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Sentencia T.S.J. Aragón 44/2006, de 24 de enero


 RESUMEN:

Extinción del contrato. Incumplimiento empresarial. Mobbing. Concepto. Distinción con conductas abusivas del poder de dirección. Requisitos. Existencia. Aislamiento social del trabajador con sus compañeros, medidas de ataque a su persona: críticas, insultos, agresiones verbales.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D. Alexander, contra Internacional de Elevación siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre despido; y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza, de fecha 23 de septiembre de 2005, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando como estimo en parte la demanda de despido interpuesta por D. Alexander contra la empresa Internacional de Elevación SA, y estimando como estimo en su totalidad la demanda de extinción de la relación laboral interpuesta, debo declarar y declaro improcedente el despido del actor, condenando a la empresa demandada al abono de los salarios dejados de percibir desde el 1-8-2005 hasta la fecha de esta sentencia a razón de 60,84 euros diarios, resolviendo con esta fecha la relación existente entre las partes condenado a la empresa demandada a que abone al actor en concepto de indemnización la cantidad de 42.207,75 euros."

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del siguiente tenor literal:

"1.º E1 actor D. Alexander prestó servicios para la empresa Internacional de Elevación SA desde el 9-5-90, con la categoría profesional de Jefe de Sección, y salario de 1.825,08 euros mensuales incluida la parte proporcional de pagas extras. No ostenta ni ha ostentado la condición de representante de los trabajadores.

2.º E1 actor pretendía presentarse como candidato de CC.OO. a las elecciones a celebrar en enero de 2004, conocida dicha circunstancia por la empresa, desagradaba la misma a sus responsables, por lo que mantuvieron reuniones con cada uno de los trabajadores el gerente D. José Ignacio y el encargado D. César, en las que indicaron a cada trabajador que no convenía que saliese elegido el actor, por lo que ante las presiones recibidas, el actor desistió de presentarse a las elecciones.

Que el encargado, superior jerárquico del actor, D. César, trataba de diferente manera al actor que al resto de trabajadores, dirigiéndose de forma brusca al mismo, y en alguna ocasión con palabras ofensivas, recriminándole y magnificando cualquier error de los cometidos por el actor, e incluso indicando a los trabajadores que no hablasen con el mismo, refiriéndose a el con menosprecio delante de otros trabajadores.

Esta situación provocó que el actor presentarse denuncia ante la Inspección de Trabajo con fecha 6 de agosto de 2004. Que por parte de la Inspectora con fecha 20 de octubre de 2004, y tras visita de comprobación, se levantó diligencia en el Libro de Visitas de la empresa del siguiente tenor: "se requiere a la empresa para que de forma inmediata cese la actitud que el encargado César, así como determinados trabajadores, dentro del horario laboral, en relación con el operario mencionado, mantienen, atentando contra su dignidad personal y laboral, dando cumplimiento de esta manera al art. 4.2 del Estatuto de los Trabajadores".

La empresa dirigió a los trabajadores escrito con fecha 2 de noviembre de 2004 rogándoles, que si son ciertos los hechos, cesen de manera inmediata, puesto que de no ser así, la empresa se verá obligada a tomar decisiones sancionadoras.

El actor estuvo en situación de IT desde el 27-10-2004 hasta el 31-1-2005, siendo el diagnóstico de ansiedad, estrés, problemas laborales.

Tras su reincorporación continuó la misma situación, causando nueva baja el actor con fecha 15-4-2005, con el diagnóstico de estrés laboral.

Según informe de los Servicios Médicos del Salud el actor padeció un Síndrome mixto ansioso-depresivo. Fue dado de baja laboral tras presentar una crisis de ansiedad en su domicilio y ser requeridos los servicios del 061, el día 15-4-05. Durante éste tiempo se han repetido en varias ocasiones esas crisis, a pesar de seguir su tratamiento médico a base de ansiolíticos y antidepresivos desde hace dos años. Han sido desencadenados por la posibilidad de volver a su lugar de trabajo habitual. Como consecuencia de su ansiedad ha presentado crisis de HTA arritmia sinusal (según ECG), un brote de urticaria y espasmos.

Por la empresa se efectuó encuesta entre los trabajadores con fecha 30-3-2005, con preguntas determinadas, en la que figuraba el nombre del trabajador que la contestaba, sin ser por tanto anónima, aportada como documento 2 en el ramo de prueba de la parte demandada, y cuyo contenido y resultado se da por literalmente reproducido.

3.º El actor por solicitud propia, fue cambiado de puesto de trabajo en febrero de 2003 respetándole la categoría profesional y percibiendo la retribución propia del nuevo puesto de trabajo.

En marzo de 1999 se produjo un cambio en la gestión laboral de la empresa suprimiéndose al actor por error el denominado "plus ad personam", subsanándose el abono de las diferencias en abril de 2000.

A1 actor le fueron impuestas por la empresa dos sanciones el 21-10-2004, por retrasos de 2 minutos en la entrada los días 6 y 18 de octubre, sanciones que fueron conciliadas en vía judicial. A otros trabajadores de la empresa también se les han impuesto sanciones cuando se producen retrasos 2 veces en un mes.

4.º La empresa demandada entregó al actor con fecha 30 de junio de 2005 carta de despido, aportada las actuaciones y cuyo contenido se da por literalmente reproducido en la que se le imputan los siguientes hechos: "la empresa ha tenido conocimiento veraz y probado, que usted está desarrollando otra actividad laboral retribuida, por cuenta propia, mientras está en situación de incapacidad temporal desde el 15 de abril de 2005 por estrés laboral".

La empresa ha recibido notificación de la mutua MAZ de fecha 29 de julio de 2005 por el que manifiesta que dicha entidad ha tenido conocimiento de la realización de actividad laboral durante el período de incapacidad temporal y que por lo tanto acordaba la suspensión de la prestación económica del referido proceso. No consta cual es el contenido de la comunicación dirigida por la mutua al actor.

La empresa demandada contrató con fecha 20 de mayo de 2005 servicios de detective privado, quien se personó en el domicilio particular del actor, elaborando el informe que obra como documento número 19 en el ramo de prueba de la parte demandada, y cuyo contenido se da por reproducido, y que ha sido ratificado a presencia judicial.

E1 actor ha sido dado de alta médica con fecha 1-8-2005.

5.º El actor interpuso papeleta de conciliación de extinción de la relación laboral con fecha 7-3-2005, y demanda judicial con fecha 30-3-2005.

El actor interpuso papeleta de conciliación de despido el 21-7-2005, y demanda judicial el 1-8-2005.

Celebrado acto de conciliación resultó sin avenencia entre las partes."

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Pretende la demandada-recurrente, en el primero de los motivos del recurso y al amparo de la norma contenida en el apartado a) del artículo 191 del vigente TRLPL, la declaración de nulidad de la sentencia recurrida al entender, la recurrente, se ha infringido la norma del artículo 97.2 del vigente TRLPL ya que, entiende la recurrente, la sentencia de instancia adolece del defecto de no contener todos los hechos que puedan tener interés para resolver la cuestión debatida. Más concretamente, la recurrente entiende que, en el relato fáctico de la sentencia que impugna, falta la descripción de los hechos imputados al actor en la carta de despido, concretados especial y específicamente en la fase procesal de alegaciones, y objeto de prueba testifical y de interrogatorio de parte en el acto del juicio oral.

El motivo, así articulado, carece de virtualidad y su desestimación es obvia.

No solamente porque una cosa es lo que las partes -en uso de sus derechos- aleguen en el proceso determinados hechos e intenten demostrarlos mediante la proposición, y práctica en su caso, de distintos medios de prueba y otra cosa diametralmente distinta el que los medios de prueba, propuestos y practicados, alcancen la finalidad para la que estaban destinados, sino porque, además, con la pretensión articulada en este motivo -así como en los apartados 7 y 8 del motivo segundo, dirigidos a la modificación fáctica, y en los apartados 1 y 2 del motivo tercero, dirigidos a la censura jurídica- la demandada-recurrente pretende impugnar por inadecuada vía el pronunciamiento condenatorio de la sentencia de instancia, y concretamente, la declaración de improcedencia de la decisión extintiva combatida, en base a la imprecisión de la carta de despido y el incumplimiento por esta de los requisitos formales exigidos en el artículo 55 TRET.

La sentencia de instancia razona, respecto a la petición deducida en la demanda de despido, sobre la inconcreción de la carta de despido en el primero de sus Fundamentos jurídicos, y concluye afirmando que la comunicación remitida al trabajador, reproducida al hecho probado cuarto de la resolución recurrida, adolece de imprecisión ya que en ella no constan los hechos imputados, simplemente la afirmación global consistente en: la empresa ha tenido conocimiento veraz y probado, que usted está desarrollando otra actividad laboral retribuida, por cuenta propia, mientras está en situación de incapacidad temporal desde el 15 de abril de 2005 por estrés laboral. Sin perjuicio de ello en el propio hecho probado cuarto hace referencia a la comunicación recibida por la empresa remitida por la mutua MAZ fechada en 29 de julio de 2005, a la contratación por la demandada-recurrente en 20.5.2005 de un detective privado, a la personación de este en el domicilio del actor y a la emisión de informe, ratificado a presencia judicial, obrante al número 19 del ramo de la prueba de la demandada que da por reproducido.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 18.1.2000: El artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores establece que «el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos». Esta exigencia ha sido reiteradamente interpretada por la Sala en el sentido que sintetiza la sentencia de 3 de octubre de 1988, a tenor de la cual «aunque no se impone una pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, según reiterada doctrina de la Sala -sentencias de 17 de diciembre de 1985, 11 de marzo de 1986, 20 de octubre de 1987, 19 de enero y 8 de febrero 1988- cuando la aludida comunicación sólo contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador». Esta doctrina se reitera por las sentencias de 22 de octubre de 1990, 13 de diciembre de 1990.

Por otra parte, como ya se ha indicado, la oposición de la trabajadora a las imputaciones de la carta de despido no puede confundirse con un reconocimiento de la determinación de unos hechos que no han sido concretados y tampoco puede convertirse la prueba posterior de algunos hechos calificables como incumplimientos en una vía para concluir que -al ser aquéllos ciertos- la trabajadora los conocía, aunque no figurasen en la carta, porque tal razonamiento circular envuelve una petición de principio y elimina la garantía del conocimiento concreto de las imputaciones por el trabajador y la limitación de la defensa del trabajador consagrando un resultado obtenido a partir de una situación de desigualdad de información en el proceso.

La aplicación de la doctrina jurisprudencial reseñada implica, como se anticipó, la desestimación del motivo y, naturalmente, de las pretensiones articuladas, de forma subsidiaria dice la recurrente, a los apartados 7 y 8 del motivo segundo, en las que al amparo del artículo 191.b) y fundamentadas únicamente en los documentos aportados con el escrito de formalización y no admitidos, y en los apartados primero y segundo del motivo tercero en los que se denuncia, por cauce procesal adecuado, infracción por la resolución recurrida de las normas contenidas en el artículo 55 apartados 1, 4 y 7, ya que como queda supra reproducido la oposición del trabajador a las imputaciones de la carta de despido no puede confundirse con un reconocimiento de la determinación de unos hechos que no han sido concertados, ni tampoco puede convertirse en la prueba posterior de algunos hechos calificables como incumplimientos en una vía para concluir, como hace en este caso la demandada-recurrente, que el trabajador los conocía, aunque no figurasen en la carta, porque tal razonamiento circular envuelve una petición de principio y elimina la garantía del conocimiento concreto de las imputaciones por el trabajador y la limitación de la defensa del trabajador consagrando un resultado obtenido a partir de una situación de desigualdad de información en el proceso.

Segundo.-En el motivo segundo, por cauce de la norma contenida en el apartado b) del artículo 191 TRLPL se pretende la modificación del relato de hechos de la resolución recurrida. Dividido en ocho apartados, de los que han sido desestimados el séptimo y el octavo, se dirige -como el resto del recurso- a combatir la decisión de la sentencia de instancia favorable a la pretensión del actor dirigida a obtener la rescisión de su contrato de trabajo por incumplimiento del empleador.

Para ello pretende, como pone de manifiesto el desarrollo del motivo que se estudia, hacer constar en el relato de hechos mención a aquellos que, entiende, no figuran en el de la resolución impugnada y que contribuyen, a su juicio, a aportar elementos positivos a la hora de enjuiciar la conducta de la demandada-recurrente.

Así en el primero de los apartados, (tras hacer diversas consideraciones, totalmente gratuitas y extemporáneas, respecto a la valoración por parte del juzgador de instancia de la prueba testifical), y con fundamento en la prueba testifical practicada a su instancia, pretende la inclusión en el hecho probado segundo de mención a las elecciones sindicales habidas el año 2005 en la empresa. Es palmaria su desestimación por carecer la prueba testifical de valor revisorio alguno.

En el segundo de los apartados (tras, nuevamente, hacer diversas consideraciones, tan gratuitas como extemporáneas, respecto a la valoración por parte del juzgador de instancia de la prueba, esta vez, testifical documentada e incorrecta procesalmente), y con fundamento en los documentos obrantes a los folios 226, 228, 235, 244 a 262, 266, 267 y 268 y prueba testifical practicada a su instancia, intenta introducir en el relato fáctico descripción detallada de la conducta de la empresa posterior a la diligencia levantada por Inspección de Trabajo -que la sentencia de instancia recoge al apartado tercero del hecho probado segundo-, ya que, entiende, la mención obrante al párrafo cuarto del hecho probado segundo adolece de imprecisión y parquedad. Es palmaria su desestimación ya que se fundamenta en prueba testifical, directa e indirecta, carente de valor revisorio alguno.

En el tercero de los apartados y tras, nuevamente, de la realización de valoraciones indebidas en sede de suplicación de la actividad ponderatoria del juzgador de instancia respecto a la apreciación de los resultados de la prueba practicada -especialmente la testifical- se pretende suprimir del relato fáctico la referencia que, al hecho probado segundo, párrafos quinto y sexto, se efectúa respecto a los orígenes de las crisis de ansiedad padecidas por el actor, pues, entiende, predeterminan el fallo. Naturalmente la pretensión se desestima, los hechos son lo que son y su descripción ha de hacerse en el lugar procesalmente indicado, el que la crisis de ansiedad se produzca por stress laboral no implica necesariamente que se produzca el supuesto de hecho base de la norma del artículo 50.1 y, consecuentemente, la mención impugnada, (que incluso utiliza la recurrente en el texto de la carta de despido), no es predeterminante del fallo.

En el cuarto se combate la afirmación que consta al último párrafo del hecho probado segundo en orden a que en él se hace constar que por la empresa se efectuó encuesta entre los trabajadores con fecha 30.3.2005, pues, entiende la recurrente, tal encuesta se debió a la iniciativa personal del representante sindical y fue contestada -pese a no ser anónima- libremente y sin coacción alguna por parte de los trabajadores. Cita en apoyo de su pretensión en acta de la reunión de 2.11.2004, obrante al folio 226 de los autos, en la que literalmente se lee: A Vicente, (que asiste a la reunión en su calidad de Representante legal de los trabajadores, junto con el Director Ejecutivo de la empresa y el Jefe de Personal -y nadie más-), le comenta la empresa que se debe realizar una averiguación exhaustiva de los hechos. Conocer con certeza estos hechos que el trabajador Alexander dice se están produciendo, hablando con cada uno de los trabajadores, y que se manifiesten cada uno al respecto.

Vicente comenta que realizará las averiguaciones oportunas, que lo pondrá en conocimiento de su Sindicato y que de todo esto informará a la empresa. Si a ello añadimos que en los distintos escritos -íntegramente reproducidos, por remisión, en el relato fáctico de la sentencia de instancia- en los que consta la encuesta, la contestación a la pregunta tercera es dejada en blanco por la práctica totalidad de los encuestados, es natural la desestimación de la pretensión revisoria, no sólo porque los medios probatorios en que se sustenta carecen de virtualidad revisoria sino porque, además, las conclusiones que la recurrente extrae de los mismos carecen de concordancia alguna con lo que en ellos se expone.

En el quinto y sexto apartados se pretende la modificación del hecho probado tercero, párrafos secundo y tercero, por entender la recurrente que el abono del plus fue efectuado sin reclamación por parte del actor y que las sanciones impuestas fueron dejadas sin efecto en conciliación por iniciativa de la empresa. El fundamento de ambas pretensiones se encuentra en documento obrante al folio 206 -otra prueba testifical documentada e irregular- y testifical e interrogatorio de parte, carentes de cualquier efectividad revisoria, con la particularidad de que la dicción del párrafo que se pretende modificar recoge el hecho de la conciliación en el caso de las sanciones y así consta en los documentos obrantes a los folios 137 y 269 de autos. Las pretensiones, como el resto, se desestiman.

Tercero.-Desestimadas las pretensiones argüidas en los apartados primero y segundo del motivo tercero ya que en ellas se pretendía analizar la certeza de hechos no alegados en la carta de despido y se formulaba censura jurídica en consecuencia a tal examen, resta analizar el tercero de los apartados en el que se denuncia infracción por la resolución recurrida de las normas contenidas en el artículo 50.1.a) del vigente TRET, pues, entiende la recurrente, no existió incumplimiento alguno en su conducta que posibilitase la rescisión del contrato a instancia del trabajador.

El artículo 10 de la Constitución española de 1978, señala que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. El Tribunal Constitucional, (SS núm. 53/1985 de 11 de abril y 120/1990 de 29 de junio), ha definido la dignidad personal como un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.

Los artículos 4.2.e), 20.3 y 50.1.a) del vigente TRET reconocen expresamente al trabajador frente al empresario el derecho al respeto a la dignidad personal, reconociendo el referido artículo 50.1.a) al trabajador el derecho a obtener la rescisión indemnizada del contrato de trabajo en caso de menoscabo de su dignidad por consecuencia de la actitud del empresario.

En la actualidad ha alcanzado gran predicamento las conclusiones obtenidas de distintos estudios psicológicos referentes a determinadas conductas intencionadamente dañosas seguidas, en la esfera de las relaciones de trabajo, por empresarios contra determinados trabajadores. Se trata del acoso laboral, designado con el término anglosajón de mobbing.

Como dice la sentencia de 23 de diciembre de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la psicología ha definido el acoso laboral como situaciones de hostigamiento a un trabajador frente al que se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a su extrañamiento social en el marco laboral, le causan alteraciones psicosomáticas de ansiedad, y en ocasiones consiguen el abandono del trabajador del empleo al no poder soportar el estres al que se encuentra sometido.

El acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de hostigamiento con ataques a la víctima por medio de implantación de medidas organizativas -no asignar tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, asignar tareas imposibles de cumplir, etc.-, medidas de aislamiento social -impedir las relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la palabra, etc.-, medidas de ataque a la persona de la víctima -críticas hirientes, vejaciones, burlas, subestimaciones, etc.-, medidas de violencia física, agresiones verbales -insultos, críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etc.-.

Ahora bien, resulta preciso deslindar adecuadamente las conductas calificables de acoso de otros posibles desafueros cometidos por el empresario ejercitando de forma abusiva sus poderes de dirección y organización de la empresa, pues no resulta factible llegar a la conclusión de que todo ejercicio abusivo de estas potestades puede calificarse de acoso y ello obviamente sin perjuicio de las respuestas que desde la legalidad puedan obtenerse en contra de esas actuaciones antijurídicas. y no es parangonable acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, pues mientras que con aquél el empresario suele simplemente buscar por medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador socavando su personalidad. El interés organizativo de la empresa no se presenta en primer plano pues resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas.

Por tanto los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a hostigar a la víctima.

El acoso moral (mobbing) consiste en un agresión del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con objeto de conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y continuo a su dignidad. La resistencia del trabajador ante este ataque depende de su fortaleza psicológica y de su capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Se caracteriza por una transferencia de proyecciones o energías negativas de empresario a trabajador con ánimo de victimizar a éste. Una sublimación de la perversión, mezquindad y bajeza del sujeto activo en su tendencia a afrentar la dignidad del sujeto pasivo, cuya victimización, de una manera u otra, con una amplia posibilidad de manifestación, se busca, hasta producir la sensación de que es inútil o indeseable, intentando degradarle, en su expresión más antijurídica, ruin, mezquina y baja, a una supuesta dimensión de cosa, abiertamente incompatible con lo más elemental de lo que es derecho y en caso alguno compatible con él, que nace, en su expresión esencial, de la dignidad humana.

Es más, aunque fuese posible, a la luz de un conjunto de criterios (lingüísticos, psicológicos, sociológicos, jurídicos, etc.), configurar una diversidad de graduaciones o formas de mobbing, desde el genuino, probablemente radicado en o surgido de un sujeto activo colectivo o plural, téngase en cuenta que mob, del inglés, es traducible, en determinados contextos, como banda; y mobbing, como ataque ejecutado por un grupo desordenado y/o descontrolado (o banda, cuadrilla, turba, etc.), cerco o acoso; hasta otras manifestaciones, posiblemente menos características, entre las que estaría el bullying o intimidación y el bossing o dominación por el jefe (hasta anular la personalidad), lo trascendente es la finalidad perseguida, de victimización.

De otra parte, parece enfatizarse este carácter colectivo o plural del sujeto activo, en relación con determinadas áreas y momentos lingüísticos del uso del inglés, donde es elocuente y esclarecedora la expresión mob law o Lynch law, traducible a nuestro idioma, según contexto, como ley de Lynch y, traslaticiamente, como ley de linchar o ley de linchamiento (que implica la participación de una banda, cuadrilla, turba, grupo desordenado y/o descontrolado), y, en tales términos, cabría concluir que el mobbing, en su pluralidad de manifestaciones y grados podría caracterizarse como acoso, cerco, linchamiento, intimidación o dominación, referido con enfática preferencia a un plano moral o psicológico y, en su expresión más genuina, ejecutado en grupo, (vid. sentencia de 23 de junio de 2003, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia).

Una, actualmente, amplia doctrina de suplicación señala como elementos fundamentales del fenómeno estudiado:

El bien jurídico protegido, que no es otro sino el derecho a la dignidad personal del trabajador, de ahí su directo enlace con el derecho constitucional tutelado en el art. 15 CE.

La forma en que se produce la lesión de ese derecho, lo que implica por parte del sujeto activo (empresario u otros trabajadores compañeros del ofendido) una conducta caracterizada por:

a) un acoso u hostigamiento a un trabajador mediante cualquier conducta vejatoria o intimidatoria de carácter injusto;

b) reiteración en el tiempo de dicha conducta, siguiendo una unidad de propósito;

c) perseguir una finalidad consistente de modo específico en minar psicológicamente al acosado, logrando así de modo efectivo algún objetivo que de otro modo no hubiera conseguido el acosador.

3) La intención de dañar, ya sea del empresario o de los directivos, ya sea de los compañeros de trabajo;

4) La producción de un daño en la esfera de los derechos personales más esenciales

Habiendo de ser objeto de cumplida y adecuada demostración tanto la intención de dañar cuanto la efectiva producción de un daño. (vid. sentencias, entre otras, de 24.9.2002, Sala Social TSJ Madrid, 30.10 y 29.12.2003, Sala Social TSJ Galicia, 2.10.2003 Sala Social TSJ País Vasco, 9.9.2003 Sala Social Granada TSJ Andalucía, 16.11.2004 Sala Social TSJ La Rioja y 27.12.2005 de esta Sala).

Cuarto.-En el inmodificado -e inatacado en parte muy importante- relato de hechos de la resolución recurrida consta que el actor hubo de desistir de concurrir a las elecciones sindicales celebradas en enero de 2004 ya que la empresa expresó a cada uno de sus trabajadores en privado, a través del Director-Gerente y del Encargado, la no conveniencia de que saliera elegido, que el Encargado, superior jerárquico del actor, trata a este de diferente manera que al resto de los trabajadores, dirigiéndose a él de forma brusca, en ocasiones con palabras ofensivas, recriminándole y magnificando cualquier error que pueda cometer e incluso indicando a los demás trabajadores no hablen con él, refiriéndose al actor con menosprecio delante de otros trabajadores, que el actor ha estado en situación de incapacidad temporal por ansiedad, estrés por problemas laborales, de 27 de octubre de 2004 a 31 de enero de 2005, continuando la situación descrita a partir de su reincorporación, causando nueva baja, por la misma razón y diagnóstico en 15 de abril de 2005 causando alta en 1 de agosto de 2005, y que, incluso, el rival del actor en las elecciones sindicales, que declaró como testigo a instancia de la empresa demandada, manifestó tener enemistad con el actor.

Todo ello conforma el soporte de hecho descrito supra respecto a la existencia de acoso laboral pues se trata, en suma, de medidas de aislamiento social -impedir las relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la palabra, etc.-, medidas de ataque a la persona de la víctima -críticas hirientes, vejaciones, burlas, subestimaciones, agresiones verbales -insultos, críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etc.- ...En consecuencia, el tercer apartado del tercer motivo se desestima ya que la sentencia recurrida no infringe las normas objeto de la censura jurídica, y con él el recurso.

Quinto.-Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 233.1 del vigente TRLPL corresponde a la recurrente la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación núm. 1105/2005, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia núm. 283/2005, dictada en veintitrés de septiembre de dos mil cinco por el Juzgado de lo Social núm. 2 de los de Zaragoza que se confirma en toda su integridad, imponiendo a la recurrente Internacional de Elevación S.A. la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso, con pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se dará el destino legal y/o reglamentariamente determinado. Se mantienen los aseguramientos prestados, hasta que la parte condenada cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la misma se resuelva sobre la realización de los mismos.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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