Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Galicia de 30 de mayo de 2005


 RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo. Desestimación. Acoso moral. Concepto y requisitos. La disminución de tareas y privación del móvil son debidos a reestructuración de la actividad productiva, no a acoso laboral.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por doña Teresa en reclamación de resolución de contrato, siendo demandado la empresa "Aneiros Rodríguez, SL", en su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 526/04 sentencia con fecha 30 de diciembre de 2004, por el Juzgado de referencia, que desestimó la demanda.

Segundo.-Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

"Primero. La demandante doña Teresa, con DNInúm. ..., presta sus servicios laborales por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada 'Aneiros Rodríguez, SL', en virtud de contrato de trabajo celebrado al amparo del Real Decreto 799/1985, obrante en autos y que por ello se da aquí por reproducido, con antigüedad 2 de marzo de 1987, categoría profesional de auxiliar, y salario de 1.183,08 euros mensuales, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

Segundo. La demandante permaneció en situación de incapacidad temporal por contingencia de enfermedad común desde el día 12 de marzo de 2004 con diagnóstico de estados de ansiedad hasta el 1 de junio de 2004, fecha en la que recibió el alta por mejoría, solicitando la empresa demandada por escritos de 7 de junio de 2004 dirigidos a la Inspección Médica del Sergas y de la 'Mutua Fremap' revisión del expediente sanitario por considerar que debía continuar en situación de IT, siendo declarada apta para realizar su trabajo habitual previo reconocimiento de fecha 24 de junio de 2004. Desde el 5 de noviembre de 2004 permanece en situación de incapacidad temporal con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado sin que conste a fecha de celebración de la vista su alta por contingencia de enfermedad común. Está recibiendo tratamiento psicoterapéutico y farmacológico desde el mes de abril de 2004 por un cuadro sintomático que se corresponde a un trastorno mixto ansioso/depresivo de carácter moderado que la demandante considera reactivo a problemática laboral, siendo la evolución en un principio de atenuación leve de la sintomatología que está muy influenciada por su situación laboral, y son evidentes marcados sentimientos de fracaso e impotencia. Durante los últimos meses la situación se agrava por la persistencia en el tiempo de los factores que dieron lugar al proceso y mantiene un estado de ánimo disfórico y sintomatología de carácter depresivo/ansiosa con intensidad variable y evolución tórpida y de meses de evolución, sintomatología que se acentúa generalmente con relación a eventos externos relacionados con su trabajo.

Tercero. La demandante desarrollaba unas amplias funciones dentro de la empresa que incluían temas administrativos, contabilidad, archivo, supervisión de la caja, atendía a clientes y demás que se desprenden del contenido de los correos electrónicos que obrantes en autos se dan aquí por reproducidos; funciones que ha visto disminuidas, la contabilidad la asumió el centro de A Coruña, y no tiene teléfono móvil de la empresa del que antes disponía.

Cuarto. El funcionamiento y organización de la empresa demanda ha ido variando desde la venta y transmisión por los antiguos propietarios de las participaciones sociales a la mercantil 'Gonferro Motor, SL', y posterior incorporación al 'Grupo Breogán'.

Quinto. El 13 de octubre de 2004 se celebró ante el SMAC el preceptivo acto de conciliación en virtud de papeleta presentada el día 24 de septiembre de 2004 con el resultado de intentado sin efecto."

Tercero.-Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por doña Teresa contra la empresa 'Aneiros Rodríguez, SL' debo absolver y absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos de la misma."

Cuarto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La parte demandante, vencida en instancia, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después solicitando, al amparo de la letra b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos probados, y, al amparo de su letra c), el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas. Respecto a lo primero, esto es, la revisión de los hechos probados, se pretenden las siguientes modificaciones de los hechos probados:

1.ª La sustitución del Hecho Probado Tercero, donde se dice que "la demandante desarrollaba unas amplias funciones dentro de la empresa, que incluían temas administrativos, contabilidad, archivo, supervisión de la caja, atendía a clientes y demás que se desprenden del contenido de los correos electrónicos que, obrantes en autos, se dan aquí por reproducidos, funciones que ha visto disminuidas, la contabilidad la asumió el Centro de A Coruña, y no tiene teléfono móvil del que antes disponía", por otro donde se diga que "la demandante tenía amplias funciones dentro de la empresa, que incluían labores de dirección, administración, contabilidad, archivos, supervisión de caja, atendía a clientes y demás que se desprenden del contenido de los correos electrónicos que, obrantes en autos, se dan aquí por reproducidos, funciones que ha visto disminuidas, la contabilidad la asumió el Centro de A Coruña, se le quitó el teléfono móvil que antes disponía, no ejerce ya funciones de dirección, ni supervisa caja, ni atiende a clientes (y) su única labor consistió en poner al día el trabajo atrasado y cotejar libros de IVA de la Empresa 'Rodríguez Aneiros, SL' " , sustitución inacogible en sus propios términos atendiendo a los razonamientos que a continuación se expondrán y obviando, en todo caso, los cambios tendentes a variar la redacción sin alterar los contenidos -como cuando se afirma que la trabajadora tenía unas funciones o que se le quitó el teléfono móvil mientras el juzgador de instancia dice que desarrollaba unas funciones o que el teléfono móvil no lo tiene- y aquellos otros sin sustento probatorio a efectos revisores -como la introducción de hechos negativos, por ejemplo, la no supervisión de la caja o la no atención a clientes-.

a) En cuanto a la asunción anterior de tareas de dirección, algo no contemplado en el relato judicial aunque sí adicionado en el relato alternativo, la adición es inacogible porque los documentos sustento de la adición fáctica -una carta dirigida a los clientes de la empresa donde aparece la firma de la trabajadora y su nombre con el pie "dirección", folio 39, un correo interno de la trabajadora donde ella misma se cataloga de "director quien llevará igualmente administración y coordinará el departamento de ventas y post-venta", folio 46, y una hoja simple donde constan teléfonos de los trabajadores, apareciendo la demandante como "director centro", folio 47- no son documentos literosuficientes a los efectos de la revisión fáctica pretendida, ya que, en ningún momento, demuestran la asunción de las funciones de dirección.

b) En cuanto a la limitación de las tareas nuevas a la actualización del trabajo atrasado y al cotejo de determinados libros, algo asimismo no contemplado en el relato judicial de manera expresa -aunque en el relato judicial se alude, de manera más genérica, a una reducción de funciones-, la adición es inacogible en sus propios términos porque, aunque es verdad que, en la contestación a la demanda aportada a medio de escrito en el acto del juicio oral -en concreto, el folio 197-, se reconoce haberle atribuido esas tareas, ni de ahí se deduce ser esas las únicas tareas -y subrayemos lo de únicas que obra en el relato alternativo- que, desde la reincorporación de la trabajadora desde la situación de incapacidad temporal, se le vayan a atribuir, ni, en modo alguno, se deduce ser unas tareas limitadas dentro de la actividad normal de administración.

2.ª La adición de un nuevo hecho probado, numerado Sexto, donde se diga que "la empresa entregó a la actora una demanda de conciliación de fecha 2 de junio de 2004, fecha en que se incorporó a la empresa después de un proceso de incapacidad temporal, con objeto de que demandase a la empresa por despido", y que, "con posterioridad y con fecha 10 de junio de 2004 la empresa presentó ante el Sergas y la 'Mutua Fremap' un escrito solicitando la revisión del expediente sanitario de la demandada (sic. demandante) al considerar que no está apta para el trabajo", adición inacogible (1) en cuanto a la entrega de una demanda de conciliación porque, aunque consta unida en actuaciones -folio 41-, de su redacción no se deduce se la entregase la empresa ni siquiera aunque así se diga en la relación de la prueba documental aportada -folio 37-, y (2) en cuanto a los escritos dirigidos al Sergas y a la "Mutua Fremap" porque su existencia se recoge en la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia -hecho probado segundo-, haciendo reiterativa la adición solicitada.

Segundo.-Respecto al examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, se denuncia la infracción de las letras a) y c) del artículo 50, en relación con el 4.2.e) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los artículos 15, 40 y 43 de la Constitución, y, en cuanto a la indemnización adicional solicitada, en relación con el artículo 1101 del Código Civil. Opuesto a la expuesta denuncia jurídica, la parte demandada, ahora recurrida, solicita, en el escrito de impugnación del recurso de suplicación, su desestimación y consiguiente confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

Partiendo de la expuesta denuncia jurídica e impugnación de adverso, la cuestión litigiosa se circunscribe a determinar si, en el caso de autos, se aprecia la existencia de un acoso moral -como sostiene la trabajadora demandante, ahora recurrente- o no -como sostiene la empresa demandada, ahora recurrida-, solución ésta sostenida en la sentencia de instancia -desestimatoria de la demanda-, cuestión litigiosa que, a juicio de la Sala, se resolverá en el sentido negativo sustentado por la empresa demandada, lo que, con desestimación de la suplicación, determinará la confirmación íntegra de la sentencia de instancia.

Aunque no existe una definición legal de acoso moral, se puede destacar, de acuerdo con los estudios doctrinales más solventes, los siguientes elementos básicos de esa conducta: a) la intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos de la empresa, ya sea de los compañeros de trabajo, con la finalidad perversa de destruir la personalidad de la víctima; b) la producción de un daño en la esfera de los derechos personales esenciales de la víctima; c) el carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático, aunque no sea necesario mantener la conducta hostigadora durante un período determinado de tiempo.

Si bien concurren, en el caso de autos, unas dolencias psíquicas relacionadas con la actividad laboral -hecho probado tercero-, el acoso moral no es una realidad correlativa a los daños psíquicos producidos con ocasión o por consecuencia de la actividad laboral, en cuanto esos daños psíquicos se pueden asociar a las condiciones normales del trabajo -como ocurre con el síndrome de "burn out"-, e incluso a situaciones críticas -como ocurre con el estrés laboral-, sin vinculación alguna a una finalidad perversa de destruir la personalidad de la víctima mediante conducta compleja, continuada, predeterminada y sistemática.

De entrada, no se han declarado probadas amenazas, coacciones, insultos, vejaciones, ninguneos, críticas o deméritos profesionales o de la vida personal, manifestaciones típicas del acoso moral. Ciertamente, sí se ha producido una disminución de las tareas de la trabajadora -hecho probado cuarto-, aunque su existencia está asociada a una reestructuración general de la actividad productiva derivada de la transmisión de la titularidad de la empresa -hecho probado quinto-, lo que, sin duda alguna, aleja la conducta empresarial de una actuación individualizadamente dirigida a persona/s concreta/s, como es la del acoso moral.

Ni esa disminución de tareas -aún menos en cuanto no se acreditó la pérdida de unas funciones de dirección nunca antes asumidas-, asociada a una reestructuración general de la actividad productiva derivada de la transmisión de la titularidad de la empresa, ni la privación de un teléfono móvil -explicable asimismo en esa reestructuración como además alega la empresa recurrida-, nos permiten considerar, sin mayores aditamentos, la existencia de una conducta que, como el acoso moral, se caracteriza por una finalidad perversa de destrucción de la víctima y por su carácter complejo, continuado, predeterminado y sistemático.

Lo expuesto nos conduce, como se avanzó antes y como ahora se reitera, a la desestimación total del recurso de suplicación con la confirmación íntegra de la sentencia de instancia, al no acreditarse, en el caso de autos, los elementos constitutivos del acoso moral -de hecho ni siquiera la prueba médica asocia los daños psíquicos a un acoso moral, véase el hecho probado segundo-, sin que, no habiéndose nunca alegado otras formas de incumplimiento, se pueda ahora apreciarlas, si no es construyendo de oficio no sólo el recurso de suplicación sino la total pretensión actora -es algo ajeno a un recurso extraordinario como es el de suplicación e incluso es algo ajeno a un proceso rogado como es el laboral-.

FALLO

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por doña Teresa contra la Sentencia de 30 de diciembre de 2004 del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ferrol, dictada en juicio seguido a instancia de la recurrente contra la Entidad Mercantil "Aneiros Rodríguez, SL", con intervención del Ministerio Fiscal, la Sala la confirma íntegramente.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación