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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 229/2006, de 13 de febrero


 RESUMEN:

Faltas laborales. Prescripción. "Dies a quo". El procedimiento penal no suspende la prescripción de la falta. Sentencia. Incongruencia. Clases. Inexistencia. Despido nulo. Vulneración de derecho fundamental. Falta de prueba de indicios.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Que, por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Ciudad Real, se dictó Sentencia con fecha 6 de mayo de 2005, cuya parte dispositiva establece:

"Fallo: Que desestimando la demanda formulada por D.ª Lucía contra la Mancomunidad de Cabañeros en solicitud de extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador debo absolver y absuelvo a la parte demandada de la pretensión instada."

Segundo.-Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:

"Primero. Dña. Lucía presta servicios para la Mancomunidad de Cabañeros desde el 14.01.1997, ostentando la categoría profesional de Administrativa percibiendo un salario diario de 63,07 euros incluido parte proporcional de pagas extraordinarias.

Segundo. Con fecha 21.05.1997 la empresa remitió escrito a la Oficina de Empleo de Piedrabuena comunicando con respecto al contrato suscrito con la demandante que el mismo ampliaba su jornada a ocho horas de duración, que la jornada se desempeñaría en dos centros de trabajo distintos distribuyéndose la jornada en la forma siguiente.

Durante cuatro horas desempeñara funciones administrativas en la Residencia de Mayores Cabañeros sita en Ctra. Horcajo s/n de Alcoba de los Montes.

Las restantes cuatro horas las desempeñaría también como administrativa en la sede de la Mancomunidad de Cabañeros sita en c/Real 5 de Horcajo de los Montes.

Tercero. La demandante ha venido realizando en la Mancomunidad tareas administrativas y de seguimiento económico así como aquellas que le han sido delegadas por el Secretario de la misma D. Luis Pablo en concreto las referentes a actuar como Secretario del Tribunal Calificados de distintos procesos selectivos celebrados en los años 2000 y 2001.

Cuarto. En el año 1999 tras las elecciones se constituye la nueva corporación, pasando a prestar servicio en calidad de gerente D. Lucio con fecha 05.10.1999, el cual se apoyo para realizar su labor en la Sra. Lucía en su condición de administrativa contratada por la Comunidad.

Como consecuencia de ello se genero entre ambos una situación de confianza que excedió los límites puramente laborales pasando al terreno personal, dando lugar a una relación muy estrecha de índole sentimental, realizando distintos viajes para asistir a cursos subvencionados por la Mancomunidad.

Quinto. Con fecha 27.01.2003 la demandante comunica a la Mancomunidad que los durante los días 28 de enero a 7 de febrero asistiría a un curso impartido por Caja Rural relacionado con el aplicativo GIA en representación de la Mancomunidad.

Sexto. Con fecha 30.01.2003 es dada de baja médica siendo diagnosticada de Trastorno Adaptativo.

Séptimo. Con fecha 21.02.2003 el Presidente de la Mancomunidad Sr. D. César le remitió escrito rogándole que remitiera a la Secretaria de la Mancomunidad lo más urgente posible las claves de acceso para los programas contenidos en su ordenador al estar la Mancomunidad paralizada en su gestión por no tener acceso a dichas claves.

Con fecha 07.03.2003 tuvo entrada en la Mancomunidad escrito de la trabajadora indicando las claves de acceso a los programas de gestión contenidos en el ordenador que utilizaba habitualmente en sus funciones como administrativa.

Octavo. Con fecha 28.02.2003 la demandante presento querella contra D. Lucio y D. César por delito de acoso sexual y coacciones, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Instrucción núm. 5 de esta ciudad el cual dicto Auto con fecha 21.10.2003 ordenando el archivo de la misma, el cual fue confirmado por la Ilma. Audiencia Provincial con fecha 07.09.2004.

Noveno. Con fecha 30.09.2004 la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social dicto Resolución en el procedimiento instado en solicitud de reconocimiento de Incapacidad Permanente denegando prestación de Incapacidad Permanente por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad con base en el dictamen emitido por el Equipo de Valoración e Incapacidades en el cual consta.

Contingencia. Enfermedad común.

Cuadro clínico residual. Trastorno adaptativo.

Décimo. Con fecha 29.12.2003 presentó Reclamación Previa solicitando el abono de la cantidad de 4.118,29 euros correspondiente a los conceptos una mensualidad del año 2003, paga extraordinaria de junio, paga de desviación del ejercicio 2002, subida prevista para el año 2003 de los meses de enero a noviembre inclusive.

Con fecha 08.01.0024 la Vicepresidencia dictó Resolución reconociendo adeudar a la trabajadora la cantidad de 6.487,44 euros correspondiente a dos pagas extraordinarias y a los meses de noviembre y diciembre del año 2003 cantidad que será abonada cuando se resuelva la situación de Tesorería de la Corporación y que en ningún caso será un plazo superior a un mes desde la notificación de la Resolución.

Undécimo. Con fecha 20.02.2004 la actora formulo Reclamación Previa en reclamación de extinción de contrato de trabajo a tenor de lo preceptuado en el art. 50.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores.

Con fecha 29.03.2004 presento demandad de extinción de contrato con base en el artículo 50.1.b) y c) del Estatuto.

Duodécimo. La trabajadora ha percibido su salario en las siguientes fechas:


 
Nómina febrero 2003

24.03.2003

Nómina marzo 2003

02.04.2003

Nómina abril 2003

16.06.2003

Nómina mayo 2003

01.07.2003

Nómina junio 2003

28.07.2003

Nómina agosto 2003

03.10.2003

Nómina Septiembre 2003

03.11.2003

Nómina Octubre 2003

02.12.2003

Nómina Noviembre 2003

25.02.2004

Nómina Diciembre 2003

25.02.2004

Nómina Enero 2004

25.02.2004

Nómina Febrero 2004

25.02.2004

Nómina Marzo 2004

06.04.2004

Nómina Abril 2004

30.04.2004

Nómina Mayo 2004

30.06.2004

Nómina Junio 2004

05.07.2004

Extra verano 2004

05.07.2004

Nómina Julio y liquidación 2004

06.08.2004


 

Decimotercero. El 21.01.2004 se celebra Pleno Extraordinario de la Corporación en el cual en el punto II Financiación de la Deuda de la Mancomunidad se informa de las ofertas recibidas por las entidades bancarias aprobándose por mayoría la presentada por CCM obteniendo la disponibilidad del dinero del préstamo concedido con fecha 11.05.2004.

Decimocuarto. Con fecha 22.09.2004 la Corporación remitió por correo certificado a la trabajadora Resolución de Vicepresidenta 1.ª y de Personal en la cual se acuerda la decisión de proceder al despido disciplinario de Dña. Lucía con fecha 24 de septiembre de 2004, quedando a su disposición el finiquito que pudiera corresponderle con base en lo dispuesto en los artículos 54.1.d) y 54.1.c) del Estatuto de los Trabajadores dándose por reproducida a efectos probatorios la referida resolución obrante en autos.

Decimoquinto. Contra dicha Resolución interpuso con fecha 24.09.2004 Reclamación Previa la cual fue desestimada en virtud de Resolución de fecha 26.10.2004.

Decimosexto. Con fecha 06.11.2003 la Mancomunidad de Cabañeros interpuso denuncia contra Dña. Lucía por un presunto delito de falsedad en documento público u oficial, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Instrucción núm. 4 de esta ciudad dando lugar a las diligencias previas núm. 2089/03.

Decimoséptimo. Con fecha 28.06.2004 se presentó ante el Juzgado de Instrucción que turno por corresponda denuncia por parte de la Mancomunidad de Cabañeros contra Dña Lucía por delito de estafa, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Instrucción núm. 1 dando lugar al procedimiento abreviado núm. 1173/2004.

Decimoctavo. En el Juzgado de Instrucción núm. 2 se sigue procedimiento abreviado núm. 24/04 contra Dña. Lucía por un delito de coacciones en el cual se ha formulado escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal con fecha 20.09.2004.

Decimonoveno. Consta acreditado que con fecha 17.07.2003 la actora remitió a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha solicitud de Formación Continua solicitando la realización de las dos especialidades de riesgos laborales y curso de desarrollo de agendas 21 locales, debidamente firmada y sellada, sin que la Mancomunidad haya autorizado a ningún trabajador la realización de las especialidades de Seguridad e Higiene Industrial.

Vigésimo. Se ha acreditado que el teléfono móvil número 630/02.04.04 su titularidad corresponde la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros siendo asignado al Sr. Lucio.

El teléfono móvil número 630/01.72.17 su titularidad corresponde a la Asociación Concejo Mancomunidad de Cabañeros habiendo sido asignado a la Sra. Lucía.

El teléfono móvil número Núm. ... su titularidad corresponde a D. Marcos anterior novio de la Sra. Lucía.

El teléfono móvil número Núm. ... su titularidad corresponde a Dña. Lucía.

Vigésimoprimero. La actora no ostenta la condición de legal representante de los trabajadores."

Tercero.-Que, en tiempo y forma, por la parte demandada y demandante, se formuló Recurso de Suplicación que fue impugnado de contrario.

Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Frente a la Sentencia de instancia que ante las acciones acumuladas promovidas por D.ª Lucía, contra la Mancomunidad de Cabañeros, sobre extinción de contrato y despido, rechaza la primera, acogiendo la segunda, declarando su improcedencia, con las consecuencias legales a ello aparejadas; muestran su disconformidad ambas partes en litigio, mediante sendos recursos de suplicación, sustentándose el promovido por la entidad demandada en un sólo motivo al amparo del art. 191.c) de la L.P.L. A su vez, el planteado por la actora se hace descansar en cuatro motivos, sustentando el primero en el art. 191.a) de la L.P.L., el segundo en el apartado b) del mismo precepto, y los dos restantes en el apartado c), también del art. 191 de la L.P.L.

Segundo.-El único motivo de recurso promovido por la entidad demandada, encaminado al examen del derecho aplicado, denuncia la infracción del art. 60.2 del E.T., oponiéndose así al pronunciamiento de instancia que consideraba prescritas las faltas en las que se sustentó el despido de la actora.

Según resulta acreditado, el despido de la accionante, acaecido el 24-9-2004, se sustentaba en las causas contempladas en el art. 54.2.c) y d) del E.T.; esto es, ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa; y la transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Imputaciones que se hacían descansar, respectivamente, en la acusación dirigida por la actora contra el Gerente y el Presidente de la Mancomunidad por un delito de acoso sexual y coacciones; y falsificación de un documento público con el fin de beneficiarse personalmente de la realización de Cursos de Formación no autorizados.

Siendo ello así, la juzgadora de instancia, en orden al examen de la prescripción de dichas faltas, opuesta por la actora, resuelve entendiendo, que, por lo que se refiere a la querella planteada por acoso sexual y coacciones, al haberse formulado la misma en fecha 3-03-2003, dándose traslado a los querellados, que comparecieron a prestar declaración en el juzgado de lo penal, el 14-5-2003, no cabe duda que a partir de esa fecha, como muy tarde, tuvieron conocimiento exacto de la aludida imputación, por lo que al producirse el despido el 24-9-2004, una vez transcurrido mas de un año, se había sobrepasado amplísimamente los plazos prescriptivos contemplados en el art. 60.2 del E.T.

A su vez, en relación a la segunda de las faltas justificativas del despido, la de falsificación documental, la estimación de la prescripción se sustenta en el hecho de que en fecha 17-7-2003 fue cuando la actora remitió a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-la Mancha la solicitud de Formación Continua para la realización de dos cursos, debidamente firmada y sellada, sin que la Mancomunidad lo hubiese autorizado; tras lo cual el 7-10-2003, la Vicepresidenta 1.ª dirige escrito a la Coordinadora del Ara de Formación, indicándole, que remitiera a la Comunidad fotocopia de la solicitud presentada por algún trabajador para realizar el Curso de Prevención, o cualquier otro curso. Remisión que se efectuó el 6-11-2003, haciendo indicación del curso solicitado por la actora el 17-10-2003 y tras ello el 21-11-2003, la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha dirige escrito a la Sra. Lucía, indicándole que la Mancomunidad de Cabañares les había comunicado su no autorización a ningún trabajador para realizar el curo sobre Riesgos Laborales organizado por dicha Federación, solicitándole, en consecuencia, que se abstuviese de comenzar tal curso. Y el 11-6-2003, la Mancomunidad formula denuncia ante el Juzgado de Guardia contra la Sra. Lucía, por tales hechos.

Datos todos ellos de los que se deduce el pleno conocimiento por la demandada de los hechos imputados, como mínimo, en el mes de noviembre, de tal forma que al producirse el despido el 24-09-2004, también se había superado amplísimamente el plazo prescriptivo fijado por el art. 60.2 del E.T.

Frente a ello la recurrente esgrime dos argumentos, por un lado el referente a la doctrina jurisprudencial sobre cual debe ser entendido como día inicial del computo de la prescripción contenida en el art. 60.2 del E.T., tanto en relación a la prescripción corta (60 días), como a la prescripción larga (seis meses).

Sobre el particular es especialmente significativa la sentencia del T.S. de 15 de julio de 2003 (RJ 2004/5410), en la que se efectúa un completo análisis de toda la jurisprudencia existente al efecto, en ella, partiendo de la dicción literal del art. 60.2 del E.T., según el cual las faltas muy graves prescriben "a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tiene conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido", señala la existencia de una doble previsión y de un doble régimen jurídico, de tal forma que la prescripción de sesenta días (prescripción corta), comienza a contar desde que la empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta y la de los seis meses (prescripción larga) comienza a contar desde que se cometió la falta y no desde que la empresa tuvo conocimiento de la misma. Regla general que el T.S. sustenta en el hecho de que el instituto de la prescripción queda directamente vinculado al principio de seguridad jurídica, consagrado en el art. 9.3 de la C.E., y que impide se perpetúe la pendencia de una sanción disciplinaria.

Regla General que, según la misma Sentencia, tan solo cede, en relación a la prescripción larga, en dos situaciones, cuales son, el caso de las faltas continuadas y el de las faltas ocultadas por el trabajador prevaliéndose de las facultades otorgadas por su situación personal en la empresa. Iniciándose el cómputo del plazo prescriptivo de las primeras el día en el que se cometió la ultima falta continuada; y el de las segundas en el momento en el que cesa la actividad de ocultación del empleado.

Conclusión en orden a la cual el T.S. razona que la misma no modifica la regla legal de cómputo, lo que no podría hacer en atención al principio constitucional de legalidad (art. 117.1 de la C.E.), sino que supone la aplicación de las previsiones legales a tal tipo de faltas, por entender que en esos casos el día en que fueron cometidas es aquel en que se cometió la última o en el que cesó la deslealtad en que se traducía la ocultación.

Doctrina jurisprudencial que junto con la relativa, en términos generales, a la prescripción corta, según la cual por conocimiento de la comisión de la falta, no puede ser entendido el superficial o genérico, siendo preciso, a efectos del inicio del cómputo del plazo prescriptivo, la existencia por parte de la empresa de un conocimiento cabal y exacto del mismo; no cabe duda que ha sido rigurosamente aplicado por la juzgadora de instancia, efectuándose toda una serie de razonamientos, avalados por fechas y hechos concretos y exactos, en absoluto desvirtuados de contrario, demostrativos de que, desde el momento en el que la empresa tuvo conocimiento de los hechos de forma exacta y precisa hasta que se produce el despido, transcurrieron en exceso, no solo el plazo corto de prescripción de sesenta días, sino también el de seis meses, para cuya aplicación tan solo habría que haber computado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos imputados, y la fecha del despido, sin tener que recurrir a excepcionar tal regla general, en tanto que ni nos encontramos ante una falta continuada, en sentido estricto, ni ante una ocultación de la actuación sancionada.

Conclusión que en modo alguno puede quedar desvirtuada en función de la alegación en la que se traduce el segundo argumento esgrimido en el recurso, aduciendo la interrupción de la prescripción en función de seguirse causas penales por los mismos hechos imputados a la actora como causa de su despido.

Efectivamente, tal y como ha venido manteniendo de forma reiterada el T.C. (Sentencias de 23 de Febrero de 1983, 8 de marzo de 1985 y 18 de marzo de 1992), "la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones la misma conducta", y que "la presunción de inocencia es de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal y ello, porque, de un lado, el despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente".

Doctrina que igualmente se mantiene por el T.S., en Sentencias como la de 8-06-1998 (RJ 1998\5108), 21-10-1998 (RJ 1998\9298) y 28-06-1999 (RJ 1999\6441), indicando que "los motivos o causas del despido, tipificados en el art. 54 del E.T., se refieren a ciertos incumplimientos contractuales, determinantes de la resolución del contrato de trabajo a instancias del empleador, y en su examen y resolución goza de independencia la jurisdicción laboral, al margen de las consideraciones que aquellas conductas, surgidas en la esfera de la relación laboral, tengan en el campo penal".

Derivando de ello la imposibilidad de atribuir efectos interruptivos de la prescripción fijada en el art. 60.2 del E.T., al hecho de seguirse algún procedimiento penal sobre los mismos hechos que justifican el despido. Efectos interruptivos que tan solo podrían tener lugar, como igualmente mantiene el T.S. en su Sentencia de 24 de septiembre de 1992 (RJ 1992\6809), cuando se trate de hechos cuya autoría no esta bien determinada, existiendo un procedimiento criminal encaminado a su averiguación, supuesto en el que este si vendría a interrumpir el plazo prescriptivo ya que hasta su resolución el empresario no estaría en condiciones de determinar el trabajador a quien imputar la falta determinante del despido; lo que desde luego no acontece en el supuesto que nos ocupa.

Tercero.-Pasando al examen del recurso promovido por la demandante, en su primer motivo, amparado en el art. 191.a) de la L.P.L., postula la nulidad de actuaciones por infracción de normas o garantías procesales causantes de indefensión, considerando como tales el art. 24 de la C.E., los arts. 209 y 218 de la L.E.C. y los arts. 96 y 97.2 de la L.P.L., aduciendo que la juzgadora de instancia no ha valorado conforme a derecho las pruebas aportadas; ni resuelve motivadamente todos los puntos litigiosos objeto de examen.

Como punto de partida, por lo que se refiere a la vía impugnatoria que ofrece el art. 191.a) de la L.P.L., su finalidad se contrae a la denuncia de irregularidades en la tramitación del procedimiento, las cuales deben ser especialmente cualificadas, en tanto que la apreciación de su existencia conducirá a la declaración de nulidad de actuaciones, razón por la cual, se impone la cumplimentación de varios requisitos:

a) La denuncia debe quedar referida a la infracción, de una norma o garantía de carácter procedimental.

b) La indicada infracción debe revestir el carácter de cualificada, implicando una efectiva indefensión de la parte que la alega, entendida como la existencia de un impedimento para la misma de alegar o demostrar en el proceso los derechos que le son propios.

c) Siempre que ello hubiese sido posible, la parte recurrente debe justificar que intentó la subsanación de la infracción en el momento procesal oportuno, o bien que formuló la correspondiente protesta en tiempo y forma.

Por otro lado y según el art. 218.1 de la L.E.C., "Las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate."

A su vez, en orden al tema especifico de la incongruencia, el T.S. en Sentencias como las de 1-12-98 y 5-06-2000, viene manteniendo que dicha obligación "debe valorarse siempre en términos de comparación entre la pretensión procesal de las partes -lo que hace referencia a sus elementos integrantes de pedir, causa de pedir y hechos constitutivos- y la respuesta o fallo judicial." Lo que implica, según el mismo Tribunal, "que el principio de congruencia obliga a los órganos judiciales a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes".

Doctrina jurisprudencial en función de la cual se pueden extraer cuatro tipos distintos de incongruencia:

a) Incongruencia interna, esto es, cuando se aprecie una clara contradicción entre los fundamentos de derecho y el fallo (SSTC 22/94, 117/96 y 68/97).

b) Incongruencia "ultra petitum", cuando se concede más de lo pedido por el demandante.

c) Incongruencia "extra petitum", cuando se resuelve sobre cuestiones distintas y ajenas a lo solicitado por las partes, lo que implica una invasión frontal del derecho de defensa contradictorio, privando a los litigantes de la facultad de alegar lo que a su derecho proceda o lo que estimen conveniente a sus legítimos intereses (SSTC 86/86, 156/88, 172/94, 91/95 y 9/98).

d) Incongruencia omisiva, supuesto en el que el juzgador no resuelve sobre alguna o algunas de las pretensiones ejercitadas por las partes; siendo relevante, en orden a su conceptuación, la doctrina mantenida por el T.C. en su Sentencia 124/2000, en la que, con cita de otras anteriores, indica que la incongruencia omisiva se produce "cuando el Organo Judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento a su pretensión pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales."

Presupuestos los indicados, tanto los afectantes a las exigencias que deben acompañar a la petición de nulidad de una sentencia, como los relativos a los requisitos que deben cumplir estas, que necesariamente determinan el rechazo del motivo que se analiza; en el cual, de un modo genérico, y desde luego, no acorde con la realidad, se imputa a la resolución impugnada toda una serie de defectos que en absoluto se aprecian en ella, no existiendo el mas mínimo atisbo de incongruencia, en ninguna de sus modalidades, al resolverse en ella todos y cada uno de los temas objeto de litigio, razonando perfectamente los motivos que conducen a las distintas decisiones jurídicas adoptadas, las cuales se corresponden acertadamente con los datos fácticos obtenidos del análisis del material probatorio incorporado a las actuaciones, sin que el hecho de que la recurrente pretendiese una valoración distinta de los mismos justifique la declaración de nulidad postulada, puesto que siempre y en todo caso, tal actividad intelectual corresponde al Juez que conoce de las actuaciones, disponiéndolo así expresamente el art. 97.2 de la L.P.L.

Cuarto.-En el segundo motivo del recurso que se examina, sustentado en el art. 191.b) de la L.P.L., se solicita la modificación del hecho probado duodécimo, a fin de que en la relación de percepciones salariales recibidas por la actora, y fechas de las mismas, se adicionen otras tres, en concreto:


 
Extra verano 2003

25.02.2004

Nómina julio 2003

28.08.2004

Extra Navidad 2003

25.02.2004


 

Petición revisoría que debe ser rechazada, no solo porque las pruebas en las que se sustenta son ineficaces para el fin pretendido, al no reunir la condición de documentos, como exige el art. 191.b) de la L.P.L., sino porque, la modificación pretendida, en todo caso, no aporta dato alguno significativo para la resolución del tema objeto de debate, ya que los retrasos en el abono del salario que de ello se extrae son exactamente los mismos que ya se constan en el ordinal fáctico que se pretende alterar, sin que el mayor retraso en el pago de la paga extra de verano de 2003, suponga alteración de importancia.

Quinto.-Dentro del mismo motivo de recurso, se postula la adición de un nuevo hecho probado, petición que se hace depender de la previa admisión, al amparo del art. 231, de la L.P.L del documento que se acompaña con el recurso, consistente en una copia de una demanda de acto de conciliación presentada el 14 de septiembre de 2005, en el Decanato de los Juzgados de Ciudad Real, por D. César contra Dña. Lucía.

El art. 231 de la L.P.L., establece como regla general la imposibilidad de admitir, en vía de recurso, los documentos o las alegaciones de hechos que no resulten de los autos, a excepción de los documentos comprendidos en el art. 270 de la L.E.C., o de los escritos que contengan elementos de juicio necesarios para evitar la vulneración de un derecho fundamental.

A su vez, el mismo precepto establece que, en tales casos, tras darle traslado a las partes contrarias de la petición efectuada, la Sala dictará auto disponiendo lo que proceda.

Siendo ello así, y dado que el documento cuya admisión se solicita se aporta junto con el escrito del recuso de suplicación, habiendo tenido oportunidad de conocer de el las partes contrarias y de alegar lo que estimasen oportuno en sus escritos de impugnación, se está en el caso, en aras a los principios de economía y celeridad procesal, de resolver sobre el particular en esta misma Sentencia, pronunciamiento que necesariamente debe ser negativo, ya que el documento acompañado no resulta subsumible en ninguna de las excepciones que permitirían su admisión, es mas, el mismo versa sobre un hecho posterior a la propia Sentencia dictada en la instancia, sin que desde luego ninguna de las conclusiones que del mismo pudieran extraerse serían objeto de enjuiciamiento en el procedimiento que nos ocupa.

Conclusión la indicada que inviabiliza, en consecuencia, la petición revisoría que se pretendía basar en el documento acompañado con el recurso.

Sexto.-En el tercer motivo de recurso, sustentado en el art. 191.c) de la L.P.L., se denuncia la infracción de los arts. 4.2.f) y 50 del E.T., manteniéndose a través de él la viabilidad de la extinción del contrato de trabajo por incumplimientos empresariales, en concreto por retrasos continuados en el abono de los salarios.

Sobre el particular, la juzgadora de instancia, apreciando que los retrasos en el abono de los salarios pretendidos hacer valer por la actora, como sustento de su acción de extinción del contrato de trabajo, quedaban referidos al período comprendido desde el mes de enero de 2003 en adelante, siendo así que desde dicha fecha la misma se encontraba en situación de I.T., resuelve entendiendo que los retrasos en el abono de dicha prestación, por parte del empresario, como pago delegado, no podían servir para justificar la extinción del contrato a instancia del trabajador.

Conclusión la indicada que no puede ser ratificada, en tanto que, como mantiene el T.S. en su Sentencia de 2 de noviembre de 1996 (RJ 1996\8187), la pretensión de rescisión del contrato ejercitada por el trabajador, con fundamento en el impago o retraso, por el empresario de la prestación de I.T., resulta incardinable en el art. 50.1.c) del E.T.; razonando al efecto que según se deduce del art. 1.258 del C.C., la responsabilidad contractual se extiende no solo al texto literal del contrato pactado, sino a sus derivaciones lógicas, en las que actúan como referencia la buena fe, el uso y la Ley. Siendo ello así, y disponiendo el art. 131 de la L.G.S.S., que el subsidio por I.T. se abonará, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, a partir del decimosexto día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, indicando igualmente que dicho abono se mantendrá mientras el beneficiario se encuentre en situación de I.T., correspondiendo su pago, en concepto de delegado, al propio empresario. Deberá colegirse, como entiende el T.S., que "el contrato de trabajo impone "ex lege" al empleador una doble obligación, de una parte, el pago directo de la prestación de incapacidad temporal durante los días cuarto a decimoquinto, de otra, el pago delegado de la misma, durante el tiempo posterior de enfermedad... Ambas obligaciones derivadas "ex lege" del contrato de trabajo, y cuyo cumplimiento cabía esperar, lógicamente, en el comportamiento del empresario, constituyen la causa rescisoria de incumplimiento grave tipificada en el art. 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, y a ello no se opone que la cobertura de incapacidad temporal forme parte de la acción protectora de la Seguridad Social..."

Desde dicha perspectiva y centrándonos en el caso que se examina, se impone determinar ahora si los retrasos, no impago, de la prestación de I.T. a la demandante por su empleadora, justifica o no la extinción contractual postulada, conclusión que debe ser negativa, ya que como se desprende del contenido fáctico de la Sentencia, si bien desde el mes de enero de 2003, se produjeron retrasos en el abono de la prestación de I.T., sin embargo esos retrasos, si bien continuados, no excedieron en ningún caso el mes y medio, lo que conforme a una reiterada jurisprudencia del T.S., contenida en Sentencias como las de 5-05, 3-11 y 15-12-1986 (RJ 1986\2484, RJ 1986\665, y RJ 1986\7384), 12-02-1990 (RJ 1990\903), 24-03-1992 (RJ 1992\1870) y 25-09-1995 (RJ 1995\6892) no supone o integra la gravedad necesaria en la conducta imputada al empleador para derivar de ello la extinción del contrato. Doctrina a la que es preciso estar, desestimando en tal sentido el motivo de recurso examinado.

Séptimo.-En el cuarto y último de los planteados, con el mismo amparo procesal que el anterior, se denuncia la infracción del art. 4.2.e) del E.T., y de los arts. 10, 14, 15 y 18 de la C.E., así como del art. 50 del E.T.

Denuncia jurídica a través de la cual se reitera la petición de que se declare la nulidad del despido del que fue objeto la actora, por vulneración de derechos fundamentales, aduciendo al efecto la existencia, primero, de un acoso sexual por parte del gerente de la Mancomunidad y, segundo, el hostigamiento y posterior presión de la empresa como consecuencia de la denuncia efectuada por la actora sobre el indicado acoso.

Tal y como de forma reiterada ha venido manteniendo el T.C. en numerosas Sentencias como las núm. 293/93, de 18 de octubre; núm. 85/95, de 6 de junio; núm. 83/97 de 22 de abril, y 308/2000, de 18 de diciembre, "cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe el autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatario a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del "onus probandi" no basta que el actor la tilde de descriminatoria, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de la decisión son legítimos o, aún sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatario de derechos fundamentales; no se le impone por tanto la prueba diabólica de un hecho negativo -la no discriminación- sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatario de derechos fundamentales".

A su vez, en orden al tema especifico que se plantea en el presente caso, relativo a la garantía de indemnidad, el T.C., en Sentencia como la 14/1993, mantiene que "El derecho de tutela judicial no se satisface solamente mediante la actuación de Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, en virtud de la cual del ejercicio de la acción judicial no pueden derivarse para el trabajador consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas.

Así en el ámbito de la relación de trabajo, la citada garantía se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por parte del trabajador de su derecho a pedir la tutela de los Jueces y Tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos".

Por lo que se refiere a las alusiones efectuadas a la conducta de presión u hostigamiento psicológico imputado a la empresa, susceptible de integrar la figura conocida como "mobbing", no cabe duda que para su existencia, y de conformidad con las definiciones y conceptos confeccionados por la doctrina, así como por diversas Sentencias de distintas salas de lo Social, de otros tantos T.S.J. (STSJ de Madrid de 22-06-03, de Extremadura de 29-06-04, de Murcia de 7-03-03 y 12-12-04, etc.) las notas que deberían concurrir, como elementos básicos de la misma, serían un trato degradante hacia el trabajador, que se mantiene en el tiempo de forma constante o reiterada, y que reviste la suficiente entidad para provocar en dicho trabajador una sensación de rechazo que afecta a su dignidad, acompañada de sensación de angustia, susceptible de desencadenar una patología de carácter psicológico.

Consideraciones todas ellas que trasladadas al caso que nos ocupa, ponen de manifiesto la ausencia de la premisa básica y fundamental para poder concluir en la existencia de una conducta empresarial vulneradora de uno o varios derechos fundamentales de la accionante, en concreto, y por lo que al caso se refiere, a la propia dignidad de la misma, así como a la garantía de indemnidad; puesto que, independientemente de las apreciaciones subjetivas y juicios particulares, llevados a cabo en el recurso, es lo cierto que de los hechos que se declaran probados, a los cuales debe ajustarse este Tribunal, no se deriva indicio alguno del que obtener una sospecha mínimamente razonable sobre una conducta empresarial vulneradora de derechos fundamentales, lo que impide que entre en juego el principio de desplazamiento de la carga de la prueba a dicha entidad.

Razones que deben conducir a desestimar el motivo analizado, y con el, en su integridad, del recurso planteado por la actora.

FALLO

Que desestimando los Recursos de Suplicación interpuestos por la representación de la mancomunidad de municipios de Cabañeros y de Dña. Lucía, ambos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Ciudad Real, de fecha 6 de mayo de 2005, en autos núm. 229/2004, siendo recurridos D.ª Lucía, mancomunidad de municipios de Cabañeros y el Ministerio Fiscal, sobre extinción de contrato y despido con vulneración de Derechos Fundamentales, debemos confirmar la indicada resolución. Imponiendo las costas de esta alzada, por ser preceptivas a la entidad Mancomunidad de Municipios de Cabañeras, incluidos los honorarios del Letrado de la parte impugnante de su recurso, que se cuantifican en 300 euros.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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