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Sentencia T.S.J. Baleares 54/2006, de 16 de febrero


 RESUMEN:

Despido. Prescripción de faltas continuadas y ocultas. "Dies a quo": cuando el empresario tenga pleno conocimiento de los hechos. Despido procedente. Transgresión de la buena fe y abuso de confianza.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1.El actor, D. Ángel, con DNI número ..., ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada Banco Sabadell, S.A. con antigüedad del 16-4-1975, categoría profesional de director nivel 4.º y percibiendo un salario bruto mensual prorrateado de 5.520 euros.

2.El 7-2-2005 la empresa comunicó al actor por escrito la imposición de la sanción de despido disciplinario por medio de carta, que obra en autos a los folios 7 y siguientes y que por su extensión se da aquí por reproducida, por la presunta comisión de faltas muy graves de los apartados 1, 6 y 9 del artículo 53 del Convenio Colectivo de Banca.

3.El actor ha venido realizando personalmente ingresos en cuentas de determinados clientes, mediante sucesivos ingresos de efectivo o ingresos de cheques librados por él mismo contra su cuenta en la Entidad Caixa Cataluña, para el pago del total o 50% de las cuotas de préstamos concedidos por el actor a dichos clientes, constando entre ellos los de fechas 1-10-2004 y 2-11-2004. Tales clientes son los expresados en el folio 2 de la carta de despido, y entre ellos D.ª Francisca, esposa de D. Constantino, D.ª Marcelina, D. Luis Enrique, D. Mauricio, son amigos del actor. En ocasiones, las disposiciones del préstamo no se correspondían con el motivo indicado por el actor (préstamo de 18-7-2003 de Casi Casa, Francisca-Grupo Vassia-Moiset; préstamo de 16-9-2003 de D. Constantino).

4.En el período de julio de 2002 a mayo de 2004, el actor personalmente realizaba sucesivas operaciones de seguros de cambio de tipo especulativo, fraccionando su importe hasta 300.000 USD, cifra máxima que se permite contratar desde la oficina sin intervención de la Dirección de Tesorería, según normativa interna recogida en el Manual de tesorería de la demandada. Para ello contrataba varias operaciones de seguros de cambio a un mismo cliente y en el mismo día, aplicando diferente vencimiento a cada operación. Muchas de dichas operaciones, (que obran en autos en prueba documental que se da aquí por reproducidas) fueron autorizadas por el actor como Director de la Oficina, pese a presentar "incidencias", como plazo incorrecto, riesgo superado u operación no permitida, para lo que no tenía autonomía y le era exigible recabar autorización superior.

5.Durante el período de 2002 a abril 2004 el actor no aplicaba las condiciones establecidas en la normativa respecto a las operaciones de contratación de seguros de cambio, y en concreto autorizaba personalmente que no se procediera al cobro de comisiones de incumplimiento, y no aplicaba el diferencial standar sobre operaciones de seguros de cambio a diversos clientes de la oficina 8según obra en documental de autos que se da por reproducida), como los que se refieren en el folio 16 y siguientes de la carta de despido, a algunos de los cuales, como D. Luis Manuel, Poten, S.A., Club Antonio Paraíso, S.L., Cafeterías Tania, también les fraccionaba dichas operaciones.

6.El actor tenía concedido un límite de riesgo de 100.000 euros, no pudiendo autorizar por sí mismo operaciones cuyo riesgo global excediera dicha cifra, límite que excedía, aprobando además la contratación de seguros de cambio de diversos clientes en los que o bien no tenían limite o el límite era insuficiente; operaciones éstas (que obran en la documental de autos que se da aquí por reproducida), que por ello superaban su autonomía y exigían una autorización superior.

7.La demandada comenzó la investigación de los hechos imputados en la carta de despido en julio 2004, finalizando la Auditoría Interna mediante informe de 21-1-2005 (documento 3 de la demandada que se da aquí por reproducido).

8.El actor no ha sido sancionado anteriormente.

9.El 1-3-2004 el Director de Banca Comercial de Banco de Sabadell remitió al actor una carta de felicitación por haber alcanzado un 107,32% en los resultados de valoración de eficacia profesional correspondientes al ejercicio 2003.

10. El actor ha permanecido en situación de Incapacidad Temporal desde la fecha que no consta hasta al menos la fecha del juicio.

11. El actor no es representante legal ni sindical de los trabajadores.

12. Se presentó solicitud de conciliación ante el TAMIB.

Segundo.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

"Que desestimando la demanda formulada por D. Ángel contra Banco de Sabadell, S.A. debo declarar y declaro la procedencia del despido acordado por la empresa demandada, a la que se absuelve de los pedimentos en su contra formulados."

Tercero.-Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado D. Francisco Luelmo Granados en nombre y representación de D. Ángel, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por el Sr. Letrado D. Antonio Sendra Sala en nombre y representación del Banco Sabadell, S.A.; siendo admitido a trámite dicho recurso por esta Sala, por Providencia de fecha tres de febrero de dos mil seis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-El recurso destina su primer motivo a propugnar, por la vía del art. 191.b) de la LPL, diversas modificaciones en el relato judicial de hechos probados.

El examen de las distintas peticiones que formula el motivo debe efectuarse teniendo presente que la percepción personal de la actividad probatoria y, en general, del material litisdecisorio proporciona al juzgador de instancia un conocimiento directo del asunto del que, por el contrario, el tribunal de suplicación carece. De ahí que la convicción que se forma el juzgador sobre la realidad de lo acontecido deba respetarse en fase de recurso salvo que incurra en error manifiesto. La revisión del juicio sobre la cuestión de hecho, de otro lado, sólo resulta factible con base en pruebas documentales y periciales, pues así lo establece la ley. Esta limitación implica que la invocación de esos medios probatorios no sirve para combatir las conclusiones fácticas establecidas en la instancia con apoyo total o parcial en pruebas de otra naturaleza, pues tal posibilidad obligaría al tribunal que conoce del recurso a calibrar el valor probatorio y a contrastar la fuerza de instrumentos de prueba que quedan excluidos de su ámbito de decisión. El documento que la parte recurrente aduce, sobre no ofrecer duda alguna de autenticidad, ha de poner de relieve, en fin, la equivocación del juzgador de manera terminante y rotunda y de suerte que entre su contenido y el aserto de la sentencia exista contradicción insalvable.

Estas consideraciones previas conducen al rechazo de la solicitud de que se añada un párrafo al hecho probado segundo con el texto que el recurso propone. El interrogatorio de los contendientes no es medio hábil para fundar la revisión fáctica. El pacto recogido en el documento obrante al folio 123 no acredita por sí mismo que el Jefe de Zona haya sufrido sanción de pérdida de categoría, ni del que figura al fol. 154 se desprende que se haya impuesto alguna al Analista de Riesgos.

La hipotética realidad de esas sanciones, en todo caso, carece de influencia sobre la suerte del litigio. Ninguna tiene en orden a enjuiciar la proporcionalidad entre la medida del despido y la conducta del demandante, pues la gravedad del comportamiento del autor material de las operativas bancarias irregulares no admite parangón con el ejercicio descuidado por otros empleados de sus funciones de control y supervisión. Tampoco la tiene a fines de computar el plazo de prescripción de las faltas. La raíz de ese cómputo se halla en el momento en que los actos de incumplimiento llegan a conocimiento, no de cualquier empleado de la empresa, sino del órgano facultado para sancionarlos, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial sentada por, entre otras, las SSTS de 26 de diciembre de 1995, 22 de mayo de 1996, 20 de marzo de 1997 y 19 de junio de 2002.

Segundo.-Tampoco procede redactar el hecho probado tercero en la forma que el recurrente postula.

Ninguna prueba documental o pericial desmiente la afirmación judicial de que las personas que menciona el citado ordinal fáctico son amigos del actor.

La circunstancia de que los ingresos en cuenta verificados los días 1 de octubre y 2 de noviembre de 2004 fueran realizados empleando un número de identificación como usuario del sistema distinto del propio del actor tampoco desmiente la autoría de éste que la sentencia considera probada. Pudo ocurrir que otro trabajador materializara esos ingresos siguiendo instrucciones del demandante o, más sencillamente, que éste utilizara la identificación de otra persona, eventualidad, por cierto, que el mismo Sr. Ángel reconoció como posible "por ausencia del cajero o por trabajo" durante la investigación interna llevada a cabo por la empresa, según recoge el informe de auditoría (folio 127).

El dato de que el número de cheques ingresados para pagar las cuotas de amortización de los préstamos fue de siete no reviste trascendencia, al igual que tampoco la tiene la circunstancia de que el actor dejó de utilizar este método a partir del 11 de febrero de 2003. La prolongada serie de pagos, sea mediante cheque o en efectivo, constituye una conducta continuada, cuyo plazo de prescripción empieza a discurrir desde el último acto que la integra, a tenor de la doctrina casacional de la que es exponente la STS de 15 de julio de 2003.

Las declaraciones testificales no son instrumento apto para acreditar en suplicación que los repetidos ingresos se efectuaron previa entrega de su cuantía por los clientes o reponiendo luego éstos su respectivo importe. Sigue en pie, por tanto, el extremo capital de que las cuotas de amortización de los préstamos eran satisfechas por el actor, en su totalidad o por mitad, con su propio dinero.

No existe en autos, finalmente, prueba documental o pericial cualesquiera que desvirtúe la afirmación de la juzgadora de que las disposiciones correspondientes a los dos préstamos que cita el hecho probado tercero no se correspondían con el motivo indicado por el actor.

Tercero.-Respecto de la solicitud de que se revise el hecho probado cuarto cumple señalar, ante todo, que las proposiciones que el mismo contiene son indiscutiblemente ciertas. La única posible duda afecta al inciso final del texto, esto es, a la aserción de que el actor no tenía autonomía y le era exigible recabar autorización superior para operaciones con "incidencias". Verdad es, en este punto, que la normativa sobre compraventas de divisas a plazo permite a la oficina autorizar las operaciones de clientes sin límite de riesgo o cuando se supere el concedido por la boleta (folio 933). Mas en absoluto resulta evidente que esta facultad conlleve la de sobrepasar el tope cuantitativo máximo para la concesión de riesgos que, atendiendo a la total posición deudora del cliente, tiene atribuido el director de la sucursal. Antes al contrario, en la mencionada normativa no se observa -ni el motivo aduce que la haya- excepción alguna de esta clase a las reglas generales sobre facultades y autonomía en materia de decisión de riesgos (folios 1642 y siguientes) que la entidad bancaria tiene establecidas. La supresión del actual ordinal fáctico cuarto que el recurrente postula no está, pues, justificada.

En cuanto atañe al texto alternativo al de la sentencia que el recurso propone ha de reiterarse, una vez más, que la prueba testifical es inhábil para censurar el juicio sobre la cuestión de hecho. De otra parte, afirmar que el actor actuaba "sin ocultación" supone valoración que no debe incluirse en el relato fáctico.

De la circunstancia de que dos operaciones concretas de contratación de seguros de cambio, dentro de un cúmulo de unas 600, aparezcan firmadas por el cliente -nada anormal en sí, pues que las transacciones SCCN siempre han de practicarse a solicitud del cliente- no significa que la operación se fragmentara fraudulentamente a iniciativa del interesado. La petición expresa del cliente no exonera al actor, en todo caso, de ajustar su actividad laboral a las normas taxativas de funcionamiento dispuestas por la entidad empleadora. Las operaciones de contravalor superior a 300.000 USD requerían la intervención de la Sección de Gestión Integral de la Dirección de Tesorería y Mercado de Capitales. La mecánica seguida por el actor producía el resultado de eludir indebidamente este requisito.

No consta, en fin, que el Jefe de Zona y el Analistas de Riesgos de Baleares conocieran ni consintieran esta práctica. Sí aparece documentalmente acreditado, en cambio, que todas las operaciones de esta especie se comunicaron en su momento a los Servicios Centrales del banco con expresión de su respectivo importe, fechas de contratación y vencimiento, nombre del cliente y cambio (folios 2.219 en adelante). Al extremo no le falta relevancia, y por ello debe consignarse en la resultancia fáctica. En este concreto y único aspecto, el motivo se acepta.

Cuarto.-En el hecho probado sexto ha de puntualizarse que el límite de concesión de riesgos que tenía conferido el actor, si bien era de 100.000 euros como regla, podía llegar hasta los 300.000 euros respecto de empresas con rating elevado. El dato figura en el informe de auditoría interna en que se basa la carta de despido, por lo que procede rectificar el referido ordinal fáctico en este sentido.

El resto de modificaciones que propugna el recurso fracasan. Las singulares empresas que menciona no aparece acreditado que tuvieran otorgada la citada calificación a efectos de riesgos. La comunicación que el Jefe de Zona remitió al demandante el 16 de enero de 2004 le indica que regularice la situación de cuentas sin riesgo concedido. Mal cabe inferir de ella que el superior del actor consentía esos excedidos, como tampoco que le autorizaba a efectuar la regularización sobrepasando sus atribuciones. En todo caso, la carta de despido imputa al trabajador, además de las realizadas el 28 de enero de 2004 con aquella lista de clientes, otras varias operaciones en que autorizó riesgos de importancia excediéndose ampliamente de sus facultades. La expresión de los hechos que aparecen probados, en fin, no debe entremezclarse ni menos sustituirse por valoraciones de actos y conductas.

Quinto.-Ninguna prueba documental aduce el motivo, por último, que sustente su afirmación de que la empresa demandada comenzó a investigar los hechos imputados en la carta de despido a finales de septiembre de 2004. Por tanto, la redacción que presenta el ordinal fáctico séptimo, situando el inicio de las labores de investigación en el mes de julio, permanece incólume.

Sexto.-Con sede en el art. 191.c) de la LPL, el motivo segundo de recurso denuncia infracción del art. 60 del ET. El motivo postula que se aprecie la prescripción respecto de los hechos de la carta referidos a las operaciones de seguro de cambios, aduciendo que tanto los superiores del actor como los Servicios Centrales las conocían y que el demandante no las practicó ocultamente. También considera prescritas las imputaciones relativas a la extralimitación en la concesión de riesgos porque, arguye, eran conocidas en enero de 2004.

La STS de 15 de julio de 2003 sintetiza la doctrina jurisprudencial sentada a propósito de la prescripción de las faltas laborales continuadas y ocultas. La sentencia dice: "En el caso de las faltas continuadas, conceptuando como tales aquellas que «responden a una conducta que se prolonga en el tiempo, a través de una pluralidad de hechos consecutivos dotados de unidad de propósito que corresponden al mismo tipo de infracción», dada la unidad de propósito que las mueve, esta Sala ha dicho de forma reiterada que el plazo de prescripción de los seis meses no comienza el día en que se cometió cada falta sino el día en que se cometió la última «pues es a partir de ese último hecho cuando cesa esa conducta continuada que debe ser apreciada de forma conjunta a efectos de su sanción», bien sea por abandono voluntario de dicha conducta, bien por la investigación de tal conducta llevada a cabo por el empresario -SSTS 27-11-1984, 6-10-1988, 15-9-1988, 21-11-1989, 25-6-1990, 7-11-1990, 19-12-1990-".

"En el caso de las faltas ocultadas por el trabajador -prosigue indicando el Tribunal Supremo- que se prevale de su condición para impedir que el empleador tenga conocimiento de las mismas se ha considerado, bajo el mismo criterio anterior, que el plazo de los seis meses no puede comenzar a computar sino desde que cesó aquella actividad de ocultación del empleado pues esta conducta en sí misma constituye una falta de deslealtad y un fraude que impide que la prescripción pueda comenzar, razón por la cual «el término de seis meses ha de contarse desde que se dan las circunstancias precisas para que la trasgresión sea conocida»-STS 25-6-1990-, más en concreto «desde que cesó la ocultación»-TS 27-1-1990, Auto TS 15-7-1997 (Rec. 73/1997)-, aunque también se ha dicho que en estos casos computará la prescripción a partir de los seis meses desde que la empresa tuvo conocimiento de la falta cometida y ocultada -STS 25-4-1991 (Rec. 500/1990), 3-11-1993 (Rec. 2276/1991), 29-9-1995 (Rec. 808/1995), Auto TS 12-6-2002 (Rec. 2274/2001)-, siempre partiendo de la base de una ocultación mantenida eludiendo los posibles controles del empresario".

Pues bien, como queda probado, todas las operaciones de seguros de cambio que celebró el actor se comunicaron en su día a los Servicios Centrales de la entidad. La información incluía los datos que hubieran permitido a dichos Servicios descubrir el artificio del fraccionamiento, toda vez que comprendía el respectivo importe de cada transacción, fechas de contratación y vencimiento, nombre del cliente y cambio aplicado. La práctica, por tanto, aunque fue continuada no era oculta. De ahí que la potestad empresarial de sancionarla empezó a prescribir en la fecha en que dicha práctica cesó, esto es, en el mes de mayo de 2004, sin que, en cuanto a esta concreta imputación concierne, esté justificado situar la raíz del plazo prescriptorio en la fecha de la auditoría interna. El motivo, en este particular, se acoge.

No cabe considerar prescritos, por el contrario, los hechos que la sentencia relata en su ordinal fáctico sexto, relativos a la extralimitación de atribuciones en la concesión de riesgos. La prescripción no empieza a correr, como se ha señalado antes, hasta que la comisión de las infracciones no llega a noticia del órgano de la empresa con facultades para sancionarlas. Tampoco basta a tal fin un conocimiento superficial o genérico sino que es preciso que la empresa sepa lo acontecido de manera plena y cabal (STS 19 de junio de 2002, por todas) para poder calibrar su dimensión y ejercer la potestad sancionatoria en consonancia. Los actos de extralimitación cometidos aquí por el demandante son numerosos y complejos, y por sus características les resulta aplicable la doctrina jurisprudencial acerca de las faltas ocultas. La STS de 12 de junio de 2002 recuerda en esta línea, con cita de las SSTS de 26 de mayo y 24 de septiembre de 1992, 3 de noviembre de 1993 y 29 de septiembre de 1995, que "el cómputo de la prescripción de las faltas laborales cometidas fraudulentamente, con ocultación y eludiendo los controles del empresario, no se inicia hasta que éste tenga conocimiento de los hechos y pueda ejercer sus facultades disciplinarias. También establece la Sala que esta ocultación no requiere ineludiblemente actos positivos, bastando para que no empiece a computarse la prescripción que el cargo que desempeñe el trabajador infractor obligue a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, el estar de modo continuo gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide, mientras perdura, que se inicie el cómputo de la prescripción". Aquellos actos no habían prescrito, pues, cuando se inició la auditoría que los sacó a la luz, de modo que, al entenderlo de esta suerte, la sentencia de instancia no vulnera el art. 60.2 del ET.

Séptimo. El último motivo de recurso acusa infracción del art. 49.1.k) del Convenio Colectivo de la Banca, en relación con los arts. 54 y 56 del ET, a su vez relacionados con lo dispuesto en el art. 53, así como la inaplicación del art. 50.6, que cataloga como falta leve la negligencia en el cumplimiento de los deberes laborales cuando no cause o se deriven de ella perjuicio para los intereses de la empresa, y del art. 52.2, el cual señala como falta grave la negligencia cuando cause o se derive de ella perjuicio para la empresa. El motivo sostiene, en definitiva, que la conducta del actor no reúne las notas imprescindibles para merecer el despido disciplinario.

El fraccionamiento de las contrataciones de seguros de cambio con fines de eludir la preceptiva intervención de la Dirección de Tesorería no puede ser objeto de sanción por haberse agotado el tiempo útil para hacerlo. Pero los otros tres comportamientos que achaca la carta de despido entrañan graves y conscientes trasgresiones de la buena fe contractual y abuso de confianza en el desempeño del cargo que justifican sobradamente la decisión empresarial extintiva de la relación de trabajo con arreglo al art. 54.2.d) del ET. El motivo argumenta apartándose de los hechos declarados probados. El pago por el actor de las cuotas de amortización de préstamos concedidos a amigos suyos y que, además, se destinaron a veces a finalidades distintas de las alegadas para su otorgamiento, es conducta que arroja fuertes sospechas sobre la rectitud y probidad de su actuación al frente de la oficina bancaria e indicativa de posible aprovechamiento de sus facultades de director en interés propio, directo o indirecto. A esto se añade que, en beneficio de ciertos clientes, infringió la preceptiva de la empresa en materia de comisiones de incumplimiento y de aplicación del diferencial estándar sobre operaciones de seguros de cambio, con el consiguiente perjuicio económico efectivo de la empleadora, y que en una pluralidad de ocasiones autorizó operaciones que excedían del marco de sus facultades e invadiendo, por consiguiente, las de sus superiores. Tampoco fueron actos aislados, sino que se repitieron en un amplio lapso de tiempo.

Este conjunto de actuaciones irregulares pone de relieve, en suma, una conducta profesional del actor contraria con claridad a los deberes laborales básicos de buena fe, lealtad y diligencia -arts. 5.a) y 20.1 del ET-, de tanto más exigente respeto en su caso por su condición de máximo responsable de la oficina bancaria, ocupando puesto de especial confianza de la empresa. El despido litigioso, por tanto, ha sido correctamente calificado de procedente en la instancia, de conformidad con los arts. 55.4 del ET y 108.1 de la LPL.

En consecuencia, decae el recurso y se confirma la sentencia recurrida.

FALLO

Se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación procesal de D. Ángel contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Ibiza, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil cinco, en virtud de demanda formulada por el citado recurrente frente a la entidad Banco Sabadell, S.A., y, en su consecuencia, se confirma la sentencia recurrida.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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