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Sentencia T.S.J. Cantabria 707/2009, de 14 de septiembre


 RESUMEN:

Sanciones. El órgano judicial no puede revisar la sanción si la calificación de la falta es ajustada a derecho. Facultad empresarial para imponer la sanción.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por Doña Celsa, sobre Sanción, siendo demandado Don Victorino, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 13 de Abril de 2009, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.-Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.-La demandante, Doña Celsa, ha venido prestando servicios para el demandado, don Victorino, con antigüedad desde 9 de julio de 2007, con la categoría profesional de auxiliar administrativo, y salario de 854'25 euros al mes con prorrateo de pagas extraordinarias. (No controvertido)

La titulación de la trabajadora que figura en el contrato es la de ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa, folio 64 vuelto-.

2º.-. El día 27 de noviembre de 2008 el empleador pidió a la trabajadora que comprobase el importe de la suma de varias facturas de un cliente para su posterior anotación contable y la actora se negó alegando que ella no tenía que realizar funciones contables.

3º.-El día 2 de diciembre de 2008 la trabajadora presentó en las dependencias de la TGSS sita en la Calle Isabel 11 la solicitud de apertura de código de cuenta de cotización en Valladolid de un cliente de Santander, y manifestó al empleador que se lo habían rechazado porque para Valladolid la empresa necesitaba un nuevo NIF. El día 3 de diciembre de 2008 el empleador demandado pidió a la trabajadora que le acompañara para identificar al funcionario que la atendió, y aclarar el error, y la actora se negó.

El 14 de diciembre de 2008 la actora se negó a comprar agua a pesar de la orden recibida del empleador. La trabajadora compra habitualmente material de oficina como tinta, bolígrafos, etc...

El día 29 de diciembre de 2008 el empleador le pidió a la trabajadora que realizara la suma del IVA soportado en unas facturas, al objeto de comprobar las cantidades por tener diferentes tipos de IVA, y la actora se negó diciendo que no era su cometido realizar trabajos fiscales.

4º.-. El día 30 de diciembre de 2008 la trabajadora fue sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de 20 días, mediante el documento cuyo contenido es el siguiente:

" Victorino

CI [...] NUM000, NUM001

39010 Santander

Doña. Celsa CI [...] NUM002 NUM003 39006 Santander

Santander, a 29 de diciembre de 2008

Muy Sra. Mía:

En Fecha 9 de Julio de 2007, causó Ud. alta en mi empresa con un Contrato de Trabajo en Prácticas a tiempo completo con una duración de 6 meses, para prestar servicios como Auxiliar Administrativa, contrato que fue registrado en el INEMN el día 13 de Julio de 2007. El citado contrato fue prorrogado y tiene su vencimiento el día 8 de Julio de 2009.

Desde su ingreso en la empresa su trabajo en prácticas fue orientado a la confección y preparación de documentación, en la que Ud. participa activamente, para su posterior presentación o envio al Ministerio de Trabajo e Inmigración, Agencia Tributaria, Registro Mercantil, Juzgados de lo Social, Registro Civil, Ayuntamiento de Santander, entidades bancarias, clientes, etc.

Igualmente se le esta formando en temas básicos no ralacionados con sus estudios, pero necesarios para el desarrollo depuesto de trabajo como auxiliar administrativa.

Hace meses y por causas incomprensibles, se le olvida, con relativa frecuencia, no solo el trabajo que ha realizado sino también el conocimiento que ha venido adquiriendo con su trabajo desde su contratación, y ello le lleva a contestar cínicamente al titular de la empresa ante temas puntuales, justificándose que no sabe, que se le olvidó o que no tiene porque saberlo.

El día 27 de Noviembre de 2008, le pedí que comprobase, haciéndole entrega de la documentación necesaria, el importe de la suma de varias facturas de un cliente (Carácter Visual S.L.) y para su posterior anotación contable. Ud sin más se negó a realizar el trabajo.

El día 2 de Diciembre de2008, presenta Ud. en las dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social sita en la calle Isabel II, la solicitud de apertura de un código de cuenta de cotización en la provincia de Valladolid para una empresa de un cliente nuestro de Santander y dice que se la han rechazado porque para Valladolid la empresa necesitaba un nuevo NIF. Ante el error o incongruencia le digo que el día 3 de diciembre me acompañará para identificar al funcionario la que le atendió a fin de aclarar que no se precisa de un nuevo NIF, pero Ud. dice que no va, ni me acompaña.

El día 14 de Diciembre de 2008, se le pide ir a la tienda para comprar agua mineral que se consume regularmente en el despacho y que se viene adquiriendo por cualquiera de los que trabajamos en la empresa, al igual que los sellos, el papel higiénico, impresos o material de librería, por poner algunos ejemplos, y Ud. de nuevo se niega a cumplir con el encargo, cuando era normal y habitual.

El día 29 de Diciembre de 2008 le pido que de nuestro cliente Construcciones Joyfe 10 S.L., me haga la suma del IVA soportado en unas facturas que le facilito al objeto de comprobar las cantidades por tener diferentes tipos de IVA, me dice que Ud. ya me había dicho que no hacía tabajos "fiscales", nuevamente le hago el encargo una vez más y otra vez más y se niega porque Ud. no hace trabajos "fiscales".

Los hechos que se le imputan, salvo este último en que tan solo estaba presente Leocadia, los ha llevado a cabo también en presencia de su otra compañera de trabajo, Martina .

Los hechos relacionados están contemplados como una Falta Muy Grave en el Art. 37 del Convenio Colectivo del Sector de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Cantabria y por ello le comunico que la dirección de esta empresa ha resuelto imponerle una sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo que cumplirá desde el día 30 de Diciembre de 2008 al día 18 de Enero de 2009, ambos inclusive.

Atentamente y rogándole firme el duplicado a efectos de recibí y constancia

Fdo.: La empresa Recibí: La trabajadora"

5º. - Entre los cometidos habituales de la trabaj adora estaba la presentación de documentación ante oficinas y organismos públicos, preparación de nóminas, altas, bajas, atención a clientes, etc...

La trabajadora ha ido a comprar agua para sus compañeros de la oficina en alguna ocasión. La trabajadora ha estudiado un curso básico de contabilidad, - reconocido en confesión

El empleador demandado cuenta en plantilla desde hace un año con una economista llamada doña Martina .

6º.-En la oferta de empleo suscrita por la empresa, en la descripción del puesto de trabajo se incluyen contabilidad y tareas administrativas en general, -folio 40

7º.-Se celebró el acto de conciliación, la cual resultó intentada sin efecto.

Tercero.-Que contra dicha sentencia anunció el recurso de suplicación por la parte, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-En el presente caso tanto la parte actora como la demandada recurren la sentencia que estimó en parte la demanda interpuesta por la trabajadora revocando la sanción de 20 días de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el empresario en fecha 30.12.2008 y acordando en su lugar, una sanción de 16 días de suspensión de empleo y sueldo.

En el recurso de la actora se articula un único motivo con amparo en el artículo 191 c) LPL, en el que denuncia la infracción de lo dispuesto en el art. 37.c), 11, 38 y 39 del convenio colectivo del sector de abogados, procuradores y graduados sociales de Cantabria en relación al art. 17 del mismo texto normativo, sosteniendo en términos generales que las conductas que se imputan a la actora no merecen la calificación de faltas muy graves, al tratarse de una mera negativa al cumplimiento de una orden empresarial abusiva por cuanto imponía a la trabajadora la realización de funciones que no eran propias de su puesto de trabajo.

Por su parte, la empresa formula un solo motivo de suplicación, también al amparo del art. 191 c) LPL, en el que denuncia la vulneración del contenido del art. 37 del convenio colectivo aplicable, oponiéndose a la reducción de la sanción impuesta en la sentencia de instancia.

No existiendo discrepancia en cuanto al relato fáctico de la sentencia recurrida, ha de estarse al contenido de los inmodificados hechos probados de la misma. De este modo, consta probado que la trabajadora se negó el día 3.12.2008, a cumplir la orden de acompañar al empleador a las dependencias de la TGSS para aclarar el error acaecido el día anterior y que posteriormente, el día 29.12.2008, se negó asimismo a efectuar las sumas del IVA soportado en una serie de facturas, alegando que dichas funciones no formaban parte de sus cometidos. Por otro lado el día 14 de diciembre del mismo año, se negó a comprar agua a requerimiento del empresario. Esta última conducta no ha sido valorada por el Magistrado de instancia a los efectos de la sanción impuesta, al considerar que tal orden excede del poder directivo, conclusión que se considera ajustada a derecho, por lo que en esta resolución, se analizarán las otras dos restantes.

La calificación jurídica que merecen, que es lo que aquí se cuestiona, exige recordar que la jurisprudencia ha venido declarando que en principio el trabajador no puede desatender, bajo pretexto de ilicitud, las órdenes de la persona que tenga competencia para dictarlas, por la facultad de dirección que tiene encomendada (Sentencia del Tribunal Supremo de 26.2.1985 ), ya que ello determinaría un incumplimiento del deber básico del trabajador de «cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas», según dispone el artículo 5 c) ET y de su obligación de «realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien delegue», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 ET ( en este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 11.4.2002 ). Por ello, el trabajador no puede erigirse en definidor de sus propias obligaciones, sino que debe cumplir tales órdenes, salvo que las mismas puedan comportarle riesgos inminentes o sean ilegales o atenten contra su dignidad. Se reconoce por lo tanto al trabajador, un derecho de resistencia en concretos casos de manifiesta arbitrariedad o abuso de derecho por la empresa, así como en supuestos de vulneración de derechos fundamentales, riesgo cierto para su integridad física, o en casos en los que traten de imponerse obligaciones ajenas al contrato de trabajo.

En el presente supuesto, en atención a las concretas circunstancias del caso, coincidimos con el parecer del Magistrado de instancia al entender que la demandante ha incurrido en dos faltas calificables como muy graves, a tenor de lo dispuesto en el art. 37.12 del convenio aplicable, que tipifica como tales las "la desobediencia grave a los superiores en materia laboral, sin causa justificada", ya que, a diferencia de lo que sostiene la trabajadora en su escrito de recurso, su negativa a realizar una operación aritmética sencilla como la suma de los importes del IVA, o a acompañar al empresario a las dependencias de la TGSS para intentar solucionar un problema surgido como consecuencia de la presentación a su instancia de un documento, no puede entenderse justificada por el mero hecho de considerar que dichas órdenes se extralimitaban de las funciones propias de su puesto de trabajo, ya que, como se ha dicho, en principio el trabajador no puede desatender, bajo pretexto de ilicitud, las órdenes de la persona que tenga competencia para dictarlas.

Por otro lado, como bien razona el Magistrado "a quo", dichos incumplimientos presentan la necesaria gravedad para determinar una falta tipificada en el apartado 12 del art. 37 del convenio, puesto que, la categoría que ostenta la actora - Auxiliar administrativo; Nivel IV; comprende, según el art. 17 de la norma convencional, la realización de tareas elementales administrativas y la gestión en centros oficiales de la presentación de documentos. Tal descripción de cometidos en principio, no puede considerarse incompatible con la realización de operaciones aritméticas sencillas o la resolución de problemas derivados de la presentación de la documentación que tiene encomendada, debiendo destacarse en este punto que, a diferencia de lo que se sostiene en el escrito de recurso, el empresario no impuso a la trabajadora la realización de funciones de naturaleza contable, sino sólo la suma de determinados conceptos, tal como se declara en la sentencia recurrida, previa valoración de la prueba testifical.

Tales circunstancias permiten considerar injustificada la negativa de la actora, por mucho que alegue que las referidas funciones no correspondían a su categoría profesional y por tanto, al no haber justificado razonablemente su negativa al cumplimiento de las órdenes encomendadas, no pueden considerarse la existencia de circunstancias que atenúen la gravedad y culpabilidad de la desobediencia realizada, por lo que procede la desestimación del recurso interpuesto por la parte actora.

Segundo.-En lo que respecta al recurso de la empresa, cabe indicar que la doctrina unificada, destacando por todas la STS de 27.4.2004, que recoge los postulados de la STS 11.10.1993,ha interpretado que "(...) los principios sobre el alcance de las facultades disciplinarias de la empresa, en relación con la de los Tribunales para revisar tales decisiones son plenamente aplicables al caso.

En esa sentencia de esta Sala se parte de la afirmación de que el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997 ) atribuye al empresario la facultad de imponer al trabajador la sanción que estime apropiada, dentro del margen que establezca la norma reguladora del régimen de faltas y sanciones, encuadrando la conducta en alguno de los supuestos en aquélla y calificando la conducta como falta leve, grave o muy grave. Si el Juez coincide con la calificación efectuada por la empresa habrá de declarar que la sanción es adecuada y no cabe que se rectifique la impuesta, pues si -como se dice literalmente en la referida sentencia- «... no se mantiene dentro de tales límites y, ante una sanción adecuada a la gravedad de la falta, declara que ha de imponerse un correctivo distinto, está realizando un juicio de valor que descalifica, más que el acto del empresario, el cuadro normativo sancionador, pues está expresando que algunas de las diversas sanciones previstas para un nivel de gravedad son excesivas y no pueden ser utilizadas por el empresario y esto sobrepasa la potestad revisora que las Leyes conceden al Juez»."

Esta doctrina se reitera en la STS de 11.10.2007, así como en la sentencia de esta Sala de lo Social de 21.2.2007 y permite estimar el recurso interpuesto, ya que como se observa, el órgano jurisdiccional puede revisar la calificación jurídica de la falta imputada al trabajador y considerada probada, pero en el caso de que mantenga la aplicada, no debe rectificar la sanción impuesta, dado que el artículo 58 ET otorga al empresario la facultad de imponer la sanción que estime apropiada, dentro de los márgenes de la norma que regule el régimen sancionador. En el presente supuesto la sentencia acepta la calificación de las infracciones como muy graves, pero reduce la sanción impuesta por el empresario al mínimo previsto convencionalmente, lo que no resulta ajustado a derecho, pues no cabe imponer un correctivo distinto al elegido por el empresario dentro de los referidos límites convencionales, al ser la elección de la sanción más adecuada, una facultad exclusiva de la empresa, sin que el órgano jurisdiccional pueda corregir tal decisión e imponer un correctivo distinto, procediendo así la estimación del recurso interpuesto por la empresa.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Debemos desestimar y desestimamos el recurso formulado por Dª. Celsa y estimamos el interpuesto por D. Victorino contra la sentencia nº 93/09 de 13 de abril de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Santander, en autos nº 93/09, y en consecuencia debemos revocar y revocamos la misma en lo referente a la sanción impuesta, manteniendo la suspensión de 20 días de empleo y sueldo impuesta por el empresario a la trabajadora, permaneciendo inalteradas los restantes pronunciamientos de la misma. Sin costas.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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