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Sentencia T.S.J. Canarias 849/2010, de 10 de junio


 RESUMEN:

Extinción del contrato por causas objetivas: Despìdo improcedente. La empresa no ha acreditado la situación económica negativa, y ésta para justificar la amortización de un puesto de trabajo no puede ir referida sólo a una de las tiendas.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Rosana contra sentencia de fecha 16 de diciembre de 2009 dictada en los autos de juicio n.º 758/2009 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por D./Dña. Rosana, contra Almacenes El Barato S.A., BECERRA ROBAYNA SL y VALLESIETE S.A..

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Angel Martín Suárez, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero.-Dña. Rosana ha venido prestando sus servicios para la empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., en la actividad de comercio, en el centro de trabajo que la referida empresa tiene en la calle Canalejas de Arrecife, con una antigüedad de 15 de enero de 1981, con una categoría profesional de dependiente, y con un con un salario bruto diario de 43,58 euros con prorrata de pagas extras, según las nóminas de la actora. No ostenta ni ha ostentado la cualidad de delegado sindical o representante de los trabajadores.

Segundo.-Con fecha 14 de septiembre de 2009 la empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., entregó a la actora carta de despido objetivo de la misma fecha y con efectos de 30 de septiembre de 2009, obrante en autos y que se da aquí por reproducida dada su extensión, en la que consta:"...Muy Señora Nuestra:

La Dirección de esta empresa ha adoptado la decisión de proceder a su despido OBJETIVO por CAUSAS ECONÓMICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN con fecha 30/09/09, en base al artículo del Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo por los motivos siguientes:

Concretamente, esta decisión se fundamenta en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas económicas organizativas y de producción negativas a las que nos vamos a referir

... Desde el año 2005 inclusive la empresa ha entrado en una situación de grave crisis económica con pérdidas continuadas en la actividad comercial y primordial a la que se dedica y se refleja en las cuentas anuales de resultado de los cuatro últimos años, así como en el informe elaborado de viabilidad económica y financiera debidamente suscrito y que ponemos a su disposición por si puede ser de su interés y del que se extrae la siguiente información:...

Se señala en el informe que además de las pérdidas continuadas y de la observación de que la evolución de las ventas ha ido decreciendo en los últimos años, o sea, desde el ejercicio 2005 hasta el ejercicio 2008 y en el período hasta el día 31 de Agosto del presente ejercicio 2009. Sin embargo los gastos de personal y los gastos por servicios exteriores no han decrecido en la misma medida.

Esta reducción en las ventas del presente ejercicio está siendo tan drástica que en estos momentos es imposible continuar con la misma estructura de gastos pues, de mantener las cosas como están, estaríamos poniendo en peligro la estabilidad de todos los puestos de trabajo.

En consecuencia, una vez analizada la situación actual de la Entidad y con la finalidad de reducir los costes estructurales y procurar la continuidad empresarial se hace necesario cerrar el local comercial de la Calle Canalejas amortizando su puesto de trabajo junto con el de otras cuatro compañeras más.

Es por todo ello que no nos queda otro remedio que prescindir de sus servicios. A tenor del artículo 53.1 del Estatuto de los trabajadores le corresponde una INDEMNIZACIÓN por despido objetivo de 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, y con un máximo de 12 por lo que dicha INDEMNIZACIÓN, asciende a la cantidad de 15.688,80€ (QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS NETOS).

No obstante a tenor del art. 33.8 del vigente Estatuto de los Trabajadores las empresas de menos de 25 trabajadores sólo están obligadas a poner a disposición del trabajador la diferencia entre el 40% que le corresponde abonar al FOGASA, con los límites legales, el total de la indemnización a que tenga derecho el trabajador, no estando obligadas a anticipar la cantidad de la que responde directamente el FOGASA. Es por ello que ponemos a su disposición en este acto, de forma simultánea a esta comunicación la cuantía de la INDEMNIZACIÓN a que está obligada la empresa Y QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 9.413,28€ NETOS(NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS NETOS).

De no recoger dicha cantidad será depositada en el Juzgado en el modo establecido en la Ley.

La relación laboral quedará extinguida el día 30.09.2.009 y a tenor del art. 53.1.c del Estatuto de los Trabajadores, la empresa le concede un plazo de preaviso de 16 días desde la entrega de esta comunicación hasta 30.09.2.009. Durante el periodo de preaviso Vd. tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar un nuevo empleo. Los 14 días restantes de preaviso la empresa hace uso del derecho de sustituirlo por su compensación económica, y que asciende a 610,17€. Esta indemnización la ponemos a su disposición en este acto ponemos junto con el resto de la percepciones económicas devengadas...".

Tercero.-Con fecha 16 de enero de 2008 se dictó Sentencia por este Juzgado en los autos de Procedimiento de Oficio número 835/2008, seguido a instancia de DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TRABAJO) DEL GOBIERNO DE CANARIAS contra las empresas ALMACENES EL BARATO, S.A., y BECERRA ROBAYNA S.L., siendo parte la trabajadora Dña. Noemi interpuesta por la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TRABAJO) DEL GOBIERNO DE CANARIAS contra las empresas ALMACENES EL BARATO, S.A., y BECERRA ROBAYNA S.L., siendo parte la trabajadora Dña. Noemi que se da por íntegramente reproducida, por la que se declara que las conductas contenidas en las Actas de Infracción números T-134842/08 y T-135044/08 de 28 de Abril de 2.008 constituyen una cesión ilegal de trabajadores que contraviene lo previsto en el artículos 43 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarto.-Con fecha 16 de julio de 2008 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas emite informe, que dada su extensión se da por íntegramente reproducido, por la que se le impone a la empresa demandada una sanción muy grave en su grado mínimo por cesión ilegal de la trabajadora, y una sanción grave en su grado mínimo por incumplir lo dispuesto en los artículos 16 y 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha sanción fue impugnada.

Quinto.-La sociedad ALMACENES EL BARATO, S.A., con domicilio social en la calle León y Castillo número 18 de Arrecife, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario de Arrecife D. José Guerra Gutiérrez, con el número 648 de su protocolo, el 5 de abril de 1972, modificó sus estatutos por otra escritura autorizada por el Notario de Arrecife D. Luciano Hoyos Gutiérrez, con el número 1.922 de su protocolo, el 7 de octubre de 1986, asimismo modificó sus estatutos a la nueva legislación por otra escritura autorizada por el Notario de Arrecife D. Ernesto Martínez Lozano, con el número 2.114 de su protocolo, el 27 de junio de 1992, y adaptó sus estatutos por otra escritura autorizada por la Notario de Arrecife Dña. Carmen Martínez Socías, con el número 2.661 de su protocolo, el 19 de mayo de 1998 siendo su objeto social el comercio en todas sus formas, pudiendo realizar cuantas operaciones sean complementarias o coadyuvantes al mismo, contratación de personal, venta de excedentes y mercaderías, tales como la compra de inmuebles, maquinarias y mercaderías, reelaboradas o no, y otros semejantes o análogos y que contribuyan a al mejor desarrollo del objeto principal. Su actividad principal es el comercio al por menor de productos textiles, confección calzado, pieles y artículos de cuero, promoción compraventa, dedicándose también al arrendamiento de inmuebles. Sus cargos sociales y administradores son: D. Doroteo (Presidente), D. Iván (Vicepresidente), Dña. Serafina (Consejero Delegado), D. Romualdo (Consejero Delegado), Dña. Casilda (Consejero), D. Juan Ignacio (Consejero), D. Cecilio (Consejero), y D. Gonzalo (Consejero). Los centros de trabajo de la sociedad ALMACENES EL BARATO, S.A., son la tienda ANBEBA, en la calle León y Castillo n.º 18, la tienda El Barato, en la calle Canalejas y la nave almacén en la calle Velacho, todos ellos en Arrecife.

Sexto.-La sociedad BECERRA ROBAYNA S.L., con domicilio social en la calle Fajardo número 30, "Edificio Casa" de Arrecife, se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notario de Arrecife Dña. Carmen Martínez Socías, con el número 1.118 de su protocolo, el 27 de febrero de 2008 siendo su objeto social: A) La importación, exportación, distribución, comisión consignación, mediación y venta al mayor de toda clase de: productos textiles, confecciones prendas para el vestido y tocado, prendas exteriores e interiores de señora, caballero, infantiles, incluidas la de trabajo, uniformes militares, deportivas, de baño y religiosas, confecciones para el hogar, alfombras y similares, artículos de tapicería, tejidos y textiles para el hogar, lencería corsetería, camisería, mercería, paquetería y géneros de punto en general, accesorios como abanicos, sombrillas, paraguas, bastones, etc., calzados, peletería y similares, artículos de cuero e imitación o productos sustitutivos, marroquinería, carteras, cinturones, bolsos, maletas y artículos de viaje en general, artículos de decoración, mobiliario del hogar, electrodomésticos, aparatos eléctricos, electrónicos, ferretería, artículos de regalo. Artículos de menaje, adorno o reclamo y bisutería, artículos de perfumería, cosmética, higiene y aseo personal como asimismo realizar arreglos, confección, limpieza y conservación de confecciones, artículos. Aparatos. Accesorios y complementos especificados; B) La compraventa, administración, tenencia, disfrute, arrendamiento, o cualquier otra forma de explotación de terrenos, edificaciones y fincas rústicas y urbanas de todas clases, incluidos inmuebles hoteleros y extrahoteleros, así como la promoción, remodelación, construcción, reparación y conservación de todas clases de edificios, incluidas las preparaciones y urbanizaciones de terrenos. Sus administradores son D. Iván y D. Romualdo. Los centros de trabajo de la sociedad BECERRA ROBAYNA S.L., son la tienda CASA, en la calle Fajardo, la tienda La Ganga, en la calle Aquilino Fernández y El Anexo en la calle General Goded, todos ellos en Arrecife.

Séptimo.-La sociedad VALLESIETE S.A., con domicilio social en la calle Alférez Cabrera Tavío, n.º 7, bajo, de Arrecife, fue constituida en Escritura autorizada por el Notario de Sabadell D. Agustín Subirate Bassas, el día 14 de mayo de 1988, bajo el número 1.803 de protocolo, modificando sus estatutos por otra escritura el 22 de junio de 1990, por el Notario de Arrecife D. José Luis Angulo Martín, con el número 1.494 de su protocolo, y siendo su objeto social la compraventa de solares, ejecución de obras de urbanización, saneamiento e infraestructuras de terrenos, promoción, construcción, arrendamiento y reparación de viviendas, locales de negocio, naves industriales y edificios, así como su venta posterior; la compra y venta de toda clase de tejidos y confecciones, artículos de perfumería, electrodomésticos, menaje de cocina, calzados, piel, bolsos y maletas, de artículos de imagen y sonido, de relojería, plásticos, bisutería y joyería, de juguetes y de artículos de alimentación. Sus cargos sociales y administradores son: D. Doroteo (Presidente), D. Iván (Vicepresidente), Dña. Serafina (Consejero Delegado), D. Romualdo (Consejero Delegado), Dña. Casilda (Consejero), D. Juan Ignacio (Consejero), D. Cecilio (Consejero), y D. Gonzalo (Consejero). Los centros de trabajo de la sociedad VALLESIETE S.A., son las tiendas MANGO, en la calle Limones de Playa Blanca, en el Centro Comercial Biosfera de Puerto del Carmen y en la calle León y Castillo n.º 4, la tienda Mothercare, en la calle Quiroga de Arrecife y la Centro Moda en la calle Alférez Cabrera Tavío de Arrecife.

Octavo.-Con fecha 10 de septiembre de 2009 se emitió por D. Luis Angel un estudio de viabilidad económica y financiera de la entidad ALMACENES EL BARATO, S.A., obrante en autos y que se da aquí por reproducido dada su extensión, en el que hacen constar las siguientes conclusiones:"Una vez analizada la situación actual de la Entidad, y con el fin de solventar la situación de pérdidas continuadas en la cual se encuentra la Empresa, se considera que las siguientes medidas económicas mínimas, contribuirán a reducir las pérdidas y a superar la crisis económica, así como a solventar la situación negativa de la actividad comercial y principal de la Sociedad:

- Cierre del departamento de la calle Canalejas con la amortización de cinco puestos de trabajo.

- Rescisión del con trato de arrendamiento del local de la calle Canalejas, con la consecuente eliminación de los gastos fijos de este departamento.

- Traslado de la oferta del departamento de ventas del departamento de Canalejas a los departamentos de Anbeba-Center.

La existencia de pérdidas continuadas y permanentes como consecuencia de la caída de ventas de la empresa unidos a los gastos generales que no han decrecido en la misma medida, ha venido produciendo una situación de desajuste y desequilibrio global en la actividad comercial de la empresa que se debe corregir y remediar con las medidas económicas de amortización de los puestos de trabajo y eliminación de los gastos fijos propuestos.

En mi opinión, las medidas propuestas, según la situación económica negativa real de la actividad comercial de la empresa, serán suficientes para ayudar a la superación de la crisis actual.

La medida extintiva de amortización de los puestos de trabajo y la eliminación de los gastos fijos propuestos ponderará la situación actual mejorando las previsiones del futuro y viabilidad económica de la empresa. ".

Noveno.-La empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., obtiene ingresos procedentes tanto de la actividad comercial como del arrendamiento de inmuebles, no vinculados a la actividad principal de comercio, habiendo tenido la parte dedicada a la actividad comercial unas pérdidas netas de 16.676,33 euros en el ejercicio 2005; de 184.127,33 euros en el ejercicio 2006; de 61.647,26 euros en el ejercicio 2007; de 227.529,05 euros en el ejercicio 2008; y de 96.198,32 euros hasta el 31 de agosto de 2009.

Décimo.-- La empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., cerró la tienda que explotaba en la calle Canalejas de Arrecife con fecha 30 de septiembre de 2009, despidiendo por causas objetivas económicas, organizativas y de producción a las cinco trabajadoras de dicho centro.

Undécimo.-Con fecha 1 de febrero de 2005 la empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., suscribió con la entidad CANARIMERCA, S.L., un contrato de arrendamiento del local de comercial en la planta baja de un edificio sito entre las calles Canalejas, Otilia Díaz y Alférez Cabrera Tavío de Arrecife, con una duración de veinte años y abonando una renta que va aumentando progresivamente en la forma que se establece es la estipulación tercera de dicho contrato y que para el quinto año asciende a 6.010,12 euros mensuales. Con fecha 3 de agosto de 2009 la empresa ALMACENES EL BARATO, S.A., remitió a la entidad CANARIMERCA, S.L., mediante burofax, un escrito obrante en autos y que se da aquí por reproducido, por el que ponían a su disposición el local comercial antes citado, así como la entrega de las llaves y daba por extinguido el contrato de arrendamiento suscrito entre ambas.

Duodécimo.-Se dan por reproducidas las cuentas anuales de las sociedades demandadas, las memorias y los balances obrantes en la documental aportada por las mismas.

Decimotercero.-La sociedad ALMACENES EL BARATO, S.A., en el año 2004 tuvo unos beneficios de 176.532,72 euros; en el año 2005 tuvo unos beneficios de 191.100,52 euros; en el año 2006 tuvo unos beneficios de 587.635,56 euros; en el año 2007 tuvo unos beneficios de 248.050,17 euros y en el año 2008 tuvo unos beneficios de 108.850,71 euros.

Decimocuarto.-La sociedad BECERRA ROBAYNA S.L., en el año 2004 tuvo unos beneficios de 24.081,43 euros; en el año 2005 tuvo unos beneficios de 34.402,67 euros; en el año 2006 tuvo unas pérdidas de 37.402,67 euros; en el año 2007 tuvo unas pérdidas de 57.304,93 euros y en el año 2008 tuvo unas pérdidas de 49.093,28 euros.

Decimoquinto.-Con fecha 10 de septiembre de 2009 se emitió por D. Luis Angel un estudio de viabilidad económica y financiera de la entidad BECERRA ROBAYNA S.L., obrante en autos y que se da aquí por reproducido dada su extensión, en el que hacen constar las siguientes conclusiones:"Una vez analizada la situación actual de la Entidad, y con el fin de solventar la situación de pérdidas continuadas en la cual se encuentra la Empresa, podemos afirmar lo siguiente:

Actualmente la Sociedad corre el riesgo de entrar en Suspensión de pagos, ya que parte del activo que permite salvar la situación económica es el stock que se pone a la venta en los comercios, además de incrementar los recursos ajenos sería totalmente imprudente, pues dada la necesidad de aportar garantía real, una más que previsible disminución de la demanda podría suponer no hacer frente a los pagos financieros.".

Decimosexto.-La sociedad VALLESIETE S.A., en el año 2004 tuvo unos beneficios de 34.108,98 euros; en el año 2005 tuvo unos beneficios de 148.030,58 euros; en el año 2006 tuvo unos beneficios de 80.536,05 euros; en el año 2007 tuvo unas pérdidas de 32.672561,62 euros y en el año 2008 tuvo unas pérdidas de 25.561,72 euros.

Decimoséptimo.-Con fecha 10 de septiembre de 2009 se emitió por D. Luis Angel un estudio de viabilidad económica y financiera de la entidad VALLESIETE S.A., obrante en autos y que se da aquí por reproducido dada su extensión, en el que hacen constar las siguientes conclusiones:"Una vez analizada la situación actual de la Entidad, y con el fin de solventar la situación de pérdidas continuadas en la cual se encuentra la Empresa, podemos afirmar lo siguiente:

Actualmente la Sociedad posee liquidez suficiente para hacer frente a todos los pagos a corto plazo, sin embargo a pesar de todo ello el margen sobre ventas, es decir el beneficio obtenido por las ventas percibidas resulta insuficiente. Esto evidencia problemas graves en la rentabilidad de la actividad comercial, pues a pesar de poseer liquidez no son capaces de obtener beneficios, lo cual obligaría a tomar decisiones de carácter estructural.".

Decimoctavo.-La oficina central de la sociedad ALMACENES EL BARATO, S.A., y la sociedad BECERRA ROBAYNA S.L., se encuentra situada en la calle León y Castillo número 18 de Arrecife, en Anbeba Center, acudiendo a ella los trabajadores al final de cada jornada para entregar la recaudación de todas las tiendas. La oficina central de la sociedad VALLESIETE S.A., se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria.

Decimonoveno.-Con fecha 16 de septiembre de 2009 se presentó por la entidad demandada expediente de consignación en el Decanato de dio lugar al expediente de consignación por despido improcedente número 122/2009 de este Juzgado en el que consignaba la cantidad de 11.977,01 euros, de los cuales 9.413,28 euros lo fueron en concepto de indemnización por despido objetivo, 610,17 euros en concepto de compensación por preaviso y 1.953,56 euros en concepto de liquidación y finiquito, siéndole notificada por el Juzgado la consignación a la actora y ofreciéndosele la entrega de dicha cantidad.

Vigésimo.-La actora se encuentra percibiendo prestaciones por desempleo desde el 24 de octubre de 2009.

VIGESIMOPRIMERO.- Con fecha 1 de octubre de 2009 la actora presentó la preceptiva papeleta de conciliación ante el SEMAC cuyo acto tuvo lugar el día 19 de octubre de 2009 con el resultado de sin avenencia.

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la excepción de falta de legitimación pasiva respecto a las demandadas BECERRA ROBAYNA S.L., y VALLESIETE S.A., y desestimando la demanda interpuesta por Dña. Rosana contra ALMACENES EL BARATO, S.A., BECERRA ROBAYNA S.L., y VALLESIETE S.A., debo absolver y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos contra ellos deducidos, declarando la procedencia del despido objetivo efectuado con fecha 30 de septiembre de 2009.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia estima la excepción de falta de legitimación pasiva de las codemandadas, BECERRA ROBAYNA, S.L. y VALLESIETE, S.A. y, desestimando la demanda interpuesta por la demandante, D.ª Rosana, quien venía prestando servicios para ALMACENES EL BARATO, S.A., desde el 15.01.1981, con la categoría profesional de Dependienta, percibiendo un salario día prorrateado de 43,58 euros; y acordándose, por aquella empresa, con efectos a partir del 30.09.09, extinguir el contrato de trabajo de la actora por causas económicas, organizativas y de producción (ordinales PRIMERO y SEGUNDO).

Y, absolviéndose a las codemandadas de los pedimentos contra ellos deducidos, se declara la procedencia del despido objetivo efectuado con fecha 30 de septiembre de 2009.

Frente a la citada sentencia se alza la dirección legal de la parte actora, D.ª Rosana, mediante el presente recurso de suplicación articulado en base a dos tipos de motivos: en primer lugar, al amparo de la letra b) del art. 191 TRLPL, la recurrente pretende la modificación de los hechos declarados probados.

Y a continuación, por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia las infracciones de las disposiciones normativas y de la jurisprudencia citadas en el mismo.

El recurso ha sido impugnado por la dirección legal de las codemandadas, ALMACENES EL BARATO, S.A.; BECERRA ROBAYNA, S.L.; y VALLESIETE, S.A.

Segundo.-Por lo que se refiere al motivo alegado al amparo de la letra b) del art. 191 TRLPL se ha de precisar que el Tribunal Supremo- Sala de lo Social ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia atinente a los requisitos y condiciones que deben estar presentes a fin de que prospere la revisión fáctica y que son:

1) Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del Juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso.

2) que se señale por parte del recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado.

3) Que la modificación propuesta incida en la solución del litigio, esto es, que se a capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

4) Que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos y, al mismo tiempo, ha de proponerse la relación definitiva de los hechos modificados.

Igualmente, el Tribunal Supremo -Sala de lo Social- viene estableciendo unas "reglas básicas"; con la finalidad de evitar que la discrecionalidad se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia. Y estas reglas podemos compendiarla en las siguientes:

1) La revisión de hechos no faculta al Tribunal efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

2) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada.

3) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de instancia, órgano Judicial soberano para la apreciación de la prueba, con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable.

4) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sea la prueba documental pública o privada en sentido ya expuesto y la pericial.

Así pues, por lo que se refiere a la pretensión revisoria instada por la recurrente y a cuyo fin propone se adicione un nuevo ordinal con el tenor literal siguiente:

"Entre las empresas codemandadas se han producido situaciones de cesión ilegal de trabajadores. La cesión ilegal de la trabajadora, D.ª Noemi, de "Almacenes El Barato S.A." a "Becerra Robayna", motivó actuación de la inspección de trabajo y judicial, siendo condenadas las codemandadas por Cesión Ilegal de Trabajadores en los autos 835/2008 del Juzgado de lo Social TRES de Arrecife".

Y ello con apoyo en los folios 107 a 118; y 147 a 154 de las actuaciones.

El motivo no prospera por cuanto, por una parte, en los ordinales TERCERO y CUARTO de la sentencia aquí impugnada, se recogen los hechos relativos a la meritada cesión ilegal.

Y, por otra parte, la recurrente pretende sustituir la valoración que efectuó la Magistrada " a quo ";, por un juicio valorativo personal, subjetivo, parcial y de parte interesada.

En consecuencia con todo lo que antecede desestimamos el presente motivo de revisión fáctica.

Tercero.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 53.1.b), 53.4 TRLET y 122.2 b) TRLPL.

El motivo no prospera por cuanto, efectivamente, los términos del indicado precepto legal, art. 33.8 TRLET, son precisos, concretos y claros en cuanto a la facultad otorgada a las empresas de menos de veinticinco trabajadores, en los supuestos como el que aquí nos ocupa -ex art. 52.c) TRLET -, de abonar a los trabajadores el 40% de la indemnización que legalmente les corresponda.

Y verificándolo así la demandada, es por lo que no se aprecian las infracciones denunciadas por la recurrente.

En consecuencia desestimamos este motivo de censura jurídica.

Cuarto.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia la infracción del art. 1.2 TRLET y de la jurisprudencia en materia de "Grupo de Empresas", por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26.01.98 (RJ 1998,1062); así como sobre la doctrina del "levantamiento del velo", por todas, las sentencias del T.S de 26.12.01 y 25.05.00.

El motivo no prospera.

Sentado lo que antecede, y partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, la Sala, concluye que no concurren los elementos y requisitos exigidos jurisprudencialmente para apreciar la existencia de "Grupo de Empresas" entre las entidades mercantiles codemandadas. Así como tampoco se aprecia la existencia de elementos que conduzcan a la aplicación de la doctrina o teoría del "levantamiento del velo". Y al respecto basta con dar por reproducidos aquí los exhaustivos razonamientos jurídicos esgrimidos por la Magistrada " a quo ";, a los efectos de rechazar dichas pretensiones reiteradas ahora por la demandante, aquí recurrente.

En consecuencia este motivo de censura jurídica se desestima.

Quinto.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia la infracción del art. 52.c) TRLET, así como de las sentencias, en interpretación a sensu contrario, citadas en el mismo.

El motivo no prospera.

Sentado lo que antecede, y sin perjuicio del tenor literal de las sentencias del Tribunal Supremo citadas en la sentencia de instancia y que, además, reitera la ahora recurrente, hemos de traer a colación lo resuelto por esta Sala en su sentencia de fecha 31.07.2009 -(Rec. n.º 799/2009)- y en su Fundamento de Derecho SEGUNDO se señala, entre otros extremos, los siguientes:

"SEGUNDO.- Esta Sala con fundamento en la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho suya un cuerpo de doctrina que cabe resumir en los siguientes términos:

"...1.- El artículo 52.c) permite la amortización de puestos de trabajo cuando concurran causas económicas.

La situación económica negativa afecta al resultado mas trascendente de la actividad empresarial, mostrando un desfase entre ingresos y gastos, entre beneficios y pérdidas que altera el equilibrio económico; sus consecuencias pueden motivar tanto un defectuoso funcionamiento económico que obliga a reestructurar la plantilla, como una situación que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la empresa.

Se puede afirmar que la doctrina es casi unánime a la hora de considerar que las situaciones económicas negativas exigen la existencia de pérdidas, debiendo aparecer una evidente desproporción entre los costes inherentes al puesto de trabajo y el resultado económico de la actividad; o lo que es lo mismo que las pérdidas alcancen una cierta entidad.

2.- Se acepta que no es imprescindible para justificar la medida que se integre la misma en un conjunto de otras complementarias de carácter más amplio; no se trata, por tanto, de acompañar un plan de inhabilidad de la empresa o de acreditar las consecuencias que la medida adoptada vía a tener en orden al saneamiento económico de la empresa, sino tales solo demostrar que la misma va a contribuir razonablemente a la superación de la situación de la crisis.

3.- En cuanto a la comunicación escrito el empresario deberá comunicar la extinción al trabajador afectado por escrito con expresión de la causa que la determina.

Ello implica:

-La expresión de la causa es equivalente a la expresión de los hechos en que se fundamenta la medida, lo que supone que es imprescindible que se especifiquen los concretos hechos que motivan la decisión extintiva.

-La finalidad de esta exigencia es que el trabajador tenga pleno conocimiento de la razón de la medida y pueda ejercer con garantía el derecho a impugnarla con conocimiento de los hechos; en condiciones de igualdad efectiva con el empresario, evitando toda indefensión.

-Para que se cumpla tal finalidad el contenido de la comunicación debe ser inequívoco, es decir, suficientemente claro y expresivo, indicando las razones concretas del despido; de tal forma que la carta no puede limitarse a recoger los hechos en forma extremadamente genérica, aunque tampoco se exige una extremada minuciosidad, ni una absoluta pormenorización de los mismos, bastando con que refleje con claridad y suficiencia y de forma inequívoca las circunstancias esenciales que justifican la decisión adoptada.

-En todo caso la calificación jurídica que se haga en la carta es irrelevante si se expresan claramente los hechos que justifican la decisión extintiva.

En línea con lo expuesto esta Sala, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sentado un cuerpo de doctrina acerca del despido objetivo que se contiene, entre otras, en la Sentencia dictada en el Recurso n.º 1139/2007) y que son del siguiente tenor literal:

"...A) El artículo 52.c), en su redacción dada al mismo por el RDL 8/1997, de 16 Mayo, mantiene la misma estructura jurídica y las causas por las que se puede proceder al despido objetivo individual o plural, cuando haya necesidad de amortizar individualmente un puesto de trabajo, es decir, causas económicas, que actúan sobre la cuenta de resultados, y que suponen un desequilibrio entre los ingresos y gastos y con un reflejo en el balance de la empresa que se sitúa de una forma negativa como se dice en el nuevo texto; las causas técnicas que hacen referencia a la competitividad necesaria en el mercado de trabajo; las causas organizativas que implican la adopción de medidas para adecuar la estructura de la empresa a las exigencias productivas impuestas por el impacto de la tecnología a la situación del mercado; y finalmente, las causas productivas que también hacen referencia a la situación del mercado ya los desajustes que en el mismo se pueden producir; causas todas ellas que en definitiva se traducen siempre en el aspecto económico o financiero de la empresa, pues tanto si se encuentra en una situación en que la cuenta de resultados es negativa, como si se han de adoptar aquellas medidas flexibilizadoras, todas ellas deben conducir a contribuir a la superación de esa situación o a que pueda por medio de la misma seguir funcionando normalmente para restablecer la posición competitiva en el mercado por exigencias de la demanda o a través de una mejor organización de los recursos, como se dice en el actual texto.

B) Así pues a partir tanto que de la nueva regulación de estas causas de despido la reforma de 1997, suaviza la exigencia en o que el legislador impone ahora es Que. la medida contribuya a "superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa". Ahora bien, ello no exime a la empresa de acreditar que tales dificultades existen y que la, decisión extintiva se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o a las exigencias de la demanda.

C) La reorganización de la actividad empresarial debe estar ligada a una determinada finalidad, cual es el mantenimiento de la actividad empresarial, por lo que habrá de ofrecerse los términos de conexión entre una y otra para poder calificar de procedentes las decisiones extintivas. No dudamos que cualquier cambio tecnológico u organizativo se hace para mejorar la situación de la empresa y que también la reducción de plantilla incide en unos mejores resultados económicos, mas no basta la mera conveniencia de la empresa para acudir a este tipo de despido.

D) En esta línea la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 Marzo 1997 aborda el problema de la descentralización productiva de la empresa y su encaje en causas organizativas, concluyendo en el sentido de admitirlo siempre que se demuestre que la externalización es un medio hábil para asegurar la competitividad de la empresa, siendo decisorio que sea una medida razonable en términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial.

E) Por tanto, al igual que antes se exigía una prueba cumplida, aunque no absoluta, de la vinculación entre la medida y su finalidad, de tal manera que existiera una conexión razonable entre la causa alegada y el efecto pretendido, también tras la reforma es necesario establecer la relación entre las dificultades alegadas y la decisión extintiva, a fin de poder establecer la correspondiente vinculación de ésta con el mantenimiento de la posición competitiva de la empresa o con las exigencias del mercado...".

A tales criterios cabe añadir las siguientes precisiones avaladas por el Tribunal Supremo. Así nuestro mas alto Tribunal dice que tres son los elementos integrantes del despido por motivos económicos descrito en el art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.

El primero de ellos es la concurrencia de una causa o factor desencadenante que incide de manera desfavorable en la rentabilidad de la empresa ("situación económica negativa") o en la eficiencia de la misma. El legislador ha querido distinguir cuatro esferas o ámbitos de afectación en los que puede incidir la causa o factor desencadenante de los problemas de rentabilidad o eficacia que están en el origen del despido por motivos económicos: 1) la esfera o ámbito de los medios o instrumentos de producción "causas técnicas"); 2) la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal "causas organizativas"); 3) la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado "causas productivas") y 4) la esfera o ámbito de los resultados de explotación "causas económicas"), en sentido restringido).

Es al empresario a quién corresponde probar la realidad de las causas o factores desencadenantes de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la empresa. Lo que supone de un lado la identificación precisa de dichos factores, y de otro la concreción de su incidencia en las esferas o ámbitos de afectación señalados por el legislador. Esta concreción se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa productividad de trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado de los productos o servicios, etc.

El segundo elemento del supuesto de despido por motivos económicos que se describe en el art. 52.c ETT es la amortización de uno o varios puestos de trabajo. Esta medida de empleo puede consistir en la reducción con carácter permanente del número de trabajadores que componen "la plantilla de la empresa"; y puede consistir, asimismo, en la supresión de la "totalidad" de la plantilla, bien por clausura o cierre de la explotación, bien por mantenimiento en vida de la misma pero sin trabajadores asalariados a su servicio.

En los casos en que la amortización de puestos de trabajo no conduzca al cierre de la explotación, la medida de reducción de empleo adoptada ha de formar parte de un plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa, en el que la amortización de puestos de trabajo puede ir acompañada de otras medidas empresariales (financieras, de comercialización, de reducción de costes no laborales), encaminadas todas ellas al objetivo de compensar los desequilibrios producidos, superando la "situación negativa" o procurando "una mejor organización de los recursos". En estos mismos casos de no previsión de desaparición de la empresa, la amortización de puestos de trabajo se ha de concretar en el despido o extinción de los contratos de trabajo de aquel o de aquellos trabajadores a los que afecte el ajuste de producción o de factores productivos que se haya decidido.

El tercer elemento del supuesto de despido por motivos económicos hace referencia a la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la extinción o extinciones de contratos de trabajo decididas por la empresa y la superación de la situación desfavorable acreditada en la misma de falta de rentabilidad de la explotación o de falta de eficacia de los factores productivos.

En el supuesto de cierre de la explotación la conexión entre la supresión total de la plantilla de la empresa y la situación negativa de la empresa consiste en que aquélla amortigua o acota el alcance de ésta. La empresa se considera inviable o carente de futuro, y para evitar la prolongación de una situación de pérdidas o resultados negativos de explotación se toma la decisión de despedir a los trabajadores, con las indemnizaciones correspondientes.

En el supuesto en que la amortización de puestos de trabajo pretenda sólo la reducción de la plantilla, la conexión entre la situación desfavorable existente en la empresa y los despidos acordados ha de consistir en la adecuación o proporcionalidad de éstos para conseguir la superación de aquélla, en el marco del plan de recuperación del equilibrio empresarial expuesto por el empresario. Tal conexión funcional de adecuación ha de apreciarse en concreto, respecto del despido o de los despidos de trabajadores determinados acordados por la empresa.

Siendo así que, en el supuesto de reducción de plantilla, la valoración de adecuación o proporcionalidad se proyecta sobre hechos pasados, y también sobre la situación actual y previsiones futuras de la empresa, los factores a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional no son siempre susceptibles de prueba propiamente dicha, limitada por naturaleza a los hechos históricos, sino de apreciación de racionabilidad, de acuerdo con reglas de experiencia reconocidas en la vida económica. El objeto de valoración es, por tanto, en este punto, a diferencia de lo que sucede en la comprobación de la situación de ineficiencia o falta de rentabilidad de la empresa, no un juicio sobre hechos probados, sino un juicio de atenimiento del empresario a una conducta razonable, con arreglo a los criterios técnicos de actuación atendidos o atendibles en la gestión económica de las empresas...".

A tales consideraciones y como complemento de las mismas cabe añadir:

A) En los supuestos de extinción por amortización de puesto de trabajo los tribunales deben ser especialmente exigentes en cuanto al contenido de la comunicación escrita: Entre otras razones para justificar este mayor rigor se argumenta que, a diferencia del despido disciplinario cuya causa tiene que ver con la actuación del trabajador, las razones económicas, organizativas, técnicas o de producción le resultan en principio desconocidas al trabajador afectado, al tener conexión con el ámbito interno de la empresa al que, aquel es ajeno; por ello es fundamental que se extreme el detalle en la descripción de los hechos, para que el trabajador los pueda conocer y combatir, preparando antes del juicio la oportuna defensa.

B) Si la causa alegada para la extinción es económica, la comunicación debe contener una descripción suficiente de la situación o estado económico de la empresa, aportando los datos suficientes para que el trabajador pueda rebatirlos.

En esa línea se estima útil la concreción en la carta de la cuantía de las pérdidas, sus efectos sobre la situación económica, situación a la fecha del despido etc.

C) Si la causa específicamente invocada es la existencia de pérdidas la comunicación debe recoger los siguientes datos:

- Ejercicio económico o periodos en los que se han producido las pérdidas en las que se sustenta la decisión extintiva, no bastando con una mera referencia genérica a la situación de pérdidas, o a pérdidas reiteradas o pérdidas reiteradas o pérdidas acumuladas etc.... expresiones insuficientes que colocan en indefensión al trabajador; por lo que es preciso detallar los concretos ejercicios o periodos en que se ha producido.

- Detalle o cuantificación de las pérdidas producidas en cada ejercicio que permita que el trabajador tenga cumplido conocimiento de la situación real de la empresa; si bien se acepta que la falta de tal concreción pueda suplirse con la puesta a disposición de información complementaria por parte de la empresa en la misma comunicación de cese (como los balances y cuentas de resultados).

D) Si no se pone a disposición la indemnización por falta de liquidez, incumbe a la empresa la carga de la prueba de tal situación, si el trabajador la cuestiona.

E) En todo caso hay que tener en cuenta el carácter casuístico de esta materia lo que obliga a analizar en cada caso el contenido de la carta y la suficiencia de la misma, para lo que habrá que ponderar el conocimiento que el trabajador pueda tener de las causas en función de su posición en el seno de la empresa."

Por último, esta Sala se ha pronunciado, en un supuesto idéntico al que aquí nos ocupa, en sus sentencias de fecha 02 de junio de 2010 -(Rec. n.º 282/2010 y Rec. n.º 427/2010)- y en cuyo Fundamento de Derecho QUINTO de aquélla se señala:

"QUINTO- Amparándose en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral invoca el trabajador recurrente la infracción del artículo 52 párrafo c) del Estatuto de los Trabajadores y de la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias que detalla en el escrito de interposición de su recurso. Argumenta en su discurso impugnatorio, en esencia, que en la extinción del contrato de trabajo de la actora no se cumplen los requisitos necesarios para justificar un despido por causas objetivas, concretamente económicas, pues no ha quedado acreditada ni la situación económica desfavorable en que se encuentra la empresa en su conjunto ni que la extinción de su contrato de trabajo sea la única forma de superarla.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 párrafo 1.º letra l) del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo puede extinguirse por las causas objetivas legalmente procedentes.

Tales causas se encuentran tasadas en el artículo 52 del mismo cuerpo legal y son:

- la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa;

- la inadaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo;

- la necesidad objetivamente acreditada de amortizar un puesto de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción;

- las faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, siempre que se cumplan determinados requisitos;

- a todas ellas se puede añadir la insuficiencia de consignación presupuestaria.

Cuando el empresario base la decisión extintiva en causas económicas se entenderá que las mismas concurren cuando la decisión extintiva empresarial "contribuya a superar una situación económica negativa de la empresa" (artículo 51 párrafo 1.º párrafo c), o "con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas" (artículo 52 párrafo c).

De tal forma, las causas económicas solo pueden ser motivo bastante para justificar la resolución del vínculo jurídico cuando, por su especial calidad, impidan al empresario el recurso a cualquier medida menos drástica, siendo patentes y razonablemente graves. Pero, además, la concurrencia de causa no es suficiente motivo de extinción contractual si no ocasiona la desaparición del puesto de trabajo concreto, o pone en evidencia que ya no se necesitan los servicios del trabajador afectado por motivos razonables.

Por otro lado, en cuanto al ámbito de valoración de las causas económicas, el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de mayo de 1998, mantiene que ha de referirse a la empresa y no a los concretos centros de trabajo que la componen.

El Tribunal Supremo, en la sentencia que dictara el día 14 de junio de 1996, ha mantenido sobre el particular lo siguiente:

"Tres son los elementos integrantes del supuesto de despido por motivos económicos descrito en el art. 52 c) Estatutos de los Trabajadores.

El primero de ellos es la concurrencia de una causa o factor desencadenante que incide de manera desfavorable en la rentabilidad de la empresa ('situación económica negativa') o en la eficiencia de la misma. El legislador ha querido distinguir cuatro esferas o ámbitos de afectación en los que puede incidir la causa o factor desencadenante de los problemas de rentabilidad o eficacia que están en el origen del despido por motivos económicos:

- 1) la esfera o ámbito de los medios o instrumentos de producción ('causas técnicas');

- 2) la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal ('causas organizativas');

- 3) la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado ('causas productivas'); y

- 4) la esfera o ámbito de los resultados de explotación ('causas económicas'), en sentido restringido).

Es al empresario a quién corresponde probar la realidad de las causas o factores desencadenantes de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la empresa. Lo que supone de un lado la identificación precisa de dichos factores, y de otro la concreción de su incidencia en las esferas o ámbitos de afectación señalados por el legislador. Esta concreción se refleja normalmente en cifras o datos desfavorables de producción, o de costes de factores, o de explotación empresarial, tales como resultados negativos en las cuentas del balance, escasa productividad de trabajo, retraso tecnológico respecto de los competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de mercado de los productos o servicios, etc.

En los casos en que la amortización de puestos de trabajo no conduzca al cierre de la explotación, la medida de reducción de empleo adoptada ha de formar parte de un plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa, en el que la amortización de puestos de trabajo puede ir acompañada de otras medidas empresariales (financieras, de comercialización, de reducción de costes no laborales), encaminadas todas ellas al objetivo de compensar los desequilibrios producidos, superando la 'situación negativa' o procurando 'una mejor organización de los recursos'. En estos mismos casos de no previsión de desaparición de la empresa, la amortización de puestos de trabajo se ha de concretar en el despido o extinción de los contratos de trabajo de aquel o de aquellos trabajadores a los que afecte el ajuste de producción o de factores productivos que se haya decidido.

El tercer elemento del supuesto de despido por motivos económicos hace referencia a la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la extinción o extinciones de contratos de trabajo decididas por la empresa y la superación de la situación desfavorable acreditada en la misma de falta de rentabilidad de la explotación o de falta de eficacia de los factores productivos.

En el supuesto en que la amortización de puestos de trabajo pretenda sólo la reducción de la plantilla, la conexión entre la situación desfavorable existente en la empresa y los despidos acordados ha de consistir en la adecuación o proporcionalidad de éstos para conseguir la superación de aquélla, en el marco del plan de recuperación del equilibrio empresarial expuesto por el empresario. Tal conexión funcional de adecuación ha de apreciarse en concreto, respecto del despido o de los despidos de trabajadores determinados acordados por la empresa.

Siendo así que, en el supuesto de reducción de plantilla, la valoración de adecuación o proporcionalidad se proyecta sobre hechos pasados, y también sobre la situación actual y previsiones futuras de la empresa, los factores a tener en cuenta por el órgano jurisdiccional no son siempre susceptibles de prueba propiamente dicha, limitada por naturaleza a los hechos históricos, sino de apreciación de racionabilidad, de acuerdo con reglas de experiencia reconocidas en la vida económica. El objeto de valoración es, por tanto, en este punto, a diferencia de lo que sucede en la comprobación de la situación de ineficiencia o falta de rentabilidad de la empresa, no un juicio sobre hechos probados, sino un juicio de atenimiento del empresario a una conducta razonable, con arreglo a los criterios técnicos de actuación atendidos o atendibles en la gestión económica de las empresas...".

En el presente recurso se cuestiona la concurrencia de las causas económicas (necesidad objetivamente acreditada de amortizar un puesto de trabajo por razones económicas) alegadas por la empresa demandada como justificación del despido objetivo de la Sra. María Antonieta.

Para la resolución de la cuestión que nos ocupa hemos de tener en cuenta los siguientes datos, tomados todos ellos de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida: -a) la actora prestaba servicios desde hacía treinta y nueve años en la tienda que la empresa demandada tiene abierta en la Calle Canalejas de Arrecife de Lanzarote denominada "El Barato" (hecho probado primero); -b) con fecha 30 de septiembre de 2009 la empresa dio por extinguido su contrato por causas objetivas, necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas económicas (hecho probado segundo); -c) la empresa demandada ha presentado los siguientes balances de pérdidas y ganancias en el periodo 2004-2008, en el año 2004 beneficios por un montante de 176.532,72 €, en el ejercicio 2005 beneficios por importe de 191.100,52 €, en el ejercicio 2006 beneficios por importe de 587.635,56 €, en el ejercicio 2007 beneficios por importe de 248.050,17 € y en el ejercicio 2008 beneficios por importe de 108.850,71 €, según una auditoría llevada a cabo por un gabinete externo (hecho probado décimo tercero); -d) dicha empresa se dedica a dos actividades diferenciadas, comercio y arrendamiento de inmuebles (hecho probado noveno); -e) junto con el de la trabajadora la empresa también procedió a extinguir el contrato de trabajo que la unía con otras cuatro trabajadoras que prestaban servicios en la misma tienda por las mismas causas, cerrando la misma y manteniendo abiertos sus otros dos centros de trabajo en Arrecife de Lanzarote (la tienda "Anbeba" de la Calle León y Castillo y la nave almacén de la Calle Velacho), todo ello siguiendo las recomendaciones de un estudio de viabilidad encargado por la misma (hechos probados quinto y décimo).

A la vista de todo lo dicho anteriormente y partiendo de la base de que la empresa "ALMACENES EL BARATO, SL" tiene personalidad jurídica propia y objetivos empresariales independientes y un sustrato real y no aparente o fraudulento, estando en total desacuerdo con la Magistrada de instancia, la Sala considera que la demandada no ha acreditado en ningún momento ni de ninguna forma la existencia de causas económicas que justifiquen la amortización del puesto de trabajo de la actora, pues no queda demostrada la concurrencia de una situación económica negativa que vaya que ser corregida o paliada, al menos en parte, con el despido de la misma; entre otras razones porque las ganancias acumuladas de la sociedad en los últimos cuatro años ascienden nada menos que a 1.312.169,6 €, según se desprende del informe de viabilidad encargado por la propia empresa a un perito particular.

Por otro lado, la demandada no refiere la existencia de dichas causas económicas a la empresa en su conjunto, ni tan siquiera a una sección o centro de trabajo de la misma con autonomía organizativa propia, como pudiera ser la rama comercial (téngase en cuenta que la tienda "Anbeba" de la Calle León y Castillo y la nave almacén de la Calle Velacho de Arrecife de Lanzarote siguen abiertas y funcionando) sino solo a una de sus tiendas. En otras palabras, lo que en realidad está manifestando la empresa es que le es más rentable cerrar la tienda "El Barato" de la Calle Canalejas de Arrecife (que carece como tal de autonomía organizativa y económica) y despedir a todas las trabajadoras que en ella prestaban servicios y arrendar el local en el que está instalada que mantenerla abierta, lo cual en ningún caso puede ser considerado como causa económica a efectos de justificar un despido objetivo y hace imposible la apreciación de la existencia de una situación económica negativa de la empresa a cuya superación contribuya el despido de la trabajadora.

Sentado lo anterior y teniendo en cuenta que la calificación de despido improcedente no es exclusiva del despido disciplinario, sino que es aplicable a cualquier despido causal, aunque la causa no consista en un incumplimiento contractual, siempre que dicha causa carezca de validez,vigencia, operatividad o eficacia (sentencias del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1993 y 14 de marzo de 1994), el cese de la actora en la empresa demandada ha de ser calificado como despido improcedente, con todas las consecuencias inherentes a tal declaración.

En consecuencia, y al no haberlo entendido en el mismo sentido la Magistrada de instancia, se ha de estimar el presente motivo de censura jurídica y, por su efecto, parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora despedida por causas objetivas y, con revocación de la sentencia combatida, estimamos la demanda interpuesta por Doña. María Antonieta contra la empresa "ALMACENES EL BARATO, SL" y calificamos como despido improcedente el cese de la misma decretado por la empleadora el día 30 de septiembre de 2009 y condenamos a ésta a que, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, opte por readmitirla o le abone una indemnización de 59.633,7 € y, en cualquier caso, el importe de los salarios desde la fecha del despido hasta el día de hoy, a razón de 46,68 € diarios, pudiendo la empleadora resarcirse del Estado los correspondientes al período posterior al día 61.º hábil desde la presentación de la demanda."

Así pues, proyectado todo lo que se deja expuesto y razonado anteriormente al supuesto aquí enjuiciado, partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia y no concurriendo circustancias o elementos que conduzcan a un cambio de criterio, es por lo que la Sala acuerda estimar el presente motivo de censura jurídica y, por su efecto, parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora despedida y, con revocación de la sentencia combatida, estimamos la demada interpuesta por la Sra. Rosana contra la empresa, "ALMACENES EL BARATO, S.L" y calificamos como despido improcedente el cese de la misma decretado por la empleadora el día 30 de septiembre de 2009 y, en consecuencia, condenamos a ésta a que, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, opte por readmitirla o le abone una indemnización de 54.918,8 euros; y, en cualquier caso, el importe de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta el día de hoy, a razón de 43,58 euros diarios, pudiendo la empleadora resarcirse del Estado los correspondientes al periodo posterior al día 61.º hábil desde la presentación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Rosana contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2009, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL N.º 3 de los de Arrecife de Lanzarote en los autos de juicio 758/2009 y, con revocación de la misma, estimamos la demanda interpuesta por D.ª Rosana contra las empresas "ALMACENES EL BARATO, SA", "BECERRA ROBAYNA, SL" y "VILLASIETE, SA" y calificamos como despido improcedente el cese de ésta decretado el día 30 de septiembre de 2009 y condenamos a la primera de ellas a que, en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta resolución, opte por readmitirla o le abone una indemnización de 54.918,8 € y, en cualquier caso, el importe de los salarios desde la fecha del despido hasta el día de hoy, a razón de 43,58 € diarios, pudiendo la empleadora resarcirse del Estado los correspondientes al período posterior al día 61.º hábil desde la presentación de la demanda. Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 0277/10 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 24100000660277/10, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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