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Sentencia T.S.J. La Rioja 288/2009, de 16 de octubre


 RESUMEN:

Despido: Inexistencia. Falta de voluntad de la empresa de dar por finalizada la relación laboral en la fecha que indica el demandante. Contrato eventual por circunstancias de la producción: Comunicación escrita al trabajador de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Concreción de la fecha de cese y licencia semanal para buscar un nuevo empleo. Negativa del trabajador a reincorporarse a su puesto de trabajo a pesar de los requerimientos de la empresa. Baja voluntaria del trabajador.

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación n.º 299/2009 interpuesto por D. Eloy asistido del Letrado D. Francisco Martínez Munilla contra la SENTENCIA del Juzgado de lo Social n.º Dos de La Rioja de fecha nueve de julio de dos mil nueve y siendo recurrido MINI EXCAVADORAS HUARTE, SL asistido del Graduado Social D. Miguel Angel D'Harcourt Bauluz, ha actuado como PONENTE EL ILMO. SR. DON Miguel Azagra Solano.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en autos, por D. Eloy se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja, contra MINI EXCAVADORAS HUARTE, SL en reclamación de DESPIDO.

Segundo.-Celebrado el correspondiente juicio, con fecha nueve de julio de dos mil nueve recayó sentencia cuyos hechos probados y fallo son del siguiente tenor literal:

"HECHOS:

Primero.-El actor, D. Eloy, prestó servicios por cuenta de la empresa demandada, Excavadoras Huarte SL dedicada a la actividad de demolición y movimiento de tierras, desde el 1 de junio de 2005, con categoría profesional de oficial de segunda palista, y salario bruto anual de 18.079,18€.

Segundo.-La relación laboral se instrumentalizó en contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción que tenía por objeto atender el incremento temporal de trabajos en la empresa, con una duración pactada hasta el 31/08/05, que a su vencimiento fue objeto de una prórroga de 9 meses y por mutuo acuerdo de las partes el 1/06/05 se transformó en indefinido.

Tercero.-El 16 de febrero de 2006 la empresa demandada notificó al actor y al representante de los trabajadores comunicación escrita del tenor literal del documento n.º 6 del ramo de prueba de la primera de ellas, cuyo contenido se da por reproducido, por la que con efectos desde el 18 de marzo se procedía a la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas de índole económica al amparo del Art. 52.c ET, haciendo constar en la misma, que por falta de liquidez no se podía poner a su disposición la indemnización que legalmente le correspondía por importe de 3.995 '39 €, la cual se le haría efectiva en la fecha de cese, así como que hasta dicha fecha disponía de una licencia de 6 horas semanales para poder buscar un nuevo empleo.

Cuarto.-El día 17 de febrero el demandante acudió al centro de trabajo para solicitar el certificado de empresa a efectos de desempleo indicándosele que la relación laboral no se extinguía hasta el 18 de marzo y por tanto debía trabajar y cuando cesase se le entregaría la documentación solicitada.

Quinto.-El 18 de febrero el demandante no acudió a trabajar y el representante legal de la demandada y su hermana que también presta servicios en la empresa le llamaron por teléfono para insistirle en que debía acudir al trabajo.

Sexto.-El 23 y el 26 de febrero la empresa demandada remitió al actor mediante burofax sendas comunicaciones escritas del tenor de las que se incorporan a los documentos 2 y 3 del ramo de prueba de la demandada, en las que se le requería para que en el plazo de 24 horas desde su recepción se personase en su puesto de trabajo, con indicación de que de no verificarlo se entendería que había resuelto voluntariamente el contrato de trabajo procediéndole a darle de baja voluntaria y descontándole de sus haberes los días faltados como absentismo y los estipulados en el convenio como de preaviso.

Dichas comunicaciones fueron remitidas al domicilio del trabajador que constaba en la empresa que es el que el mismo reflejó en una denuncia interpuesta en la Inspección de Trabajo y no fueron entregados al indicarse al funcionario de correos que el destinatario era desconocido.

El 26 de febrero se remitió por el mismo conducto nueva comunicación con idéntico contenido al de las precedentes dirigida a otro domicilio diferente en el que tampoco se pudo efectuar la entrega por los mismos motivos en que las dos ocasiones anteriores.

Séptimo.-El 3/03/09 la empresa demandada procedió a cursar la baja del actor en la seguridad social por baja voluntaria.

Octavo.-Con fecha 27/02/09 el demandante presentó papeleta de conciliación, celebrándose el acto el día 9 de marzo, con resultado sin avenencia, formalizando su demanda el siguiente día 23.

FALLO.-Que, DESESTIMANDO la demanda de despido interpuesta por D. Eloy contra Excavadoras Huarte SL debo absolver y absuelvo a la empresa demandada de las pretensiones formalizadas en su contra, declarando la inexistencia de despido.

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por D. Eloy, no siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el pase de los mismos al Ponente para su examen y resolución.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El Juzgado de lo Social n.º Dos de la Rioja, en sentencia dictada en fecha 9 de julio de 2009 y correspondiente a los autos 193/2009, desestimó las pretensiones deducidas en materia de despido por D. Eloy frente a la empresa "Mini Excavadoras Huarte, SL", absolviendo a la parte demandada de las peticiones frente a ella planteadas.

La razón establecida por la Juzgadora de instancia para rechazar la petición inicialmente efectuada por el trabajador, se concreta en el apartado c) del fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida, lugar en donde se afirma que "ha resultado fehacientemente acreditado que el día 16 de febrero no se produjo ninguna decisión extintiva de la relación laboral que vinculaba a las partes por iniciativa del empresario...".

Según se recoge en la resolución dictada en la instancia, el 16 de febrero de 2009 -fecha en la que el actor manifestó en su demanda haber sido despedido de forma verbal-, no se produjo ningún despido, ni la empresa evidenció voluntad alguna de dar por finalizada en esa fecha la relación de trabajo que le vinculaba con el demandante. Muy por el contrario, y según consta en la sentencia, la relación laboral se mantuvo en vigor hasta el 3 de marzo de 2009, fecha en la cual la empresa procedió a dar de baja al trabajador en seguridad social debido a su dimisión evidenciada de manera clara y concluyente por su negativa a reincorporarse a su puesto de trabajo a partir del 18 de febrero pese a ser requerido para ello por el empleador en reiteradas ocasiones. Ante la falta de acreditación del despido causa de la reclamación, la demanda fue desestimada.

Pues bien, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, se alza en suplicación la representación letrada de D. Eloy planteando su recurso sobre la base de tres motivos distintos de los cuales, los dos primeros persiguen la revisión del relato fáctico de la sentencia y el tercero el examen del derecho aplicado en ella.

Segundo.-Con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, solicita la parte recurrente la revisión del hecho probado tercero de la sentencia recurrida, postulando, para el mencionado hecho, una nueva redacción cuyo tenor literal es el siguiente:

"TERCERO.-El 16 de febrero de 2006 la empresa demandada notificó al actor de forma verbal su despido, presentándole un finiquito por escrito con el que el actor no estuvo de acuerdo y se negó a recibirlo, en ese acto no estuvo presente el representante de los trabajadores sólo estaba la empresa y el actor, posteriormente entregó al representante de los trabajadores una carta, la asignada como documento 6 de la demandada que consta de cuatro folios numerados del 56 al 59, cuyo contenido se da por reproducido, por la que con efectos desde el 18 de marzo se procedía a la extinción de su contrato de trabajo por causa objetivas de índole económica, al amparo del art. 52.c ET, haciendo constar en la misma que por falta de liquidez no le podía poner a su disposición la indemnización que legalmente le correspondía por importe de 3.998,39 €, la cual se haría efectiva en la fecha de cese, así como que hasta dicha fecha disponía de una licencia de 6 horas semanales para poder buscar un nuevo empleo.

De la propia documental se desprende que la empresa no estaba en ese momento en una situación económica de pérdidas, sino que si bien en el ejercicio del 2008 dejó de obtener unos beneficios tan sustanciosos como en el 2007, no por ello la empresa esta en pérdidas y su situación económica es insostenible sino que se encuentra en una situación estable y saneada, eso según se desprende lo aportado por la propia demandada ver folios 58 y 59 en los que los resultados de la explotación son positivos en ambos años, y desde luego no se puede hacer una revisión a futuro de lo que puede suceder, y aun aceptando, a efectos meramente dialécticos y de discusión, que ese balance de explotación presentado sea real, el único que puede dar fe de los resultados sería un informe de las cuentas anuales de 2007 y 2008 expedido por el Registro Mercantil correspondiente.

También se dice en ese documento que en la plantilla ya se ha producido una reducción de la misma, pero tampoco lo justifica documentalmente, y no presento el libro de matrícula, en el que quedarían reflejados estos extremos, tal y como se solicitó por la actora. Además de que ninguno de los extremos que constan en la carta como motivo para el despido por causa objetiva se acreditan de forma fehaciente por la demandada, y el único presentado, los balances de explotación lo que hacen es confirmar la buena marcha de la empresa, que lo único que señalan es una disminución en los beneficios, no una situación de pérdida que haga necesaria una medida de tal calibre para el mantenimiento de la empresa y, que a la vista de la documentación aportada por la propia empresa es una situación saneada y con beneficios."

Como se hace constar en el propio texto del motivo, la base y fundamento de la revisión que se solicita se encuentra en el contenido del documento n.º 6 de los aportados por la empresa demandada, así como en el contenido de la prueba testifical practicada en el juicio oral en la persona del Sr. Efrain, y en la prueba de interrogatorio de parte del actor deducida igualmente en juicio.

A la vista del contenido del motivo de revisión interpuesto, resulta del todo punto necesario recordar que el proceso laboral es un procedimiento judicial de única instancia en el que la valoración de la prueba es función atribuida en exclusiva al Juez "a quo" de modo que la Suplicación se articula como un recurso de naturaleza extraordinaria que no permite al Tribunal entrar a conocer de toda la actividad probatoria desplegada en la instancia, limitando sus facultades de revisión a las pruebas documentales y periciales que puedan haberse aportado, e incluso en estos casos, de manera muy restrictiva y excepcional, en la medida en que únicamente pueda modificarse la apreciación de la prueba realizada por el Juez de lo Social cuando de forma inequívoca, indiscutible y palmaria, resulte evidente que ha incurrido en manifiesto error en la valoración de los medios de prueba.

En cualquier caso, debe necesariamente prevalecer el contenido de los hechos probados establecidos en la sentencia de instancia -versión judicial- que no puede ni tan siquiera ser sustituido por la particular valoración que el propio Tribunal pudiere hacer de esos mismos elementos de prueba, cuando el error evidente de apreciación no surge de forma clara y nítida de los documentos o pericias invocados en el proceso. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo para indicar que la valoración de la prueba es facultad privativa del órgano judicial de instancia, sin que pueda sustituirse su valoración por otra voluntaria y subjetiva confundiendo este recurso excepcional con una nueva instancia, por lo que en consecuencia, los hechos declarados probados, reflejo de dicha valoración, deben prevalecer.

La doctrina jurisprudencial elaborada en torno al motivo de revisión fáctica se puede resumir sistematizándola, por un lado, sobre las declaraciones atinentes al hecho probado objeto de revisión; y por otro, sobre las declaraciones referentes a la forma en que dicha revisión debe llevarse a cabo.

En relación con el hecho probado se exigen como requisitos: a) La concreción exacta de aquel que haya de ser objeto de revisión; b) la provisión del sentido en que ha de ser revisado, es decir, si hay que adicionar, suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia; y c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión, se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del juzgador; por una parte, porque de los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada - siempre que tenga carácter indubitado - o pública, y a la prueba pericial. Por otra, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos o se hayan aportado conforme al artículo 231 LPL.

No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión; y el error ha de evidenciarse esencialmente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente, evidencia que ha de destacarse por sí misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador «a quo». Por tanto, a través de este recurso no puede pretenderse que el Tribunal Superior entre a efectuar una nueva valoración de la globalidad y conjunto de la prueba practicada, sino que la revisión de los hechos probados debe efectuarse mediante nuevo o nuevos documentos idóneos que patenticen fehacientemente el error de hecho cometido y que por tanto no sea necesario acudir a operaciones deductivas o razonamientos lógicos para descalificar los hechos probados sentados por el juzgador. Igualmente, siempre se ha señalado que el juicio valorativo sobre la globalidad y conjunto de la prueba practicada corresponde en exclusiva al Tribunal «a quo» puesto que así le viene atribuido por Ley, por lo que también le corresponde ponderar la eventual insuficiencia de los medios de prueba practicados.

En caso de duda acerca de las conclusiones fácticas que han de extraerse en el examen y valoración de un documento, en la medida en que de su lectura puedan sacarse conclusiones contradictorias o incompatibles entre sí, debe prevalecer la conclusión fáctica sentada por el juzgador en virtud de la naturaleza excepcional del propio recurso que impide la valoración «ex novo» por el Tribunal Superior de la globalidad y conjunto de la prueba practicada.

Pues bien, en el supuesto sometido a enjuiciamiento, la revisión solicitada debe ser rechazada de plano, y ello sobre la base de las siguientes consideraciones:

1.º Porque la parte recurrente no pretende una revisión de los hechos probados, sino que lo que realmente pretende es que por parte de esta Sala se efectúe una nueva valoración de la prueba practicada en juicio, algo que como hemos expuesto tiene vedado este Tribunal.

2.º Porque la redacción propuesta para el hecho que se pretende modificar, contiene una serie de valoraciones completamente parciales y subjetivas de los documentos en los que se apoya, incluyendo valoraciones jurídicas y afirmaciones impropias del contenido de la redacción de hechos de la sentencia.

3.º Porque parte de los hechos que se pretenden introducir no se desprenden de ninguna de las pruebas practicadas en juicio. Así, la primera de las afirmaciones que contiene el texto propuesto, es decir la que expone que el 16 de febrero la empresa notificó al actor de forma verbal su despido, presentándole un finiquito por escrito con el que el actor no estuvo de acuerdo y se negó a recibirlo, no tiene base o fundamento en prueba hábil alguna susceptible de modificar la redacción de hechos contenida en la sentencia.

4.º Porque como se afirma en el propio motivo del recurso, este se basa, además de en el documento n.º 6 de los aportados por la parte demandada, en la prueba testifical y de interrogatorio de parte practicadas en juicio y estos medios de prueba no conforman un mecanismo hábil e idóneo para conseguir la modificación que se solicita. Ni la prueba de interrogatorio de parte, ni la prueba testifical, ni aquellos documentos que enmascaren la realidad de una prueba confesoria o testifical, son medios de prueba admisibles a los efectos revisorios pretendidos, sin que esta afirmación, basada en la redacción del precepto regulador del recurso, se desnaturalice por el hecho de que las confesiones o los testimonios se hagan constar en un soporte escrito como lo es el acta del juicio oral.

5.º Porque el documento n.º 6 de los aportados por la demandada, se da expresamente por reproducido en el hecho que se pretende modificar y ha sido adecuadamente valorado por la Juez de instancia, conteniéndose en el recurso meras valoraciones y razonamientos interesados que en modo alguno acreditan error alguno de la juzgadora en la función de valoración que tiene encomendada.

6.º Porque, como analizaremos en razonamientos posteriores, parte de modificación que se pretende, resulta ser del todo punto intranscendente para el fallo de la sentencia, toda vez que la petición base de la demanda planteada por el trabajador, y que configuró el objeto del proceso, no cuestionaba la situación económica de la empresa, pues la reclamación de despido tuvo como causa la alegación de un pretendido despido verbal llevado a cabo por la empresa y no la falta de concurrencia de las causas económicas afirmadas por la empresa en la carta de 16 de febrero de 2009.

Por lo expuesto, la revisión solicitada no puede ser acogida.

Tercero.-Con amparo procesal en el apartado b) del artículo 191 de la Ley Procesal Laboral, plantea la parte recurrente el segundo motivo de su recurso solicitando la revisión del hecho probado quinto de la sentencia que se trata de combatir.

El texto propuesto para el hecho mencionado es del siguiente tenor literal:

"QUINTO.-El 18 de febrero el demandante no acudió a trabajar y el representante legal de la demandada y su hermana que también presta sus servicios en la empresa le llamaron por teléfono para insistirle que debía acudir al trabajo.

El 19 de febrero el actor presentó denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y seguridad social, que hace el documento n.º 16 de la demandada, por la que manifiesta su situación de despido inmediato y por decisión unilateral de la empresa, con efecto desde el día 16 de febrero de 2009."

La modificación pretendida se basa en el documento n.º 16 de la demanda.

Como ocurriera con el motivo anterior, el que ahora se interpone está también llamado al fracaso, ya que del contenido del documento base del mismo, no se desprende el texto que se pretende introducir, ni tal documento es un documento hábil para producir el efecto revisorio pretendido.

Efectivamente el documento n.º 16 de los aportados con la demanda contiene un escrito de denuncia del demandante presentado en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella el trabajador relataba los siguientes hechos: "A razón de la empresa quererme entregar la baja en la empresa y su correspondiente finiquito, con el cual no estoy conforme. El jefe de tal empresa se negó a darme los papeles, para poder iniciar los trámites para cobrar el paro".

El documento base de la solicitud no es más que un escrito de denuncia elaborado por la propia demandante, en donde hace constar sus propias manifestaciones, siendo lo cierto que las meras alegaciones de parte no son prueba hábil para acceder a la revisión que se solicita.

Por otro lado, el hecho de que el demandante se considerara despedido en la fecha en la que presentó la denuncia, no acredita la realidad del despido, ni mucho menos, la forma en la que ese pretendido despido se produjo, o la fecha de su eficacia.

El motivo, en consecuencia no puede tener favorable acogida.

Cuarto.-El tercer motivo del recurso planteado, se articula al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral y, a través de dos apartados, la recurrente denuncia la vulneración, por la sentencia de instancia, del contenido de lo dispuesto en los artículos 53, 52.c) y 51.1 del ET.

En el primer apartado del motivo la parte que interpone el recurso afirma que la carta de despido que le fue remitida por la empresa, no cumple con los requisitos legales necesarios para producir el efecto pretendido. Se dice en el recurso, que en la carta de despido se establece como causa del mismo la existencia de causas económicas pero que sin embargo, y en el parecer de la recurrente, estas causas no se prueban. Se dice igualmente, que en la carta no se indica de forma clara y expresa los motivos por los que se despide al trabajador, y que por ello se obliga al demandante a tener que emprender una tarea de investigación e interpretación para poder tener una mínima información sobre las causas que motivan la decisión extintiva.

Pues bien, para dar una respuesta adecuada a la cuestión que ahora se plantea, deben efectuarse las siguientes consideraciones: como hemos expuesto hasta ahora, el primer motivo del recurso se centra en la afirmación de la existencia de defectos formales en la carta de cese remitida en su día por la empresa al trabajador, sin embargo, la demanda planteada por este y que dio inicio a las actuaciones, no basó la reclamación deducida ante el juzgado en los defectos de forma de la carta fechada el 16 de febrero, sino que se basó en la existencia de un despido verbal por parte del empresario (hecho segundo de la demanda), afirmándose en la reclamación inicial que el "16 de febrero de 2009, de forma verbal y por parte del representante legal de la empresa se le comunicó que estaba despedido y que no volviera al día siguiente".

La parte recurrente, no puede al amparo del planteamiento del recurso de suplicación, variar los términos de la litis, ni introducir razones o fundamentos de la reclamación distintos de las que sirvieron para fundamentar la demanda interpuesta ante el juzgado.

En ningún momento de la demanda se alega por el demandante que la empresa le remitiera una carta de extinción de la relación de trabajo basada en causas económicas y que esa carta fuera la causa del cese, no pudiendo ahora modificar los extremos del debate por él planteado.

A mayor abundamiento y como así consta en la relación de hechos probados de la sentencia, el despido del trabajador no se produjo con la entrega por parte de la empresa de la carta de fecha 16 de febrero, ya que en la mencionada carta, la empleadora cumpliendo con el plazo de preaviso legalmente contemplado, estableció que el despido no tendría eficacia hasta el 18 de marzo de 2009.

Es decir, el 16 de febrero, no se produjo despido alguno derivado de la remisión de la carta en la que constaba el cese del trabajador por causas económicas, ya que la fecha de efectos del despido se situó en el 18 de marzo. Si el despido no se produjo con la remisión de la carta de fecha 16 de febrero y si el contenido de la mencionada carta no fue contemplada por el demandante en su demanda como causa del cese, difícilmente pueden considerarse los defectos formales en los que la misiva pudo incurrir, a efectos de invalidar una decisión de cese que no se produjo en esa fecha.

Se afirmó por el demandante en su escrito de demanda que había sido objeto de un despido verbal y a tal efecto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada la que establece que en los juicios de despido corresponde al trabajador la prueba de aquella decisión empresarial consistente en cesarle en su puesto de trabajo, por ser el hecho constitutivo de su pretensión, debiendo distinguirse entre la existencia del despido mismo y la causa que lo origina, pues si bien la carga de probar esta última circunstancia recae sobre el empresario, la de acreditar la existencia de un acto empresarial que expresa voluntad de poner fin a la relación laboral es exigible al trabajador demandante como una mera aplicación del principio recogido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Efectivamente el precepto mencionado establece que cuando al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.

Este mismo precepto establece en su párrafo segundo que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que originariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.

En el ámbito del proceso laboral en materia de despido, la concreción de las normas establecidas en la Ley Procesal Común, se efectúa a través del contenido del artículo 105.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, precepto en donde se establece la carga de la empresa demandada de probar la veracidad de los hechos imputados al trabajador en la carta de despido como justificativos del mismo.

Sobre la base de lo hasta ahora expuesto debe afirmarse, que es carga del trabajador demandante acreditar cumplidamente los hechos en los que basa su pretensión, hechos que en relación a la acción en materia de despido se reducen a probar cumplidamente la existencia de la relación de trabajo, la efectiva y real prestación de servicios, y la existencia de una decisión empresarial constitutiva de despido.

Puede afirmarse por lo tanto, que en el ejercicio de la acción por despido se integran dos objetos esenciales, la existencia de una relación laboral, con sus elementos integradores, antigüedad, categoría y salario y el hecho del despido.

Respecto a la primera no suscita duda alguna su carga sobre el trabajador, aunque el modo de llevarla a cabo no requiera una actividad positiva para todos sus elementos. Así, respecto a la categoría y el salario una vez acreditada la actividad que desempeña, la asignación de categoría y salario pueden venir determinados por una norma de obligado conocimiento a cargo del Tribunal, en otro caso, sin duda, incumbe al trabajador, así como la fecha de inicio de la prestación de servicios.

Respecto a la finalización de la relación laboral, existe un hecho positivo, el del último día en que los servicios se llevaron a cabo, que desde luego incumbe al trabajador si pretende demandar por despido.

Pues bien, en el caso debatido, y como así establece la juez de instancia en el fundamento de derecho cuarto de su resolución "En el supuesto enjuiciado, ha resultado fehacientemente acreditado que el día 16 de febrero no se produjo ninguna decisión extintiva de la relación laboral que vinculaba a las partes por iniciativa del empresario, sino que, el mismo se limitó a entregar al trabajador, respetando el plazo de preaviso legalmente establecido, la comunicación escrita de su despido objetivo por causas económicas, que surtiría efectos el día 19 de marzo".

La única decisión extintiva, fue la adoptada por la empresa el 3 de marzo de 2009, fecha en la cual la empleadora decidió dar de baja en la empresa al trabajador dada su inasistencia al trabajo desde el 18 de febrero. Como se desprende del inalterado relato de hechos probados, a partir de la fecha mencionada, el demandante no acudió a trabajar pese a que la empresa de forma verbal y por escrito le requirió para que acudiese a trabajar, lo que demuestra, no sólo la falta de voluntad empresarial de dar por extinguida la relación de trabajo, sino también la voluntad del trabajador de dimitir de su puesto de trabajo.

En definitiva, la carta de fecha 16 de febrero de 2009, no produjo despido alguno, ni su contenido fue la razón del verdadero cese del trabajador, y por ello, sus posibles defectos formales no pueden invalidar un despido determinado por circunstancias ajenas a las contenidas en la carta.

Quinto.-El segundo apartado del tercer motivo del recurso denuncia la infracción del artículo 52.c, en relación con el artículo 51.1 del ET.

Para la recurrente, no concurren las causas económicas alegadas en la carta de fecha 16 de febrero de 2009. Pues bien, conforme a lo que hemos establecido en el razonamiento anterior, no puede sino rechazarse de plano el motivo planteado, ya que el cese del trabajador en la empresa, no se produjo por las causas económicas afirmadas por la empresa en la carta de 16 de febrero, sino por la dimisión por incomparecencia al trabajo del propio demandante, que determinó su baja en seguridad social el 3 de marzo de 2009.

El actor no fue despedido por causas económicas, causas que por otro lado, nunca fueron combatidas por el actor hasta el planteamiento del recurso de suplicación.

En definitiva, no se aprecia ninguna de las infracciones alegadas en el recurso y por ello, este debe ser rechazado, confirmándose la sentencia dictada en la instancia en su totalidad, y ello sin expresa condena en costas.

Vistos los artículo citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS EL RECURSO DE SUPLICACIÓN interpuesto por la representación letrada de DON Eloy contra la Sentencia n.º 335/09 del Juzgado de lo Social número Dos de La Rioja, de fecha 9 de julio de 2009, dictada en autos n.º 193/09 promovidos por la parte recurrente frente a la empresa "MINIESCAVADORAS HUARTE, SL", en reclamación por DESPIDO, y CONFIRMAMOS DICHA SENTENCIA, sin expresa condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, debiendo anunciarlo ante esta Sala en el plazo de DIEZ DIAS mediante escrito que deberá llevar firma de Letrado y en la forma señalada en los artículos 215 y siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Laboral. Si el recurrente es empresario que no goce del beneficio de justicia gratuita y no se ha hecho la consignación oportuna en el Juzgado de lo Social, deberá ésta consignarse en la cuenta que esta Sala tiene abierta con el n.º 2268-0000-66-0299-09 del BANESTO, Código de entidad 0030 y Código de oficina 8029 pudiendo sustituirse la misma por aval bancario, y el depósito para recurrir de 300,51 euros deberá hacerse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Expídanse testimonios de esta resolución para unir al Rollo correspondiente y autos de procedencia, incorporándose su original al correspondiente libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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