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Sentencia T.S.J. Baleares de 3 de junio de 2005


 RESUMEN:

Subrogación empresarial. Empresa de limpieza. Desempeño de funciones de inferior categoría. Deber del empresario de reponer a la demandante en el desempeño de funciones propias de su categoría. Modificación de las condiciones de trabajo no comunicadas al actor. La acción no está sujeta a plazo de caducidad de 20 días.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"Primero. La demandante D.ª Ángeles con DNI ...viene prestando servicios por cuenta de la empresa demandada 'Rentevic, S.A.' en el centro de trabajo que la empresa posee en el Aeropuerto de Son Sant Joan con antigüedad de 10 de agosto de 1990, categoría profesional de capataz conductor y salario de 1.233,60 euros mensuales con exclusión de partes proporcionales de pagas extraordinarias.

Segundo. La demandante durante el año 2003 prestó servicios por cuenta de la empresa 'European Clearing Sistems, S.A.' la cual fue sucedida en la contrata de limpieza en el mes de enero del presente año por empresa 'Rentevic, S.A.'.

Tercero. La demandante pasó a desempeñar la categoría profesional de capataz-conductor a partir del 1 de agosto de 2003 y en virtud de documento firmado por las partes en dicha fecha, pasando la actora también a percibir la retribución correspondiente a dicha categoría profesional. Hasta entonces la categoría profesional de la actora era la de Limpiadora.

Cuarto. Las funciones de la demandante cuando prestaba servicios por cuenta de la empresa 'European Clearing Sistems, S.A.' como capataz conductora eran trasladar al equipo de Limpiadoras en vehículo por ella conducido hasta la aeronave, y una vez allí distribuir el trabajo de éstas efectuando también tareas de limpieza. A partir de enero de 2004 la actora desempeña únicamente tareas de limpieza. Tras la subrogación la actora ha visto respetada su categoría profesional, salario y horario laboral.

Quinto. En el momento de producirse la subrogación 'Rentevic, S.A.' disponía en plantilla de un total de cinco capataces.

Sexto. El día 19 de julio de 2004, la actora prestó servicios de limpieza durante dos horas en Can Pastilla con motivo de sustituir a otra trabajadora de baja por enfermedad.

Séptimo. El Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la CAIB en el art. 38 establece que al término de una contrata todos los trabajadores que, dependiendo del concesionario saliente lleven prestando sus servicios en las dependencias de la empresa o institución principal que contrata un mínimo de cuatro meses anteriores a la fecha de aquel término, pasarán a depender de la nueva empresa, sea cual fuese la modalidad del contrato de trabajo, respectándoles la modalidad del contrato, categoría profesional, jornada, horario, antigüedad e importe total de salarios y en definitiva sus condiciones laborales reconocida, que cada uno de ellos tuviera reconocidos en el momento de finiquitar su relación laboral con el concesionario saliente.

También serán respetadas otras condiciones adicionales pactadas que tengan formalmente reconocidos tales trabajadores al término de la contrata, si bien reconociendo estos últimos que la organización del trabajo corresponde a la nueva empresa adjudicataria.

En aquellos centros en los que se hubiere realizado elecciones sindicales de centro, en el supuesto de subrogación de empresas, los representantes de los trabajadores pasarán como tales y en idéntica situación a la nueva empresa adjudicataria. Los trabajadores, pese al cambio de adjudicatario de la contrata a la que está adscrito su puesto de trabajo, tendrán derecho a los días de vacaciones todavía no disfrutados que han sido devengados, a prorrateo, durante su relación laboral con el contratista saliente. Dichos días de vacaciones los disfrutarán en las fechas que reglamentariamente les correspondan, durante su relación laboral con el nuevo concesionario, respetándole el calendario de vacaciones que tuvieran ya establecidos en su caso.

Cualquier movimiento salarial, contractual habido en la empresa saliente durante los seis meses, en el caso salarial y cuatro meses en el resto de situaciones anteriores a la fecha de sustitución de un concesionario, como norma general no serán respetadas.

Noveno. Presentada papeleta de conciliación por la demandante ante el TAMIB en fecha 2 de agosto de 2004 el acto tuvo lugar el día 10 de agosto con el resultado de celebrado sin acuerdo."

Segundo.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

"Que desestimando la demanda deducida por D.ª Ángeles contra la empresa 'Rentevic, S.A.' en materia de reconocimiento de derecho debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos formulados contra la misma."

Tercero.-Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado D. Ángel Olmos Mené en representación de D.ª Ángeles, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por la Sra. Letrado D.ª Juana M.ª Mercadal Mayol; siendo admitido a trámite dicho recurso por esta Sala, por Providencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil cinco.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El recurso articula tres motivos, el primero con sede en el art. 191.b) de la LPL. Dicho motivo postula que la redacción del hecho probado quinto sea la siguiente: "En el momento de producirse la subrogación, 'Rentevic S.A.' disponía en plantilla de un total de 4 capataces, uno de ellos contratado el 1 de enero de 2004".

La solicitud se funda en el acta del juicio, lo que la convierte en improsperable, habida cuenta de que las únicas pruebas aptas para evidenciar en suplicación el error de hecho son, de conformidad con los arts. 191.b) mencionado y 194.3 de la LPL, las documentales y periciales. El acta del juicio no es verdadera prueba documental sino documentación suficiente -art. 89.1- de cuanto acaece en dicho trámite, de modo que no altera la naturaleza intrínseca de los medios de prueba que en el juicio se practican y cuyo contenido recoge.

El motivo fracasa.

Segundo.-El motivo segundo se encauza a través del art. 191.c) de la Ley Procesal, denunciando infracción del art. 4.2.a) del ET en relación con el Convenio Colectivo de Limpiezas de Edificios y Locales de Baleares, el apartado V.d) de la Orden de 15 de febrero de 1975 y el art. 44 del ET. El motivo alega que el derecho del trabajador a la ocupación efectiva no se satisface con la realización de unas determinadas funciones sino por las de aquellas acordes con la categoría que ostenta; que la empresa ha relegado a la actora a realizar labores exclusivas de limpieza, pese a que tiene reconocida la categoría de capataz-conductor; y que la trabajadora no se ha aquietado con esta situación sino que ejercita la acción tendente a que se le repongan en sus funciones dentro de plazo.

Lleva razón el recurso cuando sostiene que el derecho del trabajador a ocupación efectiva que consagra el art. 4.2 a) del ET tiene por contenido esencial realizar las tareas precisas que corresponden a su grupo profesional o categoría equivalente. Así se infiere con seguridad de las normas que dicta el art. 39.2 del ET en materia de movilidad funcional, al disponer que sólo cabe encomendar al trabajador otras tareas distintas si existen razones técnicas u organizativas que lo justifiquen "y por el tiempo imprescindible para su atención". La encomienda de funciones inferiores reviste además carácter absolutamente excepcional. El precepto la admite en el solo caso de que aparezca justificada "por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva".

La actora ostenta la categoría profesional de capataz-conductor, cuyos cometidos consisten, a tenor de lo que consta probado, en conducir el vehículo que traslada el equipo de limpiadoras y distribuir entre éstas el trabajo, así como efectuar tareas de limpieza. Sin embargo, desde que la empresa demandada se subrogó en su relación laboral en enero de 2004, únicamente se le encargan labores de limpieza, si bien se le ha respetado su categoría, salario y jornada. Este estado de cosas persistía cuando en el mes de agosto siguiente la trabajadora planteó la demanda origen del presente pleito, con la pretensión de que se condene a la empresa a reponerla en el ejercicio real de las funciones de capataz-conductora.

El motivo, y con él la demanda, deben prosperar. Los problemas organizativos que arguye la empresa para emplear a la actora en puesto que no se ajusta a su categoría profesional y que al parecer derivan de que ya cuenta con suficiente número de capataces resulta evidente que no son susceptibles de catalogarse como "necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva", únicas que legitiman destinar al trabajador a que efectúe funciones propias de una categoría inferior a la suya. Ocho meses constituye, además, lapso temporal bastante para solventar esos problemas, conjugando los intereses empresariales con el derecho laboral de la interesada. La conducta empresarial respecto de la actora tampoco cumple, así pues, el requisito de que la movilidad funcional del trabajador se limite al "tiempo imprescindible".

No prevalecen frente a esta conclusión los argumentos en que la sentencia recurrida basa su decisión desestimatoria. El art. 41.1.f) del ET considera modificación sustancial de las condiciones de trabajo las que afectan a las funciones del trabajador cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39. La empresa, sin embargo, no ha seguido esta vía ni ha comunicado a la trabajadora la decisión formal de modificar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sus condiciones de trabajo en el aspecto tocante a las funciones que desempeña. No existiendo, pues, decisión empresarial modificativa de las condiciones laborales notificada a la trabajadora, el plazo de veinte días hábiles que los arts. 59.4 del ET y 138.1 de la LPL conceden para reaccionar contra ella carece de aplicación. El ejercicio por la trabajadora de la acción para que se la restaure en la integridad de su derecho, por tanto, no queda sometido a otra restricción temporal que el plazo de un año, general de prescripción, que contempla el 59 del ET.

La empresa, de otra parte, no ha discutido en momento alguno la categoría profesional de la demanda. Antes bien, se la ha reconocido desde el momento mismo en que la incorporó a su plantilla. La observación del juzgador de que, según el Convenio Colectivo del ramo, la demandada no estaba obligada a respetar esa categoría porque la trabajadora la había adquirido menos de seis meses antes de producirse la subrogación empresarial altera los términos del debate y, si fuera el único fundamento del fallo, lo viciaría por incongruencia, de conformidad con el párrafo segundo del art. 218.1 de la LEC.

Tercero.-El éxito del motivo segundo hace innecesario el examen del tercero, motivo, por lo demás, inatendible, pues el litigio no suscita cuestiones interpretativas de normas que deban resolverse acudiendo al principio in dubio pro operario. En consecuencia, se estima el recurso, se revoca la sentencia de instancia y se da lugar a la demanda.

FALLO

Primero.-Se estima el recurso de suplicación que interpone D.ª Ángeles contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2004 por el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Cuatro de Palma de Mallorca, la cual se revoca y se deja sin efecto.

Segundo.-Se estima la demanda que formula la Sra. Ángeles contra la empresa "Rentevic, S.A.", a la que se condena a reponer a la trabajadora en el ejercicio real de las funciones propias de su categoría de capataz-conductora.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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