Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 25 de enero de 2010


 RESUMEN:

Prejubilación. Ayudas. Empresas de la Industria de la minería del carbón. Topes máximos y mínimos.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil diez.

Vistos los autos pendientes ante la Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Sra. Fra González, en la representación que ostenta de D. Carlos Jesús, contra sentencia de 6 de mayo de 2009 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla y León, Valladolid, por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO contra la sentencia de 30 de diciembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de los de Ponferrada en autos seguidos por D. Carlos Jesús, contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA ENTIDAD DE PAGO DE PRESTACIONES DE PREJUBILADOS DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, ENTIDAD GESTORA MINERA, S.L. y la empresa Minera UMINSA, sobre derechos y cantidad.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Ramon Martinez Garrido,


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 30 de diciembre de 2.008, el Juzgado de lo Social núm. 2 de Ponferrada, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por D. Carlos Jesús, contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA ENTIDAD DE PAGO DE PRESTACIONES DE PREJUBILADOS DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, ENTIDAD GESTORA MINERA, S.L. y la empresa Minera UMINSA.- DECLARO: Que el actor Don Carlos Jesús, tiene derecho a una cantidad bruta garantizada mensual de 1.451,75€.- Y CONDENO: Al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras) a estar y pasar por ésta resolución y a que reconozca que la suma bruta garantizada mensual asciende a 1.451'75 euros y a que abone al actor, la diferencia entre lo que se le ha venido abonando 880'84 € y lo que se le debería y se debe en lo sucesivo abonar, 1.451'75 €con las revalorizaciones correspondientes, por los meses transcurridos desde el 31-18-2006 hasta la fecha en que acceda a la jubilación. Debiendo todas las entidades demandadas estar y pasar por ésta declaración".

Segundo.-En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: "PRIMERO.- Don Carlos Jesús, ha venido prestando servicios por cuenta de la empresa UMINSA, desde el 10-07-2000, con la categoría profesional de Ayudante Minero.- SEGUNDO.- En el marco de Expediente de Regulación de Empleo, acogido a lo previsto en el Real Decreto 808/06 de 30 de junio y acuerdos sindicales que dan origen al mismo, extingue su contrato con la citada empresa.- En fecha, 31-08-2006 causa baja definitiva en la empresa, acogiéndose al sistema de prejubilaciones.- TERCERO.- En fecha 30-04-07, en virtud de Ejecución de Resolución del Presidente del instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras, se le reconoce una cantidad bruta garantizada de 880'84 £ mensuales para el año 2006, de acuerdo con los procedimientos de calculo previstos en el art. 9 del Real Decreto 808/06 de 30 de junio.- CUARTO.- Contra dicha resolución, presenta reclamación previa, por no estar conforme, con la cantidad bruta garantizada, al entender que la prestación garantizada bruta establecida en el RD 808/06 de 30 de junio y en los propios acuerdos, no puede exceder en ningún caso del importe de la base máxima de cotización por contingencia de accidente de trabajo, ni ser inferior al 80 % de las bases normalizadas correspondientes a las categorías en las que hubiera cotizado el trabajador en el periodo de los 6 últimos meses a la fecha de extinción".

Tercero.-La citada sentencia fue recurrida en suplicación por MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, dictándose por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, sentencia con fecha 6 de mayo de 2009, en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. Dos de Ponferrada de fecha treinta de diciembre de 2008, (Autos n.º 327/2008), dictada a virtud de demanda promovida por Don Carlos Jesús contra mencionado Ministerio recurrente, la ENTIDAD GESTORA MINERA, S.L., UNIÓN MINERA DEL NORTE, S.A. (UMINSA) y la Entidad PAGO DE PRESTACIONES DE PREJUBILADOS UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS; sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD; y, con revocación de dicha Sentencia, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la parte actora, absolviendo a las demandadas de las pretensiones contra ellas deducidas".

Cuarto.-Por la representación procesal de D. Carlos Jesús, se preparó recurso de casación para unificación de doctrina. En su formalización se invocó como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social de Castilla y León, Valladolid, de fecha 14 de mayo de 2008.

Quinto.-Por providencia de fecha 17 de septiembre de 2009 se procedió a admitir a trámite el citado recurso y, tras ser impugnado el recurso por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que presentó informe en el sentido de considerarlo improcedente, e instruido el Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 19 de enero de 2010, en el que tuvo lugar.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-1. La sentencia recurrida de la Sala de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León de 6 de mayo de 2009, revocó la de instancia que había estimado la demanda, absolviendo a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra. Según el relato de hechos probados, transcrito literalmente en los antecedentes de esta sentencia, el demandante había prestado servicios como Ayudante Minero, hasta el cese habiéndose acogido al sistema de prejubilaciones, figurando como beneficiario de una ayuda por prejubilación concedida a la empresa Unión Minera del Norte, S.A.. Le fue reconocida una cantidad bruta garantizada de 880,84 euros, cantidad calculada de acuerdo con los procedimientos previstos en el art. 9 del RD 808/2006 de 30 de junio regulador del régimen de ayudas mediante prejubilaciones. Pretende el demandante en los presentes autos que se le reconozca como salario bruto garantizado en 2006, el 80% de la media de las bases normalizadas de cotización correspondientes a la categoría en que el trabajador cotizó los seis últimos meses anteriores a la extinción de su contrato.

2. La sentencia ahora recurrida en casación unificadora revocando la sentencia de instancia que había estimado la demanda, interpreta el art. 9 del Real Decreto 808/2006 afirmando que, si bien en su apartado cuarto consta de dos párrafos aparentemente contradictorios, "no existe contradicción entre los dos párrafos porque el primero no establece la cuantía concreta de la cantidad bruta garantizada sino solamente los topes máximo y mínimo de la misma, y el párrafo segundo complementa el anterior al decir que Zno obstanteZ la cantidad bruta garantizada según el procedimiento establecido en el párrafo anterior Zen todo casoZ no podrá desviarse en más o menos de un 8% del 80% del salario medio de los doce meses anteriores lo que significa que si la cantidad bruta garantizada en función de las bases máxima y normalizada conforme al primer párrafo excediera más del 8% del 80% del salario medio percibido por el trabajador habría de reducirse hasta dicha cuantía y si por el contrario fuera inferior habría de incrementarse", concluyendo que "lo dicho no significa variar de contenido el párrafo primero sino completarlo en el sentido de que no obstante lo que resulte del calculo conforme al párrafo primero "en todo caso" la cantidad no podrá exceder del 8% del 80% del salario medio, de modo que, de exceder la resultante de aplicar el mandato del párrafo primero del 8% del 80% del salario medio percibido por el trabajador habría de reducirse hasta dicha cuantía y si, por el contrario, fuera inferior, habría de incrementares.

3.- La sentencia invocada como de contraste por el beneficiario ahora recurrente en casación unificadora (STSJ/Castilla y León, sede de Valladolid, de fecha 14-mayo-2008 -rollo 259/2008), interpreta, en esencia, que los topes máximo y mínimo del segundo párrafo del art. 9.4.º del Real Decreto 808/2006 serán siempre los primeros topes aplicables para fijar la "cantidad bruta garantizada" por referirse a los salarios reales y que, por su parte, los topes máximo y mínimo del primer párrafo del referido art. 9.4.º, por referirse a las bases de cotización, siempre se aplicarán con posterioridad. Se argumenta, en síntesis, que "la operación consistirá en fijar primero el salario promedio de los seis últimos meses y después en comprobar si dicho salario se desvía del promedio de los doce últimos meses en mas de un 8% aplicando el tope correspondiente si así fuese" y que "a continuación habrán de aplicarse los topes máximo y mínimo de cotización de cotización sobre la cantidad resultante, de manera que no puede excederse la base máxima de cotización por accidentes de trabajo ni puede bajarse respecto del 80 % de la base normalizada de cotización promedio"; concluyendo que "ello quiere decir que existen dos topes concurrentes, tanto por arriba como por abajo" y que "en todo caso habrá de aplicarse el mayor de los dos topes inferiores y el menor de los dos inferiores, que es la única forma lógica de coordinar la aplicación simultánea de ambos".

4.- Concurre el presupuesto procesal de contradicción exigido en el art. 217 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) para viabilizar el recurso de casación unificadora, pues ante hechos sustancialmente idénticos y no cuestionándose en ninguna de las referidas resoluciones discrepancia alguna sobre la cuantía del salario percibido ni respecto de las bases normalizadas de cotización en los periodos computables, la interpretación jurídica que de los mismos se efectúa en las sentencias objeto de comparación es divergente con las derivadas consecuencias en la decisión final.

Debe la Sala pronunciarse sobre la doctrina unificada.

Segundo.-Denuncia el recurrente la infracción del art. 9.4 del RD 808/2006, de 30 de junio, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales mediante prejubilaciones, destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de racionalización y reestructuración de las empresas mineras del carbón.

El precepto cuya infracción se denuncia, en la parte que afecta al presente litigio, es del tenor literal siguiente:

"A efectos del pago de las ayudas por costes laborales por prejubilaciones, el Instituto asumirá las obligaciones indemnizatorias de las empresas como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo, con arreglo a los siguientes criterios de cuantificación:

1.º Serán objeto de ayuda por costes laborales las indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores que extingan su contrato de trabajo como consecuencia de un plan de reestructuración y racionalización de las empresas y reúnan los requisitos para su incorporación al plan de prejubilación, hasta alcanzar los sesenta y cinco años de edad equivalente (edad de acceso a la jubilación ordinaria).

2.º Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del 80 por 100 de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias. A estos efectos, se considerarán como efectivamente trabajados los meses en los que se haya trabajado, al menos diecinueve días, incluidas las vacaciones disfrutadas y los permisos retribuidos...

3.º Al importe de la cantidad bruta garantizada, se le incrementará, en concepto de compensación por la renuncia al vale del carbón, la cantidad de 216,36 €, en cómputo anual.

4.º La cantidad bruta garantizada, excluido el importe correspondiente al vale del carbón, no podrá exceder, en ningún caso, el importe de la base máxima de cotización por contingencia por accidentes de trabajo del Régimen General de la Seguridad Social vigente en la fecha en la que se extinga la relación laboral, ni ser inferior al 80 por 100 de la media de las bases normalizadas correspondientes a las categorías en las que hubiera cotizado el trabajador en el período de los seis últimos meses anteriores a la fecha de extinción.

No obstante, la cantidad bruta garantizada, calculada conforme al procedimiento previsto en el presente artículo, no podrá desviarse, en ningún caso, al alza o a la baja, en más de un 8 por 100 del 80 por 100 del salario medio de los doce meses anteriores al período sobre el que se realiza la valoración. A estos efectos, se computarán los meses con quince o más días trabajados, incluidas vacaciones disfrutadas y los permisos retribuidos ".

Tercero.-Esta Sala ha unificado ya su doctrina en las sentencias de fechas 21 de septiembre y 5 de octubre de 2.009. Dictadas en los recursos 64/2009 y 4035 de 2008, en la segunda de las cuales declarábamos que,

1.-"La calidad normativa del cuestionado art. 9 del Real Decreto 808/2006 de 30-junio es deficiente al contener una primera regla de fijación de la "cantidad bruta garantizada" de las ayudas en su n.º 2 para luego, en su complejo n.º 4 y en párrafos distintos, fijar una serie de topes máximos y mínimos relativos unos a bases de cotización y otros a promedios salariales que incluso establece una determinación temporal distinta de la tenida en cuenta para la fijación de la inicial "cantidad bruta garantizada", lo que puede justificar distintas tesis interpretativas, como las formuladas en las sentencias que han sido objeto de comparación, ambas de la misma Sala de lo Social; si bien posteriormente, con una loable finalidad unificadora la propia Sala del Tribunal Superior de Justicia, constituida en Sala General, resolvió en posteriores sentencias seguir el criterio mantenido en la resolución ahora recurrida en casación unificadora.

2.- Entendemos que el criterio correcto es el contenido en la sentencia recurrida, partiendo: a) por una parte, de la previsible finalidad normativa derivada de los topes salariales establecidos en el párrafo segundo del citado art. 9.4.ªtendente a evitar que se produzcan posibles incrementos excesivos en las retribuciones de los últimos seis meses, -- que es el periodo temporal tenido en cuenta en el art. 9.2.º para fijar la inicial "cantidad bruta garantizada" ("Estas ayudas garantizarán el reconocimiento del 80 por 100 de la media mensual de la retribución salarial ordinaria bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias...") --, con respecto a las retribuciones de los doce últimos meses, que es tope ex párrafo segundo del art. 9.4.º ("... no podrá desviarse, en ningún caso, al alza o a la baja, en más de un 8 por 100 del 80 por 100 del salario medio de los doce meses anteriores al período sobre el que se realiza la valoración"), por lo que en tales supuestos de incremento salarial comparativo en ambos períodos, como resulta en el caso ahora enjuiciado, es de aplicación el tope del 8% sobre los doce meses; y b) por otra parte, del expreso y terminante tenor literal de la primera frase del citado párrafo segundo del art. 9.4.º, al disponer, cerrando la normativa relativa a los diversos tipos de tope que establece, que "No obstante, la cantidad bruta garantizada, calculada conforme al procedimiento previsto en el presente artículo...", lo que no deja margen suficiente para llegar a entender, como efectúa la sentencia de contraste, que los topes del segundo párrafo del art. 9.4.º deban ser siempre los primeros topes aplicables por referirse a los salarios reales y que los topes del primer párrafo del referido art. 9.4.º, por referirse a las bases de cotización, siempre se aplicarán con posterioridad, sino que, como informa el Ministerio Fiscal, el orden de aplicación de los topes es el resultante del propio art. 9.4.º, primero los del párrafo primero del art. 9.4.ºy una vez establecida la cuantía conforme a ellos, se debe aplicar, en su caso, el límite que aparece en el segundo párrafo, al decir "no obstante", y esa cantidad así calculada "no podrá desviarse en ningún caso" de la banda que al alza o a la baja con un margen de desviación del 8 % del 80 % del salario medio.

3.- Lo que, en definitiva, comporta que lo que si la cantidad bruta garantizada en función de las bases máxima ("no podrá exceder, en ningún caso, el importe de la base máxima de cotización por contingencia por accidentes de trabajo del RGSS vigente en la fecha en la que se extinga la relación laboral") y/o de la media de las bases normalizadas ("ni ser inferior al 80 por 100 de la media de las bases normalizadas correspondientes a las categorías en las que hubiera cotizado el trabajador en el período de los seis últimos meses anteriores a la fecha de extinción"), conforme al primer párrafo del citado art. 9.4.º, resultara que así calculada ("No obstante, la cantidad bruta garantizada, calculada conforme al procedimiento previsto en el presente artículo, no podrá desviarse...") excediera en más o fuera inferior en menos del 8% del 80% del salario medio percibido por el trabajador (", no podrá desviarse, en ningún caso, al alza o a la baja, en más de un 8 por 100 del 80 por 100 del salario medio de los doce meses anteriores al período sobre el que se realiza la valoración"), entran en juego los topes del párrafo segundo del art. 9.4.ºy debería reducirse hasta dicha cuantía y si por el contrario fuera inferior debería incrementarse".

Cuarto.-Siendo la doctrina transcrita la ajustada a la recta interpretación de la norma ha de ser aplicada en el caso presente, lo que implica, de conformidad con el preceptivo informe del Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Letrada Sra. Fra González, en la representación que ostenta de D. Carlos Jesús, contra sentencia de 6 de mayo de 2009 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Castilla y León, Valladolid, por la que se resuelve el recurso de suplicación interpuesto por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO contra la sentencia de 30 de diciembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de los de Ponferrada en autos seguidos por D. Carlos Jesús, contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, LA ENTIDAD DE PAGO DE PRESTACIONES DE PREJUBILADOS DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, ENTIDAD GESTORA MINERA, S.L. y la empresa Minera UMINSA, sobre derechos y cantidad.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de procedencia,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Ramon Martinez Garrido hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación