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Sentencia T.S.J. Extremadura 7/2006, de 5 de enero


 RESUMEN:

Rescisión contractual indemnizada. Desestimación. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo que no redunda en perjuicio de la formación profesional ni menoscabo de la dignidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"Primero. El actor, Constantino ha venido prestando sus servicios desde octubre de 2001 en la empresa demandada, 'Uponor Hispania, S.A.U.' domiciliada en Móstoles, dedicada a la actividad de transformas de plásticos, como Jefe Regional de Ventas en la zona de Extremadura, percibiendo una retribución fija anual de 28.000 euros en este año.

Segundo. Además, y en concepto de incentivos variables percibía otros 6.000 euros pagados anualmente.

Tercero. Al cambiar su dirección a finales de 2003 la empresa acordó modificar a primeros de 2004, el sistema de cálculo de los variables, dejando de ser una cantidad fija para pasar a otra integrada por tres factores: objetivos individuales ponderados, otros no ponderados o de participación en iniciativas y beneficios de la empresa.

Cuarto. El actor, pasa a ser requerido en diversas ocasiones para que prestase su conformidad en este nuevo sistema, en ningún momento accedió a ello, formulando diversas reclamaciones, por lo que la empresa, hasta el 2.º trimestre del citado año 2004 continuó abonándole la cantidad inicialmente pactada de 1.502 euros trimestrales.

Quinto. En julio del año 2004 cobró por ello 1.050 euros, y en septiembre, 1.977,53 euros, y en el presente año, 1.511,94 euros en febrero y 1.800 euros en abril por los mismos conceptos de incentivos variables ya calculados conforme al nuevo sistema.

Sexto. Precedida del correspondiente acto de conciliación en la UMAC, que se celebro el 4 de abril sin resultado alguno, el 10 de mayo presentó demanda en el Juzgado de lo Social en reclamación de cantidad, por el mismo concepto de variables: 1.502 euros del tercer trimestre de 2003; otros 1.502 euros del cuarto y 6.000 euros por todo el año 2004, y deducido 3.077 euros percibidos a cuenta.

Séptimo. Al mismo tiempo y también previo intento de conciliación presentó otra demanda instando la resolución de su contrato por causa imputable a la empresa.

Octavo. Días antes a la fecha de la celebración del acto del juicio, el 8 de junio, el actor ha sido despedido disciplinariamente, imputándole la empresa una conducta de competencia desleal."

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Constantino contra 'Uponor Hispania, S.A.U.', debo declarar y declaro la extinción de la relación laboral existente entre las partes con efectos del día de la fecha, condenado a dicha empresa demandada a estar y pasar por la presente declaración, así como al abono de 15.327 euros en concepto de indemnización".

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 29-6-2005, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 22-12-2005 para los actos de deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La empresa demandada interpone recurso de suplicación contra la sentencia que estima la demanda en la que el trabajador demandante solicita la extinción de su contrato de trabajo por la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En el primer motivo del recurso, con amparo en el apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se pretende que se repongan los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, denunciando que en la instancia se ha infringido el artículo 32 de la citada ley procesal porque cuando se celebraron los actos de conciliación y juicio la empresa había despedido al demandante y, aunque aún no se había presentado demanda contra la decisión empresarial, ante la solicitud efectuada por la empresa en el juicio, el juzgador debió suspender el señalamiento de tales actos hasta que se presentara aquella otra demanda, a fin de acumularla a la enjuiciada en la sentencia recurrida.

No puede prosperar tal alegación porque, como se razona en la impugnación, en este caso, al tiempo de celebrarse los actos de conciliación y juicio, sólo se había presentado una de las demandas, la de extinción del contrato, por lo que sólo existían unos autos y mal pueden acumularse otros, los de despido, que aun no existían, cuando el precepto cuya infracción se denuncia se refiere a la acumulación de autos y ni ese ni ningún otro obliga ni prevé la suspensión por si se presenta la otra demanda y llegan a existir los que deben ser objeto de acumulación, más cuando el artículo 34.1 de la misma ley determina que la acumulación deberá formularse y acordarse antes de la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio y el 83.1 que sólo a petición de ambas partes o por motivos justificados, acreditados ante el órgano judicial, podrán suspenderse por una sola vez tales actos y en este caso ni la suspensión se solicitó por ambas partes ni existían motivos justificados pues, entre otras razones, no se sabía si el demandante iba a formular también demanda contra el despido y menos si iba a hacerlo dentro de los diez días por los que debe hacerse la suspensión, según el mismo precepto, pues tampoco existe ninguno que le imponga formular su demanda en un plazo determinado, si perjuicio de que se produzca la caducidad de la acción si lo hace fuera del previsto para que opere tal figura.

En todo caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene declarando, según puede verse en la Sentencia de 10 de noviembre de 1998, que "para el remedio extraordinario de una nulidad de actuaciones, se requieren como requisitos, no sólo que exista quebrantamiento de las normas procesales y que tal quebrantamiento hubiese producido indefensión para la parte, sino también que se haya formulado oportuna protesta"; así lo han señalado también los Tribunales Superiores de Justicia, como el de Galicia en sentencia de 13 de abril de 1999, el de Cataluña en la de 26 de junio de 1998, el de Madrid en la de 29 de abril de 1999, el de Murcia en la de 29 de julio de 1997, el de Cantabria en la de 12 de junio de 1998 y éste de Extremadura en las de 29 de abril y 9 de julio de 1998, requisito que tiene por finalidad poner en conocimiento del órgano judicial la posible infracción cometida para que ésta pueda ser subsanada, sin que la parte pueda esperar a ver si la resolución le es o no favorable para decidir si la denuncia o no y en este caso, según resulta del acto del juicio, ante la negativa del juzgador a la suspensión, la empresa no formuló protesta alguna ni mostró de ninguna otra manera su disconformidad con la decisión judicial.

Segundo.-Los tres siguientes motivos del recurso se dedican a revisar los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, pretendiendo la recurrente en primer lugar que se de nueva redacción al segundo de ellos, para que conste que "el actor tenía derecho a percibir una cantidad en concepto de retribución variable en función del cumplimiento de objetivos:

-1.000.000 de pesetas brutas año en función del cumplimiento de objetivos. Esta cantidad está garantizada hasta el 23 de octubre de 2002.

-1% sobre aquellas ventas netas que superen los objetivos fijados con un límite máximo de 1.000.000 de pesetas brutas por año.

Durante el primer año de prestación de servicios, el actor percibió la cantidad de 6.000 euros en concepto de retribución variable, en virtud de la garantía de abono pactada en su contrato de trabajo".

No puede accederse a la adición propuesta porque, como reconoce la propia recurrente, la cláusula relativa a las comisiones que figuraba en el contrato del trabajador ya la hace constar, en los mismos términos en los que pretende incorporarse, ya figura como probada en el primer fundamento de derecho de la sentencia recurrida y en el relato fáctico de ella deben incluirse las afirmaciones que con tal carácter se realizan en los fundamentos jurídicos, según han entendido reiteradamente, tanto el Tribunal Supremo (Sentencia 27 de julio de 1992), como los Superiores de Justicia (Galicia, en sentencia 6 de mayo de 1998, de Cataluña en la de 16 de abril del mismo año, o este de Extremadura en la de 15 de septiembre de 1997). En cambio, no procede añadir que la percepción de 6.000 euros durante el primer año por retribución variable se debiera a la garantía pactada pues no se deduce tal circunstancia de los documentos en que se apoya la recurrente, las copias del contrato de trabajo aportadas por las partes.

Tercero.-Pretende, a continuación, la recurrente, sustituir, en el tercer hecho probado de la sentencia recurrida, la frase "la empresa acordó modificar a primeros de 2004, el sistema de cálculos de los variables, dejando de ser una cantidad fija", por otra que diga "se procedieron a definir unos nuevos objetivos en el sistema de cálculo de la retribución variable, que pasó de regirse por el volumen de ventas", pretensión que no puede prosperar pues los documentos en que se apoya la recurrente no son hábiles para acreditar el error del juzgador de instancia, aunque como, según se deduce de lo que se establece en el contrato respecto a la retribución por objetivos, que, como se dijo antes, el juzgador hace constar en el fundamento de derecho de su sentencia, esa retribución era una cantidad fija, independiente de las ventas, sólo el primer año, esa alusión a retribución fija sí puede suprimirse.

La última revisión de hechos probados que insta la recurrente consiste en que, al final del cuarto, tras "citado año 2004" se suprima lo que consta en él y se añada que "le abonó la cantidad de 1.502 euros trimestrales conforme la antiguo sistema de objetivos" y que "con fecha 31 de agosto de 2004, el actor dirigió un correo a D. Fernando R. que señalaba lo siguiente: en primer lugar, me gustaría felicitarle por el cambio en lo que respecta al plan de incentivos, creo que con toda sinceridad es bueno (...). En segundo lugar, creo que no ha sido lo más acertado, al menos en lo que a mi respecta, que el citado cambio se notifique a finales del mes de julio y se quiera implantar este año, además con carácter retroactivo desde el mes de enero", sin que pueda accederse a ello porque el documento en que se apoya tampoco es hábil a los efectos pretendidos por cuanto no puede acreditar que haya sido remitido, como se pretende en el motivo, por el actor a la empresa demandada y, además, en todo coso, como apunta el recurrido, la recurrente omite parte de lo que en el documento consta.

Cuarto.-Los otros dos motivos del recurso, que pueden estudiarse conjuntamente, se dedican a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan cometido en la sentencia recurrida, denunciando la de los artículos 41 y 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y de la doctrina jurisprudencial y legal contenida en las sentencias del Tribunales Supremo y Superiores de Justicia que cita, alegando que no se ha producido en el caso que nos ocupa ninguna modificación sustancial de las condiciones de trabajo del demandante y que tampoco se ocasiona perjuicio en su formación profesional o menoscabo de su dignidad.

Tiene razón la recurrente cuando alude a los dos requisitos que se precisan para que pueda prosperar la extinción indemnizada del contrato de trabajo por voluntad del trabajador fundada en la causa a que se ha acogido el juzgador de instancia para estimar la demanda. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26-7-1990, citando las de 5-3-1985, 21-9-1987, 23-4-1985 y 16-9-1986 sostiene que "la extinción del contrato de trabajo que autoriza y prevé el núm. 1 del art. 50 del Estatuto de los Trabajadores, requiere un doble requisito, por una parte que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, por otra que esta modificación redunde en perjuicio de la formación profesional del trabajador o en menoscabo de la dignidad; si no concurre esta doble circunstancia (...) la sola y desnuda modificación sustancial de las condiciones de trabajo, podrá dar lugar en su caso, al ejercicio de los derechos previstos en el art. 41 núm. 3 del propio Estatuto, pero no a la extinción del contrato de trabajo, asimilada en cuanto a las indemnizaciones que prevé el citado art. 50" a lo que añade que el cambio de horario, que puede considerarse modificación sustancial sólo podría dar lugar a los derechos previstos en el art. 41 del Estatuto.

En todo ello es significativo de que la frase del art. 41 núm. 3 del Estatuto de los Trabajadores que dice "sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 50" ha de ser entendida en el sentido de que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sea o no autorizada, si perjudica al trabajador, genera los derechos que el propio art. 41 reconoce, siendo preciso para que entre en juego la aplicación del art. 50, que el 41 no excluye, que redunde en perjuicio de la formación o de la dignidad del trabajador. También esta Sala en sentencia de 22 de marzo de 2000 se refiere al tema que nos ocupa: "de la jurisprudencia de la Sala 4.ª de Alto Tribunal, expuesta en las Sentencias citadas y en otras, como las de 13 de julio de 1983, 12 de marzo de 1984, 26 de julio de 1990, 16 de enero y 31 de mayo de 1991 y 8 de febrero de 1993, se desprende que 'la extinción del contrato de trabajo que autoriza y prevé el núm. 1.a) del art. 50 del ET, requiere un doble requisito: por una parte, que la empresa unilateralmente introduzca una modificación sustancial en las condiciones de trabajo, esto es, revelador de un voluntario y grave incumplimiento de sus obligaciones por el empresario, que suponga un deliberado enfrentamiento a la continuidad del anterior desarrollo de la relación laboral, y, por otra, que esta modificación redunde en perjuicio de la formación profesional del trabajador o en menoscabo de la dignidad'".

Quinto.-Sentados los referidos requisitos, resta determinar si se dan en el caso del demandante, según resulta del relato fáctico de la sentencia recurrida. De dicho relato fáctico se desprende, en resumen, que las partes pactaron en su contrato de trabajo unos incentivos por las ventas en las que participara el demandante, al que se le aseguraba una cantidad fija durante el primer año y después otra variable en función de tales ventas, pero, precisamente, poco después de ese primer año, la empresa decidió cambiar el sistema de fijación de cálculo de los incentivos, imponiendo uno nuevo a pesar de que el demandante no prestó su consentimiento expreso para ello.

En primer lugar, en cuanto ha existido una alteración en el sistema de cálculo del incentivo a que tiene derecho el trabajador en virtud de su contrato de trabajo, y así resulta no sólo del relato fáctico de la sentencia, sino que lo admite la propia demandada, estamos ante una modificación sustancial de las condiciones del contrato de trabajo, por así resultar del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores que nos dice que tendrán tal consideración las que afecten, entre otros materias, al sistema de remuneración.

Pero lo que no puede apreciarse es que esa modificación redunde en perjuicio de la formación profesional del trabajador ni menoscabe su dignidad. En primer lugar, no se ve que el cambio de sistema haya producido al demandante un perjuicio económico porque haya disminuido lo que percibía por el concepto de que se trata y poco esfuerzo hace él para ponerlo de relieve; es más, en la demanda sólo se alega que la empresa dejó de abonar la parte variable y que ha pretendido modificar el sistema, pero sin especificar que cantidad se le haya dejado de abonar y que perjuicio le haya causado o le vaya a causar el cambio, en el acto del juicio sólo alegó que al concluir 2004 los perjuicios fueron muy superiores a los 600 o 700 euros y en la impugnación del recurso nos dice que en el nuevo sistema hay parámetros que no dependen de la voluntad del trabajador y que en sentencia recaída entre las mismas partes se ha condenado a la empresa a abonar al demandante 3.653 euros, mientras que la empresa intenta razonar que el perjuicio, en el sentido de disminución de lo percibido, es poco importante, pero se basa en datos que no aparecen probados en la sentencia recurrida, al menos como ella los trata. Más concreto es el juzgador de instancia, aunque tampoco aclare la cuestión, al declarar probado que por el concepto discutido el demandante percibió en julio de 2004 1.050 euros, en septiembre del mismo año otros 1.977,35, en febrero de este año 1.511.94 y en abril 1.800, pero tales datos no determinan lo que se trata de averiguar pues no sabemos a que períodos de tiempo corresponden tales percepciones y, sobre todo, no consta lo que se hubiera devengado con el anterior sistema, en el que solo se garantizaba una cantidad, de 1.000.000 de pesetas, hasta octubre de 2002; pero es que, aunque partiéramos de que esa cantidad la debería seguir percibiendo y de que lo que se declara percibido corresponde a los períodos a los que el juzgador se refiere, el perjuicio económico, si acaso, podría suponerse en el año 2004, aunque no sabemos lo que percibió en el resto del año, pero en este año, más bien parece que lo que se le va a producir es un incremento de lo devengado pues, si sigue de una forma semejante, al final de año va a percibir bastante más de los 6.000 euros, que, se insiste, tampoco es seguro que fuera lo que iba a percibir por el otro sistema.

No acreditándose, pues, como se ha visto, no aparecen probados en la sentencia recurrida, los perjuicios económicos que el nuevo sistema pueda suponer al demandante, tampoco se aprecia de que otra forma se perjudique su formación profesional o se menoscabe su dignidad profesional. Desde luego, como sucede con los supuestos perjuicios económicos, ni el demandante ni el juzgador de instancia los concretan; el primero ni siquiera alude a ellos ni en su demanda ni lo hizo en el acto del juicio y sólo ahora en el recurso se refiere, como se dijo, a que el nuevo sistema contiene parámetros o factores que no dependen de la voluntad del trabajador, aunque querrá decir que no dependen de su actividad o dedicación pues es claro que no se iba a dejar a la voluntad del perceptor ni en uno ni en otro sistema, determinar la cantidad que debe percibir, pero no se ve como el que parte de los factores que se hayan de tener en cuenta para determinar la retribución variable no dependan de la actividad del trabajador pueda suponer el perjuicio a que nos referimos; mientras que el juzgador de instancia, si bien razona en términos generales que se han producido tales perjuicios, tampoco especifica como se puedan ver en este caso concreto.

En un caso semejante, tampoco se dio lugar a la extinción en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de noviembre de 1995, en la que puede leerse: "se trata aquí de una variación de las condiciones retributivas que no inciden en la actividad del actor, pues mantiene exactamente las mismas funciones y, por ello, ha de descartarse la lesión a la formación profesional. Con respecto a la dignidad, es cierto que se ha producido una alteración de la retribución económica que puede llevar a discutir si supone una rebaja global del importe anual, mas se ha de recordar que, según los hechos probados, al actor se le mantiene el mismo salario mensual, variando el sistema y cuantía de los incentivos, de otro lado, compensados por la vía de una indemnización a tanto alzado. No puede hablarse 'a priori' de una variación sustancial lesiva para la dignidad del trabajador. Se trata aquí de un supuesto de modificación de los señalados en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que, en su caso, podía ser combatido mediante el ejercicio de una acción ordinaria de reconocimiento de derecho; mas no cabe acudir a la vía de la extinción del contrato cuando el trabajador puede por otros medios combatir la decisión unilateral de la empresa. La doctrina ha venido señalando que por modificaciones substanciales ha de entenderse las que alteren los aspectos fundamentales del contrato, sin que pueda el trabajador exigir el cumplimiento de las condiciones anteriores por otras vías".

También aquí no se ve como, si se producía ese perjuicio o menoscabo, el demandante no impugnó la modificación cuando se le comunicó y dejó pasar más de un año hasta que planteó su demanda tendente a la extinción.

En definitiva, no cabe sino concluir que no se dan los requisitos para que el trabajador pueda obtener la extinción indemnizada de su contrato de trabajo por un incumplimiento grave de las obligaciones empresariales como permite el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que la sentencia de instancia, que entendió lo contrario, ha de ser revocada con estimación de la petición subsidiaria del recurso contra ella interpuesto.

FALLO

Con desestimación de la pretensión principal y estimación de la subsidiaria, de las contenidas en el recurso de suplicación interpuesto por "Uponor Hispania, S.A." contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2005 por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz en autos seguidos a instancia de D. Constantino contra la recurrente, revocamos la sentencia recurrida para desestimar la demanda origen de las actuaciones, absolviendo de ella a la demandada recurrente.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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