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Sentencia T.C. 69/97, de 8 de abril

 RESUMEN:

Proceso laboral. Conciliación previa. Subsanación eficaz de la omisión del acto conciliatorio.

(Corregidos errores según BOE de fecha 9 de junio de 1997)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si, como aduce el recurrente, el auto dictado el 20 de abril de 1995 por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, confirmatorio en su integridad de las providencias de 21 de febrero y 10 de marzo de 1995, emanadas del mismo órgano jurisdiccional, al declarar la inadmisión a trámite de la demanda promovida por el hoy recurrente Sr. T.D., con el consecuente archivo de la misma, en el procedimiento laboral seguido ante dicho Juzgado con el número 109/95, ha lesionado el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución Española, al impedirle el acceso al proceso laboral iniciado mediante la demanda presentada ante dicho Juzgado con fecha 16 de febrero de 1995 en los autos referidos, por entender el órgano jurisdiccional del orden social que no se había celebrado con anterioridad a dicha demanda el preceptivo acto de conciliación preprocesal con la empresa demandada RENFE, ni, una vez advertida tal omisión y requerido el demandante al efecto, la subsanó eficazmente; cuestión de fondo la expuesta a la que ha de preceder el análisis de las objeciones formales que se oponen a la viabilidad del presente proceso constitucional.

Segundo.-Procede examinar con carácter previo las objeciones de carácter procesal opuestas por RENFE a la viabilidad del presente proceso constitucional y que constituyen, en tesis de dicha parte, incumplimiento de los requisitos previstos en los apartados a) y c) del artículo 44.1 de la LOTC, tales como la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, y la falta de invocación formal en el proceso "a quo" del derecho fundamental vulnerado.

La primera de tales objeciones se formula con base en el dato de que el Sr. T.D., ahora recurrente, no interpuso recurso de reposición contra el auto que se dice dictado por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid con fecha 8 de mayo de 1995, posterior al ahora impugnado y por el que se acordó el archivo de las actuaciones procesales. Para rechazar este alegato basta tener en cuenta la carencia de contenido decisorio autónomo de esta última resolución judicial -que no consta, por otra parte, en las actuaciones remitidas por el mencionado Juzgado-, constreñida a formalizar una pura consecuencia procesal derivada de la resolución de inadmisión a trámite de la demanda laboral, producida mediante el auto impugnado de 20 de abril de 1995, en cuanto confirmatorio de las providencias de 21 de febrero y 10 de marzo del mismo año, al no tener por subsanado el defecto procesal en éstas advertido. El cierre del proceso y la denegación de acceso al mismo se produjo, pues, por estas resoluciones judiciales y no por la que se limitaba a disponer un simple efecto material dimanante de aquéllas, cual el archivo de los autos. La utilización de recursos previos en la vía judicial no puede extenderse a la de aquellos que por su naturaleza o por la decisión frente a la que se dirigen, no proporcionan a los órganos jurisdiccionales ocasión de reparar la lesión del derecho fundamental, para preservar el carácter subsidiario que corresponde al recurso de amparo constitucional (SSTC 59/1987, 73/1989 y 8/1993).

Tercero.-Idéntica suerte desestimatoria ha de merecer la segunda de las objeciones aducidas, relativa a la ausencia de invocación formal, en el proceso previo, del derecho fundamental vulnerado.

En efecto, es doctrina consolidada de este Tribunal la de que el cumplimiento de este requisito no precisa la cita específica de un concreto precepto del texto constitucional, es decir, no se requiere una especie de "editio actionis", sino que basta para entenderlo cumplido con que se ofrezca base argumental suficiente a fin de que el órgano judicial pueda conocer la vulneración aducida y pronunciarse sobre ella, interpretación flexible de dicho requisito que se contiene en las SSTC 17/1982, 117/1983, 75/1984, 10/1986, 75/1988 y 248/1993.

Pues bien, en el presente caso, al interponer el recurso de reposición frente a la segunda providencia del Juzgado de lo Social número 14, la dictada en 10 de marzo de 1995, que tenía por no subsanado el defecto procesal de ausencia del acto de conciliación previa, el ahora recurrente en amparo adujo, en el tercero de los motivos fundantes de tal recurso, el derecho constitucional a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales sin indefensión, así como el principio «pro action» garantizador del acceso de los ciudadanos a los procesos judiciales mediante una interpretación restrictiva de las trabas procesales, lo que equivale a la invocación del artículo 24.1 de la Constitución Española, permitiendo así al órgano jurisdiccional en el proceso "a quo" el restablecimiento del derecho fundamental al acceso a la jurisdicción, como integrante de la tutela judicial efectiva, garantizado por el mencionado precepto constitucional.

Cuarto.-El Ministerio Fiscal y RENFE se oponen a la válida subsistencia de este proceso constitucional con base en la carencia sobrevenida de objeto, dado que, se aduce, el recurrente, tras impugnar en esta sede constitucional el auto de 20 de abril de 1995, volvió a presentar demanda ante la jurisdicción social, precedida esta vez del acto previo de conciliación, mediante la que ejercitaba la misma reclamación de cantidad contra RENFE, con idéntica fundamentación que la anterior y que, tras su admisión a trámite y sustanciación en el correspondiente proceso laboral, fue desestimada por sentencia del Juzgado de lo Social número 14 de fecha 15 de noviembre de 1995, recurrida en suplicación por el Sr. T.D.; actuación procesal esta que, a juicio del Ministerio Fiscal y de la empresa pública recurrida, implica la extinción del presente proceso constitucional por satisfacción extraprocesal de la pretensión; alegato al que se ha opuesto el demandante en amparo por entender que las resoluciones judiciales impugnadas, impeditivas del acceso al proceso laboral en los autos 109/95, en cuanto causantes de indefensión, determinan que su demanda de amparo mantenga "sentido, utilidad y validez", insistiendo así en la pretensión ejercitada en sede constitucional.

Hemos de rechazar tal objeción y entender que el proceso no se ha extinguido por carencia sobrevenida de objeto. La dimensión constitucional de este recurso de amparo estriba en dilucidar si se lesionó al Sr. T.D. su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción laboral, como manifestación prístina de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva sin indefensión, garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución Española. El derecho de acceso se postula respecto de la pretensión contenida en la demanda formulada por aquél en los iniciales autos seguidos ante el Juzgado de lo Social número 14 de los de Madrid, tramitados con el número 109/1995, y por tanto, respecto a la inadmisión a trámite de dicha demanda; en consecuencia, si las resoluciones judiciales que así lo acordaron, cerrando el acceso al proceso laboral iniciado por dicha demanda, son constitucionalmente incompatibles con el citado artículo 24.1 de la Constitución Española, el amparo habría de ser sustancialmente estimado, pues la indefensión, aun en su perspectiva de contenido material, se produce a causa de una inadmisión de la demanda lesiva de dicho derecho fundamental, que hizo necesario el replanteamiento o reiniciación del proceso laboral para no perjudicar el derecho material objeto de la pretensión actora por el transcurso del tiempo, obligando así o condicionando al hoy recurrente a asumir la carga procesal de la iniciación y sustanciación de un segundo procedimiento, a su juicio innecesario por haber respetado los presupuestos procesales de admisibilidad el primeramente promovido.

No se ha producido la satisfacción procesal de la pretensión ni el recurso de amparo se ha extinguido por carencia sobrevenida de su objeto. Para ello hemos de tener en cuenta que dicho recurso, si bien tiene como finalidad esencial la protección, en sede constitucional, de los derechos fundamentales y libertades a que alude el artículo 53.2 de la Constitución Española, obedece también al designio de la defensa objetiva de la Constitución, "sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin que trasciende de lo singular" (STC 1/1981, fundamento jurídico segundo); de tal manera que, aun admitiendo en hipótesis la concurrencia de la modalidad extintiva del proceso constitucional conocida como satisfacción extraprocesal de la pretensión, ello no impediría que este Tribunal, dada la relevancia constitucional que la presente queja pone de relieve, y que extravasa el ámbito subjetivo del recurso de amparo, analizase y decidiera sobre la existencia de la lesión en que tal queja se fundamenta, para atender así a la dimensión objetiva del recurso de amparo constitucional, reconocida por la doctrina constitucional en las SSTC 163/1986, fundamento jurídico primero, "in fine"; 129/1989, fundamento jurídico tercero; y 245/1991, fundamento jurídico quinto; asentada en este caso en la trascendencia objetiva que reviste la correcta depuración de los presupuestos procesales del proceso laboral, como es en este caso la conciliación previa a la tramitación de dicho proceso.

Por otra parte, y en corroboración de que no concurre en este caso la satisfacción extraprocesal de la pretensión actora, hemos de recordar que esta modalidad de finalización del proceso administrativo, en el que tiene su específica regulación (artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), exige para su correcta apreciación que el acogimiento o satisfacción de la pretensión actuada lo haya sido de manera íntegra o total, siendo así que el reconocimiento íntegro o total de las pretensiones que hace valer en este amparo el actor no se ha producido, dado que el auto impugnado, de 20 de abril de 1995, y la providencia de inadmisión a trámite de la demanda por aquel confirmada en reposición, subsisten en su plenitud de efectos en cuanto al cierre del acceso al proceso laboral que tales resoluciones acordaron.

Cosa distinta es que, aun apreciando la existencia de lesión del derecho fundamental, la presente queja no pueda ser acogida en lo relativo al restablecimiento o reparación del derecho vulnerado, pues tal reparación ha de entenderse ya producida mediante la ulterior sustanciación ante el órgano judicial competente del correspondiente proceso laboral, obteniendo así el examen y decisión sobre el fondo de la pretensión ejercitada, de manera tal que los pronunciamientos de un eventual fallo estimatorio habrán de limitarse a los que señala el artículo 55.1.a) y b) de la LOTC, pues tal precepto no impone, claro está, que la sentencia estimatoria contenga todos los que dicha norma enuncia, sino sólo alguno o algunos de ellos (STC 83/1982).

Han de rechazarse, conforme a lo razonado, las objeciones formales opuestas a la viabilidad del proceso constitucional y procede, por tanto, entrar a examinar el fondo de la cuestión que el presente amparo suscita.

Quinto.-Esta no atañe a determinar si la demanda laboral promovida contra RENFE por el Sr. T.D., recurrente en amparo, debía ser precedida, como presupuesto de admisibilidad del proceso ante la jurisdicción laboral, de la reclamación previa en vía administrativa -como entendió el citado demandante-, prevista en el artículo 69.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (del entonces aplicable Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril), o de la conciliación previa exigida por el artículo 63 del mismo texto legal, según apreció el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, pues tal cuestión carece de relevancia constitucional y pertenece al plano de la legalidad, de la exclusiva incumbencia de la jurisdicción ordinaria y ajena, por ello, al ámbito del presente recurso de amparo.

Ha de partirse, pues, de que el Juez "a quo" no aceptó que el presupuesto de admisibilidad de la demanda ejercitada por el actor contra RENFE fuera el de la reclamación previa en la vía administrativa, dada la configuración de la empresa demandada como entidad de derecho público que actúa como empresa mercantil y somete su actividad al ordenamiento jurídico-privado (artículo 1, 1 del Estatuto de RENFE, aprobado por Real Decreto 121/1994, de 28 de enero), exigiendo el intento de la conciliación previa frente a dicha entidad, al no concurrir la excepción para este requisito preprocesal prevista en el artículo 64.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

La providencia dictada el 21 de febrero de 1995 se ajustó, así, a lo prevenido por el artículo 81.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, y, bajo la premisa de la admisión tan sólo provisional de la demanda, advirtió al demandante que en el plazo de quince días debería acreditar el cumplimiento del requisito de conciliación previa ante el S.M.A.C., bajo apercibimiento de archivo de la demanda.

Hemos de partir del dato de que el demandante ante la jurisdicción laboral atendió el requerimiento formulado por el Juzgado de lo Social, y subsanó eficazmente la omisión del acto de conciliación frente a la empresa demandada, habida cuenta de que presentó la "papeleta" de conciliación el 24 de febrero de 1995 y se documentó acta de conciliación el 10 de marzo siguiente, dándose el acto por intentado y sin efecto; constando, asimismo, que la incomparecencia al acto conciliatorio del demandante Sr. T.D. obedeció a la falta de acreditación de que fuera debidamente citado el actor, como refleja la certificación de referida acta.

Tal subsanación fue acreditada mediante certificación del acta de conciliación ante el órgano jurisdiccional que, por providencia de 10 de marzo de 1995, después confirmada por el impugnado auto de 20 de abril de 1995, no tuvo por subsanado el defecto procesal advertido "ya que el intento de conciliación ante el S.M.A.C. que se acredita no tiene la condición de previo a la demanda, al haberse presentado la papeleta de conciliación en fecha 24 de febrero de 1995 y la demanda el 16 de febrero de 1995".

El problema, de relevancia constitucional, radica en determinar si la inadmisión mediante tales resoluciones acordada, impeditiva del acceso al proceso y a una resolución sobre el fondo, en aplicación de la norma procesal sobre subsanación del requisito de la conciliación previa, respetó o no el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y al principio "pro actione" que debe inspirar tal derecho, cuando se trata del acceso al proceso, por cuanto que, como declara la STC 11/1988, examinando la subsanación de requisitos procesales en la jurisdicción laboral, "la doctrina reiterada de este Tribunal es la de que para que aquéllas -las decisiones judiciales de inadmisión- sean constitucionalmente legítimas han de apoyarse en una causa a la que la norma legal anude tal efecto (inadmisión), apreciada razonadamente por el Juez, pero siempre interpretada en el sentido más favorable al ejercicio de la acción (SSTC 43/1985, 19/1986, 146/1986, 139/1987 y 180/1987)".

Sexto.-En el presente caso, la norma procesal aplicada por el Juez de lo Social en fase de admisión de la demanda, artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral, confiere el órgano jurisdiccional la vigilancia "ex officio" de la corrección jurídica de aquel escrito, en cuanto acto procesal esencial y rector del proceso seguido ante la jurisdicción social; vigilancia que atañe no sólo al aspecto jurídico-formal del escrito de demanda, en cuanto a la observancia de los requisitos generales o específicos de la misma, sino que también alcanza a algún presupuesto procesal, como el atinente a la correcta constitución de la relación jurídico-procesal en las situaciones de litisconsorcio pasivo (STC 335/1994, fundamento jurídico quinto), y que se extiende en el apartado 2 del citado artículo 81, a la posibilidad de subsanación del acto de conciliación preprocesal ante el órgano o servicio administrativo correspondiente cuando tal acto ha sido omitido, concediendo al efecto a la parte demandante el plazo de quince días.

Ahora bien; la figura o la técnica procesal de la subsanación de defectos procesales, aplicada en el caso por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid en la primera providencia de 21 de febrero de 1995, tiene como objeto y esencial finalidad que el proceso no se frustre por el incumplimiento de requisitos susceptibles de posterior realización por la parte y que no se configuran como presupuestos procesales de indeclinable cumplimiento en tiempo y forma; de manera tal que mediante la subsanabilidad, rectamente entendida, se otorga como regla general a la parte que incurrió en el defecto procesal subsanable, la posibilidad de realizar, en el plazo al efecto habilitado, el requisito procesal incumplido o el acto procesal defectuosamente realizado, integrando así, o rectificando "ex novo" la actuación procesal inicialmente defectuosa o irregular.

De lo anterior se infiere que el plazo habilitado para la subsanación no lo es tan sólo para la simple acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal exigible, sino también para la realización en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado.

La conclusión expuesta no queda enervada por el argumento de que la conciliación ha de ser previa a la demanda, pues, de una parte, el artículo 81.2 de la Ley de Procedimiento Laboral no se constriñe a la acreditación formal consistente en la simple aportación de la certificación del acta de conciliación (para lo que resultaría a todas luces excesivo el plazo de quince días, en contraste con el más reducido de cuatro días del apartado 1 del precepto), sino a que se acredite "la celebración o el intento del expresado acto (de conciliación)" en el referido plazo de quince días; y de otra, que la finalidad que inspira dicha carga procesal es la de evitación del proceso, y de aquí que el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Laboral no la considere en rigor como requisito previo a la demanda sino "previo para la tramitación del proceso", de tal suerte que lo esencial es conceder a las partes la oportunidad de, antes de tramitarse el proceso, lo que explica la admisión provisional de la demanda tal como señala el citado artículo 81.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, someter la controversia a solución extrajudicial intentando la conciliación ante el órgano administrativo correspondiente; se cumple, pues, el designio inspirador del requisito si el demandante, en el plazo otorgado para la subsanación de la omisión, intenta el acto de conciliación presentando la correspondiente "papeleta", para que el empresario demandado, en este caso, RENFE, pueda llegar a una avenencia que evite la sustanciación del litigio. En consecuencia, el órgano jurisdiccional debió dictar resolución teniendo por subsanado el defecto procesal advertido de la omisión del acto de conciliación previa, para dejar así expedito el acceso al proceso, sin oponer trabas que no se ajustan a la finalidad perseguida por la norma ni guardan adecuada proporcionalidad con la razón de ser de ésta, con una consecuencia -la inadmisión de la demanda y archivo de la misma- que no se acomoda al criterio "pro actione" que debe inspirar la actuación judicial, para no lesionar el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y sin indefensión, proclamado por el artículo 24.1 de la Constitución Española.

En este orden de cosas, la doctrina constitucional ha reconocido la subsanabilidad material y no meramente formal de requisitos procesales a los que el legislador ha configurado como previos al proceso, y en tal sentido la STC 76/1996, en su fundamento jurídico sexto, ha declarado subsanable de tal forma la omisión de la comunicación previa, requisito exigido por el artículo 57.2.f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en la redacción dada por la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; así como también ha subrayado la mencionada sentencia, que la posibilidad de subsanación concedida por el artículo 129.3 de la citada L.J.C.A. alcanza a la ausencia u omisión del recurso administrativo previo de reposición, aunque éste tuviera el carácter y la denominación de presupuesto previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, tal como aparece regulado en los artículos 52.1 y 82.e) de la Ley reguladora del proceso administrativo. De igual modo, la subsanabilidad "ex post" ha sido declarada por este Tribunal respecto a un requisito del proceso laboral que guarda semejanza con el ahora debatido, cual es la reclamación previa en la vía administrativa cuando se demanda a entes públicos (SSTC 11/1988, 65/1993 y 120/1993).

Hemos de considerar, en fin, que este Tribunal ha flexibilizado la exigencia del acto de conciliación previo en el proceso laboral, teniendo en cuenta la mutación conceptual que el legislador ha atribuido a dicho método autocompositivo, derogando el carácter de presupuesto procesal que se atribuía al acto de conciliación y transformándolo en un acto "intraprocesal" en todos los procesos civiles y buena parte de los laborales, a partir de la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1984 o de la nueva Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (STC 81/1992, fundamento jurídico cuarto A).

Ha de concluirse, por lo expuesto, que el auto impugnado mediante este recurso de amparo, dictado el 20 de abril de 1995 por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, confirmatorio de la providencia de 10 de marzo anterior, por el que se declaró la inadmisión y consecuente archivo de la demanda formulada por el ahora recurrente contra RENFE, sobre reclamación de cantidad, ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión del recurrente (artículo 24.1 de la Constitución Española), lo que determina la estimación del amparo por éste promovido con el alcance que a continuación concretaremos.

Séptimo.-Queda, finalmente, por determinar el alcance del fallo que hemos de emitir y que ha de revestir naturaleza declarativa. No podemos acoger la queja en cuanto ésta pretende el restablecimiento en su integridad del derecho fundamental vulnerado, dado que esta reparación ya se ha producido al presentar el hoy recurrente la misma demanda de reclamación de cantidad ante el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid, precedida del acto de conciliación con RENFE, sustanciando dicho órgano judicial el correspondiente proceso laboral y dictando en el mismo sentencia desestimatoria de la pretensión ejercitada. No cabe, por tanto, solución devolutiva de retroacción de actuaciones para que el órgano judicial admita a trámite y enjuicie el fondo de la pretensión contenida en la demanda presentada en los autos del procedimiento tramitado con el número 109/95, pues tal actividad jurisdiccional fue realizada con posterioridad a la interposición de este amparo y mediante la misma se satisface la pretensión de reparación en el mismo formulada; sin que haya lugar, por ende, al pronunciamiento previsto en el artículo 55.1.c) de la LOTC, pero sí a los dos restantes del reconocimiento al recurrente de su derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión, así como al de declaración de nulidad de las resoluciones judiciales que impidieron el pleno ejercicio de tal derecho, por lo que con este alcance y efectos hemos de estimar el recurso de amparo.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar el recurso de amparo promovido por don Juan T.D. y, en consecuencia:

Primero.-Reconocer al recurrente el derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española), en el procedimiento laboral seguido ante el Juzgado de lo Social número 14 de los de Madrid con el número 109/95.

Segundo.-Declarar la nulidad de la providencia de 10 de marzo de 1995 y del auto que la confirmó en reposición, dictado el 20 de abril de 1995, por el referido Juzgado de lo Social, por los que, en dicho procedimiento laboral, se inadmitió a trámite y archivó la demanda formulada por el recurrente.

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