseándose también el destino de los fondos obtenidos lo que era conocido por el demandante. Los hechos probados de la sentencia relatan detalladamente cada una de estas operaciones que concuerdan fielmente con las imputadas en la carta de despido, de las que se puede extraer sin duda alguna la conducta imputada que consiste en autorizar operaciones infringiendo la normativa interna del Banco, falseando datos y con conocimiento de que el destino final de los fondos no iba a ser el autorizado sino otro bien distinto, por lo que se ocultaba el riesgo de las operaciones contraídas, el origen de las mismas y su destino, de modo que la valoración de los riesgos no era real. A todo ello hay que añadir que el incumplimiento de la normativa interna se ha extendido a autorizar operaciones que estaban fuera de su competencia y sin atribuciones para ello, y así las hipotecas captadas debían ser autorizadas por la Comisión Regional y la operaciones con familiares también, y aunque es cierto que solo se acredita una relación sentimental con la Sra. Flora, la implicación personal del demandante con las operaciones realizadas con esta Sra. y con su padre y los socios de éste debían haberse puesto en conocimiento al menos de la interventora, lo que no consta, apareciendo en algún caso la concesión de crédito por inferior valor del solicitado, con tal de que por su importe fuera de competencia de la sucursal, para no remitir la documentación requerida. Y que la mayoría de estas operaciones hayan dado lugar, con fecha posterior, a morosidad, no solo se debe, o puede deberse, a la crisis económica, sino a la deficiente valoración de los riegos calculados con base en datos erróneos o al menos desconocidos por el Banco, suponiendo una conducta continuada que se extiende a toda la duración de las operaciones concertadas, en su mayoría no canceladas y que permite aplicar la doctrina que sitúa el díes a quo para el inicio del computo de la prescripción tanto corta (60 días) como larga (seis meses), en el momento en que el Banco tiene conocimiento cabal, pleno y exacto de la falta, que no es otro que cuando se pone a disposición de la empresa el Informe de la Auditoria (30 de mayo de 2008), porque hasta ese momento no llega a conocimiento de la persona con facultades para imponer la sanción (STS de 11 de octubre de 2005 -rec 3512/2004 - y las que en ella se relacionan), debiendo destacarse que el actor ha actuado con ocultación desde el momento en que por su cargo estaba obligado a la vigilancia y denuncia de las faltas que se le imputan. En consecuencia no se ha infringido el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores, siendo de aplicación la doctrina que refiere acertadamente la sentencia, para lo que debe atenderse a las circunstancias del caso, habiendo declarado el TS en la sentencia de 9-2-2009 (rec 4115/07 ) que es preciso el conocimiento completo y exacto de la conducta sancionada, lo que puede producirse incluso a raíz de la firmeza de una resolución penal para desde ese momento comenzar el computo de la prescripción.

Tampoco se ha infringido el art. 54.2 d) del Estatuto ni los preceptos que recogen la misma conducta a que se refiere el Convenio Colectivo de aplicación, pues no cabe duda que la conducta descrita se opone de forma frontal a la buena fe que debe presidir el contrato de trabajo, quebrantando la confianza depositada por el Banco en el demandante atendiendo a los cargos que desempeñaba en la sucursal donde se han producido los hechos.

En relación a la aplicación de la teoría gradualista, tampoco procede corregir la sentencia que con los argumentos que hace suyos esta Sala señala que la falta de trasgresión de la buena fe contractual y el quebranto de la confianza depositada en el demandante, no admite graduación.

Y por lo que se refiere a la posible trato desigual en relación con la sanción impuesta a la Interventora que participó en los hechos, tampoco procede corregir la sentencia al ser patente la distinta gravedad que concurre en los dos empleados del Banco derivada de su trayectoria profesional ( (apartados I y II del hecho tercero) y experiencia en el cargo y del conocimiento que la interventora pudiera haber tenido del destino de los créditos y fondos concedidos, así como de las circunstancias personales que relacionan al actor con los contratantes, circunstancias que no concurren en el supuesto de la Interventora y que restan gravedad a los hechos en su caso. En definitiva procede confirmar también en este punto los razonamientos contenidos en la sentencia.

En consecuencia y por todo lo expuesto se desestimará el recurso.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.1 LPL, en relación con el artículo 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no procede la imposición de costas al gozar el recurrente del beneficio de justicia gratuita.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de don Rubén, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 1 de los de Elche, de fecha 19 de noviembre de 2008 ; y, en consecuencia, confirmamos la resolución recurrida.

Sin costas.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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