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Sentencia T.S. (Sala 4) de 6 de junio de 1991


 RESUMEN:

Recurso de casación. Infracción ley. Contrato de trabajo. Extinción. Voluntad trabajador. Proposición desempeño cargo inferior categoría.

EXTRACTO:

No todo incumplimiento empresarial es susceptible de determinar la resolución del contrato de trabajo, a instancia del trabajador, sino sólo aquéllos cuya gravedad "ha de vincularse a la manifestación de una voluntad empresarial deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones o a un hecho obstativo suficientemente significativo dentro de la economía del contrato, que impidiera la continuidad del mismo". No se trata meramente de la simple proposición empresarial del desempeño de un cargo inferior, que no es aceptado, sino más bien "de una constante insistencia para debilitar la oposición del actor y conseguir que éste se plegara a sus pretensiones". Manifestación de ese incumplimiento grave es la degradación manifiesta de la función y categoría del actor. Ello comporta perjuicio en su formación profesional, al venir constreñida su gestión al sector menos productivo de la empresa.

Contenido:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El actor, mediante contrato escrito otorgado en 24 de abril de 1980, ha venido prestando servicios laborales a la empresa demandada DUNI ESPAÑOLA, S.A., con la categoría de Director General, bajo la única supervisión del Gerente y percibiendo una retribución mensual fija, más una comisión del 2 por 100 sobre el resultado anual que se derive de "las ventas totales de la firma". El 3 de marzo de 1987, el empleador propuso la suscripción de un nuevo contrato, en cuya virtud el trabajador asumiría la responsabilidad inherente al cargo de Director Comercial de la División de Decoración, que representa un 5 por 100 del total del volumen de operaciones de la empresa, -el resto se efectua a través de los sectores de consumo y catering-; oferta que no fué aceptada. Desde finales de 1989 la sociedad ha intentado que el demandante pase a desempeñar la actividad de Jefe de Departamento de Decoración, cargo subordinado al Director Comercial y Administrativo, a su vez dependientes del Gerente, manteniéndole la parte fija del salario, pero reduciendo el importe de la comisión, pues aunque se eleva el porcentaje al 11,08 por 100, se limita la base a las operaciones realizadas en el departamento de decoración. Con fundamento de la descrita resultancia fáctica, declarada probada, el Juzgador de instancia ha estimado la pretensión resolutoria del trabajador, y frente a la sentencia que así lo acuerda, interpone el empleador recurso de casación, que articula en cinco motivos, amparados, los tres primeros, en el artículo 167.5 de la Ley Procesal Laboral de 13 de junio de 1980, y los dos restantes, en el ordinal primero del citado precepto adjetivo.

Segundo.-Se pretende, en primer lugar, la rectificación del hecho tercero probado a fin de que se haga constar, que el nuevo contrato de fecha 3 de marzo de 1987, fué aceptado por el actor. Pretensión que es de rechazar al no existir, como dictamina el Ministerio fiscal, en la prueba documental invocada, dato suficiente que acredite la sustitución de la relación laboral de 1980 por la nueva que pretendía el empleador. En efecto: a) El documento fechado en 3 de marzo de 1987, no aparece firmado ni por el trabajador, ni por el empleador, no resultando, por tanto, eficaz a efectos revisorios. b) Es cierto, como afirma el recurrente, con cita de los artículos 1262 y 1278 del Código Civil, que "el consentimiento", perfeccionador de los contratos y sin exigencia formal alguna, se manifiesta por el concurso de la oferta y aceptación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato, pero ello no conduce a su tesis de haber sobrevenido tal consentimiento contractual. De una parte el Juzgador de instancia estima que la remuneración salarial base del año 1987 permaneció inalterada, sin sufrir variación alguna antes y después del proyectado cambio; de otra es de remarcar que el nuevo sistema de comisiones proyectado -600.000 pesetas anuales, variables en relación a los conceptos "beneficios de ventas", "créditos de clientes" y "rotación de stocks"- nunca fué realidad, ya que el propio documento alegado por el recurrente -folio 136- acredita que el trabajador continuó percibiendo el porcentaje del 2 por 100 sobre ventas de la División de Decoración. c) No es usual que una relación laboral que se otorga, por ambas partes procesales en 1980, y que se documenta por escrito, sufra, con posterioridad, una novación, por la que se modifiquen, sensiblemente, en forma verbal, y en perjuicio del trabajador, las condiciones laborales antaño fijadas por escrito. d) En definitiva, pues, es de rechazar el motivo; la esgrimida tesis del consentimiento novatorio de 1987 ni aparece claramente, y sin necesidad de conjeturas o argumentaciones en la documental invocada, ni puede sustituir el criterio del Juzgador deducido de un examen conjunto de la prueba en los términos del artículo 89.2 del Texto Refundido Procesal de 1980.

Segundo-Han de ser desestimados, igualmente, los motivos segundo y tercero del recurso dado que: a) respecto al segundo, resulta intranscendente para el significado del fallo que el Consejo de Administración solicitará al actor -en marzo de 1985, y por lo tanto mucho antes del pretendido consentimiento novatorio de 1987- una especial atención a las ventas y rentabilidad de la División de Decoración; sugerencia empresarial que no resulta incompatible con el cargo de Director Comercial del trabajador; b) con referencia al tercero, el organigrama aportado por la empresa no resulta eficaz a efectos revisorios; se trata de un documento confeccionado por la empresa, sin firma, ni fecha, que, de todas maneras evidencia que las funciones del actor que consistían -cláusula segunda del contrato otorgado en 1980- en "controlar todo el desenvolvimiento comercial de la finca", fueron sustituidas por las correspondientes a un Director de División, cuya actividad no superaba el 5 por 100 del tráfico mercantil de la demandada.

Tercero.-La naturaleza y significado de los motivos cuarto y quinto que denuncian la aplicación del artículo 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores exigen, a fin de evitar duplicidad argumentativa, su tratamiento unitario. En realidad, aunque el Juzgador de instancia no ha aplicado el precepto citado, sino el inserto en el apartado 1.c) del mencionado precepto disciplinario deviene claro que el problema queda referido a si existen los dos elementos esenciales para el éxito de la pretensión resolutoria ejercitada: incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del empresario, y que tal incumplimiento redunde en perjuicio de la formación profesional o en menoscabo de la dignidad del trabajo.

Respecto al primer requisito es de hacer notar que no todo incumplimiento empresarial es susceptible de determinar la resolución del contrato de trabajo, a instancia del trabajador, sino sólo aquéllos cuya gravedad "ha de vincularse -sentencia de la Sala de 15 de enero de 1987- a la manifestación de una voluntad empresarial deliberadamente rebelde al cumplimiento de las obligaciones o a un hecho obstativo suficientemente significativo dentro de la economía del contrato, que impidiera la continuidad del mismo". Y esa voluntad renuente al cumplimiento de obligaciones pactadas conforme al principio de buena fe, básico en toda relación jurídica, se da en el supuesto enjuiciado, en el que, como afirma el Ministerio fiscal, no se trata meramente de la simple proposición empresarial del desempeño de un cargo inferior, que no es aceptado, sino más bien "de una constante insistencia para debilitar la oposición del actor y conseguir que éste se plegara a sus pretensiones". Manifestación concreta de ese incumplimiento grave es la degradación manifiesta de la función y categoría del actor a quién se trata de privar de su actividad de Director Comercial, y de someter a los cargos de Director Comercial y Director Administrativo. Ello comporta, a la vez, perjuicio en su formación profesional, al venir constreñida su gestión al sector menos productivo de la empresa -5 por 100 del total y sustraerle- como segundo en la jerarquía de la empresa facultades decisorias de organización y control. Finalmente, el menoscabo patrimonial resulta de reducir la comisión del 2 por 100 sobre una base equivalente a las "ventas totales de la firma", al mismo porcentaje sobre el beneficio de ventas del sector de decoración, minoración que persiste aún elevando este último porcentaje -como hace la empresa en su última proposición- al 11,08 por 100.

En conclusión, pues, no existiendo las violaciones alegadas en el recurso se impone la desestimación de éste, dado que, además y de acuerdo con el informe del Ministerio fiscal, el actor no está en disposición, y no por su culpa, de continuar desempeñando pacíficamente las funciones contratadas, de modo que sólo la resolución del contrato consolidaría definitivamente la regulación de hecho en su categoría y remuneración.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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