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Sentencia T.S.J. Cantabria 1272/2005, de 12 de diciembre


 RESUMEN:

Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Concepto. Alteración de los aspectos fundamentales de la relación. Extinción contractual. Incumplimiento empresarial. Perjuicio profesional. El nuevo puesto nada tiene que ver con el trabajo desempeñado por el actor ni con su formación de jurista.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Juan, sobre rescisión, siendo demandados "Ferrocarriles de Vía Estrecha, S.A." FEVE y otro, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 27 de julio de 2005, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.-Que como hechos probados se declararon los siguientes:

"1.º El actor D. Juan, con DNI núm. 000, presta servicios para la entidad pública empresarial FEVE, ahora demandada, desde el 15 de enero de 1982, como abogado con categoría de Técnico Ferroviario Superior y remuneración anual de 54.777,24 euros anuales.

Igualmente tiene reconocido en nómina un complemento consolidado de sueldo de 3.600 euros anuales y dieta anual por asistencia Consejo de Administración de 8.998,44 euros, lo que supone un salario anual de 67.375,68 euros, equivalente a 187,15 euros.

2.º El trabajo realizado desde el comienzo de la actividad laboral es el correspondiente a la profesión de abogado, ocupando diversos puestos de trabajo dentro de la Asesoría Jurídica de la empresa FEVE:

a) Jefe de la Unidad Jurídica de Santander de la Asesoría Jurídica de la Zona Norte (25 de enero de 1983).

b) Asesor jurídico Adjunto de la Zona Norte (27 de julio de 1983).

c) Asesor jurídico del Nordeste (14 de enero de 1992).

d) Responsable de la Asesoría Jurídica del Nordeste (17 de octubre de 1994).

e) Jefe de la Asesoría Laboral en el ámbito nacional y de la Asesoría Jurídica del Nordeste (27 de diciembre de 2002).

f) Asesor jurídico Laboral (en el ámbito nacional) y Jefe de la Asesoría Jurídica del Nordeste (11 de julio de 2003), bajo la doble dependencia directa e inmediata del Director de Recursos Humanos (para las funciones de Asesor Jurídico Laboral Nacional) y del Director General de FEVE (para las de Jefe de la Asesoría Jurídica del Nordeste).

g) Desde el 11 de septiembre de 2003 desempeñó además el cargo de Secretario del Consejo de Administración de FEVE no Consejero, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

3.º Las funciones propias de esos puestos de trabajo han consistido en el ejercicio de la profesión de Abogado dentro de la asesoría jurídica de FEVE cuyo contenido básico es:

a) Ejercer, durante el tiempo en que fue nombrado, la Secretaría del Consejo de Administración, desempeñando funciones de preparación de documentación, orden del día, elaboración de actas y ejecución de acuerdos.

b) Asesoramiento jurídico de todas las Direcciones y Servicios que lo solicitan en asuntos laborales con carácter general dentro del ámbito de toda la empresa, participando directamente en la negociación y fijación del marco laboral y con relación a los demás asuntos jurídicos dentro del ámbito geográfico de la Asesoría Jurídica del Nordeste que comprendía las provincias de Vizcaya, Cantabria, Burgos y Palencia.

c) Representación y defensa de los intereses de FEVE en los Juzgados y Tribunales (Juzgados de Primera Instancia o Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), en los litigios de todo tipo presentados en las distintas instancias dentro de su competencia.

d) Seguir los trámites prejudiciales y resolver cada una de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se plantean.

e) Preparar, redactar y supervisar pliegos de condiciones, convenios y contratos necesarios para la gestión de la empresa, así como intervenir en las mesas de contratación en la forma establecida.

f) Informar sobre disposiciones, criterios o sentencias que tuvieran repercusión en algún ámbito de FEVE.

g) Gestionar los recursos humanos adscritos a esa responsabilidad.

h) Como condición de Técnico Ferroviario Superior adscrito a la Dirección de Servicios Jurídicos, sin pertenecer a la estructura organizativa o directiva de la empresa, desarrollaba las funciones y cometidos en las letras b), c) d) Y f).

4.º En Madrid a 22 de mayo de 2003 se formaliza contrato individual de trabajo entre FEVE y el actor D. Juan cuyas cláusulas que se dan por reproducidas y que en lo que aquí interesa recoge que FEVE contrata al trabajador como excluido de Reglamentación, es decir de Convenio Colectivo, para desempeñar por tiempo indefinido el puesto de estructura denominado Jefe de Asesoría Laboral y Asesoría Jurídica Noroeste, con fijación de retribución distinguiendo entre fija, complemento de puesto de Trabajo y otras retribuciones, fijación de jornada, horario y vacaciones, funciones, centro de trabajo y cese fijando al respecto que "En el supuesto de cese en su actual puesto de trabajo por causas que no impidan la continuación de la relación laboral, bien sea por voluntad del trabajador o por decisión de la empresa, el trabajador retornará al seno del Convenio Colectivo del que ahora expresamente se excluye. Esta reincorporación se llevará acabo en las mismas condiciones, como mínimo, que el trabajador disfrutaba antes de su exclusión de convenio colectivo, a las que se habrán de incorporar las mejoras de toda índole que le hubieran afectado en el supuesto de haberse mantenido bajo el ámbito de aplicación de la norma convencional. En cualquier caso, la clasificación profesional en el momento del retorno y la correspondiente escala salarial, se determinarán a partir de la retribución fija consolidada al momento del cese en su situación de excluido, sin que puedan serie asignadas retribuciones no contempladas en el convenio colectivo de aplicación" (documento 29 demandada).

El día 14 de abril de 2005 se entrega una carta firmada por el Director gerente de Recursos Humanos con el siguiente contenido:

'Habiendo causado baja en la empresa el Técnico Ferroviario Superior, nivel 18, D. Antonio que tenia la Presidencia del Comité de Calidad para desarrollar e implantar la Norma UNE-ISO 9001 en los talleres de Santander (...) se precisa de manera urgente cubrir dicha vacante con un profesional de similar categoría y cualificación profesional que el Sr. Antonio, a tal efecto, dado que su categoría profesional la de Técnico Ferroviario Superior, nivel 18, con amplios conocimientos jurídicos y de empresa, se le designa a usted para que retorne las tareas que venia desarrollando el Sr. Antonio (...)

A tal efecto, a partir del próximo día 18 de abril de 2005 asumirá usted las funciones de Presidente del Comité de Calidad para desarrollar e implantar la Norma UNE-ISO 9001 en los talleres de Santander, su dependencia jerárquica y funcional lo será del Director Gerente de Talleres o de quien éste delegue, y su actividad laboral se realizará en las dependencias del Taller de la Marga en Santander, donde se le dotará de un despacho equipado al efecto y de los demás medios necesario para el desarrollo del trabajo.

El citado día 18 a las 9 horas deberá usted presentarse al Sr. Ramón Director Gerente de Talleres, en las oficinas para recibir las instrucciones y documentación precisa para la realización de su trabajo.'

El Sr. Antonio tiene el mismo nivel salarial (nivel 18) con titulación académica de Ingeniero Industrial, quien cesado como Director de Material fue nombrado Presidente del Comité de Calidad, habiendo extinguido su contrato de trabajo el 18 de enero de 2005 según consta en Acta de conciliación donde se reconoce los hechos de la demanda y se admite la extinción del contrato de trabajo por causa del articulo 50 ET, acuerdo aprobado judicialmente.

El nuevo puesto de trabajo asignado según comunicación de fecha 14 de abril se encuentra en el centro de trabajo 'Taller de la Marga' distante unos 1,5 kilómetros de las oficinas centrales donde se encuentra el despacho que ha venido ocupando desde hace más de 23 años.

La dependencia jerárquica y funcional se hace depender en primer lugar, de D. Ramón, en su condición de Director Gerente de Talleres o de quien éste delegue.

Don Ramón según dicha comunicación escrita Director Gerente de Talleres, tiene contrato a tiempo completo según contrato de fecha 27 de diciembre de 2002 y hasta hace unos meses era del nivel 7, con titulación de programador de sistemas informáticos. Con fecha 22 de abril de 2004 se le comunica al actor las nuevas cantidades anuales autorizadas por la Comisión Interministerial de retribuciones en los siguientes términos:

a) Retribución fija: 47.000 euros.

b) Complemento de Puesto de Trabajo: 6.000 euros.

c) Complemento de Plena Dedicación: 4.000 euros.

5.º Con fecha 10 de marzo de 2004 se había llevado a cabo la firma del XVII Convenio Colectivo de FEVE, con intervención de las representaciones sindicales UGT, CC.OO. y CGT como culminación de duras negociaciones acompañadas de huelgas, concentraciones, marchas, ...

El actor en su condición de Asesor Jurídico Laboral formó parte de la mesa negociadora de dicho convenio.

En Madrid, el 20 de abril de 2004 los sindicatos firmantes del Convenio Colectivo de FEVE consintieron la constitución Paritaria de interpretación y desarrollo del XVII Convenio Colectivo, sin que conste se haya constituido el resto de Comisiones previstas en el propio Convenio para desarrollar alguno de sus acuerdos y prescripciones.

6.º La estructura organizativa de FEVE a 1 de mayo de 2004 presenta como presidente del Consejo de Administración a D. Juan Alberto, como Director General D. Constantino y dependiendo de éste D. Juan (hoy actor), Secretario General del Consejo. Jefe de Asesoría Jurídica del Noreste.

La estructura organizativa de FEVE, al día de la demanda presenta como presidente del Consejo de Administración a D. Juan Alberto, con una Dirección General a cargo de D. Jesús Luis, una Dirección de Comunicación y Relaciones Externas a cargo de D. Bernardo y una Dirección de Servicios Jurídicos y Secretario del Consejo de Administración a cargo de D. Inocencio, con una Gerencia de Asuntos Jurídicos y Contractuales a cargo de D. José Manuel.

Don Juan Alberto fue designado Presidente de FEVE Gobierno de la Nación de conformidad con lo establecido artículo 6.10 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Don Juan Alberto está afiliado al sindicato UGT.

En la empresa FEVE se produce un nuevo organigrama de la dirección de la empresa y el consiguiente cese de personas directivas con la designación y reestructuración de nuevas personas en dichos cargos, avalado por la existencia de un plan estratégico 2005-2009 para FEVE, (documento n.º 1 prueba demandada) donde al folio 179 a 182 se prevé una estructura organizativa y Modelo de Gestión con una Presidencia de quien depende entre otros, los 'Servicios Jurídicos y Secretaría del Consejo'que actúan como Unidades de Gestión Diferenciada de Servicios Corporativos con las funciones de prestar asistencia jurídica al Centro Corporativo y a todas las Unidades organizativas de la compañía para el correcto desempeño de las funciones que le son propias.

a) Prestar dichos servicios en el ámbito contencioso y no contencioso y en vía civil, mercantil, administrativa, penal, laboral y constitucional.

b) Normar, prestar y/o supervisar dichos servicios en todos los ámbitos geográficos en los que FEVE opera.

c) Ejercer la secretaría del consejo de Administración de FEVE, de sus filiales- si las hubiere-, y todas las labores asociadas.

d) Normar, prestar y supervisar los servicios adscritos a la Inspección general.

Del mismo modo se prevé un Plan de desarrollo de sistemas de gestión de la Calidad (documento 1 de la contestación a la demanda), al folio 196 donde se prevé la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma UNE en ISO 9001:2000, bien actualizando los expedientes ya existentes o iniciando las tramitaciones de los nuevos, mediante diversas fases en cuya fase 1.º de iniciar el expediente de Certificación de (...) Taller de Santander.

Se configura un organigrama de estructura, Misión y funciones básicas de la dirección Gerencia de Talleres con una jefatura de Talleres Cantabria-Murcia con misión de Prestación, con criterios de rentabilidad de servicios de mantenimiento y del material rodante y asistencia técnica a los operadores ferroviarios de la red y a terceros, con unas funciones básicas para la Oficina Técnica, los talleres (Asturias-Galicia, Cantabria-Murcia y Vizcaya-León)

Diseño, desarrollo, seguimiento y coordinación del plan Integral de Mantenimiento del Material (preventivo y correctivo), tanto con recursos propios como ajenos a la empresa, y en coordinación con las Unidades de Negocio. Previsión del consumo de repuestos.

Gestión, control y evaluación de reparaciones realizadas por terceros.

Recepción y entrega de material, asegurando los índices de fiabilidad y disponibilidad comprometidos.

Proposición de mejoras técnicas a implantar en vehículos.

7.º El actor en su condición de Secretario del Consejo de Administración recibió el día 15 de junio de 2004 por correo electrónico la propuesta de los acuerdos que debían figurar en el orden del día de la convocatoria del primer Consejo de Administración a celebrar el día 18 de junio, momento en que manifestó al Presidente de FEVE su decisión de dimitir por falta de confianza del cargo de Secretario del Consejo, rogando su aceptación, constando en la propia carta de dimisión que "Ni que tiene que decir que trataré de seguir desempeñando el puesto de Asesor Jurídico laboral y jefe de la asesoría Jurídica del Nordeste de FEVE, como siempre he procurado hacerlo hasta ahora, con la mayor dedicación e interés.

En el Acta de sesión núm. 5 de 2004 celebrada el viernes, día 18 de junio del Consejo de Administración se acuerda como cuestión previa acordar 'por unanimidad aceptar la dimisión como Secretario del Consejo de Administración presentada por D. Juan, así como aceptar el nombramiento como nuevo Secretario del mismo, no Consejero, de D. Inocencio...' entre otros ceses, nombramientos y acuerdos.

(Documento 26 demandada).

En la Circular núm. 1 de Presidencia de fecha 21 de junio de 2004 recoge el nombramiento de un nuevo Director General y el cese del anterior y el cese a petición propia como Secretario del Consejo de Administración del hoy actor y el nombramiento en tal cargo de D. Inocencio.

En la Circular núm. 2 de fecha 23 de junio de 2004 se acuerda el cese de una buena parte de los que venían formando el equipo de dirección de la empresa (Director de Comunicación y Adjunto a la Presidencia, Director Económico-Comercial, Director de Recursos Humanos, Jefe de Gabinete de la Presidencia, gerente de Transcantábrico y Productos especiales, Gerente de Sistemas Informáticos y Comunicaciones y Gerente de Gestión Financiera, con entrega de carta de despido en algún caso y puesta a disposición de una indemnización de 45 días de salario por año de servicio. En estas actuaciones no se encargó al actor la realización de gestión o trámite alguno.

En la Circular núm. 3 de fecha 1 de julio de 2004 la Presidencia de FEVE aprueba una nueva estructura organizativa de la empresa con supresión de la Asesoría jurídico Laboral y de la Jefatura de las tres Asesorías jurídicas de Madrid y Murcia (Madrid), Noroeste (Gijón) y Nordeste (Santander), que tenían rango de Gerencia (segundo nivel en la estructura directiva de la empresa), que fue acompañado del cese de sus tres responsables.

Con fecha 22 de julio de 2004, se comunica al actor que pasa a reglamentación con efectos al 1 de julio de 2004, con retorno al Convenio Colectivo del que hasta la fecha estaba excluido, dejando de percibir el complemento de puesto de trabajo (6.000 €) y complemento de plena dedicación (4.000 euros), es decir, un total de 10.000 euros anuales, realizando las mismas funciones profesionales, aunque ha sido apartado de determinadas actuaciones judiciales ya iniciadas y no ha participado en ninguna reunión de la Asesoría Jurídica, realizándose todas las comunicaciones del Director de Servicios Jurídicos directamente con otra letrada de la plantilla, Sra. del Piñal, con menos antigüedad en la empresa y anteriormente subordinada suya, siendo comunicado en septiembre de 2004 que quedaba sujeto a control horario, por lo que debía de fichar a la entrada y a la salida de la jornada laboral.

Con fecha tres de diciembre de 2004 se otorga poder general para pleitos por la entidad mercantil FEVE a favor de cuatro letrados del Colegio del señorío de Vizcaya.

Por Circular número 1 de la Dirección de Recursos Humanos se nombra Instructor de expedientes disciplinarios a D, Daniel.

A fecha 11 de abril de 2005 en la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Contractuales de la Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría del Consejo aparece la adscripción del personal de cuatro trabajadores.

8.º La suerte de los tres integrantes del anterior equipo de la Dirección de Recursos Humanos ha sido dispar:

a) D. Cristóbal Páez Vicedo, anterior Director de Recursos Humanos fue despedido, recayendo sentencia firme de fecha 4 de octubre de 2004 declarando el mismo nulo por discriminatorio, interviniendo el hoy actor como testigo propuesto por el trabajador demandante.

b) D. Narciso, en su momento gerente de Organización, fue destinado a la condición de agente comercial de trenes, llegando a un acuerdo de extinción de su relación laboral con fecha 2 de diciembre de 2004.

c) D. Juan es el actor y cuya situación se está analizando en la presente sentencia.

9.º El actor está afectado de trastorno de ansiedad generalizada, habiendo causado baja médica por contingencia de enfermedad común desde el 15 de abril de 2004, situación en que se mantiene en la actualidad, presentando cuadro clínico de unos dos meses de evolución (abril) consistente en angustia, labilidad emocional intensa, insomnio, astenia, anorexia, temblor..., posiblemente secundario a problemática laboral.

10.º El actor reclama en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad, la no-discriminación, la integridad física y moral y la tutela judicial efectiva la cantidad correspondiente a 45 días de salario por año de servicio.

11.º El actor no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores y tampoco ha estado afiliado a ningún sindicato.

12.º Con fecha de 25/04/2005 el actor presentó papeleta de conciliación ante el SMAC de Cantabria, celebrándose el acto el 06/05/2005 que resultó intentada sin avenencia."

13.º La demanda se formula el día 11 de mayo de 2005."

Tercero.-Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos a Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La revisión que se solicita del ordinal primero de los hechos probados no puede ser atendida, ya que se basa en la exclusión de dos conceptos, el de complemento consolidado y dieta anual por asistencia al consejo de administración, que han de integrar, sin embargo, el salario a tenor de las razones que se expondrán cuando se resuelvan los motivos que abordan, desde la perspectiva jurídica, esta cuestión. A fin de cuentas, el salario regulador de la indemnización debe incorporar los conceptos que el actor tuviera derecho a percibir y no solamente los efectivamente percibidos en el momento anterior a solicitarse la extinción indemnizada y el debate respecto a dicha concreción no excede, pese a lo indicado, del cauce autorizado de este procedimiento porque no exige la resolución de grandes problemas interpretativos o de calificación jurídica. El Tribunal Supremo ha extendido a la extinción contractual por voluntad del trabajador su doctrina sobre la indemnización por despido y declara en unificación de doctrina que ha de tomarse como referencia el salario que corresponde al trabajador al tiempo del despido y no el que arbitrariamente pudiera estar abonado el empresario, ya que de otro modo el perjuicio sufrido por el trabajador que ve unilateralmente reducido su salario se amplia también a la indemnización, igualmente reducida en su importe (STS 25-11-1993. Ar. 1441, 24-7-1989. Ar. 5909 y 2-2-1990. Ar. 807).

Segundo.-También pretendida la trascripción en un nuevo ordinal fáctico del artículo 5.5.2 de la norma de calidad UNE ISO 9001, referida a su implantación y a la persona responsable de dicho cometido. Se trata de una adición intrascendente, dadas las circunstancias del supuesto enjuiciado porque, siquiera cuando se considerase que la alta dirección ha designado a su representante en materia de control de calidad, lo que no es el caso, la información sobre el sistema de gestión de calidad, su desempeño y su mejora, no se transmitiría a su vez a la alta dirección, sino al director gerente de talleres a quien éste designara, porque a la supervisión y jerarquía de dicho señor había quedado adscrito el actor.

Pero, sobre todo, y como bien expresa la parte impugnante, lo que más sorprendente resulta es la atribución al actor de una naturaleza que ya no ostentaba, la de miembro de la dirección, condición que había perdido el primero de julio del año 2004, al suprimirse la asesoría jurídico laboral y la asesoría jurídica del noroeste.

Tercero.-El tercero de los motivo está situado asistemáticamente, porque pretende la nulidad de actuaciones, ya que se deduce al amparo del apartado "a" del artículo 191, de forma que debió hacerse valer en primer lugar. Sin embargo, la Sala, pese a no ser su lugar natural, con el fin de respetar el orden correlativo, y no introducir elementos de desorden o dispersión en la respuesta a las cuestiones planteadas, lo aborda en tercer lugar. Y lo hace con un inevitable signo desestimatorio.

Se indica en el recurso que ha existido infracción de los artículos 80.1.c) y 72.1 de la Ley de Procedimiento laboral porque la parte actora ha introducido en la demanda una variación sustancial en los hechos y respecto a los aducidos en la conciliación previa, de manera que tal circunstancia, calificada de "mutatio libelli", le produce indefensión a la parte demandada al haber reducido su capacidad de defensa.

Lejos la realidad procesal de tales circunstancias. La referencia a las funciones desarrollas por el actor (ordinales segundo y tercero de la demanda) son mero trasunto o especificación del dato que la papeleta de conciliación ya expresaba, y que, desde luego, también conocía la demandada, referido al desempeño para ésta de la profesión de abogado y también miembro del consejo de administración de la demandada, por lo que ninguna indefensión en cuanto dato fáctico novedoso puede suponer tal relato más exhaustivo de las que fueron sus ocupaciones, bien conocidas por la empresa receptora de tales servicios. Sin virtualidad el ordinal cuarto, relación de litigios que el actor gestionó, como acredita el criterio judicial de instancia cuando ninguna referencia hace en la sentencia a dicha prolija relación. Basta, como se hace, una somera referencia a una brillante trayectoria jurídica.

La circunstancia referida a la demanda interpuesta por el Señor Antonio, y contenida en el ordinal sexto de la demanda, que es dato mero colateral, ya se expresaba en el hecho cuarto de la papeleta de conciliación y el dato incluido en el ordinal noveno de la demanda, que alude al protagonismo del actor en las negociaciones del convenio, se recogía también en el ordinal séptimo de la papeleta. El contenido del ordinal décimo de la demanda, en cuanto también referido en el octavo y décimo tercero de la papeleta, no sólo no constituye una modificación de causa o concepto, sino que su inclusión novedosa tampoco pueden producir indefensión alguna, al tratarse de las vicisitudes conocidas de la propia empresa demandada y en concreto, respecto del cambio en la presidencia de FEVE, de todo el equipo directivo y de la militancia política y sindical del nuevo presidente, en consonancia, como el lógico, de la fuerza política que ganó las elecciones. En definitiva, circunstancias todas ellas de conocimiento público y en cuya alegación, siquiera novedosa en la demanda, lo que no es el caso, difícilmente puede sustentarse argumento de indefensión material, como se hace.

Los hechos que se relatan en los ordinales decimoprimero y decimosegundo de la demanda ya se reflejaban en la papeleta de conciliación, ordinal noveno, y referidos a un dato que también la demandada conocía en cuanto inherente a su propia gestión o gobierno cual es la dimisión del actor del consejo de administración. También el hecho referido en el ordinal decimotercero de la demanda, cese de otro personal, es circunstancia inherente al propio desenvolvimiento de la demandada y consta en los ordinales octavo, decimotercero y decimocuarto de la conciliación. Lo mismo sucede respecto a los ordinales decimocuarto, decimoquinto o decimoctavo de la demanda en cuanto referidos de forma más genérica en los ordinales séptimo, octavo, noveno, decimosegundo y decimotercero de la papeleta de conciliación. Respecto al ordinal decimoséptimo de la demanda, no es propiamente un hecho sino una valoración de la conducta empresarial, en cuya apreciación coincide el Juzgado de lo Social como también esta sala, según se expondrá. Como dice el Tribunal Constitucional (STC de 12-6-1986. R. 77), resulta inadmisible la alteración básica de los términos del debate procesal, pero dicha alteración no se ha producido en el supuesto actual.

Cuarto.-El motivo cuarto, y primero de los dedicados a la revisión jurídica, tampoco ha de prosperar. El complemento "consolidado" de sueldo vino percibiéndolo el demandante hasta el momento en el que firma un nuevo contrato, el 22 de mayo de 2003, y se le asigna una nueva retribución como jefe de la asesoría jurídica laboral, de forma, que una vez retornado al ámbito del convenio e incorporado en su puesto, recobra su efectividad tal concepto retributivo conforme al clausulado de dicho contrato: "en las mismas condiciones", dice el contrato, lo que no supone un especial esfuerzo discursivo o interpretativo que excluya el ámbito de este proceso como cauce idóneo para fijar el importe global del salario del actor. Tampoco puede confundirse dicho complemento consolidado con el incentivo semestral asignado por la defensa de asuntos de determinada compañía, ya que algunas nóminas, noviembre del 2001 y junio del 2002, acreditan el abono conjunto de ambos, y dicho complemento se pagaba con anterioridad a la carta de asignación del nuevo incentivo. Como bien expresa la parte impugnante, dada la diferente naturaleza y razón de ambos conceptos, el recurso no es el ámbito para abordar la operatividad de un eventual mecanismo neutralizador y al amparo del artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, porque en este caso sí que supondría, de forma extemporánea e inadecuada, descender a niveles de calificación jurídica impropios de esta fase y en un proceso seguido al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a las dietas del Consejo, aportada y valorada copia de la resolución de la Comisión Interministerial de Retribuciones autorizando la inclusión en el salario de las dietas por asistencia al Consejo de administración de FEVE, un elemental criterio de aplicación jurídica del principio de igualdad para la Administración pública, en concreto de FEVE como entidad pública empresarial, el que matiza el principio de la autonomía de la voluntad en este ámbito, conforme a la propia doctrina constitucional invocada en la sentencia (STC 161/1991, de 18 de julio), obliga también a atribuir carácter salarial a dicho concepto. Desde luego, no resulta admisible la excepción de falta de jurisdicción que se ha opuesto porque, aun cuando se trate de un concepto referido a un órgano societario, el debate acerca de su naturaleza o reconocimiento en el supuesto actual se produce respecto a su inclusión en el total monto indemnizatorio de quien ejerce un derecho tan laboral como a la extinción de su contrato por causas acreditadas (artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 1 y 2.a) de la ley de Procedimiento laboral).

Quinto.-Con tales antecedentes, debe desestimarse el quinto y sexto motivo del recurso, dada la categórica redacción de los hechos probados en la sentencia de instancia y su impecable argumentación jurídica.

La jurisprudencia viene sosteniendo, de forma reiterada, que la extinción autorizada por el número primero del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, requiere de una doble exigencia, por una parte que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y por otra que esta modificación redunde en perjuicio de la formación profesional o de la dignidad (por todas, SSTS 26-7-1990. Ar. 6483 y de 8-2-1993. Ar. 749), aunque ambas, como es el caso, pueden resultar menoscabadas.

Respecto al perjuicio en la formación profesional, la idea de profesionalidad se vincula con el derecho reconocido a los trabajadores de promoción dentro de la empresa y en este sentido la misma queda afectada desde el momento en el que al trabajador se le disminuye la categoría de la función que tenía asignada o los cometidos anteriores con la intensidad sustancial ya examinada. Es decir, el perjuicio específico debe guardar proporción, por su gravedad, con la reacción extintiva a la que va a dar lugar, ya que no basta con una mera contrariedad para el proyecto profesional. Desde ese punto de vista el perjuicio profesional es el que deriva de la falta de ocupación efectiva o, como sucede en el supuesto actual, de la degradación profesional siempre que ésta vaya más allá de la mera dificultad de adaptación al nuevo puesto de trabajo (SSTS 16-1-1991. Ar. 52, 31-1-1991. Ar. 205, 13-3-1991. Ar. 1853 o de esta Sala de Cantabria, de 30-12-1995. Ar. 4647).

En el supuesto se justifica tal degradación profesional con hechos patentes. Las nuevas funciones, asignadas a quien antes ejerció como abogado e incluso responsable de los servicios jurídicos, se refieren al desarrollo e implantación de norma UNE ISO 9001 en los talleres de Santander, es decir, para un puesto que, fuera de las oficinas centrales, distante un kilómetro y medio de lugar en el que tenía situado su lugar de trabajo el actor, no guarda relación alguna con los cometidos que vino desempeñando durante más de veintitrés años, y tampoco probada la idoneidad de este último, exigencia de conocimientos jurídicos, cuando el último y breve presidente era un ingeniero industrial; a fin de cuentas, la mayoría de los cometidos que supone dicha presidencia nada tienen que ver con el asesoramiento jurídico y reflejan un significado técnico de otro tipo (previsión de consumo de repuestos, gestión, control y evaluación de reparaciones, recepción y entrega de material asegurando los índices de fiabilidad y disponibilidad comprometidos, proposición de mejoras técnicas que deben implantarse en vehículos); tampoco el puesto se encuentra recogido en el organigrama de esta unidad de la empresa o de otras unidades, ni descritas las funciones como tal presidente del comité de calidad, sin embargo. Al contrario, lo probado respecto a la falta de entidad, al menos actual, de la nueva ocupación es que al anterior presidente del comité de calidad se le reconocieron los hechos que sustentaron de la demanda de rescisión y que el contrato de trabajo, tras destinarle a este puesto, se extinguió con fundamento en el artículo 50 del estatuto de los Trabajadores. No se acredita que el actor haya recibido una formación específica que le habilite para el ejercicio con plenas garantías de sus nuevos cometidos y, al contrario, lo que sí se demuestra es que, alejadas éstas de las estrictas labores jurídicas, asesoramiento y defensa judicial y extrajudicial, la formación, o al menos la práctica y actualización de tales saberes, tenderán a resentirse.

Pero tal modificación trasciende además a la dignidad profesional del actor, que equivale al respeto que merece ante sus compañeros de trabajo y ante sus jefes, como persona y como profesional. Se le sitúa en una posición que, por las circunstancias que se dan en ella, provoca un menoscabo en dicho respeto, porque se le priva de posibilidades de acción como jurista de gran valía, de lo que esta Sala ha sido testigo a lo largo del tiempo, y se crea en los demás una impresión de caída en desgracia combinada con el hecho de la degradación efectiva. Uno de los supuestos más característicos, es decir, la de una situación humillante frente a los compañeros y jefes, se produce precisamente en los supuesto en los que la pérdida de responsabilidad derivada de la modificación de las funciones determina que el trabajador deba recibir instrucciones de aquellos sobre los que tenía mando efectivo o que ostentaban un menor jerarquía en la empresa (STS 29-1-1990. Ar. 229 o del TSJ de Cataluña de 15-6-1995. AS. 2396).

En el caso enjuiciado se modifican las condiciones del actor y se mantiene la situación profesional, sin embargo, de dos letrados, porque, siquiera con antigüedad y nivel inferior al de aquel, e incluso habiendo estado bajo su dependencia, siguen ejerciendo como tales en la solución extrajudicial de los conflictos y en la asistencia jurídica. No se explican las razones de esta controvertida preferencia.

Por otro lado, también se prueba que en su nuevo puesto de trabajo de presidente del comité de calidad se le hace depender jerárquica y funcionalmente del director gerente de talleres (que, con una edad de 28 años, tiene una antigüedad de sólo cuatro años, y un nivel salarial inferior y funciones de programador) o de la persona en la que el director gerente de talleres delegue.

Referir en tales condiciones el "ius variandi" empresarial ejercido con respeto a los límites de la movilidad funcional, y en concreto al grupo profesional, como técnico superior ferroviario, no pude tener acogida porque, conforme a la interpretación globalizadora, que surge de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 3-12-1987. Ar. 8822), modificación sustancial es aquélla" de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral... pasando a ser otras distintas de un modo notorio", es decir, debe existir un cambio de entidad y también con este significado las concretas condiciones alteradas, que, es lo acreditado en el supuesto actual. Y puede entenderse, como también lo ha hecho el Tribunal Supremo que, siquiera sin atender estrictamente a los límites del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, las modificaciones trascendentes en los cometidos que traspasan los límites del poder de dirección, pueden situarnos ante la hipótesis resolutoria (STS 21-3-1990. Ar. 2211).

Sexto.-La referida infracción del artículo 181 en relación con el artículo 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral tampoco ha de prosperar. En estos supuestos no se produce una pura inversión de la carga probatoria, pues al trabajador-demandante se le exige que aporte algún tipo de medio probatorio: "No es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional". Al demandante corresponde aportar, cuando alegue que un acto empresarial ha lesionado sus derechos fundamentales, un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquel acto (SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998), y "a ello se refieren precisamente los artículos 96 y 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, que precisan que de lo alegado por la parte actora se ha de deducir la existencia de indicios de discriminación" tal y como señala la STC 267/2000, de 17 de noviembre. De modo que "no basta afirmar que se ha producido un despido discriminatorio, sino que han de reflejarse unos hechos de los que resulte una presunción o apariencia de discriminación -STS de 24 de septiembre de 1986-; por lo que "quien invoca la discriminación debe ofrecer algún indicio racional fáctico que le sirva de apoyo"-STS de 3 de diciembre de 1987-.

En definitiva, se destaca la necesidad de que quien afirma la discriminación acredite la existencia de un panorama o clima propicio a la conducta discriminatoria o lesiva de derechos fundamentales que haga verosímil su imputación -SS.TS de 24 de marzo, 10 y 13 de octubre de 1989 y 18 de junio de 1.991-.

Para analizar, pues, si estamos ante un despido discriminatorio es necesaria la presencia de unos indicios racionales de los que se desprenda la infracción de un derecho fundamental. Pero igualmente ha de tenerse en cuenta que los indicios de que habla el art. 179.2 LPL, "no son identificables con la mera de sospecha, que consiste en de imaginar o aprehender algo por conjeturas fundadas en apariencia", sino que los indicios "son señales o acciones que manifiestan de forma inequívoca algo oculto" (STS 25.03.98, con cita de las SSTS 09-02-96, 15-04-96 y 23-09-96), por lo que la misma doctrina habla de "razonables indicios" (STC 101/2000, de 14 de abril, por ejemplo), o de "mínimo de indicios suficientes, o un principio de prueba que genere razonablemente una apariencia o presunción sobre la realidad de la conducta empresarial que se denuncia" (STC 41/1989, de 22 de marzo; citada por la STS 04-05-00). Y la apreciación indiciaria supone para la jurisprudencia -STS 01-10-96- una valoración jurisdiccional provisional de carácter complejo, correspondiente en principio al Juez de instancia, que versa tanto sobre elementos de hechos ("indicios") como sobre calificaciones o elementos de derecho ("violación" del derecho fundamental). y en el supuesto actual se justifican determinadas circunstancias reveladoras de un ejercicio discriminatorio, si bien embozado bajo la apariencia de una importante reorganización empresarial: la pertenencia del actor al anterior equipo de la dirección de Recursos Humanos encargado de la negociación colectiva en una situación de conflicto, la desvinculación con la empresa de los anteriores integrantes del equipo de dirección, uno de ellos a través de sentencia que declaró nulo el despido con referencia además a la adscripción política del nuevo presidente de FEVE, la dimisión del actor como secretario del consejo, la desaparición de la asesoría jurídica laboral y de las tres asesorías jurídicas de zona, lo que hizo que éste perdiera la condición de gerente, pese a ser el abogado más antiguo y de más elevado rango. Pero, sobre todo, la designación de abogados externos, sin que, como expresa la sentencia, se explique la necesidad, condiciones y emolumentos, ni la repercusión económica, cuando el actor, como matiza la fundada y exhaustiva resolución de instancia, era catalogado de "gran profesional."

Todas estas circunstancias revelan un clima de persecución, motivado por una actitud e hostigamiento y discriminatoria, con repercusión en su salud y motivo de que no haya trabajado un solo día en su nuevo cometido, lo que no puede imputársele, como se hace. Y no quedan desvirtuadas por la existencia de un cambio político con incidencia, lógica, en los órganos de dirección, presencia de un nuevo organigrama o implantación de un plan de desarrollo de sistemas de gestión de calidad, que son argumentos formales para ocultar, con dicha apariencia, la importante degradación profesional no justificada a la que hemos hecho referencia.

Séptimo.-Conforme al artículo 233 de la Ley de Procedimiento laboral, procede hacer expresa imposición de costas y en concepto de honorarios de Letrado de la parte impugnante.

FALLO

Que desestimamos el recurso interpuesto por ferrocarriles de Vía Estrecha S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Santander, de fecha 27 de julio de 2005 (autos núm. 361/05), dictada en virtud de demanda formulada por D. Juan contra Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y D. Juan Alberto, confirmando en su integridad dicha sentencia.

Se hace expresa imposición de costas a la parte impugnante, y en concepto de honorarios de Letrado de la parte impugnante, en cuantía de 600 euros.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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