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Sentencia T.S.J. Valencia de 11 de febrero de 2005


 RESUMEN:

Sanción por falta muy grave. Confirmación. No se aprecia discriminación. Igualdad ante la ley y discriminación. Diferencias.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia recurrida de fecha 20 de julio de 2004, dice en su parte dispositiva: "Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Pedro Jesús contra la empresa 'Servicleop, S.L.' debo confirmar y confirmo la sanción por falta muy grave impuesta al actor mediante escrito de 12-5-2004, absolviendo a la demandada de la pretensión en su contra deducida".

Segundo.-Que en la citada sentencia y como Hechos probados se declaran los siguientes:

"Primero. El actor D. Pedro Jesús, con DNI núm. ... venía prestando servicios por cuenta y dependencia de la empresa demandada 'Servicleop, S.L.' dedicada a la actividad de Transporte de mercancías por carretera, desde el día 1-8-2001, con la categoría profesional de conductor mecánico y salario de 1.790,76 euros mensuales, incluida la prorrata de pagas extras.

Segundo. La empresa demandada mediante escrito de fecha 29-4-2004 notificó al actor la incoación de un expediente contradictorio para la imposición de una falta grave y otra muy grave. La muy grave la describía del siguiente modo: 'El pasado día 28-3-2004 mientras el actor se dirigía a un aviso conduciendo la grúa número 58 con matrícula ... marca Nissan modelo Cabstar E no respetó la señal ceda el paso que hay en el cruce de las calles Cardenal Costa con la Avenida Vall Duxó (antigua nacional 340). Al no realizar usted el referido ceda el paso colisionó con un vehículo (un Opel zafira) que circulaba por su derecha en la Avda. Vall Duxó y frontalmente con un Volvo S70 que se hallaba en la C/Cardenal Costa esperando para salir e incorporarse a la calzada. A consecuencia de esta colisión la grúa que Ud. conducía sufre rotura del depósito de gasolina, rotura del soporte del depósito así como hundimiento de los laterales izquierdo y derecho, el presupuesto de reparación de chapa y mecánica realizado por el taller asciende a 1.824,57 euros'. La falta grave que se le imputaba consistía en la rotura de los embragues de la grúa núm. 41 el día 25-3-2004 y de la grúa núm. 57 el día 15-4-2004, importando la reparación de cada uno la cantidad de 510 euros. Mediante escrito de fecha 4-5-2004 (que obrando en autos se da por reproducido), el actor presentó pliego de descargos alegando, sobre el accidente sufrido el 28-3-2004, que debido a la intensa lluvia que caía se produjo el efecto vaho en la cabina (en ese momento puso la calefacción para neutralizar el vaho). Que cuando llegó al referido cruce, el semáforo que regula el mismo estaba apagado por lo que se adentró en el cruce dejando atrás unos 10 metros una señal de ceda el paso, miró a ambos lados de la carretera e inició la marcha debido a las condiciones dentro y fuera de la cabina, no pudo percibir que por su derecha venía el Opel Zafira de color gris claro (añadiendo que este tipo de pintura unido a las condiciones antes citadas de lluvia y vaho hacían que fuera muy poco probable que viera el vehículo como así ocurrió), el cual le embistió por su derecha empotrándose en su grúa. Debido al impacto de su vehículo fue desplazo lateralmente haciendo que invadiera el carril contrario lo que ocasionó que un vehículo marca Volvo le embistiera por su lado izquierdo. Alegaba también en su descargo que todos los conductores de la empresa habían tenido accidentes de mayor o menor gravedad y habían sufrido averías y no por ello habían sido sancionados, entendiendo que se trataba de una persecución hacia su persona por su condición de representante de los trabajadores con el único fin de impedir su misión como tal.

Tercero. En fecha 12-5-2004 la empresa notificó al actor por escrito carta de sanción de suspensión de empleo y sueldo de 16 días, a cumplir del 15-5-2004 a 30-5-2004, por la comisión de falta muy grave, tipificada en el art. 27.9 del Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías por carretera de la Provincia de Castellón, aplicable a las partes, por los hechos descritos en la comunicación de iniciación del expediente contradictorio, entendiendo que no habían quedado desvirtuados con las alegaciones del actor; estimando, en cambio las alegaciones respecto de la falta grave no imponiendo por tales hechos ninguna sanción.

Cuarto. Que se estima acreditado que el accidente del día 28-3-2004 ocurrió de la forma descrita en la comunicación de iniciación del expediente contradictorio. El actor rellenó el mismo día 28-3-2004 sendos partes de accidentes con los conductores de los otros dos vehículos implicados, reconociendo que no había respetado la señal de ceda el paso que le afectaba. Que la reparación de la grúa que conducía el actor ha costado 1.979,37 euros.

Quinto. El demandante ostenta la condición de Delegado de Personal.

Sexto. Con fecha 24-5-2004 se presentó papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación -SMAC-, celebrándose el acto conciliatorio el día 4-6-2004, terminado con el resultado de sin avenencia. El día 9-6-2004 se presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Castellón."

Tercero.-Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, que fue debidamente impugnado. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.-1. Se recurre por la parte actora la sentencia de instancia que confirmó la sanción por falta muy grave impuesta por la empresa demandada. Se basa el recurso en un motivo único, redactado al amparo de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral -en adelante, LPL-, en el que se denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 27.9 del convenio colectivo de Transporte de Mercancías por Carretera de la Provincia de Castellón, en relación con el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores -en adelante, ET- y 14 de la Constitución Española. Entiende el recurrente que la empresa, al imponerle la sanción que ahora se recurre, vulneró su derecho a la igualdad y no discriminación, pues, se afirma en el recurso, en supuestos similares en que otros compañeros de trabajo han ocasionado accidentes y daños materiales, nunca se les ha impuesto la sanción prevista para la falta del artículo 27.9 del convenio.

2. El motivo no puede prosperar, por las siguientes razones. En primer lugar, porque no ha quedado acreditada la premisa de la que parte el recurrente; esto es, que la empresa haya procedido de manera distinta y en perjuicio del hoy recurrente, en supuestos idénticos o, al menos, que presenten una similitud sustancial. Nada se dice al respecto en los hechos probados, a los que esta Sala queda inevitablemente vinculada en la resolución del recurso, y de lo razonado en los fundamentos jurídicos se desprende justamente lo contrario a lo sostenido por el recurrente, pues se razona en aquéllos, que de lo manifestado por el testigo que declaró en el acto del juicio, se puede concluir que en la empresa no ha tenido lugar ningún otro accidente de la misma gravedad que el ocasionado por el actor. Por tanto, correspondía al demandante acreditar la afirmación en la que sustenta su alegato de discriminación y probar, no sólo que en supuestos sustancialmente iguales en que se ha producido un accidente de entidad por imprudencia o negligencia de otro conductor de la empresa, ésta ha obrado de forma más benevolente, sino también aportar los indicios de discriminación necesarios que revelen que tal actuación empresarial se asienta sobre una de las causas de discriminación prohibidas por los artículos 14 CE y 17 ET.

3. En efecto, como ha señalado esta Sala, por ejemplo en sentencia de 6-2-2002 (número 801), recogiendo la doctrina jurisprudencial manifestada en las SSTS de 17-10-1990, 23-9-1993 o 17-5-2000 "el artículo 14 de la Constitución Española comprende dos prescripciones que han de ser diferenciadas: la primera, contenida en el inciso inicial de ese artículo, se refiere al principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley por los poderes públicos; la segunda se concreta en la prohibición de discriminaciones y tiende a la eliminación de éstas en cuanto implican una violación más cualificada de la igualdad en función del carácter particularmente rechazable del criterio de diferenciación aplicado" y "esta distinción tiene, según la jurisprudencia constitucional, especial relevancia cuando se trata de diferencias de trato que se producen en el ámbito de las relaciones privadas, pues en éstas, como señala la sentencia 34/1984, la igualdad de trato ha de derivar de un principio jurídico que imponga su aplicación". Ello es así porque, según la citada sentencia del Tribunal Constitucional, el principio de autonomía de la voluntad deja "un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador respetando los mínimos legales o convencionales", salvo cuando "la diferencia de trato en materia salarial tenga 'un significado discriminatorio por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución por el Estatuto de los Trabajadores'. Esto diferencia claramente el ámbito del principio de igualdad y el de la prohibición discriminatoria, pues mientras que el primero se vincula a la Ley y, en general, a las actuaciones de los poderes públicos (sentencia del Tribunal Constitucional 161/1991), el segundo extiende también su obligatoriedad en el ámbito de determinadas relaciones privadas. Por ello, tanto la doctrina constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 52/1987, 136/1987 y 177/1993, entre otras), como la de esta Sala (sentencias de 13 de mayo de 1991, 22 de mayo de 1991, 22 de noviembre de 1991, 14 de octubre de 1993, 7 de julio de 1995, entre otras) consideran que es contrario al principio de igualdad el trato diferente no justificado establecido por un convenio colectivo para los trabajadores temporales. Pero para ello se pondera que el convenio colectivo, aunque surgido de la autonomía colectiva, tiene en nuestro ordenamiento valor normativo y eficacia general, de forma que se inserta el sistema de fuentes y en este sentido es equivalente a un instrumento público de regulación. Esto no sucede con las actuaciones singulares de los empresarios privados que corresponden al marco de la autonomía privada [artículo 3.1.c) del Estatuto de los Trabajadores] y no están vinculadas al cumplimiento del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, aunque puedan estarlo en función de otra normas que impongan la necesidad de un trato igual". De manera que -como indica la STC 52/1987, de 7 de mayo-, no toda diferencia es efectivamente discriminatoria, pero sí lo es aquella que se basa en alguna de las condiciones o circunstancias enunciadas en el art. 14 de la Constitución (STC 34/1984, de 9 de marzo) o que supone la lesión de un derecho o la vulneración de una norma (STC 59/1982, de 28 de julio). En esta misma línea ya señaló la doctrina Constitucional (STC 21/1992 de 14 de febrero) en relación, como es el caso, con un concreto supuesto de despido donde se alegaba tratamiento desigual por no haber sido despedidos otros trabajadores que pretendidamente habían incurrido en conductas similares a las imputadas al recurrente que, "el principio de igualdad ante la Ley no significa un impasible derecho a la igualdad en la ilegalidad, de manera que en ningún caso aquel a quien se aplica la Ley puede, considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la Ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido". En definitiva se puede concluir que no cabe apreciar tratamiento desigual cuando la empresa "aprecia indiciariamente en virtud de su propia depuración de los hechos, como titular del poder disciplinario, que no ha sido la misma la actitud de los trabajadores despedidos y la de los restantes" (STS 24 de septiembre de 1986).

4. Así las cosas y de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta, el recurso debe ser desestimado, pues no solamente ha quedado acreditada la negligencia del recurrente en el accidente sufrido y la entidad de los daños causados, sino que además, de ningún modo cabe apreciar que la empresa haya actuado en la imposición de la sanción, guiada por móvil discriminatorio alguno o con vulneración del principio de igualdad. Por último señalar, que la STC 27/44, de 4 de marzo, citada en el escrito de recurso, no altera la conclusión expuesta, pues la cuestión que se aborda en ella nada tiene que ver con la resulta en el presente recurso, toda vez que viene referida a las posibilidades que tiene un convenio colectivo de establecer retribuciones diferentes a los trabajadores en función de su fecha de ingreso en la empresa o del momento en que adquirieron la condición de fijeza en ella.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de don Pedro Jesús, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Castellón y su provincia, de fecha 20 de julio de 2004, en virtud de demanda presentada a su instancia contra la empresa "Servicleop, S.L."; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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