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Sentencia T.S.J. Madrid de 31 de mayo de 2005


 RESUMEN:

Despido. Falta continuada. Homogeneidad de hechos y unidad de propósito. Prescripción. Desestimación. Despido nulo. Desestimación. Inexistencia de indicio de vulneración de derecho fundamental.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"Primero. El demandante ha venido prestando sus servicios para la empresa demandada desde el día 1-4-87 con categoría profesional de Director Administrativo. El 29-3-95 las partes suscribieron un contrato de trabajo de Alta Dirección, con efectos de 1-1-95, pactando una retribución bruta anual de 4.250.000 pesetas (25.543,01 euros), y un bonus en función de los resultados de la filial española y de la actuación personal del contratado. Las partes pactaron que si se extingue el contrato por deseo de la compañía, el contratado tendrá derecho a una indemnización de 15 días de salario por año de servicio, reservándose la compañía el derecho de decidir si el contratado deberá reintegrarse a su anterior función de Director Administrativo, sin indemnización, o por el contrario deberá dejar la empresa con las indemnizaciones previstas, sin que pueda ser inferior a 360 días. Se da por reproducido dicho contrato.

El salario que venía percibiendo el demandante en la fecha de la extinción de la relación laboral era de 86.291,80 euros anuales divididos en 14 pagas, más un bonus anual del 20% sobre el salario anual, lo que supone un salario anual bruto de 103.550,16 euros, y mensual de 8.629,18 euros (Hecho no discutido).

Segundo. Con fecha 29-3-04, la empresa comunicó al actor por escrito la concesión de un permiso retribuido hasta el 31-3-04 o hasta nueva orden, a fin de investigar diversas irregularidades en la gestión de los gastos de la sociedad. (Doc. 5 de la empresa y 4 del actor).

El 31-3-04 le comunican que continúa en la misma situación hasta que se le diga otra cosa. (Doc. 5 del actor).

Tercero. Con fecha 5-4-04 la empresa comunica al actor, mediante burofax, su despido disciplinario, con efectos del mismo día por trasgresión de la buena fe contractual, probidad y lealtad y abuso de confianza, describiendo a continuación varios hechos que resumidos son:

-Cargo a la empresa de gastos de viaje al extranjero no autorizados y su ocultación, ordenando a la agencia de viajes la emisión nuevamente de las facturas correspondientes con un contenido ficticio.

- Pago con cargo a la empresa de viajes de D.ª Raquel, persona de la República Dominicana totalmente ajena a nuestra entidad.

-Cargo a la empresa de habitaciones dobles de hotel y otros gastos sin que exista justificación por razones de trabajo. Utilización de días de trabajo para sus ocupaciones personales.

-Retirada de efectivo con la tarjeta de la Empresa, haciendo contabilizar como dinero de caja y utilización irregular de los fondos así obtenidos.

Aumento de las comisiones a determinados agentes en un porcentaje al que no tienen derecho, para devolverles con cargo a la empresa, préstamos personales que le habían hecho a usted.

Apropiación del rappel o descuento por ventas que nos han venido haciendo en los últimos años nuestro proveedor de pernos Larry Casas Verhaar, S.L. Instalación en nuestra oficina de su residencia particular habitual.

Otras irregularidades.

Se da por reproducida la carta de despido (Doc. 7 de la empresa y 6 del actor).

Cuarto. El demandante tiene amplios poderes (doc. 2 de la empresa y 9 del actor).

Quinto. Con fecha 16-12-02 el Consejero difunde una circular en la que se prohíbe al personal de la filial que viaje fuera de España sin su acuerdo previo, y en ningún caso si el viaje es con destino a las Islas Canarias o Latinoamérica. (Doc. 3 de la empresa)

Sexto. Mediante cartas de fechas 1 y 8 de marzo de 2004, los trabajadores de la empresa en España (D.ª Eva, D. Guillermo y D.ª Ana María) comunican al Director General que desde hace algunos meses vienen observando reiteradas irregularidades cometidas por el Director de la filial D. Lázaro, describiendo en qué consisten dicha irregularidades. Se dan por reproducidas las citadas comunicaciones, que constituyen el documento núm. 4 de la empresa.

Séptimo. El demandante ha realizado varios viajes al extranjero, incluidas las Islas Canarias y Latinoamérica, sin estar autorizado por la empresa, además ha cargado en la cuenta de la empresa facturas de billetes de avión, alojamiento en hoteles y otros gastos no ocasionados como consecuencia del trabajo, ocultando datos a la empresa ya que hay facturas reales por viajes a lugares distintos de los que constan a efectos de contabilidad (ej: factura de fecha 18-2-04 por vuelos Madrid-Santo Domingo, figurando en la contabilidad vuelos Madrid-Málaga y Madrid-Alicante y noches en el Meliá Alicante; factura de 9-1-04 por vuelo de ida y vuelta a París, cuando los datos de la reserva ponen de manifiesto que se trató de un viaje a Santo Domingo; factura de 20-12-02 por un vuelo Madrid-Santo Domingo, y figura vuelo Madrid-Almería-Madrid, y dos noches en el Hotel Torreluz IV de Almería; factura de 2023-OZ por vuelo Santo Domingo-Madríd-Santo Domingo aunque consta dos vuelos Madrid-Barcelona-Madrid y estancia en hotel Condes de Barcelona; factura de 9-12-02 originada por una habitación en el Hotel Occidental Gr. Flamenco de Punta Cana, si bien figura como un billete de AVE Madrid-Sevilla-Madrid; factura de 16-9-02 por un vuelo Madrid-Santo Domingo aunque consta como por dos pasajes de ida y vuelta Madrid-Barcelona con estancia en el hotel Juan Carlos I de Barcelona; factura de 11-9-02 por vuelo Roma-Madrid y figura como ida y vuelta Madrid-Almería-Madrid y estancia en dicha ciudad; factura de 10-9-02 por viaje Madrid-Roma-Milán y estancia en el hotel Sheraton de Roma, figurando viaje Madrid-Barcelona y dos noches de hotel; factura de 30-12-02 por vuelo Madrid-Barcelona-Madrid constando Madrid-La Coruña-Madrid y Madrid-Bilbao-Madrid) (Documentos 9 a 17 de la empresa).

Octavo. Asimismo el actor ha cargado en la cuenta de la empresa gastos de viaje de D.ª Raquel, al parecer una amiga dominicana del demandante. (Doc. 18 a 25 de la empresa), y gastos de hoteles en Madrid, Tenerife, Palma de Mallorca, Barcelona y Bayona y gastos de avión del actor y de D.ª Raquel a Palma de Mallorca, Barcelona y Vigo en fechas que coinciden con estancias de D.ª Raquel en España (Doc 26 a 29 de la empresa)

Noveno. El actor ha realizado disposiciones en efectivo con la tarjeta de crédito contra la cuenta de la empresa, regularmente y por importe siempre de 500 euros (2-1-04, 6-1-04, 9-1-04, 22-1-04, 29-1-04, 6-2-04, 10-2-04, 16-2-04, 22-2-04, 4-3-03 y 10-3-04, y el día en que fue suspendido de empleo (29-3-04) sacó 600 euros (Doc. 30 de la empresa).

Décimo. El actor ha falseado datos contables en la empresa al justificar gastos de caja con facturas de viajes que ya han sido abonados por la empresa, puesto que, por un lado se pasa la factura del viaje, y por otro el importe del avión mediante la presentación de la tarjeta de embarque del billete electrónico (Doc. 31, 32 y 33 de la empresa).

Undécimo. Por orden del actor, un agente de Galicia, don Carlos, percibió indebidamente una comisión del 0'6 % por una operación en la que no intervino, ya que se realizó en Vizcaya.

Previamente el Sr. Carlos había efectuado al demandante un préstamo de 3000 euros, cantidad que le devolvió mediante el pago, con cargo a la empresa, de comisiones indebidas (Doc. 34 de la empresa).

El agente don Paulino declaró, en Acta Notarial de fecha 16-6-04, que el 19-11-02 prestó a don Lázaro 3000 euros, cantidad que le ha sido devuelta en la liquidación de comisiones, según pactó con el prestatario en noviembre de 2002. (doc. 35 de la empresa).

Duodécimo. La empresa Larry Casas Brear, S.L., proveedor de la demandada, ha entregado al demandante cantidades de dinero por descuentos concedidos o rappels, mediante giros a su nombre, talones o pagarés, sin que el actor haya reintegrado dichas cantidades a la empresa. (doc. 37 de la empresa).

Decimotercero. Conforme al documento núm. 38 de los aportados por la empresa, la agencia de viajes TRANSOCEAN, S.A. solicita autorización para expedir un billete a Santo Domingo que el Sr. Lázaro solicitó con cargo a la empresa para el día 31-3-04, por un importe total de 1.114,17 euros.

Decimocuarto. Conforme al documento núm. 39 de la demandada, el actor abonó con la tarjeta de la empresa, una estancia de cuatro personas, del 9 al 12 de enero de 2004, en el Hotel Paradisus Punta Cana.

Decimoquinto. El demandante ha efectuado con el teléfono móvil de la empresa y con cargo a la misma, multitud de llamadas internacionales a República Dominicana, elevándose el importe total de las facturas a 1.266,02 euros en la factura de enero 2004 (periodo 18-11-03 a 17-12-03), a 1.845,24 euros en la factura de febrero 2004 (periodo de 18-12-03 a 17-1-04), a 2.371,72 euros en la factura de marzo 2004 (periodo de 18-1-04 a 17-2-04), a 2.069,93 euros en la factura de abril 2004 (periodo de 18-2-04 a 17-3-04) (Doc. 41 a 44 de la empresa).

Incluso después del despido, el actor ha continuado utilizando el teléfono móvil con cargo a la empresa, elevándose el importe de la factura de junio, por llamadas realizadas desde el 18-4-04 al 17-5-04, a 1.882,21 euros (Doc. 96). Se da la circunstancia de que la empresa había dado de baja la tarjeta del teléfono, por lo que, al parecer, el actor la rehabilitó sin el consentimiento de la empresa.

Decimosexto. El demandante se trasladó a vivir al chalet que constituye el domicilio de la empresa en octubre de 2003, residiendo en el mismo hasta que fue desalojado como consecuencia de su cese en la empresa.

Decimoséptimo. El demandante entregó a la empresa la tarjeta VISA núm. (...) y un juego de llaves de las oficinas el día 29-3-04, y el teléfono móvil y el vehículo VOLVO de la empresa el día 15-4-04. (Doc. 11 a 13 del actor).

Decimoctavo. La empresa tiene relaciones mercantiles con Latinoamérica.

Decimonoveno. Se ha intentado sin efecto la conciliación ante el SMAC."

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desestimando la demanda formulada por D. Lázaro contra PETITJEAN ESPAÑA, S.A., debo declarar y declaro la procedencia del despido acordado por la empresa demandada, a la que se absuelve de los pedimentos formulados."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte tal recurso objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha 20-1-05, dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 26 de abril de 2005 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia de instancia ha declarado la procedencia del despido del demandante, al haber quedado acreditados los hechos que se imputaban en la carta de despido, rechazando previamente que existiera prescripción de las faltas imputadas y que el despido se hubiese producido con vulneración del derecho de indemnidad del demandante.

El trabajador interpone recurso de suplicación frente a dicha sentencia en la que como primer motivo del recurso, al amparo del art. 191.a) LPL, solicita la nulidad de las actuaciones para que se aplique por el juez de instancia correctamente el principio de garantía de indemnidad y declare la nulidad del despido.

Este primer motivo debe ser rechazado porque no se indica la norma o garantía del procedimiento que le haya producido indefensión. Además, lo que combate realmente el recurrente en este motivo es la no estimación de nulidad del despido, lo que debe impugnar por la vía del art. 191.c) LPL, tal y como se ha realizado en el motivo decimosexto del recurso.

Segundo.-Como segundo motivo del recurso, con invocación del art. 191.b) LPL, se solicita la revisión del hecho probado quinto para que sea redactado con el texto siguiente: "A pesar de la Circular 16-12-2002, el actor sí estaba facultado para viajar a Canarias y a Latinoamérica a efectos de intentar abrir mercados". Esta redacción no puede prosperar porque no se invoca prueba documental alguna en la que apoyar tal revisión fáctica, tal y como exige el art. 191.b) LPL.

Tampoco procede la revisión del hecho probado séptimo que, como tercer motivo del recurso, interesa el recurrente para que se diga que: "Los viajes que el actor realizó a Canarias y a Latinoamérica lo fueron en el ejercicio de los poderes que tenía atribuidos por la empresa y con el fin de abrir mercados para ésta, resultando que la política de facturas de gastos de viajes fue determinada por la propia Presidencia del grupo y no por el actor, que ninguna responsabilidad tenía en la emisión de facturas". Los documentos que en este caso invoca son aportados por dicha parte bajo los números 10 y 15 a 22. Estos documentos, según el acta de juicio, no fueron reconocidos por la parte demandada y, además, no son idóneos para esta revisión al contener manifestaciones de terceros, las cuales no constituyen prueba documental sino que son testimonios documentados que sólo tienen eficacia probatoria si son introducidos en el proceso por la vía adecuada, como es la testifical (STS 23/09/98, 02/02/02 y 14/03/05).

También, en el motivo cuarto, se propone la revisión del hecho probado octavo con el fin de que se haga constar que los desplazamientos de la Sra. Raquel lo fueron por motivos profesionales relacionados con la demandada, invocando a tal fin el documento 10 de la prueba que se aportó por el recurrente. Pues bien, este motivo no puede prosperar por las razones apuntadas anteriormente respecto del mismo documento.

En el motivo quinto se interesa la revisión del hecho probado noveno para que, con base en el documento 9 de su prueba (doc. 2 de la prueba de la parte demandada), se diga que "Conforme a los poderes que la empresa había otorgado al actor y a la tarjeta de crédito que asimismo había entregado al actor, éste utilizó dicha tarjeta en el ejercicio de sus responsabilidades y funciones dentro de la empresa y en beneficio de ésta". Este hecho no puede ser introducido porque de la documental que se invoca (poderes otorgados al demandante) no se desprende lo que en él se quiere introducir y, por otro lado, no contradice lo que consignó el juez de lo social en dicho ordinal sobre disposición en efectivo de las cantidades de dinero en los días que allí se especifican.

El motivo sexto y séptimo del recurso se dirigen a la supresión de los hechos probados décimo y undécimo porque, según el recurrente, el primero lo ha obtenido el juez de instancia de una prueba documental de la parte contraria y que el recurrente no ha reconocido y el segundo de una declaración notarial no ratificada en el acto de juicio y por lo que se refiere al Sr. Carlos no se ha presentado prueba testifical. La eliminación de estos hechos no puede admitirse porque no se invoca prueba documental en la que apoyarla. Además, respecto a la falta de validez del acta notarial para tener por acreditados los hechos que en ella son manifestados por el Sr. Paulino, debemos aclarar que el juez de lo social lo que relata es el contenido del acta notarial como manifestación que allí vertió dicho señor, con el alcance que le ha otorgado en una valoración conjunta de la prueba práctica.

El hecho probado duodécimo es objeto del motivo octavo del recurso, del que también se interesa su supresión al estimar que del documento 37 no se desprende lo que en el hecho se consigna. El referido documento, refleja unas entregas de dinero al demandante en concepto de rappel por la empresa Larry Casas Brear, S.L. lo que se corresponde con lo consignado en el hecho probado en cuanto al percibo de cantidades, si bien su modificación no tiene relevancia para el signo del fallo.

En el hecho probado decimotercero se solicita una nueva redacción en la que se diga que "El vuelo Madrid-Santo Domingo-Madrid que realizó el actor entre los días 31 de marzo a 2 de abril, no fue a cargo de la cuenta de la empresa, sino de la cuenta de puntos que el actor tenía en la compañía aérea". El documento en el que se basa tal revisión es el que figura en la prueba documental del demandante, bajo el número 27, consistente en un e-mail emitido por mensajería intranet en el que se escribe "enviado por Air Europa...". Dicho documento no evidencia ningún error del juzgador respecto a lo consignado en dicho ordinal porque en él tan sólo se indica que se pidió autorización por la Agencia de Viajes para expedir un billete con cargo a la empresa, mientras que lo que quiere acreditar el demandante es que ese viaje lo realizó, finalmente, sin aquel cargo, lo que no vendría, en último caso, a suplir el hecho sino a completarlo.

En el hecho probado decimocuarto quiere el recurrente que se redacte con el siguiente contenido: "La estancia en Punta Cana los días del 9 al 12 de enero de 2004 del actor, y los gastos derivados de dicha estancia, tienen su origen en los negociaciones que éste llevó a cabo en el complejo hotelero Paradisus a efectos de desarrollar negocios en común en la citada República Dominicana". Esta modificación no puede aceptarse porque los documentos 21 y 22 que aportó el recurrente, facturas emitidas el 31 de enero y 23 de marzo de 2004, por aquella entidad sobre unas estancias no ponen de manifiesto lo que se dice en el texto que se propone.

Por lo que se refiere al hecho probado decimoquinto, que también impugna en el motivo decimoprimero del recurso, en el que se reflejan diversas llamadas telefónicas con el número de móvil que la empresa había asignado al demandante, se interesa una redacción con el siguiente contenido: "El actor utilizó el teléfono móvil que le había puesto a su disposición la empresa para desarrollar su labor profesional en beneficio de la misma en el Caribe". Esta modificación no puede ser atendida porque no se identifica documental para justificar que aquellas llamadas obedecían a su actividad profesional. Tan solo se citan los documentos relativos a la entrega del móvil para acreditar que las llamadas posteriores al despido no pudieron ser realizadas, pero de esos documentos tan solo revelan lo que, como dice el recurrente, se refleja en el hecho probado decimoséptimo, sin que la entrega del aparato de telefonía signifique que no haya podido realizar otras llamadas con cargo al mismo número, tal y como indica el hecho probado impugnado, al parecer rehabilitando el número de teléfono.

La supresión del hecho probado decimosexto, que se solicita en el motivo duodécimo del recurso, no puede admitirse porque no se invoca prueba documental alguna a tal fin, no siendo de cargo de la empresa la obligación de acreditar que el demandante no estaba autorizado para fijar aquel lugar como de residencia.

En el motivo decimotercero se propone una nueva redacción para el hecho probado decimoctavo, del siguiente tenor: "El actor consiguió abrir el mercado caribeño a Petitjean, principalmente el mercado de la República Dominicana". Los documentos que señala (10 y 14 a 22) no sólo no ponen de manifiesto esas afirmaciones sino que en cuanto a su valor revisorio nos remitimos a lo consignado al resolver el motivo segundo de este recurso.

Por último, con amparo en el art. 191.b) LPL, se propone la adición de un nuevo hecho probado en el que se diga lo siguiente: "El actor cuando conoció que el grupo Petitjean podía haber cometido irregularidades para la obtención de beneficios de un crédito FAD en Yemen, requirió a este grupo para que aclarara la situación y si se confirmaran las irregularidades, la regularizaran ante la autoridad, a lo que dicho grupo se negó aduciendo que no existían irregularidades. Posteriormente, el grupo Petitjean pretendió que el actor firmara otro certificado por el que dicho Grupo pudiera participar en la obtención de beneficios en un crédito FAD con Mauritania, a lo que el actor se negó dadas las posibles irregularidades que se podían haber cometido en el primer crédito y de que el grupo ni le había aclarado dichas supuestas irregularidades, ni de ser ciertas éstas, las habían regularizado ante la autoridad". Los documentos sobre los que pretende acreditar tales extremos no son idóneos porque el que obra con el número 23 de los aportados por dicha parte no ha sido reconocido por la demandada y el que obra bajo el número 24 es una manifestación del propio demandante.

Tercero.-El motivo decimoquinto del recurso se refiere a las infracciones de normas y, con amparo en el art. 191.c) LPL, se denuncia la aplicación incorrecta del art. 60.2 ET. Entiende el recurrente que los hechos imputados son faltas individualizadas y no pueden ser calificadas como falta continuada para aplicar el criterio jurisprudencial respecto del cómputo del plazo de prescripción.

La falta continuada se produce no sólo cuando existe una conducta incumplidora rodeada de clandestinidad u ocultamiento por parte del trabajador, sino cuando hay homogeneidad de hechos plurales y sobre todo una unidad de propósito (STS 12/03/90), esto es un "ilícito laboral configurado por la repetición de actos de igual tendencia caracterizado porque hasta el último realizado no puede reputarse terminada la conducta sujeta a enjuiciamiento, pues aquella pluralidad se reconvierte en unidad al quedar todos ellos reflejados en el momento en que el acto final tuvo lugar" (STS 16/03/90), no constituyendo falta continuada aquella conducta sobre "hechos puntuales, aislados, que se agotan en sí mismos, consumándose en un solo día, sin conexión con otros posteriores del mismo carácter y que obviamente pudieron ser conocidos en su momento y ser sancionados oportunamente" (STS 05/06/90).

En el presente caso, al demandante se le imputan unas conductas reiteradas, no ocasionales o puntuales, descritas en los hechos probados, relativas a distintas conductas pero con un mismo propósito, cual es el de imputar a la empresa gastos injustificados: emisión de facturas por viajes que no corresponden a la realidad, en los años 2002 y 2004; pagos con cargo a la empresa de viajes de la Sra. Raquel en los años 2004 y 2003; facturas con cargo a la empresa de estancias en hoteles no referidas a actividades laborales, en marzo de 2004 coincidiendo con la estancia de la Sra. Raquel y otras estancias y viajes en periodos anteriores. También, disposición de dinero en efectivo con la tarjeta de la empresa en el año 2004, aumento de comisiones a los agentes, apropiación de rappel por ventas en el año 2002, uso indebido de la sede como domicilio particular, desde octubre de 2003. Entre otras irregularidades se le imputan la orden a la Agencia de viajes para emitir un billete de avión a Santo Domingo a cargo de la empresa con fecha 31 de marzo de 2004, estando relevado de sus funciones; pago de una estancia de cuatro personas con cargo a la empresa en Punta Cana, los días 9 a 12 de enero de 2004, sin justificación ni relación con el trabajo; los gastos de teléfono móvil en llamadas a Santo Domingo no justificadas.

No obstante, aun en el hipotético supuesto de que se entendiese que cada actividad tuviera una individualización, respecto de cada una de ellas se hace referencia a un comportamiento en el tiempo que se cierra en marzo de 2004, con lo cual, si el despido se produjo el 5 de abril de 2004 no hay prescripción alguna. La única excepción que en este supuesto podría admitirse sería la relativa a la apropiación de rappel correspondiente a las ventas producidas en el año 2002, pero no del resto de hechos imputados.

Por tanto, admitida la existencia de una falta continuada no es posible atender a la existencia de prescripción alguna de los hechos.

Cuarto.-También, con el mismo amparo procesal, se denuncia la falta de aplicación del art. 24 CE y el no reconocimiento de nulidad del despido por vulneración del derecho de indemnidad del demandante. La parte actora, ahora recurrente, considera que su despido trae causa de la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva, al haber puesto de manifiesto ante la empresa las supuestas irregularidades en la obtención de créditos FAD y manifestar que sería denunciada ante la autoridad correspondiente.

Para poder obtener la nulidad del despido es necesario que se aporten al proceso indicios suficientes en los que apoyar la vulneración del derecho fundamental que se invoca, de forma que con ellos se invierte la carga de la prueba, recayendo sobre la empresa la obligación de desvirtuarlos y acreditar que su comportamiento es ajeno a todo móvil vulnerador de aquellos derechos. Como recuerda la doctrina constitucional, para que opere este desplazamiento del onus probandi no basta que el demandante alegue esa vulneración, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen, según aquella doctrina, "una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato", de forma que con esta prueba indiciaria, el demandado debe probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, "aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales", dentro de unos criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (SSTC 87/1998, de 21 de abril, FJ 3; 293/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 140/1999, de 22 de julio, FJ 5; 29/2000, de 31 de enero, FJ 3; 66/2002, de 21 de marzo, FJ 3; 171/2003, de 29 de septiembre, FJ 3; 49/2003, de 17 de marzo, FJ 4, y 17/2003, de 30 de enero, FJ 4).

En el presente caso, habiendo rechazado esta Sección de Sala la revisión fáctica que se articulaba en el motivo decimocuarto, no existe ningún indicio del que poder hacer recaer en la empresa su obligación de acreditar que el despido es ajeno a la vulneración del derecho de tutela judicial efectiva que se invoca y, por ello, el motivo debe ser rechazado, confirmando así la decisión que en este punto adoptó el juez de instancia.

Quinto.-Como motivo decimoséptimo del recurso se denuncia, con igual amparo procesal que el precedente, la vulneración de lo dispuesto en el art. 54.2.d) ET. En éste insiste la parte actora recurrente en la improcedencia del despido, partiendo de la admisión de la revisión de hechos probados que se ha propuesto en el recurso. Ciertamente, al no prosperar ninguno de aquellos motivos, destinados a obtener una relación de hechos acreditativos de la no comisión de ninguna de las imputaciones recogidas en la carta de despido, resulta innecesario entrar a analizar si la conducta del demandante, reflejada en los hechos probados de la sentencia impugnada, no incurre en la transgresión de la buena fe contractual. Al contrario, los argumentos que vierte el recurrente en su escrito del recurso para justificar determinadas actuaciones no han sido estimados por el Juez de instancia y, por ello, no figura en el relato fáctico ninguna circunstancia que permite entender que los hechos referidos a sus actividades en Santo Domingo o la utilización del chalet tuvieran el respaldo y autorización del Presidente, sin que corresponda, en este caso, a la empresa acreditar la misma, siendo la parte que lo alega la que debe aportar al proceso ese hecho. Del mismo modo, es al demandante al que corresponde probar que la estancia de la Sra. Raquel en España era motivada por actividades relativas a la empresa sin que ello haya quedado acreditado. Finalmente, la testifical a la que alude el recurrente en su escrito de recurso, para poner de manifiesto que sus testimonios debieron valorarse atendiendo al conflicto que pudieran tener los testigos con el actor, tampoco es argumento que pueda servir para alterar la calificación de procedencia del despido que ha confirmado el juez de instancia dado que aquella se produce en virtud de los hechos declarados probados que se han obtenido en atención a las pruebas practicadas, entre ellas la testifical, y que aquí se han confirmado, al no prosperar la modificación propuesta por el recurrente.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación planteado por Don Lázaro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número diecisiete de los de Madrid, de fecha veintidós de junio de dos mil cuatro, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia impugnada. Sin costas.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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