Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Castilla y León 243/2006, de 13 de marzo


 RESUMEN:

Despido procedente. Apropiación dineraria. Transgresión de la buena fe contractual. Prescripción de la falta. Desestimación. "Dies a quo": el del conocimiento de la falta.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Con fecha 5 de septiembre de 2005, se presentó en el Juzgado de lo Social número Uno de Valladolid demanda formulada por el actor, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el Suplico de la misma. Admitida la demanda y celebrado el juicio, se dictó sentencia en los términos señalados en su parte dispositiva.

Segundo.-En referida sentencia y como Hechos Probados constan los siguientes:

"Primero. El demandante, Don Fidel, comenzó a prestar servicios para la empresa demandada, 'Caja Rural del Duero, S.C.C.L.' el día 18 de enero de 1977, ostentando la categoría profesional de Director, Grupo Profesional II, percibiendo un salario de 3.102,48 Euros mensuales incluida la prorrata de pagas extras.

Segundo. Con fecha 28 de julio de 2005, el trabajador demandante fue despedido mediante comunicación escrita cuyo tenor literal se da por íntegramente reproducido, al obrar unida al folio 6 y vot.

Tercero. Con fecha 13 de junio de 2005, la auditoría interna de la Caja Rural, se personó en la oficina donde el demandante prestaba servicios a fin de comprobar el arqueo de caja, manifestando el demandante que existía un descuadre de 5.550 Euros, obrando en la caja un documento de reintegro firmado por el actor por importe de dicha cuantía, folio 79, reintegro no pasado por caja, cantidad que repuso el actor de forma inmediata, hecho reconocido en la incidencia de visita hecha en la oficina obrante al folio 80, cuyo tenor literal se da por reproducido, siendo el arqueo de caja el que consta al folio 81.

Cuarto. No consta que el actor, ostente o haya ostentado la cualidad de representante de los trabajadores.

Quinto. En fecha 11 de agosto de 2005, presentó papeleta de demanda de conciliación ante el SMAC, celebrándose el acto, en fecha 29 de agosto de 2005, con el resultado de 'sin avenencia'.

Sexto. En fecha 2 de septiembre de 2.005, presentó demanda ante el Juzgado Decano, siendo turnada a este Juzgado en fecha 5 de septiembre de 2005".

Tercero.-Interpuesto Recurso de Suplicación contra dicha sentencia por el actor, fue impugnado por la demandada. Elevados los Autos a esta Sala, se designó Ponente, acordándose la participación a las partes de tal designación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de los de Valladolid, de 25 de noviembre de 2005, desestimó la demanda deducida por D. Fidel frente a la empresa "Caja Rural del Duero, S.C.C.L.", y declaró la procedencia del despido del citado trabajador, con las consecuencias legales a tal declaración inherentes.

Se recurre en suplicación el aludido pronunciamiento por la propia parte en la instancia demandante, quien interesa en primer lugar, al amparo de lo previsto en artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos probados de la sentencia de Valladolid. En concreto, se insta la incorporación al relato fáctico de origen de un nuevo ordinal con el siguiente texto: "De la declaración de D. Carlos María, responsable de realizar la auditoría el día 13 de junio de 2005 en la Oficina de La Seca, se deduce que D. Fidel había realizado varios reintegros por un importe total de 5.500 Euros sin tener conocimiento ni de la fecha en que estos reintegros se realizaron ni la cuantía de los mismos, no pudiendo por ello determinarse si en el momento de imponer la sanción al trabajador, las supuestas faltas cometidas por este habían prescrito o no".

A juicio de la Sala, es clara la imposibilidad de aceptar la incorporación que se pretende. De un lado, porque la misma tiene exclusivo apoyo en manifestaciones vertidas en el acto de juicio y en sede testifical, esto es, en instrumento probatorio inhábil para la prosperidad del motivo de recurso tendente a la rectificación de los hechos probados de la sentencia de procedencia (artículo 194.3 de la Ley de Procedimiento Laboral). De otra parte, porque el texto que se quiere ex novo consignar no se compadece con lo que se encuentra documentado al folio 79 de autos, esto es, con el formulario de "reintegro" allí obrante, firmado por el propio Sr. Fidel y representativo de la realización de esa operación de reintegro por importe de 5.550 Euros. En tercer lugar, porque la adición que se interesa se halla al servicio de suscitar un debate jurídico -el de la prescripción de la falta atribuida al trabajador- nunca antes planteado y por lo mismo de inaceptable admisión en este trámite de la suplicación. En fin, porque la circunstancialidad cuya adición se sugiere deviene intrascendente para alterar el signo del fallo en la instancia producido.

Segundo.-Ya en el territorio de la crítica jurídica, esto es, con la habilitación que proporciona el artículo 191.c) de la Ley de Procedimiento Laboral, atribuye el escrito de recurso a la sentencia de instancia, en dos apartados diferenciados que se incorporan en un segundo y único motivo de suplicación destinado al debate en derecho, la infracción de lo establecido en los artículos 44 y 45 del XVII Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito, en relación con lo previsto en el artículo 82.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como la infracción de lo dispuesto en los artículos 97.2 y 60 del referido Estatuto y esa crítica jurídica, que será objeto de abordaje en esta sentencia con la separación y ordenación metodológica que parece aconsejar el alcance y naturaleza de la misma, se instala en el siguiente contexto circunstancial. D. Fidel venía prestando servicios para Caja Rural del Duero desde el 18 de enero de 1977, con categoría de director, destino en la oficina de La Seca y lucrando un salario mensual con prorrata de extras de 3.102,48 Euros. El 13 de junio de 2005 se personaron los servicios de auditoría interna de Caja Rural del Duero en la oficina dirigida por el Sr. Fidel a fin de comprobar el arqueo de caja. En el curso de esa verificación manifestó a aquellos servicios D. Fidel que había en caja un descuadre de 5.550 Euros, figurando en la caja un documento de reintegro por ese importe, firmado por el propio empleado citado y que no se encontraba validado mecánicamente ni contabilizado. A renglón seguido, D. Fidel procedió a reponer la suma aludida, aduciendo que había cogido de la caja esa cantidad "por motivos personales, ya que no está pasando una buena época". Mediante comunicación de 28 de julio de 2005 se actuó el despido del referido trabajador, atribuyendo al mismo un incumplimiento grave y culpable de transgresión de la buena fe contractual.

Pues bien, concurrente ese estado de cosas, se afirma en el escrito de recurso, alegato jurídico ese que ha de examinarse en primer lugar en razón de la propuesta metodológica antes anunciada, que la sentencia de Valladolid no satisfizo el mandato del artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, puesto que no fundamentó los razonamientos a partir de los que se tuvo por probada la infracción contractual atribuida al Sr. Fidel.

Para la Sala, sin embargo, no existe esa omisión. En el fundamento de derecho primero de la sentencia de instancia se consigna con claridad que el hecho de haber dispuesto D. Fidel de la suma de 5.550 Euros de la caja de la entidad, sin contabilizar ni validar la correspondiente operación, fue hecho "reconocido por el actor", y que "la auditoría interna se practica a presencia del trabajador y la literalidad de la incidencia de la visita de la auditoría es suficientemente expresiva de los hechos que en la misma se constatan". Y en esa "incidencia de la visita de auditoría" o informe de la actuación inspectora practicada, incidencia o informe cuyo tenor literal se da por reproducido e incorporado a hechos probados en el tercero de los ordinales fácticos de la sentencia de origen, se consignaba como se dijo que el empleado despedido manifestó que había tomado de caja aquellos 5.550 Euros "por motivos personales, ya que no está pasando una buena época". Y en la carta a través de la que se participó a D. Fidel su despido, carta que también el magistrado de instancia incorpora a hechos probados de su sentencia, se consignó de puño y letra por el propio empleado despedido que "la cantidad de 5.550 Euros fue repuesta durante la mañana". Por consiguiente, forma parte de lo obvio que la sentencia objeto de combate dio cumplida satisfacción de la exigencia contenida en el artículo 97.2 de la Ley ritual, puesto que se argumentó con suficiencia sobre las razones que servían para elevar a la categoría de verdad procesal el incumplimiento contractual atribuido al trabajador.

Tercero.-En segundo lugar, la sentencia de Valladolid no infringió el régimen jurídico de la prescripción de las faltas laborales que se contiene en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. Como se anticipó, ese alegato no se introdujo nunca antes, lo cual sería por sí solo suficiente para rechazar la citada y pretendida infracción normativa por imperativo de la proscripción constitucional misma de la indefensión. Pero, además, en ningún sitio de autos obra dato alguno del que colegir el que el incumplimiento contractual atribuido hubiere sido llevado a cabo en fecha tal que fuere posible la entrada en juego del instituto de la prescripción. Y en todo caso, cual se deriva de lo señalado en el anterior fundamento de derecho, la dirección empresarial sólo tuvo conocimiento del ilícito laboral atribuido con ocasión de la visita de inspección que se llevó a cabo el 13 de junio de 2005, circunstancia esa que abriría la prescripción de los 60 días contemplada en el ya citado artículo 60.2 del Estatuto, prescripción esa no consumida en el caso litigioso.

Cuarto.-Por último, entiende la parte recurrente que la sentencia combatida quebrantó la preceptiva sobre régimen sancionador contenida en los artículos 44 y 45 del Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito, puesto que "la falta supuestamente cometida no podría encuadrarse dentro de la denominada transgresión de la buena fe contractual, ya que la que supuestamente ha cometido está perfectamente tipificada en el régimen sancionador del convenio aplicable".

Tampoco este Tribunal puede abrazar una tal inteligencia. Telegráficamente dicho ello, porque la transgresión de la buena fe contractual que se atribuyó en la comunicación de despido al Sr. Fidel se encuentra expresamente recogida como infracción muy grave en el apartado primero del artículo 44 del Convenio de aplicación; porque es ingente la creación jurisprudencial y doctrinal que integra en la aludida tipicidad las conductas de ilícita apropiación dineraria; y porque la condescendencia literaria del titular del poder correccional al atribuir la comisión de un ilícito de transgresión de la buena fe contractual en lugar de atribuir una "apropiación" o un "hurto", de acuerdo con lo tipificado en el artículo 44.2 del Convenio, nunca puede ser razonablemente interpretada desde ninguna convención social como quiebra esencial de un determinado régimen jurídico sancionador. Por lo demás, la gravedad del incumplimiento contractual en el que incurrió el Sr. Fidel y que fue por el mismo reconocido es característica o entidad que forma parte de lo obvio y que no requiere por lo mismo de complementaria justificación.

Por consiguiente, tiene esta sentencia que confirmar en su integridad aquella de la instancia.

Por lo expuesto y en nombre del Rey

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Fidel contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Uno de Valladolid en fecha 25 de noviembre de 2005 en virtud de demanda promovida por dicho actor contra "Caja Rural del Duero, S.C.C.L.", sobre despido y, en consecuencia, confirmamos el fallo de instancia.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación