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Sentencia T.S.J. Extremadura 8/2006, de 5 de enero


 RESUMEN:

Reclamación salarial. Estimación parcial. Carga de la prueba. La modificación del sistema retributivo tiene carácter sustancial.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"Primero. El actor, Octavio ha venido prestando sus servicios desde octubre de 2001 en la empresa demandada 'Uponor Hispania, S.A.U.' domiciliada en Móstoles, dedicada a la actividad de transformas de plásticos como jefe Regional de Ventas en la zona de Extremadura, percibiendo una retribución fija anual de 28.000 euros en este año.

Segundo. Además y en concepto de incentivos variables percibía otros 6.000 euros pagados anualmente.

Tercero. Al cambiar su dirección a finales de 2003, la empresa acordó modificar a primeros de 2004, el sistema de cálculo de los variables, dejando de ser una cantidad fija para pasar a otra integrada por tres factores: objetivos individuales ponderados, otros no ponderados o de participación en iniciativas y beneficios de la empresa.

Cuarto. El actor, pasa a ser requerido en diversas ocasiones para que prestase su conformidad en este nuevo sistema, en ningún momento accedió a ello, formulando diversas reclamaciones por lo que la empresa, hasta el 2.º trimestre del citado año 2004 continuó abonándole la cantidad inicialmente pactada de 1.502 euros trimestrales.

Quinto. En julio del año 2004 cobró por ello 1.050 euros, y en septiembre, 1.977,53 euros, y en el presente año, 1.511,94 euros en febrero y 1.800 euros en abril por los mismos conceptos de incentivos variables ya calculados conforme al nuevo sistema.

Sexto. Precedida del correspondiente acto de conciliación en la UMAC, que se celebró el 4 de abril sin resultado alguno, el 10 de mayo presentó demanda en el Juzgado de lo Social en reclamación de cantidad por el mismo concepto de variables: 1.502 euros del tercer trimestre de 2003; otros 1.502 euros del cuarto y 6.000 euros por todo el años 2004 y deducido 3.077 euros percibidos a cuenta.

Séptimo. Días antes a la fecha de la celebración del acto del juicio, el 8 de junio, el actor ha sido despedido disciplinariamente. Imputándole la empresa una conducta de competencia desleal."

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Octavio contra la empresa 'Uponor Hispania, S.A.U.' en Reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a ésta a que abone a aquél la cantidad de 3.653 euros por los conceptos de 'variables' entre junio de 2003 y diciembre de 2004".

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 4 de noviembre de 2005, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 22 de diciembre de 2005 para los actos de deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La empresa demandada interpone recurso de suplicación contra la sentencia que estima en parte la demanda del trabajador y en los cuatro primeros motivos se dedica a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo la recurrente en primer lugar que se de nueva redacción al segundo de ellos, para que conste que "el actor tenía derecho a percibir una cantidad en concepto de retribución variable en función del cumplimiento de objetivos:

-1.000.000 de pesetas brutas año en función del cumplimiento de objetivos. Esta cantidad está garantizada hasta el 23 de octubre de 2002.

-1% sobre aquellas ventas netas que superen los objetivos fijados con un límite máximo de 1.000.000 de pesetas brutas por año.

Durante el primer año de prestación de servicios, el actor percibió la cantidad de 6.000 euros en concepto de retribución variable, en virtud de la garantía de abono pactada en su contrato de trabajo".

No puede accederse a la adición propuesta porque, como reconoce la propia recurrente, la cláusula relativa a las comisiones que figuraba en el contrato del trabajador ya la hace constar, en los mismos términos en los que pretende incorporarse, ya figura como probada en el primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida y en el relato fáctico de ella deben incluirse las afirmaciones que con tal carácter se realizan en los fundamentos jurídicos, según han entendido reiteradamente, tanto el Tribunal Supremo (Sentencia 27 de julio de 1992), como los Superiores de Justicia (Galicia, en sentencia 6 de mayo de 1998, de Cataluña en la de 16 de abril del mismo año, o este de Extremadura en la de 15 de septiembre de 1997). En cambio, no procede añadir que la percepción de 6.000 euros durante el primer año por retribución variable se debiera a la garantía pactada pues no se deduce tal circunstancia de los documentos en que se apoya la recurrente, las copias del contrato de trabajo aportadas por las partes.

También intenta la recurrente añadir un nuevo hecho probado en el que constaría que "los objetivos del actor para el año 2003 se fijaron en función de las ventas de la zona que tenía asignada. El actor cumplió con sus objetivos durante el primer y el segundo trimestre del año 2003, razón por la que percibió en la nómina de abril de 2003 la cantidad de 1.502,53 euros y, en la nómina de julio de 2003 la cantidad de 1.502,53 euros. El actor no cumplió con sus objetivos durante el tercer y el cuarto trimestre del año 2003", sin que pueda accederse a tal pretensión pues los medios en que se apoya, un documento confeccionado por otro trabajador de la empresa y su declaración en el acto del juicio, no son hábiles para acreditar el error del juzgador de instancia, el primero porque no es público ni ha sido reconocido por la otra parte y el segundo porque no está entre los que permiten la revisión, según se desprende el apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, amparador del motivo.

Segundo.-Pretende a continuación la recurrente sustituir, en el tercer hecho probado de la sentencia recurrida, la frase "la empresa acordó modificar a primeros de 2004, el sistema de cálculos de los variables, dejando de ser una cantidad fija", por otra que diga "se procedieron a definir unos nuevos objetivos en el sistema de cálculo de la retribución variable, que pasó de regirse por el volumen de ventas", pretensión que no puede prosperar pues los documentos en que se apoya la recurrente tampoco son hábiles para acreditar el error del juzgador de instancia, aunque como, según se deduce de lo que se establece en el contrato respecto a la retribución por objetivos, que, como se dijo antes, el juzgador hace constar en el fundamento de derecho de su sentencia, esa retribución era una cantidad fija, independiente de las ventas, solo el primer año, esa alusión a retribución fija sí puede suprimirse.

La última revisión de hechos probados que se intenta en el motivo consiste en añadir uno nuevo en el que constaría que "el actor no cumplió con el 100% de los objetivos pactados, sino con el 70% de los objetivos ponderados y el 30% (EVA), por lo que le corresponde la suma de 5.273,47 euros en concepto de retribución variable del año 2004, que ya ha sido correspondientemente abonada", sin que pueda aceptarse tal pretensión porque se basa en el mismo documento y declaración a que se hizo referencia para rechazar otro de los intentos de revisión, bastando con remitirse a lo allí razonado.

Tercero.-Los demás motivos del recurso se dedican a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan cometido en la sentencia recurrida, denunciando en el primero de ellos la infracción del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citando diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, alegación que no puede prosperar porque como nos dice la sentencia del Tribunal de Castilla y León, con sede en Valladolid, de 20 de junio de 2005: "en principio corresponde a la parte actora probar la certeza de los hechos constitutivos de su pretensión más el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que para la aplicación de las reglas de la carga de la prueba 'el Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada parte' por lo que en el caso que nos ocupa debe ser la empresa, que es quien tiene la documentación y los medios oportunos, quien acredite que los resultados previstos para los años 2003 y 2004 en función de los cuales se fijaron anticipadamente las cantidades exactas en concepto de retribución variables, no se han alcanzado y puesto que no se ha probado tal extremo ha de estarse a las cantidades que documentalmente se reconoce al actor en concepto de retribución variable que para el año 2003 no ha percibido en su totalidad; no existe pues infracción de los preceptos comentados por lo que el recurso examinado debe ser desestimado"y, por ello, en este caso, el juzgador de instancia, haciendo uso de la facultad que le concede el núm. 6 del precepto cuya infracción se alega puede haber tenido en cuenta que era la empresa, como parte a quien le era más fácil la prueba de las operaciones en que había intervenido el demandante pues es ella quien debe tener toda la documentación al respecto, sin que la haya aportado, pues solo lo ha hecho con un certificado, al que antes nos hemos referido, con poco valor probatorio, a quien correspondía acreditar el cumplimiento o no de los objetivos de venta marcados.

Cuarto.-En el siguiente motivo, la recurrente denuncia la infracción del artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores por entender que lo reclamado respecto al año 2003 estaría prescrito como ya alegó en la instancia, alegación que no puede prosperar porque el juzgador de instancia ha entendido que la prescripción se interrumpió con la reclamación efectuada a la empresa por medio de un documento que figura en autos y, teniendo fecha de mayo de 2004, es claro que, reclamándose cantidades del segundo semestre de 2003, no había transcurrido un año cuando se reclamaron ni tampoco desde la reclamación hasta presentación de la demanda de conciliación, pues consta que el acto se celebró el 4 de abril de 2005. Alega la recurrente que en tal documento solo se reclaman cantidades del año 2004, pero no se deduce así de su texto, en el que, como señala el recurrido en la impugnación, se pide la regularización de 2003.

Quinto.-Denuncia a continuación la recurrente la infracción del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, por entender que el cambio en el sistema de objetivos a fin del cálculo los incentivos no constituye modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino uso de un derecho de la empresa, el conocido como "ius variandi", alegación que tampoco puede prosperar porque, por un lado, el precepto cuya infracción se alega considera siempre sustancial las modificaciones que afecten al sistema de remuneración y, no habiendo sido aceptada por el trabajador, la empresa no ha acreditado que se den las probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que pueden justificarla ni que se hayan cumplido los demás requisitos que el mismo precepto establece y, por otro, porque tampoco ha acreditado la recurrida, remitiéndonos a lo expuesto en el tercer fundamento de derecho, que haya abonado al trabajador lo que hubiera devengado por el nuevo sistema.

Sexto.-Por último, la recurrente se refiere a la cantidad que el juzgador de instancia reconoce a favor del trabajador como devengada en la reclamación relativa al año 2004, pero, como se alega en la impugnación, sin citar precepto ni doctrina jurisprudencial que estime infringida y efectuando una serie de razonamientos que apoya en datos fácticos que no constan probados, como una supuesta aceptación de la variación por el trabajador, cuando el juzgador de instancia declara probado lo contrario, y pretendiendo que la Sala acuda a diversos documentos que figuran en autos como si se tratara de una segunda instancia, olvidando, en suma, el carácter extraordinario del recurso de suplicación que el Tribunal Constitucional, en sentencia 294/1.993, de 18 de octubre califica de "cuasi casacional"; no constituye una apelación, pues la doble instancia ha sido siempre ajena al orden social de la jurisdicción, como proclamara la Ley de Bases del Procedimiento Laboral (Exposición de Motivos, Punto III).

Por todo ello, en definitiva, el recuso ha de ser desestimado y confirmada la sentencia recurrida.

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Sr. Letrado D. Braulio M.-G.P., en nombre y representación de "Uponor Hispania, S.A.", contra la sentencia de fecha 29 de junio de 2005, dictada por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Badajoz en sus autos número 320/2005, seguidos a instancia de D. Octavio frente a "Uponor Hispania, S.A.", en reclamación de cantidad, y, en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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