Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 4) de 31 de octubre de 1996


 RESUMEN:

Invalidez. No hay incongruencia si se reconoce un grado de invalidez inferior al postulado en la demanda en tanto no esté expresamente excluido del "petitum" de ésta. No parece correcto, en cambio, el reconocimiento de ese grado inferior si el interesado no formuló manifestación ni petición alguna en tal sentido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El actor, que trabajaba para la empresa Instalaciones Gamar, S.C., sufrió un accidente de trabajo el 18 de marzo de 1993 que le ocasionó lesiones en el ojo derecho. La citada empresa tenía concertado la cobertura de los riesgos profesionales con la Mutua Mupag Previsión.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró al actor afecto de lesiones residuales no invalidantes, indemnizables por baremo, derivadas del referido accidente.

No conforme el actor con tal resolución, presentó reclamación previa instando que se le declarase aquejado de incapacidad permanente total, reclamación que fue rechazada por resolución de 22 de abril de 1994. El día 27 inmediato siguiente, dicho trabajador formuló la demanda origen de las presentes actuaciones, en cuyo suplico tan sólo se solicita que se le declare en situación de incapacidad permanente total causada por el mencionado accidente, con las consecuencias legales derivadas de tal declaración. En el acto de juicio, concretó el suplico "en el sentido de solicitar invalidez parcial para su profesión habitual interesando la cantidad de 3.292.560 pesetas".

El Juzgado de lo Social número Tres de Zaragoza dictó sentencia el 14 de septiembre de 1994, desestimando las pretensiones de la demanda. Esta sentencia rechaza, en primer lugar, las alegaciones de los demandados de que, al instar el demandante en el acto de juicio de declaración de incapacidad permanente parcial cuando en la demanda sólo pidió la invalidez total, se modificó, sustancialmente el "petitum de tal demanda y se les causaba indefensión, rechazo basado en que "la prestación pedida, la de invalidez permanente parcial, se apoya o funda en los mismos presupuestos fácticos que se invocaron en la demanda"; por ello esta sentencia resuelve sobre el fondo, pero estima que las secuelas y padecimientos del actor no son constitutivos, ni siquiera, de la incapacidad parcial solicitada en el acto de juicio; y por ello desestima la demanda.

Contra esta sentencia interpuso recurso de suplicación el demandante. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 29 de noviembre de 1995, apreció "de oficio el defecto procesal de incongruencia", y dejó imprejuzgada la cuestión de fondo.

Segundo.-Contra esta sentencia de la Sala de lo Social de Aragón se interpuso el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se analiza. La sentencia que en él se alega (la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el 22 de diciembre de 1993), entra, sin duda, en contradicción con aquélla, pues en ella se examina un supuesto que guarda sustancial igualdad con el discutido en estos autos, en el que también, en el acto de juicio, el trabajador modificó su petición de invalidez permanente, instando que se le reconociese un grado inferior al que había solicitado en su demanda y en la reclamación previa; y mientras la sentencia aquí impugnada estima que en tal clase de situaciones no es posible pronunciarse sobre las pretensiones que constituyen el fondo del asunto, dado lo que prescribe el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Laboral; en cambio la citada sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla considera que este precepto no impide, en absoluto, entrar a resolver el fondo del asunto en tales casos, pues no son variaciones sustanciales "aquéllas que, manteniendo la realidad objetiva, concretada en este caso en la patología que sufre el operario, se refieren exclusivamente a la valoración de sus efectos invalidantes", y por ello entiende que fue correcta la decisión de la resolución de instancia que otorgó al demandante el grado de invalidez inferior que pidió en el acto de juicio.

Se cumple, por consiguiente el requisito de recurribilidad que exige el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.-El problema sobre el que se centra el presente recurso ha sido examinado y resuelto por las sentencias de esta Sala de 24 de marzo de 1995 y 14 de junio de 1996, dictadas ambas en recursos de casación para la unificación de doctrina.

Esta sentencia de 24 de marzo de 1995, que se acaba de citar, resolvió un caso que presenta una clara analogía con el de autos, y en ella se llega a la conclusión de que, "si bien la jurisprudencia se ha mostrado oscilante en orden a la cuestión sometida a enjuiciamiento, sin embargo y como así lo pone de relieve el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, últimamente se ha venido decantando por la tesis" de que es totalmente acertada y conforme a derecho la sentencia que concede al demandante un grado de incapacidad permanente inferior al que había solicitado en la demanda. Entre los distintos razonamientos que en apoyo de esta solución y con cita de la sentencia de la misma Sala de 10 de diciembre de 1990, maneja la que estamos comentando, cabe destacar los siguientes: "Realmente, no ya sólo la aplicación del principio aludido de que "quien pide lo más pide lo menos", principio, éste, que, ciertamente, en algún caso, pudiera no cohonestarse, exactamente, con los intereses de la parte postulante de la invalidez permanente, sino, también, la propia naturaleza revisoria de un acto administrativo que entraña todo juicio relativo a invalidez permanente permite admitir, sin quebrantamiento procesal apreciable, que el reconocimiento de un grado de invalidez permanente inferior al postulado en la demanda rectora de autos, en tanto no esté, expresamente, excluido del petitum de la demanda no debe dar lugar al denunciado vicio de incongruencia procesal".

Añadiendo además la citada resolución de 14 de junio de 1996: "Es cierto que esta sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1995 centró su discurso en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la congruencia que ha de cumplir toda sentencia con las peticiones de la demanda, y que en cambio en la recurrida se trata del artículo 72.1 de la Ley de Procedimiento Laboral; pero no cabe duda que, si se entiende que en toda demanda en que se pide el reconocimiento de un determinado grado de invalidez permanente, tal petición implica la de todos los grados inferiores al solicitado, a no ser que se excluyan expresamente, lo que determina que no pueda apreciarse incongruencia ni vulneración del artículo 359 citado cuando la sentencia reconoce tan sólo un grado inferior, necesariamente se ha de seguir igual criterio en lo que respecta a las peticiones de la reclamación previa y su relación con las planteadas en el pleito, es decir con respecto al mandato que se recoge en el artículo 72 de la Ley Procesal Laboral, habida cuenta que ambas situaciones responden a iguales líneas de pensamiento y se basan en razones equivalentes".

Es claro, por consiguiente, que procede aplicar también en este proceso la solución adoptada en estas dos sentencias.

Si bien, es conveniente hacer las siguientes precisiones: a) Los criterios expuestos tienen plena efectividad en los casos en que en el proceso conste, en algún momento y de forma indubitada, la voluntad del trabajador de que le sea reconocido el grado de incapacidad inferior al que él pidió en la demanda y en la reclamación previa, pero no parece correcto, en cambio, el reconocimiento de ese grado inferior si el interesado no formuló manifestación ni petición alguna en tal sentido; b) asimismo, debe aclararse que en esta clase de supuestos lo normal es que no se cause indefensión alguna a la entidad responsable del pago de la prestación, toda vez que, como precisa con acierto la sentencia de contraste alegada, la solicitud de reconocimiento de un grado inferior de invalidez se basa en los mismos presupuestos de hecho que la petición del grado más elevado, con lo que la realidad objetiva sobre la que versa la controversia se mantiene inalterada, refiriéndose la modificación únicamente a la valoración de los efectos invalidantes.

Cuarto.-Es claro, por consiguiente, que la sentencia recurrida ha aplicado indebidamente el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Laboral, y quebrantado la unidad en la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia; por ello, dado lo que establece el artículo 226 de la citada Ley Procesal y de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, se ha de casar y anular dicha sentencia. Y, teniendo en cuenta que la citada Sala de procedencia dejó imprejuzgadas las cuestiones que se suscitan en el recurso de suplicación, entre las que se cuentan cuatro motivos en los que se insta la revisión de los hechos probados, procede devolver las actuaciones a dicha Sala a fin de que la misma, con entera libertad de criterio, dicte nueva sentencia en la que se dé solución a los problemas que se plantean y respuesta a las alegaciones que se esgrimen en dicho recurso de suplicación.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación