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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia T.C. 84/97, de 22 de abril

 RESUMEN:

Indefensión. Utilización poco respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva de la atribución, deber judicial de advertir a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido al redactar la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Antes de resolver sobre el tema que se somete a nuestra consideración es importante destacar la significación que en nuestro ordenamiento tiene el derecho a la tutela judicial, esto es, en expresión del artículo 24.1 de la Constitución Española, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En este sentido existe una extensísima jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 162/1993 y 39/1995, entre otras), y especialmente la STC 99/1985 al manifestar que la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal para ello y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma.

Segundo.-Por otra parte es frecuente que, en el orden jurisdiccional laboral o social, los Jueces, teniendo en cuenta la naturaleza de las relaciones a ella incorporadas, reciban de las leyes correspondientes una serie de facultades discrecionales dirigidas precisamente para una mejor efectividad de este derecho que obviamente no se pueden transformar en obstáculos para el buen desarrollo del proceso que en definitiva pretende terminar con la resolución que en cada caso proceda en Derecho.

En este sentido el artículo 81.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, prescribe, tal como ha puesto de manifiesto la STC 335/1994, que el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido el actor al redactar la demanda, a fin de que los subsane en el plazo de cuatro días, con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. La doctrina elaborada por este Tribunal en torno a su precedente inmediato -párrafo 1.º del artículo 72 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980- ha tenido ocasión de precisar, de un lado, que tal atribución es constitucionalmente inobjetable puesto que responde a una finalidad razonable y necesaria, incluso respecto de la brevedad del plazo de subsanación establecido, acorde con el principio de celeridad que preside los procesos laborales (STC 154/1992, fundamento jurídico tercero) y, de otro, que se trata, no de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal del órgano judicial dirigida a garantizar que los derechos e intereses legítimos deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudiera imputársele a aquélla (SSTC 118/1987, 11/1988 y 232/1988). El Juzgador debe advertir a la parte actora la existencia de defectos en la demanda y concederle un plazo para su subsanación, pero el incumplimiento del requerimiento judicial en el plazo improrrogable legalmente establecido determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones (STC 25/1991). En principio, pues, la decisión de archivar el procedimiento, si el demandante incumple el mandato judicial no viola el artículo 24.1 de la Constitución Española, porque se basa en la concurrencia de una causa legalmente prevista para la inadmisión de la demanda, aunque la norma ha de ser aplicada con un criterio antiformalista y no rigorista a fin de no impedir injustificadamente la obtención de una resolución de fondo sobre la pretensión ejercitada, analizando, en particular, si la subsanación requerida, por ser jurídicamente exigible, no constituye un obstáculo innecesario para acceder al proceso (SSTC 39/1984, 172/1987 y 216/1989).

Al respecto tampoco es ocioso recordar que el artículo 24.1 de la Constitución Española no deja los plazos legales al arbitrio de las partes, ni somete a la libre disposición de éstas su prórroga ni el tiempo en que han de ser cumplidos, sin que sea posible subsanar la extemporaneidad o el incumplimiento de un plazo, el cual se agota una vez que llega a su término.

En el mismo sentido no puede afirmarse que la subsanación exigida entrañe un obstáculo innecesario para obtener un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión ejercitada. Ciertamente, el precepto parece circunscribir el ámbito de la subsanación a defectos de tipo formal (STC 210/1992, fundamento jurídico primero), al incumplimiento de los requisitos generales y específicos de las distintas demandas, y, por tanto, el control judicial no se extiende al examen de los presupuestos procesales. Sin embargo, la jurisprudencia social viene sosteniendo, en general, que el juzgador, de oficio y a través de este cauce, debe velar por la correcta constitución de la relación jurídico-procesal en las situaciones de litisconsorcio pasivo, a fin de conseguir, salvaguardando el principio de audiencia bilateral, que la cosa juzgada material despliegue sus efectos y evitar así que se dicten eventuales fallos contradictorios sobre un mismo asunto (SSTS de 15 de diciembre de 1987; 14 de marzo, 19 de septiembre y 22 de diciembre de 1988; 24 de febrero, 17 de julio y 1 y 11 de diciembre de 1989, y 19 de mayo de 1992). En segundo lugar, aunque es en la fase de admisión de la demanda cuando ha de tener lugar el requerimiento, también propugna la jurisprudencia que la inadvertencia inicial no precluye la obligación del órgano judicial de poner de manifiesto en un momento procesal posterior los defectos observados, como tuvo oportunidad de subrayar la STC 25/1991.

Tercero.-En el caso que nos ocupa, el Juez de lo Social, al entender que la relación jurídico-procesal estaba deficientemente constituida requirió al actor para que subsanara el defecto, con advertencia de archivo y concedió un plazo de cuatro días para que demandara a otra sociedad, lo que dio lugar a un escrito del entonces actor y ahora demandante en amparo en el que únicamente se solicitaba una suspensión del plazo concedido para completar la demanda hasta que la certificación del Registro público correspondiente le fuera facilitada.

Según se explicita por el Juzgado, tal pretensión es transformada por el Juez en un recurso de reposición, algo que realmente era contrario a la voluntad del actor, y ello se lleva a cabo con la finalidad de facilitar la aplicación de la tutela efectiva. Sin embargo el escrito del demandante tenía otra finalidad bien distinta, muy precisa y concreta, y desde luego inequívoca.

Cuarto.-Así las cosas, es evidente que tanto en la providencia de 25 de mayo de 1995, en la que sin justificación alguna el Juez transforma una pretensión de suspensión del plazo concedido para cumplimentar precisamente ese requerimiento judicial en un recurso de reposición, contrariando así la voluntad del demandante, como en el Auto de 7 de junio de dicho año, en el que se resuelve el meritado recurso de reposición, se ha utilizado sin duda la atribución que también es deber, y que a tal efecto concede el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral al Juez "a quo" de un modo poco respetuoso con el derecho a la tutela judicial afectiva del demandante, pese a que en la primera de tales resoluciones se manifestaba que el propósito de la misma era precisamente la salvaguarda de tal derecho fundamental. En este caso se adoptó una decisión gravemente perjudicial a sus intereses, que, de hecho, le cerró el acceso al proceso, impidiéndole así obtener una resolución fundada en Derecho, cualquiera que fuera su signo, susceptible de impugnación por medio de los correspondientes recursos procesales.

Como bien indica el Ministerio Fiscal, una decisión judicial que quiso ser respetuosa -e incluso generosa, según expresamente se advierte en la misma- se tornó vulneradora del derecho del trabajador a recibir una respuesta respecto de unas pretensiones acumuladas frente a un empleador.

Ello determina, en definitiva, que la aplicación que el órgano judicial ha efectuado del citado artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral, como ha quedado dicho, merezca reproche constitucional, toda vez que tal precepto ha sido interpretado con un criterio formalista y rigorista, lo que ha impedido injustificadamente al demandante la obtención de una resolución de fondo sobre la pretensión ejercitada. Por todo ello, la respuesta de este Tribunal no puede ser otra que conceder al demandante el amparo solicitado, como consecuencia de la lesión constitucional producida en su derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido estimar el amparo solicitado por don Jean Luc L. y, en su virtud:

Primero.-Reconocer el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española).

Segundo.-Declarar la nulidad del auto de 7 de junio de 1995 y de la providencia de 25 de mayo de dicho año, del Juzgado de lo Social número 25 de Madrid, dictado en los procedimientos laborales acumulados números 218/1995 y 281/1995.

Tercero.-Retrotraer tales actuaciones judiciales al momento anterior a la citada providencia de 25 de mayo de 1995, a fin de que por dicho órgano judicial se dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva de don Jean Luc L.

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