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Sentencia T.S.J. Canarias 815/2010, de 4 de junio


 RESUMEN:

Cosa juzgada material: Efecto negativo o preclusivo. Identidad de sujetos, objeto y causa de pedir. Antigüedad.

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

D.ª MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL

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En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2010.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los llmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el rollo de suplicación interpuesto por D. Cristobal contra la sentencia de fecha 6 de febrero de 2008, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 759/2006 sobre derechos-cantidad (trienios), ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos se presentó demanda por D. Cristobal contra el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 6 de febrero de 2008 por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria.

Segundo.-En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º) Cristobal, comenzó a prestar servicios para el ICONA, en las campañas de prevención de incendios, como peón y con diversos contratos de carácter temporal, a saber: -Desde 21.3.79 hasta 5.04.80 (382 días). -Desde 9.05.81 hasta 16.02.85 (1379 días). 2.º) Al traspasarse las competencias en el año 1986 del Estado a la Comunidad Autónoma ésta continuó contratando al actor como trabajador temporal, mediante contratos de obra y servicio determinado: -Desde 1-4-86 a 31-10-86 (214 días). -Desde 9.02.87 a 31.12.87 (327 días). 3.º) Posteriormente, en Junio de 1988, adquiere la condición de trabajador fijo discontinuo, prestando servicios según el iter siguiente: -Desde 1-6-88 hasta 31-10-88 (153 días); -Desde 1-6-89 hasta 30-11-89 (183 días); -Desde 1-6-90 hasta 30-11-90 (183 días); -Desde 1-6-91 hasta 30-11-91 (183 días); -Desde 1-4-92 hasta 31-12-92 (275 días); -Desde 1-1-93 hasta 31-1-93 (31 días); -Desde 1-5-93 hasta 31-1-94 (275 días); -Desde 1-5-94 hasta 31-12-94 (244 días). 4.º) A partir del 1-1-95 el trabajador es fijo de actividad continuada de la Comunidad Autónoma de Canarias, y, desde el 1-1-99 "operario de medio ambiente" del Cabildo. 3.º) Por el Juzgado de lo Social n.º 6 de esta capital se dictó sentencia, en proceso de derechos-cantidad, cuyos hechos probados son del siguiente tenor: "PRIMERO.- La parte actora, D. Cristobal, viene prestando servicios por cuenta de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Política Territorial) con la categoría de operario de medio ambiente y salario según convenio. La gestión del servicio está conferida al Cabildo desde 1/1/98 mediante delegación (Decreto 161/97, de 11 de julio), y con efectos de 1/4/03 el servicio está transferido al Cabildo (Decreto 179/02, de 20 de diciembre). SEGUNDO.- El 21/3/79 el actor empezó a prestar servicios con carácter temporal para el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), dependiente del Ministerio de Agricultura, como peón mediante diversos contratos, los cuales obrando en autos se dan por reproducidos. Las competencias sobre las materias que constituyen su objeto fueron transferidas el 1/1/86 del Estado a la Comunidad Autónoma. TERCERO.- Desde 21/3/79 hasta 31/12/87 el actor prestó servicios con contratos de carácter temporal, primero, para el Estado, y, luego, para la CAC, concretamente: Para el Estado: -de 21/3/79 hasta fin de obra (limpieza de carretera de San Cristóbal al Cruce de Jinámar); -de 21/1/80 hasta fin de obra

(repoblación ' forestal); de 2/5/83 a 25/8/83 (repoblaciones y trabajos selvicolas), y de 31/10/83 a 31/12/83 (obra hidrología, trabajar en diques y albarradas de Artenara, Tejeda, etc). Para la CAC: de 1/4 a 31/10/86 (trabajos forestales) y de 9/2 a 31/12/87 (trabajos forestales). CUARTO.- Desde el 1/6/88 el actor trabajó para la CAC, en la campaña de prevención y extinción de incendios forestales y trabajos forestales, mediante contratos de trabajo de carácter fijo-discontínuo. QUINTO.- Desde 1/1/95 el actor es trabajador fijo de duración continuada en la CAC. SEXTO.- La CAC reconoce al actor una antigüedad de 1/6/88. SÉPTIMO.- En caso de que el actor tuviera una antigüedad de 1/12/78, causaría, con el descuento de los periodos no trabajados hasta 28/6/88 (807 días), su cuarto, quinto y sexto trienio en 6/97, 6/00 y 6/03, respectivamente. Reclama por tal motivo la suma de 727'46 euros (10/01 a 11/02, ambos inclusive). El valor del trienio asciende en 2001 a 25'58 euros al mes y en 2002 a 26'09 euros mensuales. OCTAVO.- El actor estuvo dado de alta en el Régimen Especial Agrario por cuenta ajena desde 1/12/78 hasta 28/2/85 y desde 1/7/85 a 30/4/87. NOVENO.- El actor prestó servicios para Hernan desde 25/1 a 7/5/85. DÉCIMO.-Se ha agotado la vía previa. Las reclamaciones previas se interpusieron en octubre de 2002". El fallo de la meritada resolución es del siguiente tenor: "Que desestimo las excepciones de falta de legitimación pasiva opuestas por las demandadas y desestimo la demanda interpuesta por el actor D. Cristobal contra la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria y Ministerio de Medio Ambiente y en su virtud les absuelvo de los pedimentos deducidos en su contra". 4.º) De prosperar la demanda, el actor tendría una antigüedad de 7.844 días, ade. 5.º) Se agotó la vía administrativa previa.

Tercero.-La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Que estimando la excepción de cosa Juzgada invocada por el Cabildo Insular de Gran Canaria, sin entrar en el fondo, debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Cristobal contra el CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA.

Cuarto.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia, sin entrar a resolver sobre el fondo, desestima la pretensión ejercitada por el actor, D. Cristobal, trabajador que con la categoría profesional de Peón de Medio Ambiente ha prestado servicios sucesivamente para el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), para la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y para el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria desde el día 1 de junio de 1988, que interesaba que le fuera reconocida como antigüedad en la empresa la de 30 de julio de 1977, incluyendo dentro de su cómputo los distintos contratos temporales que suscribiera con las distintas Administraciones para las que ha prestado servicios, con las consecuencias retributivas correspondientes (abono de trienios), por haber sido ya dicha cuestión objeto de enjuiciamiento por la sentencia firme de fecha 29 de octubre de 2003 dictada por el Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos 1.196/2002 seguidos entre las mismas partes.

Frente a la misma se alza el actor mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de dos motivos de revisión fáctica y uno de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia, se estime íntegramente la demanda que da inicio al presente procedimiento.

Segundo.-Comenzaremos por resolver el motivo de censura jurídica articulado por el actor, dado que si el mismo fuere desestimado implicaría la desestimación de su recurso sin necesidad de entrar a resolver los otros dos, al estar referidos éstos a la cuestión de fondo planteada.

Por el cauce del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral denuncia el recurrente la infracción del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Argumenta en su discurso impugnatorio, en síntesis, que al no enjuiciarse los mismos hechos en el presente procedimiento y en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos 1.196/2002, no puede ser estimada la excepción de cosa juzgada.

La institución de la cosa juzgada (cuyo régimen jurídico está contenido en los artículos 207 y 222 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil) tiene como objeto proteger la seguridad jurídica, impidiendo una segunda sentencia sobre lo ya enjuiciado.

En su consideración hay que tener en cuenta la diferenciación que presenta la cosa juzgada, distinguiéndose entre "cosa juzgada material" y "cosa juzgada formal", estando la diferencia en que la cosa juzgada material actúa en proceso distinto (actuando hacia fuera) y la cosa juzgada formal actúa en el mismo procedimiento (actuando hacia dentro), según afecte al momento procesal o al derecho ejercido, respectivamente.

A su vez, la ley distingue entre el efecto positivo y el negativo de la cosa juzgada. La cosa juzgada material se traduce en el principio non bis in idem, que quiere decir que la primera sentencia excluye un segundo proceso cuando el objeto del segundo litigio sea el mismo o coincida con el del primero, impidiendo así que se pueda empezar un nuevo proceso, produciendo de esa forma dos efectos:

- uno negativo o preclusivo (recogido en el párrafo 1.º del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo"), y

- otro positivo o prejudicial (recogido en el párrafo 4.º del artículo 222 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que "lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal").

Por otro lado, el ámbito de la cosa juzgada material no actúa indiscriminadamente, sino que se circunscribe a un campo específico que ha de quedar delimitado. Para verificar tal delimitación partiremos de la tradicional tesis de las tres identidades, según la cual, para que un fallo goce de autoridad de cosa juzgada en proceso ulterior se requiere que se dé la perfecta concurrencia de tres elementos comunes: los sujetos, el objeto y la causa (sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1992, 2 de octubre de 1995 y 30 de abril de 1997), aunque se estima que no es necesaria una identidad perfecta entre todos los componentes de los dos procesos (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1994 y 29 de mayo de 1995). Pero si bien hemos de decir que solo el fallo o parte dispositiva pasa a tener autoridad de cosa juzgada, para determinar esa triple identidad hay que analizar y tener siempre en cuenta los hechos, la causa petendi, la cual, como alegación, sirve entre otras cosas, de base para la lógica aplicación de la ley al caso concreto.

Es preciso tener en cuenta que cuando una sentencia definitiva ha resuelto sobre el fondo de la pretensión y en el nuevo proceso se plantea otra que respecto a la precedente tiene las identidades subjetivas, objetivas y causales que enumera el artículo 1.252 del Código Civil, se da la excepción de cosa juzgada en el sentido material, que no queda desvirtuada por utilizar diferentes denominaciones si la pretensión de fondo es la misma, ni porque aparezcan los litigantes en otra posición procesal, ya que la paridad de los litigios ha de inferirse de la relación controvertida al comparar lo ya resuelto con lo que se pretende resolver de nuevo, evitando un segundo proceso en aras del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 párrafo 3.º de la Constitución Española (sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1964 y 22 de octubre de 1986).

Para una adecuada comprensión del debate planteado han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: -a) el actor D. Cristobal, ha venido prestando servicios con la categoría profesional de Peón de Medio Ambiente sucesivamente y mediante contratos de trabajo temporales para el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), entre el 21 de marzo de 1979 y el hasta el 31 de diciembre de 1983, para la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, entre el 1 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 1987) y con carácter fijo para la misma Consejería, entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de diciembre de 1999, y para el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria a partir de dicha fecha (hechos probados primero, segundo y tercero); -b) en el mes de octubre de 2002 el actor interpuso demanda frente a la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Administración General del Estado en la que interesaba que le fuera reconocida como antigüedad la de 1 de diciembre de 1978, incluyendo dentro de su cómputo los distintos contratos temporales que suscribiera con las distintas Administraciones para las que ha prestado servicios, con las consecuencias retributivas correspondientes, abono de trienios (hecho probado quinto); -c) dicha demanda dio lugar a los autos 1.196/2002 del Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que concluyeron por sentencia de fecha 29 de octubre de 2003 que desestimó la pretensión del actor y mantuvo como fecha de inicio del cómputo de su antigüedad la de 1 de junio de 1988 (hecho probado quinto); -d) la referida sentencia devino firme (hecho probado quinto); -e) el día 9 de junio de 2006 el actor interpone nuevamente demanda frente al Cabildo Insular de Gran Canaria en la que interesa, a los meros efectos del cobro de trienios, que se le reconozcan los servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas para las que ha trabajado desde el día 21 de marzo de 1979 (si bien por escrito de ampliación de la demanda de fecha 28 de diciembre de 2006 retrotrae dicha fecha al 30 de julio de 1977), que se declare que ha cumplido su séptimo trienio y que se le abonen las correspondientes diferencias retributivas (folios 1 a 4 de las actuaciones).

Hechas las anteriores precisiones jurídicas y fácticas y entrando ya en la resolución de la cuestión que nos ocupa, hemos de decir que la Sala desestima el alegato de la parte recurrente, pues el derecho cuya satisfacción impetra el actor quedó ventilado en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria el 29 de octubre de 2003, recaída en los autos número 1.196/2002 seguidos por reclamación de derechos-cantidad (trienios) entre las mismas partes que, desestimando la pretensión del actor de que su antigüedad en el Cabildo se computara desde el día 21 de marzo de 1979, con los efectos económicos derivados, fijo ésta en el 1 de junio de 1988, la cual devino firme, rigiendo en consecuencia el efecto negativo o preclusivo de la cosa juzgada material, que excluye el presente procedimiento al ser sus sujetos, el objeto y la causa petendi idénticos a los de aquel. En otras palabras, no se puede volver a analizar la misma cuestión, abriendo un nuevo cauce procesal al efecto, sin vulnerar el instituto de la cosa juzgada y sin atentar contra el principio de seguridad jurídica.

En atención a todo lo que se ha expuesto anteriormente, habiéndolo entendido en el mismo sentido el Magistrado de instancia, procede la desestimación del motivo de censura jurídica y, por su efecto y sin necesidad de entrar a resolver los restantes motivos, la del recurso de suplicación interpuesto por el actor, debiendo ser confirmada la sentencia combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Cristobal contra la sentencia de fecha 6 de febrero de 2008, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 8 de los de Las Palmas de Gran Canaria en los autos de juicio 759/2006, la cual confirmamos íntegramente.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cuenta número: 3537/0000660567/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 € en la entidad de crédito de BANESTO cuenta corriente número 2410000066 0567/08, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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