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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.S. (Sala 4) de 16 de diciembre de 1996


 RESUMEN:

Recurso de Suplicación. Presentacion de escrito ante el Juzgado de Guardia. Ratificación tardía ante el Juzgado de Ejecuciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero._Habida cuenta del detallado relato contenido en los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, la cuestión esencial que ahora se suscita, como también se suscitó en la sentencia impugnada, es la de si cabe entender que el escrito de interposición del recurso de reposición contra el auto resolutorio del incidente de tercería, que debe entenderse preceptivo para poder formular la posterior suplicación (artículo 188.2 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990), fue efectivamente presentado dentro de plazo, como alega la entidad recurrente, o por el contrario, como se indica en el auto impugnado, fue presentado fuera de plazo, partiendo del dato de que aquél fue notificado a la tercerista el día 18 de abril de 1994, y que si bien el 21 de abril siguiente se presentó ante el Juzgado de guardia el citado escrito de interposición del recurso de reposición, dicho escrito no fue ratificado ni presentado ante el Juzgado de Ejecuciones hasta el día 25 de abril de 1994.

El Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona, por auto de 8 de abril de 1994 estableció, como anteriormente se ha apuntado, que al no cumplirse la formalidad de la necesaria comparecencia ante el Juzgado de lo Social en el siguiente día hábil (artículo 45.1 y 44 de la Ley de Procedimiento Laboral) el recurso no se interpuso dentro de plazo quedando desestimado.

Una vez recurrido dicho Auto en suplicación, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia que ahora se impugna, de 3 de noviembre de 1995 desestimó el recurso confirmando el Auto impugnado.

Segundo._La entidad recurrente alega en su recurso que la sentencia impugnada quebranta la unidad de doctrina que debe existir en esta importante materia, aportando como sentencia a contrastar con la recurrida la dictada también por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de febrero de 1995.

Ninguna duda existe, al comparar la resolución recurrida con la de contraste, respecto al cumplimiento de las identidades a que se refiere el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral. En ambas resoluciones se trata de un mismo asunto ejercitándose las mismas pretensiones con relación a la interpretación que haya de darse al artículo 45.1 citado de la Ley de Procedimiento Laboral, variando tan sólo la solución aceptada por cada una de las resoluciones comparadas.

Tercero._Debe, por consiguiente, examinarse si se han producido en la sentencia recurrida las infracciones denunciadas en el recurso, cuales son, la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución y del artículo 7.º y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como la interpretación errónea del artículo 45.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y de la doctrina del Tribunal Constitucional que lo interpreta.

La solución que ha de darse a la cuestión debatida no es otra que la contenida en la sentencia recurrida, la cual cuidadosamente explica el cambio de criterio realizado por la propia Sala de suplicación después de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 1995. Esta sentencia rechaza la inconstitucionalidad del artículo 45 mencionado y afirma que "la consecuencia que los órganos judiciales han deducido, la ineficacia de la presentación de documentos de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Laboral, no puede ser calificada de arbitraria o infundada, sino que enlaza con la naturaleza imperativa, de orden público, de las reglas procesales, y también con el carácter excepcional, en favor del justificable, con que opera el artícuo 45 de la Ley de Procedimiento Laboral, que lejos de ser una medida restrictiva del derecho del justiciable al acceso a la jurisdicción, constituye una excepción flexibilizadora de la norma general sobre el lugar de presentación documentos", y que "si el requisito es constitucionalmente legítimo según se ha afirmado, lo serán también las consecuncias que legalmente se deriven de su incumplimiento. Como ya se ha dicho, la exigencia de la comunicación no es una carga excesiva y permite fórmulas muy flexibles para su realización, pero la simplicidad de la obligación que impone la norma legal no puede servir para justificar su inobservancia, ni entender como desproporcionada una consecuencia que sólo resulta de la negligencia de la parte".

Como bien se indica en la resolución recurrida, se discute el cumplimiento, imputable exclusivamente a la tercerista recurrente, de la exigencia contenida en el propio precepto y advertida en la diligencia de presentación efectuada por el Juzgado de Guardia, de que debía "dejar constancia de ello en el Juzgado o Sala de lo Social al día siguiente hábil por el medio de comunicación más rápido", carga procesal que no cumplió hasta el tercer día hábil a contar desde el día de la presentación del escrito de interposición del recurso de reposición ante el Juzgado de Guardia.

En consecuencia, ajustándose a la sentencia recurrida a la doctrina anteriormente expuesta, procede la desestimación del recurso; debiendo imponerse las costas a la recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir, por aplicación de lo que disponen los artículos 233 y 226 de la Ley de Procedimiento Laboral.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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