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Sentencia T.S.J. País Vasco de 31 de enero de 2005


 RESUMEN:

Despido. Prescripción de la falta. La conducta sancionada (indebida utilización de crédito horario sindical) no es compleja ni es constitutiva de un supuesto de ocultación. Sentencia. Nulidad. Indefensión. Hechos probados. No se estima.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"Primero. El actor D. Adolfo ha venido prestando servicios para la entidad demandada desde el 2 de febrero de 1987, siendo su categoría profesional la de oficial 3.ª y su salario bruto mensual, incluida parte proporcional de pagas extraordinarias, de 1.580,29 euros. Es miembro del Comité de Empresa de la entidad demandada, por el Sindicato ELA.

Segundo. Previa iniciación en fecha 3 de mayo de expediente contradictorio, en fecha 7 de mayo de 2004 ha recibido el actor notificación escrita por la que se comunica su despido disciplinario, con efectos del día 9 de mayo de 2004, por trasgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, por utilización indebida de horas sindicales los días 30 de enero y 9 de marzo se 2004. Dicha carta, que obra unida a autos, se da aquí enteramente por reproducida.

Tercero. Resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Artes Gráficas e Industrias Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales de Guipúzcoa (BOG de 27 de junio de 2001).

Cuarto. El Comité de Empresa de la entidad demandada está formado por los siguientes miembros, D. Donato (ELA), D. Adolfo (ELA), D. José Pablo (ELA) y D. Lorenzo (independiente).

Quinto. En fecha 20 de abril es despedido D. Donato, en virtud de despido disciplinario por haber incurrido en faltas muy graves continuadas de la buena fe contractual y abuso de confianza, por utilización indebida de las horas sindicales. Impugnada judicialmente su procedencia, se señaló juicio para el pasado 24 de junio, autos despido 386/04, del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de esta ciudad.

Sexto. D. José Pablo fue sancionado en fecha 19 de noviembre de 2003 con suspensión de empleo y sueldo de 30 días de duración, por falta muy grave, por trasgresión de la buena fe y abuso de confianza. Dicha sanción, de la que conoció el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de esta ciudad, autos 973/03, fue revocada por Sentencia de fecha 15 de abril de 2004, en cuyo fundamento de derecho tercero se recoge, 'lo que, sin embargo, se constata es que en el seno de la empresa y entre su dirección y los trabajadores representados por el comité de empresa, entre los que se encuentra el actor, y el señor Donato, no existe el clima de confianza mutua y lealtad que sería deseable y que explica la confusión generada, que no se ha probado fuese buscada de antemano, pero que concluye con que la empresa acuse un engaño que sólo subjetivamente se puede dar por probado, y que quizás un error de interpretación de la norma del convenio en otras circunstancias no debería haber llevado a la situación creada y a la sanción. Sin pasar por alto que la conducta del actor, no parece haber ayudado a la empresa a salir del error (...).'

Séptimo. La empresa demandada, a finales del mes de enero de 2004, encarga a un detective privado la realización de un informe sobre la actividad del actor los días que disfruta de las horas sindicales. El día 9 de marzo de 2004, durante el cual el actor hizo uso del crédito horario, lo hizo de forma adecuada, realizando labores de contenido sindical y representativo.

Octavo. En fecha que no consta, se formalizó por el Sindicato ELA demanda de conflicto colectivo, por modificación sustancial de condiciones de trabajo, estimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de los de esta ciudad, de fecha 16 de marzo de 2004, declarando injustificada la modificación, que versaba sobre una modificación horaria implantada desde el 7 de enero de 2004.

Noveno. El legal representante de la demandada siente animadversión hacia el Sindicado ELA, pues manifiesta que 'cincuenta secuaces de ELA van a su casa a amedrentar a sus hijos y a su mujer', sin embargo, afirma 'no tener nada personal contra el actor'.

Décimo. El detective privado contratado por la demandada informa de los resultados de su trabajo a medida que éstos se van obteniendo y así lo hizo, por lo menos, a mitad de la investigación.

Undécimo. Se celebró acto de conciliación, con el resultado de celebrado sin avenencia."

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

"Que, previa estimación de la excepción de prescripción de la sanción por los hechos del día 30 de enero de 2004 y estimando la demanda, en cuanto a la pretensión subsidiaria que contiene, debo declarar y declaro improcedente el despido de que fue objeto el actor en fecha 9 de mayo de 2004, pudiendo el actor, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución, optar por la readmisión en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o por la extinción del contrato de trabajo, con derecho al percibo de una indemnización de 40.921,95 euros y, en ambos casos, con percibo de los salarios dejados de percibir desde el 9 de mayo de 2004 hasta la fecha la notificación de esta resolución, a razón de 52,67 euros diarios."

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Mediante sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de San Sebastián el 21 de julio 2004 se estimó la demanda presentada por el Sr. Adolfo, que venía prestando servicios por cuenta de "Zubelzu, S.A." desde el 2-02-1987 y era miembro del Comité de empresa por el sindicato ELA, contra su empleadora y se declaró la improcedencia del despido disciplinario notificado al demandante el 7-05-2004, tras la sustanciación del correspondiente expediente contradictorio, imputándole la indebida utilización del crédito horario los días 30 de enero y 9 de marzo de 2004, fundando tal pronunciamiento en que la conducta relativa al mes de enero estaba prescrita atendiendo a que la empresa tuvo conocimiento de su presunta comisión en la misma fecha, sin perjuicio de lo cual pudo haberlo tenido en cualquier momento solicitando al detective que realizó la correspondiente investigación los resultados de la gestión encomendada, y en que no había quedado demostrado el uso desviado e irregular de las horas sindicales el día 9 de marzo al no poder atribuirse eficacia probatoria al informe del detective privado por desconocer el derecho de los representantes de los trabajadores a no ser objeto de vigilancia singular y atentar a su libertad de función.

Contra la anterior sentencia la empresa demandada formaliza recurso de suplicación articulando tres motivos. El primero de ellos, por la vía del art. 191.a) L.P.L. solicita la declaración de nulidad de la sentencia recurrida invocando el quebrantamiento de normas de procedimiento originadora de indefensión, por considerar que se ha incurrido en infracción de los arts. 97.2 LPL y 240.1 LOPJ en relación con los arts. 6.3 CC y 24 y 120.3 CE. El segundo por el cauce procesal del art. 191.b) LPL pretende la revisión de los hechos probados en el sentido de a) adicionar al ordinal segundo que la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de los hechos imputados en la carta de despido fue el 7-04-2003, cuando el detective le entregó el informe transcribiendo la conducta observada por el demandante los días 30 de enero y 9 de marzo; b) suprimir la segunda parte del hecho probado séptimo manteniendo en su redacción solo la constancia del encargo del informe al investigador privado; c) añadir un hecho probado nuevo en el que se indique que el demandante el 29 de enero y el 5 de marzo solicitó el uso de sus horas sindicales para asistir a una reunión en los locales de ELA comprobando el detective que no desempeño ninguna actividad representativa o sindical; d) reemplazar el ordinal décimo en el que se dice que el investigador privado iba informando de los resultados a medida que se iban obteniendo y así lo hizo a mitad de la investigación, por la mención de que el resultado se entregó mediante documento gráfico el 7-04-2004.

El tercero, con fundamento en el art. 191.c) LPL tiene por objeto el examen del derecho aplicado argumentando que se ha incurrido en incorrecta aplicación del art. 60.2 ET al apreciar indebidamente la prescripción de la infracción cometida el 30-01-2004, así como del art. 54.2 ET al ser los hechos objeto de imputación constitutivos de una infracción laboral muy grave sancionable con el despido.

El demandante ha impugnado el recurso formalizado de contrario.

Segundo.-En el primer motivo del recurso son tres las razones que se invocan para justificar el quebrantamiento de forma denunciado:

1) La insuficiencia de hechos probados al no recogerse expresamente en el ordinal segundo, que se remite al contenido de la carta de despido, la fecha en la que la empresa manifiesta haber tenido conocimiento de los hechos objeto de imputación (7-04-2004).

2) La incorporación al hecho probado séptimo de conclusiones jurídicas predeterminantes del fallo al afirmar que el 9-03-2004 el actor hizo uso del crédito horario sindical de forma adecuada, realizando labores de contenido sindical a pesar de que la prueba documental y testifical practicada a su instancia acreditan todo lo contrario.

3) Haber admitido la práctica de la prueba documental del informe de la agencia de investigación y su ratificación mediante el interrogatorio en calidad de testigo de su autor, para finalmente no atribuirle eficacia ni valor probatorio alguno.

Para la resolución de la cuestión planteada conviene recordar la consolidada doctrina que en materia de quebrantamiento de forma por infracción de las normas reguladoras de las sentencias, respecto a la declaración de hechos probados ha establecido la Jurisprudencia, entre otras, en la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (Sala Social) de 10 de julio de 2000 (RJ 2000\7176), en la que se recogen los siguientes principios:

A) La necesidad de motivación fáctica de las sentencias es una exigencia tanto de la legislación orgánica, contemplada genéricamente en el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como de la ordinaria que de forma notablemente más garantista y específica se plasma en el art. 97.2 LPL, a tenor del cual "el Juzgador apreciando los elementos de convicción declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión" y también de la constitucional al señalarse en el art. 120.3 CE que "las sentencias serán siempre motivadas"

B) Como consecuencia de tal exigencia reiterada doctrina jurisprudencial, elaborada por los distintos Tribunales del Orden Jurisdiccional Social, ha venido declarando la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia cuando las mismas omiten datos esenciales en los "hechos probados" que el Tribunal "ad quem" considera necesarios, para fundamentar la sentencia de suplicación o casación o cuando contienen declaraciones fácticas, oscuras, incompletas o contradictorias, resaltando que esa obligación de motivación fáctica y jurídica no debe ser entendida en el sentido de que coarte la libertad del Juez en la formación de su convicción o de que le imponga una extensa y prolija redacción, sino que basta con que la misma sea suficiente a la vista de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto (STC de 12 de diciembre de 1994 [RTC 1994\\ 325]).

Como afirma la jurisprudencia "La declaración de hechos probados debe ser concreta y detallada en el grado mínimo requerido para que los litigantes puedan proceder a su impugnación en todos los aspectos relevantes del proceso, y para que los órganos jurisdiccionales de suplicación o de casación puedan comprender cabalmente el debate procesal y resolver sobre el mismo en los términos previstos en la ley" (STS de 22 de enero de 1998 [RJ 1998\7]). A la vista de la doctrina que acabamos de exponer, debemos concluir que el pronunciamiento judicial que se combate no incurre en ninguno de los defectos formales que se le reprochan, pues la misma aparece fundada en el plano fáctico y jurídico no sólo de manera suficiente, sino incluso exhaustiva y extensa, sin que se aprecien omisiones en el relato histórico que impidan a la Sala conocer y pronunciarse adecuadamente respecto a las diversas cuestiones jurídicas planteadas en el litigio. En tal sentido debemos destacar que la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de los hechos objeto de imputación, que es el dato fáctico imprescindible para resolver sobre la posible prescripción de una de las conductas sancionadas, se recoge en el fundamento jurídico primero párrafo tercero y se reitera en el segundo razonando ampliamente que la convicción al respecto deriva de las propias manifestaciones vertidas en el acto del juicio por el detective privado propuesto como testigo por la empresa demandada afirmando que va informando de la investigación encargada a medida que hay datos relevantes y en cualquier caso a mitad de la misma. También consta en el hecho probado segundo por la remisión que en el mismo se realiza al contenido íntegro de la carta de despido que la información gráfica y escrita incorporada al informe de la agencia de investigación fue entregada a la empresa el día 7-04-2004, sin que tal extremo se ponga en tela de juicio ni por las partes, ni por la propia Magistrada de Instancia, que no es que deseche u omita tomar en consideración que tal realidad fáctica se produjo, sino que razonándolo adecuadamente entiende, desde la perspectiva del derecho aplicado que no es ese momento el que debe tenerse en cuenta para fijar el dies a quo a efectos del cómputo del plazo de prescripción sino uno anterior, concretamente aquél en que se le informó verbalmente por el detective de las averiguaciones obtenidas en el seguimiento del día 30-01-2004, lo que aconteció ese mismo día. Por tanto desde la perspectiva del contenido de los hechos probados de la sentencia no se ha omitido ningún elemento esencial para la defensa de los intereses de la empresa, al contemplarse implícitamente el dato temporal que la misma considera relevante, lo que ocurre es que en el plano de la valoración estrictamente jurídica, el planteamiento de dicho litigante se desestima, permitiéndole instar su revisión mediante el recurso de suplicación que ahora resolvemos a través del correspondiente motivo de censura jurídica, que posteriormente abordaremos.

El hecho de haber admitido la práctica de la prueba documental y testifical propuesta por la parte demandada y no haber tenido por probados los hechos que con dichos medios de prueba se trataban de demostrar no comporta tampoco merma o limitación de cualquier índole de los derechos de defensa de la recurrente, a la que no se ha privado arbitraria o infundadamente de la posibilidad de valerse de los medios de prueba que considerase pertinentes para la eficaz defensa de sus intereses. La Magistrada de Instancia no impidió a la empresa demandada la práctica de ninguno de los medios probatorios que la misma propuso, sino que los admitió y cumpliendo escrupulosamente las exigencias constitucionales al ejercer las facultades que en orden a la valoración de la prueba con libertad de criterio le confiere el arts. 97.2 LPL ha ponderado los distintos elementos de prueba obrantes en autos y valorado su significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo, expresando prolijamente los razonamientos y motivaciones sobre las conclusiones de hecho y proporcionando a las partes un pleno y cabal conocimiento del proceso de deducción lógica del juicio fáctico seguido. En efecto tal y como se recoge en el fundamento de derecho segundo con notable extensión y claridad, el valor probatorio del informe de la agencia de investigación ratificado por su autor en el acto del plenario, que fue interrogado en calidad de testigo decae y deviene ineficaz, a la vista de las dos circunstancias que se indican: 1) Existe prueba documental aportada por la parte demandante que la contradice, concretamente las certificaciones emitidas por el Sindicato ELA en las que se señala que el actor hizo un uso correcto de las horas sindicales en los días que fue objeto de seguimiento por el investigador privado; 2) Reiterada jurisprudencia proclama la presunción de probidad en el empleo del crédito horario (STS 13-6-1990, RJ 1990\5068; 14-6-1990, RJ 1990\5075, y 28-6-1990, RJ 1990\5532), así como la falta de virtualidad justificada de las pruebas obtenidas por la empresa con desconocimiento del derecho del trabajador representante a no ser sometido a vigilancia especial (SSTS de 2 de noviembre de 1989 [RJ 1989\7987] y 10 de febrero de 1990 [RJ 1990\890]). La ineficacia probatoria no se anuda por tanto a que las pruebas se hayan obtenido empleando medios que vulneren cualquier derecho fundamental constitucionalmente dotado de protección reforzada como proscriben los arts. 11 LOPJ y 287 LECv como sostiene el recurrente, sino que a la hora de evaluar la legalidad o ilegalidad de una prueba o su efectividad, deben ponderarse además del medio empleado para su obtención la finalidad para la que se utilizó. Y si bien en cuanto al primer elemento la juzgadora de instancia no advierte infracción de norma alguna pues la vigilancia estaba relacionada con la imputación formal de la carta despido y no interfirió en actividades representativas del actor, sin que se pueda despojar a una parte de su capacidad de probatoria, sin embargo la inefectividad de la prueba deviene a juicio de la Sala de la finalidad perseguida, en la medida en que buscaba un fin antisindical y discriminatorio, atendiendo a las circunstancias de las que se dejan constancia en los hechos probados quinto y sexto y con claro valor fáctico en el tercer fundamento de derecho en los que claramente se pone de manifiesto un especial rigor en el ejercicio del poder disciplinario con los trabajadores afiliados al sindicato ELA del que el actor es representante, como consecuencia de la abierta animadversión y desconfianza del empresario hacia ellos que se ha traducido en el despido de dos miembros del Comité y en la sanción de otro de ellos por falta muy grave.

Finalmente y en lo que se refiere a la irregularidad que se denuncia en cuanto a que se incorporan al hecho probado séptimo conclusiones jurídicas predeterminantes del fallo, basta su lectura para comprobar que en el mencionado ordinal del relato histórico lo único que refleja la Juzgadora "a quo" es un aserto de naturaleza fáctica respecto a la determinación de la actividad desplegada por el demandante el día 9 de marzo, siendo en ese contexto de hecho, sobre el que en los fundamentos de derecho, tras exponer los criterios seguidos en la valoración de la prueba, realiza la correspondiente aplicación del derecho para resolver la cuestión discutida en el procedimiento objeto de enjuiciamiento.

Por las razones expuestas no cabe sino desestimar el motivo.

Tercero.-En el segundo motivo se pretende la reforma de los hechos probados, en los términos que hemos descrito en el fundamento jurídico primero, interesando en esencia que se sustituya la convicción judicial respecto a la utilización que del crédito horario hizo el demandante los días 30 de enero y 9 de marzo, por los resultados que en cuanto a las actividades desarrolladas por el trabajador se describen en el informe del investigador privado obrante a los folios 96 a 103 y en cuanto a la fecha en que se tuvo conocimiento de la información derivada del trabajo del mencionado profesional que la recurrente entiende no se produjo hasta el 7-04-2003, cuando se procedió a la entrega del correspondiente informe.

Tampoco este motivo puede ser acogido pues se basa en prueba inhábil a efectos revisorios, dado que, en cuanto al informe de detectives privados, como consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha proclamado (SS de 6, 23 y 28 de noviembre de 1990, 13 de marzo de 1991 y 24 de febrero de 1992, esta última dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina) su valor como medio de prueba se supedita y subordina a que su autor ratifique en juicio su contenido siendo su naturaleza la propia de la prueba testifical, que resulta inidónea para promover una revisión de los hechos probados. Doctrina la mencionada de la que nos hemos hecho eco en nuestra sentencia de 21-11-2004, rec. 2483/04, dictada en procedimiento de despido por parte de la hoy demandada a otro miembro del Comité de empresa por el Sindicato Ela también por indebida utilización del crédito horario sindical, y las que en la misma se citan.

Cuarto.-En el motivo de censura jurídica, dos son las cuestiones que se plantean. La primera de éllas se refiere a en qué momento debe situarse el "díes a quo" para el cómputo del plazo de prescripción de las faltas laborales motivadoras del despido de D. Adolfo, si como ha entendido el Juzgado el día 30-01-2003, que fue cuando el propio investigador privado informó verbalmente a la empresa de las comprobaciones realizadas respecto al comportamiento del demandante, o por el contrario el 7-04-2004, que fue cuando el detective le entregó el informe realizado recogiendo por escrito y gráficamente el resultado de su trabajo.

En cuanto al cómputo del plazo de prescripción de faltas muy graves, de sesenta días desde su "conocimiento", según el art. 60.2 del ET, reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (SSTS 26-10-1983 [RJ 1983\5154], 6-10-1988 [RJ 1988\7541], 24-11-1989 [RJ 1989\8506], 15-4-1994, 29-9-1995 [RJ 1995\6925], 22-5-1996, 18-12-2000 [RJ 2001\821], 31-1-2001 [RJ 2001\2136], 27-11-2001 y 25-7-2002 [RJ 2002\9526]) que el mismo empieza a contar no desde la fecha en que el empresario tuvo un conocimiento parcial o indiciario de los hechos constitutivos de las faltas cometidas, sino desde aquélla en que adquirió "conocimiento cabal, pleno y exacto" de los mismos, conocimiento que corresponde a los órganos dotados de potestad inspectora y sancionadora".

En nuestro caso el recurrente alega que la conducta sancionada es constitutiva de un supuesto de ocultación para cuyo descubrimiento se hizo preciso un proceso de investigación que no culminó hasta el 7-04-2003, sin embargo la Sala comparte la conclusión alcanzada por la Juzgadora de Instancia, partiendo de las siguientes consideraciones:

a) La conducta motivadora del despido desde el momento de su comisión pudo ser conocida por el empresario que estaba sometiendo a la correspondiente investigación al trabajador mediante el seguimiento por un detective privado y por tanto ya desde el inicio se adoptaron los mecanismos correspondientes que impidieron la ocultación a que se alude;

b) Dicho conocimiento efectivamente se produjo pues como con claro valor fáctico se señala en los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia de instancia el investigador informó verbalmente a la empresa en el mismo día en que se produjeron incidencias de interés, lo que nuevamente nos lleva a excluir la existencia de una conducta subrepticia que difícilmente pueda aflorar y salir a la luz;

c) El control del empresario respecto a las posibles infracciones y transgresiones por parte de su empleado se ejerce y actúa desde el momento mismo en que se encarga su seguimiento a la agencia de investigación;

d) Los hechos objeto de imputación no son de los que por su especial complejidad técnica o por la forma fraudulenta y encubierta en que se desarrollan requieren para su completa y cabal comprobación una labor de inspección más o menos complicada y prolongada, sino que eran advertibles y constatables en toda su plenitud y alcance con la investigación diaria realizada, como fácilmente se advierte si tenemos en cuenta que ningún dato nuevo en cuanto al contenido de los hechos llevados a cabo el día 30-01-2003, aporta el informe del detective, que lo único que hace es plasmar por escrito la información que al respecto se había transmitido verbalmente el propio día 30-01-2003. En definitiva la empresa tuvo un conocimiento pleno de los hechos ocurridos en el mes de enero en el mismo día en que los mismos se produjeron, y el 7 de abril lo que obtiene es la confirmación y corroboración por escrito de unos hechos que ya conocía y de los que había sido adecuadamente informada con anterioridad, pero que no es hasta ese momento cuando formalmente se documentan, a efectos de su posible utilización como medio de prueba.

El segundo reproche jurídico que se realiza, vuelve a insistir en la infracción del art. 97.2 LPL, reiterando los argumentos que ya se hicieron valer en el primer motivo del recurso, en orden a que se modifique el relato histórico y se tengan por probados los hechos objeto de imputación, para terminar interesando la calificación del despido impugnado como procedente, como postuló el Ministerio Público, que se ha adherido al recurso de suplicación formalizado por la empresa.

Al respecto debemos simplemente remitirnos a las razones que constan en el fundamento jurídico segundo para desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones, y ante el fracaso de la revisión fáctica igualmente propuesta, no nos cabe sino confirmar la sentencia de instancia que no ha infringido ningún precepto sustantivo, sino que ha hecho una correcta aplicación de las previsiones que en orden a la calificación del despido se contienen en el art. 55.4 ET al no haber quedado probados las faltas objeto de imputación, una de los cuales a mayor abundamiento había prescrito y no era por tanto susceptible de ser sancionada.

Conclusión la expuesta que no se altera por la postura procesal mantenida en el curso del procedimiento por el Ministerio Público, cuya intervención en los pleitos en los que se cuestione la posible vulneración de derechos fundamentales obedece a la exigencia legal en tal sentido, pero sin que las tesis y argumentaciones que el mismo mantenga en él tengan carácter vinculante para el órgano judicial, ni deban merecer una consideración jurídica distinta a las sustentadas por las demás partes procesales.

Finalmente indicaremos que aún en el supuesto de que los hechos objeto de imputación hubieran quedado probados, no se alteraría el signo del pronunciamiento judicial que resuelve el litigio, y la calificación que merecería el despido del demandante sería la de improcedente, pues reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (SSTS de 27-11-1989, RJ 1989/8529; 5-12-1989, RJ 1989/9191) que "la presunción de que las horas solicitadas para el ejercicio de las tareas representativas son empleadas correctamente, conduce a interpretar de modo restrictivo la facultad disciplinaria del empresario, que sólo podrá alcanzar el despido en supuestos excepcionales en los que el empleo en propio provecho del crédito horario concedido por el art. 68.e) a los representantes de los trabajadores sea manifiesto y habitual, es decir una conducta sostenida que ponga en peligro el derecho legítimo de la empresa a que los representantes formen cuerpo coherente con los representados", y en línea con tales pronunciamientos en nuestra Sentencia de 15 de junio de 2004, rec. 917/2004 (AS 2004\1856) dimos el tratamiento de improcedente al despido de una representante de los trabajadores que durante cuatro días en los que había solicitado el uso del crédito horario efectuó actividades de tipo personal (acudir con alguna amistad o familiar a cafeterías, permanecer en el domicilio, y deambular por la calles de su localidad, realizando alguna salida en vehículo) atendiendo a que no concurría la habitualidad exigible para sancionar con el despido. Y dicha asiduidad y habitualidad tampoco se apreciaría en nuestro caso en que las horas sindicales se solicitaron para el 30-01-2004 de 18 a 24 h y el 9-03-2004 de 14 a 22 horas, y admitiendo, a los solos efectos dialécticos, los hechos comprobados por el detective, sólo nos constaría un uso irregular del crédito horario durante dos horas del primer día (de 18 a 20 horas) y seis horas el segundo (de 14 a 20 horas).

Consecuentemente con lo que acabamos de exponer procede desestimar el recurso, con imposición de costas a la recurrente, conforme al art. 233.1 LPL cifrando el importe de los honorarios del Letrado de la parte impugnante en la cantidad de 180.e).

FALLO

Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por "Zubelzu, S.A." frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Gipuzkoa, de fecha 21 de julio de 2004, Autos 470/04 seguidos en proceso sobre DSP (despido) a instancias de D. Adolfo frente a la recurrente, la que se confirma en su integridad, imponiendo las costas del recurso a la recurrente, cifrándose en 180 euros los honorarios de letrado de la parte impugnante.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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