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Sentencia T.S. (Sala 4) de 15 de julio de 1997


 RESUMEN:

Impugnación de convenio colectivo. Nulidad de sentencia. Acuerdo conciliatorio con valor de convenio colectivo. Impugnación. Inexistencia de plazo de caducidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La Federación de Industrias Químicas y Afines de CC.OO. y la Federación de Industrias Afines de U.G.T. presentaron en su día demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, demanda dirigida contra "FESA-Fertilizantes Españoles, S.A.", "ERCROS, S.A.", "Fertilizantes Enfersa, S.A.", "Abonos Complejos del Sureste, S.A.", "Nitratos de Castilla, S.A.", "Industrial Química de Zaragoza, S.A.", "Fertiberia, S.L.", y otros.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional admitió a trámite dicha demanda y señaló el 13 de diciembre de 1994 para la celebración de los preceptivos actos de conciliación y juicio. Llegado ese día comparecieron ante este citado Tribunal de federaciones sindicales y las empresas mencionadas; e iniciado el acto las referidas partes intervinientes llegaron a un acuerdo conciliatorio, el cual acuerdo fue aprobado por la citada Sala de lo Social ante la que tuvo lugar, y luego fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo de 1995, mediante resolución de la Dirección General de Trabajo de 31 de marzo del mismo año.

A la vista de los hechos que se acaban de relatar, el sindicato Unión Sindical Obrera (U.S.O.) presentó ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el día 13 de diciembre de 1995, demanda impugnando el antedicho Acuerdo de 13 de diciembre de 1994, solicitando que se dictase sentencia declarando nulo en su integridad tal Acuerdo.

En las presentes actuaciones la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 25 de enero de 1996 en la que desestimó dicha demanda, en razón a entender que había caducado la acción para impugnar el referido Acuerdo dado lo que dispone el artículo 84.5 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Contra esa sentencia de 25 de enero de 1996, U.S.O. interpuso el recurso de casación que ahora se analiza.

Segundo.-Sin duda el Acuerdo impugnado en la presente litis tiene el valor de Convenio colectivo. A este respecto basta aquí recordar lo que con relación a ese mismo Acuerdo estableció la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 1996, en la que se precisa: "El acuerdo conciliatorio de 13 de diciembre de 1994 se concertó, como se ha expuesto, en un proceso de conflicto colectivo, entre las partes que habían intervenido en el mismo, habiendo sido expresamente aprobado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ante la que se pactó. Por consiguiente, dado lo que ordena el artículo 154.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, dicho acuerdo tiene 'la misma eficacia atribuida a los Convenios colectivos por el artículo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores', lo que significa que el alcance y fuerza vinculante de tal acuerdo será la propia de los Convenios colectivos".

Este específico carácter y condición del Acuerdo ahora impugnado provoca que sobre él incidan dos regulaciones manifiestamente diferentes en lo que respecta al plazo para ejercitar la acción de impugnación del mismo, lo que produce la existencia de un dilema interpretativo de nada fácil solución. Esto es así por cuanto que:

a)  El acuerdo logrado es, por un lado, una conciliación judicial concluida con avenencia de las partes que intervenían en el pleito, lo que puede conducir a considerar que el mismo está incardinado en el área de actuación del artículo 84.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, según el que "la acción para impugnar la validez de la avenencia (...) caducará a los quince días de la fecha de su celebración".

b)  Sin embargo, por otro lado, ese acuerdo tiene la condición y carácter de Convenio colectivo, y los artículos 161 y siguientes de la Ley Procesal Laboral que regulan la impugnación de estos Convenios, no establecen plazo de caducidad de ninguna clase en lo que atañe al ejercicio de esta acción de impugnación, lo que evidencia que la misma puede interponerse en cualquier momento en que el pacto colectivo mantenga su vigencia. Así se desprende de lo declarado por las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1993 y 20 de enero y 2 de febrero de 1994, las cuales aunque se refieren a la impugnación de los Convenios llevada a cabo de oficio por la autoridad laboral con base en lo establecido en el artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores, de ellas se deduce que la impugnación de los Convenios colectivos no está sujeta a ningún plazo específico de caducidad.

Tercero.-La Sala, después de estudiar con detenimiento la problemática indicada, llega a la conclusión de que el dilema que se acaba de exponer tiene que ser resuelto en el sentido de considerar que las disposiciones que se han de aplicar en la impugnación del Acuerdo de 13 de diciembre de 1994, sobre el que versa el presente proceso, son las que regulan la impugnación de los Convenios colectivos,y en consecuencia no cabe sostener que la acción para efectuarla está sujeta a un plazo determinado de caducidad. Avalan este criterio las razones que seguidamente se explican:

1.  La característica esencial de dicho Acuerdo, que prevalece sobre cualquier otra condición que pueda ostentar, es la calidad y eficacia de Convenio colectivo que el mismo presenta. Por ello en él se ha de aplicar, sobre todo, la normativa propia de los Convenios colectivos, máxime en una materia tan delicada y limitativa de los derechos subjetivos, como es la institución de la caducidad. No resulta compatible la condición de Convenio colectivo con un plazo tan breve para llevar a cabo la impugnación del mismo, como el que se fija en el artículo 84.5 citado.

2.  Lo que realmente constituye el núcleo definidor del Acuerdo a que nos estamos refiriendo, es su carácter y vigor de pacto colectivo; mientras que el hecho de haberse logrado mediante una transacción efectuada en un proceso judicial, es algo que puede calificarse de circunstancial, pues se refiere más bien a las condiciones del momento u ocasión en que el acuerdo se perfeccionó. Y es obvio que la determinación de la regulación aplicable ha de hacerse atendiendo a la esencia de la institución examinada, no a meros accidentes o aspectos de la misma que no participan de tal condición.

No cabe duda que si el referido Acuerdo se hubiese llevado a cabo "extra processum", es decir sin conexión alguna con un proceso judicial, la impugnación del mismo se podría efectuar sin sujeción a ningún plazo de caducidad. Y no parece muy razonable, que el mismo pacto, por la sola circunstancia de haberse conseguido en el ámbito de un proceso, sólo pueda ser válidamente impugnado dentro del reducido plazo de quince días. Sin que esta conclusión resulte desvirtuada por el hecho de que la conciliación judicial tenga que ser aprobada por el Juez o Tribunal ante el que tiene lugar ("ex" artículo 84 de la Ley de Procedimiento Laboral), pues esta exigencia no justifica por sí sola un cambio tan radical en la regulación de la impugnación de los pactos colectivos.

3.  Es cierto que el artículo 84.5 al estatuir el comentado plazo de caducidad no hace distingo ni diferenciación alguna; pero también es evidente que esta norma difícilmente puede ser tomada en consideración cuando el acuerdo conciliatorio tiene el carácter de Convenio colectivo, pues entonces entra en colisión con la naturaleza propia del mismo, como se ha expuesto en los números anteriores, y además, como se explica seguidamente, este artículo 84.5 está pensado fundamentalmente para los conflictos individuales, sin que pueda alcanzar a las impugnaciones de los pactos conciliatorios logrados en los juicios de conflicto colectivo.

4.  No ofrece duda que el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Laboral está construido sobre la base de que ha de ser fundamentalmente actuado en el radio de acción de los conflictos individuales. Así lo pone de manifiesto el hecho de que el mismo esté comprendido entre las disposiciones correspondientes al proceso ordinario laboral, del que queda fuera la modalidad procesal de conflicto colectivo. Además la norma limitadora que impone el artículo 84.5 se compagina mucho mejor con las conciliaciones concertadas en el ámbito de los conflictos individuales, pues tales conciliaciones sólo afectan normalmente a las personas concretas que en ellas hayan intervenido, por lo que lo lógico es que tan sólo sean impugnadas por esas mismas personas. Nada similar acontece en la impugnación de los Convenios colectivos, puesto que, en primer lugar, esta Sala en su sentencia de 9 de mayo de 1994 ha precisado que estos Convenios no pueden ser impugnados por quienes los hayan firmado; y además esta clase de pactos alcanzan a numerosas personas que no han intervenido en la negociación y aceptación de los mismos, y que incluso pueden no tener ningún tipo de relación, vínculo ni conexión con las entidades o asociaciones que los suscribieron. Aplicar el reducido plazo de caducidad que fija el artículo 84.5 a las impugnaciones de Convenios colectivos que pretendieran ejercitar tales personas o determinadas entidades sindicales en defensa de los intereses de esas personas, por la sola razón de que el Convenio se consiguió en virtud de avenencia judicial, implicaría en los más de los casos vulnerar el artículo 24.1 de la Constitución; máxime cuando dicho plazo se cuenta a partir de la "celebración" de tal avenencia, siendo fácil que los referidos sujetos afectados por el pacto en ella logrado no tengan noticia de su existencia, sino cuando ya ese plazo está totalmente vencido.

5.  Debe añadirse además que la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, en sentencias un tanto añejas (así las de 8 de febrero de 1905 y 22 de febrero de 1950), interpretó el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contiene una norma similar al artículo 84.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el sentido de afirmar que el plazo de caducidad que tal precepto establece, no es aplicable a todos los supuestos de anulación del pacto logrado en la conciliación judicial, dado que ese plazo solo se ha de tener en cuenta en los casos en que se haya faltado a las condiciones o solemnidades exigidas por la Ley rituaria para su celebración, pero nunca puede ser extensivo a los demás vicios o causas que puedan anular lo convenido.

De todo lo que se acaba de expresar se deduce con toda claridad la conclusión de que la impugnación del Acuerdo conciliatorio de 13 de diciembre de 1994 se ha de regir por lo que prescriben los artículos 161 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, y que, por tanto, no está sujeta a ningún plazo de caducidad.

Cuarto.-De lo expuesto se infiere que la sentencia de instancia ha infringido las normas mencionadas, por lo que ha de ser casada y anulada. Ahora bien, esta Sala no puede en este momento pronunciarse sobre el problema de fondo que en esta "litis" se plantea, por cuanto que los hechos declarados probados en la sentencia recurrida son manifiestamente insuficientes a tal fin; por ello, y a la vista de lo que establece el artículo 97 de la Ley de Procedimiento Laboral, se han de devolver las presentes actuaciones a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, a fin de que, con entera libertad de criterio y haciendo uso si fuera preciso de diligencias para mejor proveer, dicte nueva sentencia en la que se expresa una declaración de hechos probados suficientemente extensa y además se entre a resolver sobre los problemas que en esta "litis" se suscitan, una vez sentadopor la presente sentencia que la impugnación aquí ejercitada no está sometida a plazo alguno de caducidad.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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