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Sentencia T.S.J. Extremadura 224/2006, de 30 de marzo


 RESUMEN:

Sanción. Nulidad. Incumplimiento de requisitos. Falta la fecha de efectos de la sanción en la comunicación de la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

Segundo.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

"1.º El demandante Narciso, prestó sus servicios en la empresa demandada, 'CLESA, S.A.' -Parmalat-, desde el 6/6/1996, con la categoría profesional de Inspector y un salario mensual, incluidas las partes proporcionales de pagas extraordinarias, de 1.434,51 euros; hallándose dedicada la patronal a la actividad de industrias Lácteas.

2.º Entre las funciones encomendadas al actor como almacenero se encontraban las de comprobar directamente la carga de repartidores a su salida y los albaranes de producto vendido y el producto sobrante a su llegada, así como hacer los viernes un recuento semanal de existencias en el almacén para detectar las diferencias de producto y tomar las medidas necesarias para evitarlas.

3.º En el mes de febrero de 2004 se detectó por la empresa la falta de producto, sin justificar en el almacén, por importe de 5.171 euros, por lo que se le impone al trabajador-demandante la sanción de apercibimiento, en fecha 15/3/2004, la cual fue consentida y no impugnada.

4.º Al haberse comprobado, en los meses de febrero y marzo de 2005, por la patronal la falta de productos en el almacén por importe, respectivamente, de 6.644,83 euros y 4.276,57 euros -justificación de ello- la empresa impuso al trabajador la sanción muy grave de suspensión de empleo y sueldo durante treinta días, sanción que comenzará a cumplir tan pronto los requerimientos organizativos lo permitieran; sanción impuesta en escrito de 4 de mayo de 2005 que se da por reproducido.

5.º No conforme el actor con la aludida resolución de la empresa contra la misma presentó papeleta de conciliación administrativa el 13/5/05, etc. Que tuvo lugar, sin avenencia, el día 27 de dicho mes y año."

Tercero.-En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Fallo: DESESTIMANDO la demanda interpuesta por Narciso ante la empresa 'CLESA, S.A.' -Parlamat- y, en virtud de lo expuesto, confirmar la sanción impuesta, absuelvo a la entidad demandada."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 24-1-2006, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma.

Sexto.-Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 16-3-2006 para los actos de deliberación, votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.-La sentencia de instancia confirma la sanción por falta muy grave impuesta al trabajador demandante, quien interpone recurso de suplicación contra dicha resolución y en un primer motivo, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se dedica a examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia que se hayan cometido en la sentencia recurrida, denunciando la de los artículos 58 del Estatuto de los Trabajadores y 114 y 115 de la antes citada ley procesal por entender que la sanción de que se trata ha de ser declarada nula por no cumplirse en el escrito de comunicación uno de los requisitos exigidos en el núm. 2 del primero de tales preceptos, la fecha a partir de la cual la sanción ha de tener efecto, habiendo entendido el juzgador de instancia, por el contrario, que la fecha a que se refiere la norma es a la del propio escrito o a la de la imposición de la sanción, que en este caso han coincidido, aún cuando el cumplimiento, como en este caso, pueda ser posterior, siendo válido que se deje, como se hace en el escrito de comunicación, para cuando "los requerimientos organizativos de la empresa lo permitan".

Cita el recurrente en apoyo de su alegación una sentencia de un Juzgado de lo Social y, aunque es claro que, como se alega en la impugnación, de tales órganos no emana la jurisprudencia en que se pueda basar un recurso de suplicación, en este caso no cabe sino estar de acuerdo con lo expuesto en dicha resolución, en la que se declara nula una sanción en la que también se omite la fecha de efectos del cumplimiento de la sanción.

Efectivamente, si bien es cierto que el Estatuto de los Trabajadores no es muy claro al respecto, puesto que el núm. 2 del artículo 58 nos dice que "la sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan", con lo que esa fecha puede referirse a la de la propia comunicación o a la de los efectos de la sanción, a diferencia de lo que sucede con el despido, para el que el artículo 55.1 del propio Estatuto dice que en la notificación escrita al trabajador ha de figurar "la fecha en que tendrá efectos"; pero atendiendo al espíritu y finalidad de la norma y acudiendo a lo que se establece para el despido, en virtud de los principios que sobre la interpretación de las normas jurídicas establece el artículo 3.1 del Código Civil, ha de entenderse que la fecha de que se trata es la de los efectos de la sanción, es decir, cuando ha de cumplirse pues la finalidad de la norma es la de proporcionar al trabajador certeza sobre la sanción que se le impone, lo que no puede decirse que se produzca cuando no se sabe cual es la fecha en que ha de empezar a cumplirla y menos cuando se deja esa fecha a la voluntad del empresario, sujetándola a un concepto tan indeterminado como es el de tan pronto los requerimientos organizativos lo permitan, lo cual determinaría que el trabajador tuviera pendiente el cumplimiento mientras la empresa quisiera sin que, al contrario de lo que alega la empresa en su impugnación, se produzca certeza alguna.

Pero es que, además, la fijación de la fecha tiene otra finalidad, la de determinar el plazo de caducidad, durante el que el trabajador puede impugnar la sanción ya que el artículo 114.1 de la Ley de Procedimiento Laboral nos dice que la demanda habrá de ser presentada dentro del plazo señalado en el artículo 103 que para el despido establece que el trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los veinte días hábiles siguiente a aquél en que se hubiera producido y es claro que ese día es el de los efectos del despido, cuando se produce el cumplimiento de la sanción, la extinción del contrato de trabajo que pretende la empresa, no la de la imposición de la sanción ni la de su comunicación, que puede ser anterior y, por ello, como se dijo, el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores impone que en la comunicación se haga constar tal fecha, la de los efectos, sin que imponga mencionar la de la comunicación o aquella en que la empresa haya decidido la sanción y ello, aunque el trabajador pueda formular su demanda en cuanto conozca la imposición de la sanción, incluso antes de que se produzca su efecto, pues es claro que si el plazo de caducidad aún no se ha iniciado, la acción puede ejercitarse. Así, señala esta Sala en sentencia de 27 de noviembre de 1997:

"La segunda exigencia legal en orden al contenido de la carta de despido es la de que figure la fecha en que tendrá efecto -artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores-; y la primera cuestión que ello plantea es a la de qué fecha se refiere la Ley. La exigencia legal se refiere claramente a la fecha del despido efectivo, esto es, la fecha a partir de la cual cesan las recíprocas prestaciones laboral y salarial y el empresario adopta una inequívoca conducta en tal sentido -Sentencias del Tribunal Supremo de 12 junio 1976, del extinguido Tribunal Central de Trabajo de 21 abril 1987 y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 enero 1990-. Lo que la Ley exige, pues, es: a) Que la carta lleve fecha del despido efectivo; y, b) Que esta fecha coincida con la del despido efectivo.

Cuando coinciden las fechas del despido efectivo, la que figura en la carta y la de recepción de ésta por su destinatario, se produce una situación óptima y no hay problema alguno, en especial para la finalidad legal perseguida por esta exigencia y a la que después aludiremos. En el caso de que las fechas señaladas en los apartados a) y b) no coincidan puede ocurrir que la fecha del despido efectivo sea anterior a la que figura en la carta o que esta última sea anterior a la del despido efectivo. En el primer caso, propiamente han existido dos despidos, uno efectivo y sin forma y otro posterior conforme a la Ley -Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 2 junio 1981-, debiendo ser considerado el primero como nulo, en la anterior regulación del despido, y como improcedente, en la actual. En el segundo caso, la fecha que manda es la del despido efectivo y no la consignada en la carta. Como señaló la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 6 noviembre 1986, "el despido y la subsistencia del vínculo laboral son términos antagónicos y situaciones incompatibles, no pudiendo estimarse se haya producido aquél en tanto el operario continúe ejerciendo su labor en el centro de trabajo y percibiendo su salario, por lo que la fecha del mismo no es aquella en que el empresario manifestó su propósito, sino el momento en que real y efectivamente se produce esa rescisión".

La finalidad legal perseguida con la exigencia de que figure en la carta de despido la fecha del mismo no es otra que la de que el trabajador despedido conozca el momento preciso a partir del cual comienza a computarse el plazo de caducidad para interponer la correspondiente demanda, ya que, según la Ley, ésta comienza a computarse "a los veinte días siguiente de aquel en que se hubiere producido"-artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores- o "dentro de los veinte días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido"-artículo 103.1 de la Ley de Procedimiento Laboral-. El citado Tribunal Central de Trabajo declaraba en este sentido que "la fecha tiene carácter esencial, entre otras razones, porque a partir de esa fecha se produce el importante efecto de iniciarse el cómputo del plazo de caducidad de la acción", y la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 marzo 1986 (RJ 1986\1493) indicaba que "una de las finalidades de la... carta... no es otra que la de que el trabajador despedido conozca con precisión y exactitud la fecha o 'dies a quo' a partir del cual empieza a contar el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción correspondiente ante los Tribunales". En definitiva, la Ley persigue con ello evitar la indefensión procesal del trabajador.

Ahora bien, ya dijimos con anterioridad que cuando la fecha que figura sea anterior a la del despido efectivo, mandará esta última sobre la primera, tanto a efectos extintivos de la relación jurídica como a efectos del cómputo de caducidad del despido, y de la misma forma ocurre cuando se anuncia en una comunicación de la patronal el cese del productor para que éste tenga efecto en fecha posterior a la citada comunicación. Ello, no obstante, la jurisprudencia tiene declarado que desde "el momento en que hay constancia expresa, terminante y clara, de la voluntad empresarial de dar por terminada la relación laboral", cabrá demanda por despido, aunque no hubiera comenzado a correr el plazo de caducidad de la demanda -Sentencia del Tribunal Supremo de 29 junio 1983-".

Y esa doctrina respecto al despido puede aplicarse también a las sanciones de que tratamos, no sólo por la interpretación sistemática del precepto estudiado, sino también porque, como se ha dicho, al tratar de la caducidad de la acción de impugnación, el artículo 114, relativo al proceso de impugnación de sanciones, se remite expresamente a lo dispuesto en el 103 para el despido, precepto que, para el arranque del plazo se remite al día en que se hubiera producido y ese día es el de los efectos, no el de la comunicación ni el de la decisión empresarial.

Por todo ello, no cabe sino declarar nula la sanción impugnada, dado que en la comunicación escrita no se han cumplido los requisitos exigidos en el artículo 58.2 del Estatuto de los Trabajadores y en tal caso el 115.1.d) impone tal calificación, procediendo estimar el recurso sin necesidad de examinar sus otros motivos, revocando la sentencia recurrida.

Vistos los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

FALLO

Con estimación del recurso de suplicación interpuesto por D. Narciso contra la sentencia dictada el 27 de julio de 2005 por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Badajoz en autos seguidos a instancia del recurrente contra "CLESA SA", revocamos la sentencia recurrida, declarando nula la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante treinta días impuesta al demandante por la empresa demandada.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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