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Sentencia T.S.J. Canarias 848/2010, de 10 de junio


 RESUMEN:

Despido disciplinario: Audiencia al sindicato. Imposibilidad. Trabajadora afiliada a sindicato sin que le conste a la empresa. La empresa no puede dar audiencia previa a la organización sindical a la cual está afiliada.  Despido disciplinario procedente: Subirectora de sucursal bancaria que  concede préstamos y riesgos bancarios a familiares con riesgo para la entidad. No se estima la existencia de prescripción de la falta dado que el cómputo comienza el día que la empresa tiene un conocimiento pleno y cabal de la falta.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Valle contra sentencia de fecha 26 de mayo de 2009 dictada en los autos de juicio n.º 70/2009 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por D./Dña. Valle, contra BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA - BANESTO.

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Ángel Martín Suárez, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente

Primero.-El actor ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la entidad demandada, Banesto SA, con la antigüedad de 3 de julio de 1989, categoría profesional de Subdirectora de la Oficina Principal, Nivel 5 y con un salario mensual, incluido prorrata de pagas extras de 4.399 euros.

Segundo.-En fecha 2 de octubre de 2008 se emitió informe de auditoría interna, del siguiente tenor literal:

INFORME DE ASUNTO ESPECIAL

Oficina: Red Banesto 0030- 1104 Las Palmas de Gran Canaria O.P.

Motivos que originaron la investigación: revisiones propias de Auditoría Interna.

Actuaciones irregulares:

1. Concesión irregular de riesgos por parte de la subdirectora a favor de un hermano, mediante la formalización de 4 préstamos personales por un límite inicial global de € 149.456, con el fin de financiar a una sociedad propiedad del mismo. Dos de las operaciones (por un límite inicial total de € 81.558) se concedieron con posterioridad a la negativa del CAR a conceder un préstamo a la sociedad de € 80.000.

II. Financiación irregular a 6 clientes por importe total de €46.374,86 con fondos propios de la subdirectora.

Responsables:

Valle, Subdirectora de la oficina. Autora material de las irregularidades.

Jose Ángel, Director de la oficina. Omisión de controles en los préstamos concedidos por la subdirectora.

Consecuencias económicas:

Montante afectado: € 390.870,86. Desglosados de la siguiente manera:

V € 149.456,00 corresponden al límite global de los 4 préstamos concedidos irregularmente.

V € 195.040,00 corresponden al límite total de otros 5 préstamos concedidos a familiares siendo su destino financiar a la sociedad del hermano.

V € 46.374,86 corresponden a la financiación irregular realizada a 6 clientes.

Quebranto estimado: € 312.976,90, desglosados de la siguiente manera:

€ 116.301,71; correspondiente al riesgo pendiente de los préstamos concedidos irregularmente al hermano de la empleada (Armando), quien no dispone de generación de recursos ni de solvencia suficientes.

€ 196.675,19; correspondiente al riesgo pendiente sin garantía de otro préstamo de la sociedad (préstamo con saldo pendiente de € 328.058,56 menos garantía dineraria pignorada de € 170.000) y otro préstamo de Armando (€ 38.616,63) que consideramos de difícil pago por los mismos motivos que en el punto anterior.

Consecuencias laborales:

Con fecha 25 de septiembre de 2008 se solicitó explicaciones a la empleada, quien presentó su versión de los hechos por escrito. Todo ello queda reflejado en este informe, que se remite a RR.HH. a los efectos oportunos.

DESARROLLO DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES

1. Concesión irregular de riesgos por parte de la subdirectora a favor de su hermano, mediante la formalización de 4 préstamos personales por un límite inicial global de € 149.456, con el fin de financiar a una sociedad propiedad del mismo. Dos de las operaciones (por un límite inicial total de € 81.558) se concedieron con posterioridad a la negativa del CAR a conceder un préstamo a la sociedad de € 80.000.

Todas las operaciones se formalizaron en trámite de sucursal con el usuario de la subdirectora. Para la autorización de las operaciones a Armando, hermano de la subdirectora, imputó incorrectamente información del scoring.

A continuación se detallan los préstamos de su hermano:

Fecha Alta n.º préstamo Titular Límite (€) Saldo Pendiente (€) Finalidad en propuesta

03/10/07 NUM000 Armando 30.525,00 0,00 Combinación de las anteriores

29/03/08 NUM001 Armando 37.373,00 35.599,59 Maquinaria nueva

03/06/08 NUM002 Armando 38.760,00 37.904,12 Reformas del hogar

11/09/08 NUM003 Armando 42.798,00 42.798,00 Combinación de las anteriores

149.456 116.301,71

Además, se concedieron otros 5 préstamos por un límite total de € 195.040 tanto a este hermano como a otros familiares (otro hermano y a los padres), siendo también el destino financiar a la sociedad de Armando. A continuación se detallan estos préstamos:

Fecha Alta N.º préstamo Titular Límite (€) Saldo Pendiente (€) Finalidad en Propuesta

12/02/07 NUM004 Armando 45.720 38.616,63 Combinación de las anteriores

01/08/07 NUM005 Armando 15.240 0,00 Combinación de las anteriores

08/02/08 NUM006 Armando 32.336 0.00 Reformas del hogar

17/04/08 NUM007 Armando 40.604 39.061,29 Rehabilitación vivienda habitual

10/07/08 NUM008 Armando 61.140 60.252,80 Combinación de las anteriores

195.040 137.930,72

En este caso, todas las operaciones contaban con preclasificación en la aprobación de riesgos salvo en la del padre (Armando), que se aprobó por scoring con correcta imputación de los datos en la aplicación.

El destino final de los fondos de los 9 préstamos anteriores ha sido el siguiente:

Destino de los fondos de los 9 prestamos concedidos por la subdirectora a 2 de sus hermanos y a sus padres (€)

Traspasos a Stilo salud y bienestar en movimiento S.L. 59.471,38 Ingresos en cuenta de Stilo Salud y Bienestar en movimiento S.L. (*) 73.450,00

Cancelación de 4 préstamos anteriores de Armando y

1 del padre (Armando) 116.587,93

Traspasos a subdirectora (3 en total) 33.600,00

Otros cargos (pago de cuotas de préstamos, pago de comisiones de

apertura de los préstamos y otros cargos varios) 61.386,69

(*) Procede de reintegro en cuenta del titular del préstamo, ingresándose a continuación

en cuenta de la sociedad. 344.496,00

La sociedad Stilo salud y bienestar en movimiento S.L. pertenece a Armando, hermano de la subdirectora. Los fondos traspasados o ingresados a la misma

(€ 132.921,38) se han utilizado para poder atender pagos propios de su actividad.

Cabe señalar que el CAR denegó el 14/04/08 un préstamo solicitado por la subdirectora a esta sociedad de € 80.000 por no disponer de capacidad de reembolso, por endeudamiento elevado y por tener el avalista la solvencia fincable agotada.

Con posterioridad a esta fecha, se dieron de alta 4 de los préstamos concedidos a sus familiares por un total de € 183.302, utilizando fondos de los mismos para traspasar efectivo a esta sociedad por un total de € 75.150. Dos de estos préstamos se concedieron irregularmente a su hermano Armando (por un total de € 81.558), otro se concedió a su padre con evaluación por scoring (por € 40.604) y otro más a otro hermano (Armando, por € 42.798) que disponía de preclasificación de riesgos.

Adicionalmente, se utilizaron fondos de los préstamos para devolver a la subdirectora importes que había prestado con anterioridad a su hermano Armando, y para cancelar un préstamo de los padres y 4 préstamos anteriores de este hermano.

Los riesgos en Banesto de Armando y de la sociedad a 01-10-08 son las siguientes (según CIRBE no disponen de endeudamiento en la competencia):

Titular N.º operación Tipo Producto Saldo Pendiente Situación

_______________________________________________________

Stilo salud y bienestar

en movimiento S.L. 3899-103 Préstamo Personal -328.058,56 Normal (1)

Armando NUM009 Préstamo Hipotecario -60.980,30 Normal

Armando NUM010 Préstamo Hipotecario -125.570,27 Normal

Armando NUM004 Préstamo Personal -38.616,63 Normal

Armando NUM001 Préstamo Personal -35.599,59 Normal (2)

Armando NUM002 Préstamo Personal -37.904,12 Normal (2)

Armando NUM003 Préstamo Personal -42.798,00 Normal (2)

-669.527,47

(1) Dispone como garantía de pignoración de depósito de € 170.000.

(2) Concedidos irregularmente por la subdirectora.

La empleada reconoció por escrito que concedió los préstamos para financiar a la sociedad (para reparar una inundación en sótano de local de la sociedad y para pagos de su actividad). Además, manifestó que utilizó un scoring anterior del hermano que no se encontraba actualizado.

Por último, indicar que se ha incumplido la normativa sobre operaciones de activo relacionadas con el personal de Banesto, en lo referente a la aprobación de riesgos a favor de personas relacionadas con empleados del banco. La empleada comentó que desconocía esta normativa.

Respecto al director, manifestó conocer que se habían formalizado estas operaciones (varias de ellas habían sido firmadas por él como apoderado) si bien desconocía el destino concreto de los fondos, ya que no revisó la disposición de las operaciones por la confianza que tiene depositada en la subdirectora. Asimismo, desconocía como se habían imputado los datos en el scoring.

II. Financiación irregular a 6 clientes por importe total de € 46.374,86 con fondos propios de la subdirectora.

> La subdirectora realizó anticipos a 2 clientes por importe de € 38.500, siendo devueltos a su cuenta días después. Se detallan en Anexo III. La empleada reconoció estos anticipos, indicando que se trataban de préstamos temporales a los clientes para pudieran atender pagos propios.

Además, se detectaron movimientos similares para otros 3 clientes por importe total de € 1.450 (Samuel, Jesús María y Antonio). La empleada comentó que no realizó dichos anticipos a estos clientes.

Para otros 2 clientes por importe de € 3.374,86, realizó anticipos sin que hasta la fecha se hayan devuelto estos importes por los clientes (detallados en Anexo III). La empleada reconoció estas operativas.

Se detectaron operativas similares para otros 2 clientes (Eugenio y Antonio). La empleada comentó que los movimientos no tienen nada que ver con ella.

> Finalmente, se observa que la subdirectora recibió de 2 clientes un total de € 4.500 (detalle en Anexo III). Se preguntó por este aspecto a la empleada, reconoció que se trataba de la devolución de importes anticipados anteriormente, sin citar los motivos. Los cargos a los clientes se encuentran debidamente firmados.

RESPONSABILIDADES

Las irregularidades contenidas en el presente informe son atribuibles a los siguientes empleados:

Valle de 40 años de edad y 19 de antigüedad en la plantilla del Banco. Empleado número NUM011. Categoría laboral y puesto funcional: Técnico nivel 5, Subdirectora.

Sus responsabilidades vienen determinadas por:

- Concesión irregular de préstamos.

- Incorrecta imputación de información en el scoring.

- Concesión de préstamos a nombre de familiares sin contar con autorización de RR.HH.

- Financiación irregular a clientes con fondos propios de la empleada.

Jose Ángel de 47 años de edad y 8 de antigüedad en la plantilla del Banco. Empleado número NUM012. Categoría laboral y puesto funcional: Técnico nivel 1, Director.

Sus responsabilidades vienen determinadas por:

- Omisión de controles en los préstamos concedidos por la subdirectora.

ANEXOS ADJUNTOS AL PRESENTE INFORME

1. Carta solicitando versión de los hechos a Dña. Valle y escrito de la empleada en respuesta de la misma.

II. Carta solicitando versión de los hechos a Dña. Jose Ángel y escrito del empleado en respuesta de la misma.

III. Detalle de los anticipos concedidos a clientes.

Madrid, 2 de octubre de 2008.

Fdo.: El Auditor, Raimundo.

Tercero.-En fecha 27 de noviembre de 2008 la entidad demandada entregó a la actora carta de despido, negándose a firmar su recepción, del siguiente tenor literal:

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de Noviembre de 2.008

Muy Sra nuestra

Hemos tenido conocimiento a través del correspondiente Informe de Asunto Especial de la Auditoría Interna que, prevaliéndose del cargo de confianza ostentado de Subdirector de Oficina de la Sucursal de Las Palmas de Gran Canaria, ha cometido las siguientes irregularidades:

1 3) La concesión irregular de operaciones de riesgo a favor de su hermano Armando. y de su sociedad limitada, mediante la indebida formalización de hasta 9 préstamos personales por un total de 344.496 Euros (€).

Irregulares concesiones que tiene Vd. reconocidas haber cometido para financiar a la mencionada sociedad a fin de que pudiese reparar unos problemas en el sótano de sus instalaciones y para el pago de su actividad.

Así, por un lado, concedió irregularmente 4 préstamos personales a favor de su hermano Armando. por un total por un límite global de l 49.456 €, con la finalidad de financiar irregularmente a una sociedad del mismo. Se ha de resaltar que dos de las operaciones, por un límite inicial total de 81.558 €, se concedieron por Vd. con posterioridad a la negativa del Centro de Análisis de Riesgos (C.A.R.) a conceder un préstamo a la sociedad de 80.000€

A continuación se detallan los préstamos a su hermano:

Fecha alta N Préstamo Titular Límite (E) Saldo Pte.(E) Finalidad en jesta

03 Octubre2007 NUM000 Armando. 30.525,00 Euros 0.00 Euros Combinación de las anteriores

29 Marzo 2008 NUM001 Armando. 37.373,00 Euros 35.599,59 Euros Maquinaria nueva

03 Junio 2008 NUM002 Armando. 38.760.00 Euros 37.904,12 Euros Reformas del hogar

II Septiembre 2008 NUM003 Armando. 42.798,00 Euros 42.798.00 Euros Combinación de las anteriores

Suma: 49.456€ Suma: 116.301.71€

Se ha de destacar que todas las operaciones se formalizaron por Vd. en trámite de su Sucursal y con su Usuario de acceso al Sistema informático del Banco. Además, para la autorización de estas operaciones a su hermano imputó incorrectamente información del mismo en la herramienta informática "scoring", lo que favoreció que las operaciones resultasen viables, En ese sentido, tiene reconocido que utilizó indebidamente un "scoring" anterior de su hermano que no se encontraba actualizado, es decir, que los datos del Sistema de Análisis (SA.P.A.) no actualizado de ese cliente, al reflejar una capacidad de reembolso y una solvencia muy superior a la real, posibilitó que el sistema decretase viables las operaciones por Vd. propuestas.

Por otro lado, también concedió Vd. irregularmente otros 5 préstamos por un límite total de 1 95.040 € tanto a dicho hermano como a otros familiares (otro hermano y a sus padres), pues el destino de los mismos fue realmente el financiar a la sociedad de su hermano Armando.

Seguidamente, detallamos estos cinco préstamos:

Fecha alla N Préstamo Titular Límite (E) Saldo Pte.(E) Finalidad en jesta

03 Octubre2007 NUM000 Armando. 30.525,00 Euros 0.00 Euros Combinación de las anteriores

29 Marzo 2008 NUM001 Armando. 37.373,00 Euros 35.599,59 Euros Maquinaria nueva

03 Junio 2008 NUM002 Armando. 38.760.00 Euros 37.904,12 Euros Reformas del hogar

II Septiembre 2008 NUM003 Armando. 42.798,00 Euros 42.798.00 Euros Combinación de las anteriores

Suma: 195.040€ Suma: 137.930,72€

En este caso, todas las operaciones contaban con preclasíficación en la aprobación de riesgos, salvo en la de su padre (Alonso.), que se aprobó por Ja herramienta 'scoring" con correcta imputación de los datos en la aplicación.

El destino final de los fondos de los 9 préstamo concedidos por Vd A 2 de sus hermanos y a sus padres, fue el siguiente:

- Traspasos a la sociedad limitada de su hermano (S.S.yB.enM.S.L.):.. 59.47 l,38 €

- Ingresos en cuenta de la misma sociedad limitada:.... 73.450,00€

- Cancelación de 4 préstamos anteriores de Armando. Y 1 de su padre (Alonso.):. 116.587,93 €

- Traspasos a Vd. (3 en total):.. -... 33.600,00 €

- Otros cargos (pago de cuotas de préstamos, pago de comisiones de apertura de

Prestamos y otros cargos varios):.... 6l.386,69 €

TOTAL:........ 344.496,00€

(*) Procede de reintegro en cuenta del titular del préstamo. ingresándose a continuación en cuenta de la sociedad.

Como hemos dicho, la mencionada sociedad limitada (S.S.yB.enM.,S.L) pertenece a su hermano Armando. y los fondos traspasados o ingresados a la misma, por un total de 132.921,38 €, según se detalla en el Anexo II de esta carta, se han utilizado para poder atender pagos propios de su actividad.

También como ya hemos adelantado, se ha de resaltar en su irregular actuación que el Centro de Análisis de Riesgos (C.A.R.) del Banco a pesar de haber denegado el 14-04-2008 un préstamo solicitado por Vd. a la indicada sociedad limitada de su hermano de 80.000 € por no disponer de capacidad de reembolso, por endeudamiento elevado y por tener el avalista la solvencia fincable agotada, Vd. indebidamente procedió seguidamente a dar de alta hasta 4 préstamos a sus familiares por un total de 183.302 €, utilizando fondos de los mismos para traspasar efectivo a dicha sociedad por un total de 75.150 €. Dos de estos préstamos (los números NUM002 y NUM003) se concedieron irregularmente a su hermano Armando. por un total de 81.558 €, otro (el número NUM007) se concedió a su padre Alonso. con evaluación por "scoring" de 40.604 € y Otro más (el número NUM008) a otro hermano, Marino., por 42.798 €. Adicionalmente, se utilizaron fondos de los préstamos para devolver a Vd. importes que había prestado con anterioridad a su hermano Armando, y para cancelar un préstamo de sus padres y 4 préstamos anteriores de ese hermano, tal como se detalla en el Anexo 1 y por un total de 33.600€.

En el sentido expuesto, los riesgos en esta Entidad de su hermano Armando. y de su sociedad limitada, al 1-10-2008, eran los siguientes:

Titular N° Operación Tipo producto Saldo Pte. (€) Situación

S.S.yB.enM,Si. 3899-103 Préstamo personal -328.058,56 Normal (1)

Armando. NUM009 Préstamo Hipotecario -60.980,3 Normal

Armando. NUM010 Préstamo Hipotecario -125.570,27 Normal

Armando. NUM004 Préstamo Hipotecario -38.616.63 Normal

Armando. NUM001 Préstamo personal -35.599,59 Normal (2)

Armando. NUM002 Préstamo personal -37.904,12 Normal (2)

Armando. NUM003 Préstamo personal -42.798 Normal (2)

Total: -669.527,47 €

(1) Dispone como garantía de pignoración de depósito de 170.000 €

(2) Concedidos irregularmente por Vd.

Por último, hemos de indicar que con la concesión de todos los préstamos indicados a sus familiares incumplió la normativa del Banco sobre operaciones de activo relacionadas con el personal de Banesto, en lo referente a la aprobación de riesgos a favor de personas relacionadas con empleados del Banco y que estipula que en tales casos esas operaciones deben de ser autorizadas por un estamento superior.

2) La financiación irregular a 6 clientes por un importe total de 46.374,86 € con fondos propios de Vd.

Y ello ya que, por un lado, realizó anticipos a 2 clientes por importe de 38.500 €, siendo devueltos a su cuenta días después, lo que se detalla en el Anexo III de esta carta, lo que tiene reconocido.

Además, se detectaron movimientos similares para otros 3 clientes por importe total de 1450€ (Samuel, Jesús María. Antonio.) que no tiene reconocido haber realizado.

Por otro lado y también como tiene reconocido, para otros 2 clientes, por importe de 3.374,86 €, realizó anticipos sin que hasta la (echa de la actuación de la Auditoría Interna se hayan devuelto esos importes por los clientes y que también se detallan en el mismo Anexo.

Para otros 2 clientes (Eugenio. y Antonio.) Se detectaron operativas similares pero, sin embargo, no tiene reconocido haber sido efectuados por Vd.

Por último, Vd. Y como tiene reconocido, recibió de 2 clientes un total de 4.500 € según se detalla en el mismo y reptido Anexo III.

Y al ser todos los anteriores hechos, y su conducta continuada, que tiene reconocida, constitutivos de una transgresión de la buena fe contractual y de un abuso de confianza, tipificada en el articulo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores así como de una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, según el artículo 53. 1 del Convenio Colectivo de Banca y, en todo caso, una falta muy grave por deslealtad en las gestiones encomendadas según el artículo 53.2 del mismo Convenio Colectivo, es por lo que se ha decidido, a tenor del artículo 54 de ese mismo texto normativo, sancionarle con despido causando baja en la plantilla del Banco a la finalización de la jornada del día 28 del cte. y teniendo a su disposición la liquidación de haberes que corresponda.

Cuarto.-En fecha 1 de diciembre de 2008, la decisión extintiva se comunicó al Comité de Empresa Conjunto, fecha de recepción 2 de diciembre de 2008.

En fecha 9 de diciembre de 2008, el despido se comunicó a las distintas sección sindicales de la entidad demandada.

Quinto.-La actora se encuentra afiliada al Sindicato UGT. La actora no comunicó su afiliación sindical a la entidad demandada ni se reflejaba la cuota de afiliación en el recibo de abono de salarios.

Sexto.-Según sistema de propuestas de riesgo de la entidad demandada, las Direcciones regionales, los SSCC y el CAR, en función de atribuciones, podrán resolver las siguientes situaciones:...riesgos a favor de empresas de empleados del Banco o en las que éstos participen en su administración o gestión; riesgos a favor de personas físicas o jurídicas, que directa o indirectamente estén relacionadas con empleados del Banco.

Séptimo.-Dña. Noemi y Dña. Concepción conocían a la actora, exclusivamente, como clientes del Banco.

Octavo.-En fecha 15 de enero de 2009 tuvo lugar el preceptivo acto de conciliación, con el resultado de "sin avenencia" (papeleta presentada el día 19 de diciembre de 2008)

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: DESESTIMAR la demanda interpuesta por Dña. Valle contra la entidad Banesto SA declarando la procedencia del despido efectuado, ABSOLVIENDO a la entidad demandada de todas las pretensiones deducidas en su contra.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia desestima la demanda interpuesta por la demandante, D.ª Valle, quien ha venido prestando servicios para la entidad mercantil demandada, Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), desde el 03.07.1989, categoría profesional de Subdirectora de la Oficina Principal Nivel 5, percibiendo un salario mensual prorrateado de 4.399 euros.

En fecha 02.10.08 se emite informe de auditoría interna (ordinal SEGUNDO).

En fecha 27.11.08 la empresa demandante entrega a la actora carta de despido que se negó a recepcionar (ordinal TERCERO).

Y habiéndose notificado dicha decisión extintiva al Comité de Empresa y a las diferentes secciones sindicales (ordinal CUARTO).

La actora se encuentra afiliada al sindicato UGT, si bien no había comunicado ello a la empresa demandada ni se reflejaba la cuota de afiliación en el recibo de abono de salarios (ordinal QUINTO).

Y acordándose, en dicha resolución judicial, declarar la procedencia del despido y absolver a la demandada de todas las pretensiones deducidas en su contra.

Frente a la citada sentencia se alza la dirección legal de la actora, D.ª Valle, mediante el presente recurso de suplicación articulado en base a dos tipos de motivos: en primer lugar, al amparo de la letra b) del art. 191 TRLPL, la recurrente pretende la revisión de los hechos declarados probados.

Y a continuación, por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia las infracciones citadas en el mismo.

El recurso ha sido impugnado por la dirección legal de la entidad demandada, BANESTO, S.A.

Segundo.-Por lo que se refiere al motivo alegado al amparo de la letra b) del art. 191 TRLPL se ha de precisar que el Tribunal Supremo- Sala de lo Social ha venido estableciendo una consolidada jurisprudencia atinente a los requisitos y condiciones que deben estar presentes a fin de que prospere la revisión fáctica y que son:

1) Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren de manera directa y evidente la equivocación del Juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por otros elementos probatorios unidos al proceso.

2) que se señale por parte del recurrente el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado.

3) Que la modificación propuesta incida en la solución del litigio, esto es, que se a capaz de alterar el sentido del fallo de la resolución recurrida.

4) Que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos y, al mismo tiempo, ha de proponerse la relación definitiva de los hechos modificados.

Igualmente, el Tribunal Supremo -Sala de lo Social- viene estableciendo unas "reglas básicas"; con la finalidad de evitar que la discrecionalidad se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de suplicación en una segunda instancia. Y estas reglas podemos compendiarla en las siguientes:

1) La revisión de hechos no faculta al Tribunal efectuar una nueva valoración global y conjunta de la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre patentemente el error de hecho.

2) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas que le sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el Juzgador, por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada.

3) En el supuesto de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el Juez o Tribunal de instancia, órgano Judicial soberano para la apreciación de la prueba, con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable.

4) La revisión fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sea la prueba documental pública o privada en sentido ya expuesto y la pericial.

Tercero.-Así pues, por lo que se refiere a la revisión del ordinal PRIMERO instada por la recurrente y a cuyo fin propone se sustituya el salario consignado de "4.399 euros" por la cantidad de "4.602,71 €".

Y ello con apoyo en el folios 222 de las actuaciones.

El motivo prospera por cuanto, efectivamente, dicha modificación se extrae del indicado folio 222 de las actuaciones y ello sin necesidad de efectuar interpretaciones, hipótesis, conjeturas o suposiciones.

En consecuencia el motivo se estima.

Cuarto.-Por lo que respecta a la modificación del ordinal CUARTO instada por la recurrente y a cuyo fin propone sustituir el párrafo segundo del mismo por el tenor literal siguiente:

"La demandada comunicó el despido de la actora a las secciones sindicales, entre ellas a la UGT, mediante escrito datado el 9 de diciembre de 2008, que fue notificado a las mismas el 17 de diciembre de 2008".

Y ello con apoyo en los folios 115 y 191 a 198 de las actuaciones.

El motivo no prospera por cuanto resulta intrascendente dicha modificación fáctica a los efectos de lograr una mutación del Fallo de la sentencia, tal y como después se expondrá.

En consecuencia desestimamos el motivo.

Quinto.-En cuanto a la revisión del ordinal QUINTO instada por la recurrente y a cuyo fin propone se adicione al mismo el tenor literal siguiente:

" La actora paga sus cuotas de afiliación sindical a la UGT, mediante cargo en cuenta, por domiciliación de los recibos en la cuenta corriente de la que es titular con la demandada".

Y ello con apoyo en los folios 116 a 119; 200 a 209; 219, 220 y 341 a 360 de las actuaciones.

El motivo no prospera por cuanto, por una parte, pretende la recurrente sustituir la valoración que efectuó el Magistrado " a quo ";, por un juicio valorativo personal, subjetivo, parcial y de parte interesada.

Y, por otra parte, pretende la recurrente imputar a la demandada el conocimiento de dicha condición de afiliada al citado sindicato mediante unos documentos que no son idóneos en el contexto del conflicto que enfrenta a ambas partes litigantes. Es más, si la actora mantiene que la entidad mercantil demandada conocía tal extremo el mecanismo, a los efectos de su acreditación, sería la comunicación previa o, en su caso, que en los recibos de salarios (nóminas) constase la deducción de la correspondiente cuota.

En consecuencia el motivo se desestima.

Sexto.-En relación con la revisión fáctica instada por la recurrente consistente en que se adicione un nuevo ordinal con el tenor literal siguiente:

"NOVENO.- Todos los créditos concedidos por la demandada a los familiares de la actora (padre y hermanos) fueron conocidos y autorizados por el Comité de Riesgos de la oficina sucursal. Asimismo, fueron objeto de intervención por Notario y la documentación preceptiva relativa a los mismos obra en la Sucursal en poder de la demandada desde el momento de su concesión".

Y ello con apoyo en los folios 120 a 144; 214 a 218 y 234 a 315 de las actuaciones.

El motivo no prospera por cuanto su contenido no se extrae de los indicados folios sin necesidad de efectuar interpretaciones, suposiciones, conjeturas o hipótesis y, además, por no tener trascendencia a los efectos de obtenerse una alteración de la parte dispositiva de la sentencia.

En consecuencia el motivo se desestima.

Séptimo.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 18.1.º y 4.º de la Constitución Española; 55.5 TRLET, en relación con el 108.2.º TRLPL; así como la doctrina constitucional sobre el derecho fundamental a la intimidad familiar y personal.

El motivo no debe prosperar.

Sentado lo que antecede y sin perjuicio de los acertados razonamientos jurídicos esgrimidos por el Magistrado " a quo "; en relación a la materia que aquí nos ocupa, resulta igualmente esclarecedora la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña de fecha 21/12/2007, dictada en el Rec. n.º 831/2006 -EDJ 2007/329617- y en cuyos Fundamentos de Derecho CUARTO y QUINTO se señala:

"CUARTO.- El segundo de los motivos que se ejercitan por la vía del párrafo c del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia infracción de los arts. 18.1.º y 4.º de la Constitución, en relación con los arts. 4.1.º y 2.º y art. 6 apartados 1.º y 2.º de la Ley Orgánica de Protección de Datos; así como infracción de la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000.

Viene a sostener el recurrente que la empresa ha infringido la ley de protección de datos al realizar la auditoria interna sin comunicación a los terceros afectados por la misma, habiendo utilizados los datos facilitados por los clientes para una finalidad distinta al objeto del contrato mercantil por ellos concertados con la entidad financiera.

Pretensión inatendible por cuanto el art. 11. 1.º de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ya establece que "Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado, y el art. 12.1.º que "No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento".

En el caso de autos la entidad financiera demandada no ha utilizado los datos de sus clientes para fines distintos a los que constituyen el objeto de las relaciones jurídicas establecidas con los mismos, ni les ha dado tampoco un tratamiento diferente al que ha de considerarse incluido dentro del consentimiento prestado por quien es cliente de una entidad bancaria en la normal gestión de la operativa de la misma para la administración y ejecución de los contratos y operaciones de sus clientes.

Contra lo que parece afirmarse en el recurso, la realización de auditorias internas forma tambien parte de la normal y ordinaria gestión de la entidad bancaria en su relación con los clientes, como garantía de la efectividad y rectitud de las relaciones jurídicas concertadas entre las partes, y no puede considerarse que se estén utilizando por ello los datos personales de los clientes para una finalidad ilegítima y distinta de la que motivó la relación contractual.

La relación mercantil entre la entidad financiera y su clientela no puede entenderse limitada exclusivamente a la mera y simple gestión de las cuentas bancarias y demás contratos formalizados entre las partes, sino que ha de considerarse extensible a las normales, ordinarias y proporcionadas actividades de control y supervisión que supone la realización de auditorias que no tienen otra finalidad que la de constatar el correcto y seguro funcionamiento de la entidad, precisamente, para la mejor garantía y defensa de los derechos de esos mismos clientes.

Y en último caso, ante la hipotética posibilidad de que la empresa hubiere utilizado ilegítimamente los datos de sus clientes, no se habría infringido con ello derechos fundamentales del trabajador despedido, ni estaríamos ante la obtención de una prueba ilícita contra el mismo por vulneración de derechos fundamentales de su titularidad.

Quinto.-El tercero de los motivos denuncia infracción de los arts. 18.1.º de la Constitución, en relación con los arts. 4.2.º e), 18 y 20.3.º del Estatuto de los Trabajadores.

En este punto entiende el recurrente que la actuación de la empresa vulnera el art. 18.1.º de la Constitución, por el seguimiento y difusión de las relaciones sentimentales ocasionales del actor.

Pretensión que tampoco puede ser atendida, porque la referencia que se hace en la auditoria a la relación sentimental del actor con dos de las clientes de la oficina se encuentra perfectamente justificada para poner de manifiesto las circunstancias que son relevantes para valorar la actuación del trabajador al infringir el protocolo bancario en la aplicación de los criterios de concesión de riesgo, justamente, por esa especial relación sentimental con tales clientes.

Y no hay elemento de prueba alguno que permita considerar que estos datos han llegado a conocimiento de la empresa mediante mecanismos que supongan atentar contra la vida privada del actor. Son muchas las formas y maneras en las que puede ser públicamente conocida la existencia de una relación sentimental entre dos personas en el entorno laboral, y la mera alusión a esta circunstancia en un documento de la empresa no contraviene el derecho fundamental a la intimidad del trabajador, cuando dicho documento ni tan siquiera es de carácter público y aquella alusión es perfectamente justificada y razonada en función de las circunstancias del caso y como elemento necesario para valorar en todo su alcance la actuación del trabajador.

Finalmente, aún considerando hipotéticamente ilícitas tales alusiones, el resultado no podría ser otro que el de no entrar en la valoración de las concretas irregularidades que se vinculan a esas personas con las que el actor pudiere mantener una relación sentimental, sin que ello afectase al numeroso cúmulo de las faltas de otra naturaleza a que se refiere la carta de despido y que por si solas serían más que suficientes para justificar la procedencia del despido.

Quinto.-Por la vía del párrafo c del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, se formula el último motivo del recurso que de denuncia infracción de los arts. 54.2 d del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 58 del mismo texto legal y 78 y 81.2.3.º del Convenio Colectivo de aplicación y 1281 y siguientes del Código Civil.

Sostiene el recurrente que la conducta en que ha incurrido el trabajador no es lo suficientemente grave como para justificar el despido disciplinario.

Hemos de resolver esta cuestión conforme a la conocida doctrina jurisprudencial reiterada, en la que se ha venido a sentar el criterio de que el despido disciplinario que contempla el art. 54 Estatuto de los Trabajadores únicamente procede cuando el trabajador haya incurrido en conductas de especial gravedad y trascendencia, pues no toda falta laboral o incumplimiento del mismo puede generar la sanción más grave que prevé el ordenamiento laboral que debe quedar reservada a aquellos comportamiento que evidencien una especial dosis de gravedad, en aplicación de la denominada teoría gradualista que obliga a guardar una adecuada proporcionalidad entre la sanción y la conducta sancionada, debiendo atenerse para su imposición a la entidad de la falta, así como a las circunstancias personales y profesionales de su autor, por el claro matiz subjetivista que la caracteriza (Sentencia del Tribunal Supremo 16 de febrero de 1983), como obligan los más elementales principios de justicia, que exigen una perfecta proporcionalidad entre el hecho y su sanción, para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace (Sentencia del Tribunal Supremo 12 septiembre 1986); lo que recuerda la más reciente sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2.000, que se remite a la de 29 de enero de 1997, para poner de manifiesto como "las infracciones que tipifica el art. 54-2 del Estatuto de los Trabajadores para erigirse en causa que justifique la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes, lo que excluye su aplicación bajo nuevos criterios objetivos, exigiéndose análisis individualizados de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como los de su autor, ya que solo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción"; y en el mismo sentido la de 10 de noviembre de 1.998 y 13 de noviembre de 2.000.

Lo que en su aplicación al supuesto enjuiciado obliga a confirmar en sus términos la sentencia que califica el despido como procedente, puesto que el trabajador era el director de una oficina bancaria de la empresa demandada y en tal condición ha incurrido en el enorme cúmulo de irregularidades que se relacionan en la carta de despido y se han considerado probadas en la sentencia.

Basta la simple lectura del hecho probado cuarto para constatar la enorme gravedad de las faltas cometidas por el actor, su persistencia y reiteración en el tiempo y el grave perjuicio que se causa con ello a la imagen comercial de la empresa frente a sus clientes; entre ellas: guardar dinero en efectivo dentro de los expedientes de operaciones de activo; extralimitarse en sus facultades para conceder un crédito a quien había sido su anterior pareja sentimental, sin recabar la preceptiva autorización de su superior que era imprescindible por la cuantía del préstamo, que además se concede sin seguir el protocolo habitual sobre valoración de riesgos; consignar en otros expedientes ingresos netos de los titulares de los préstamos que no se justifican; conceder diversas operaciones de activo irregulares a determinadas sociedades vinculadas a personas con las que el actor mantienen una singular relación; intervenir en operaciones inmobiliarias percibiendo determinados pagos por ello, vinculadas a operaciones de clientes de la empresa que han presentado sus quejas a la misma; etc..etc....

No obsta a este calificación la interpretación que se hace en el recurso de lo dispuesto en el art. 81 del Convenio colectivo del sector, pues con independencia de que la actuación del trabajador sea perfectamente subsumible en el mismo, ninguna duda cabe que nos encontramos ante un supuesto de comisión reiterada de faltas muy graves que conforme al art. 54.2.º del Estatuto de los Trabajadores son merecedoras de la sanción de despido, y esta posibilidad no viene en modo alguno excluida por el convenio colectivo, como no puede ser de otra forma en una lógica, imparcial y desinteresa interpretación del mismo a la vista de la especial gravedad que reviste el comportamiento de quien comete ese cúmulo de irregularidades aprovechando su condición de director de una oficina bancaria."

Por lo tanto, proyectado todo lo que se deja expuesto y razonado anteriormente al supuesto aquí enjuiciado, y partiendo del inalterado fáctico de la sentencia de instancia, la Sala concluye que en modo alguno, la conducta manifestada por la entidad demandada, Banco Español de Crédito, S.A., puede considerarse como vulneradora de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar de la trabajadora demandante, Sra. Valle pues, lejos de ello, la actuación de la empleadora se ha enmarcado dentro de los parámetros legales y con la finalidad, además, de garantizar a los clientes la efectividad, rectitud y buen hacer en las relaciones jurídicas concertadas con la entidad bancaria. Por lo tanto, el uso de la auditoría interna es un instrumento legal, válido y eficaz y sin que ello suponga que los datos personales de los eventuales clientes sean utilizados para unos fines ilegítimos y diferentes a los que motivaron las relaciones jurídicas contractuales.

En definitiva no se colige por la Sala la existencia de una conducta ilegítima, lesiva y vulneradora de los indicados derechos fundamentales de la demandante.

Asimismo, las conductas imputadas a la actora por la empresa demandada son de tal gravedad, atendiendo a las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes, que son merecedoras de la máxima sanción que prevé la legislación laboral y, en consecuencia, encajables en el art. 54.º y 2.d) TRLET, tal y como acertadamente razona el Magistrado de instancia.

En consecuencia con todo lo que antecede la Sala desestima este motivo de censura jurídica.

Octavo.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente, con carácter subsidiaria, denuncias las infracciones del art. 55.1.º y 4.º del TRLET, en relación con el art. 108.1.º TRLPL y el art. 10.3.3.º de LOLS, y de la sentencia del Tribunal Constitucional de 18/03/1992 -RTC 1992/30-.

El motivo no debe prosperar.

Sentado lo que antecede, y partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, especialmente sus ordinales CUARTO y QUINTO, la Sala concluye que la actora no había comunicado personalmente su condición de afiliada a la organización sindical UGT, ni tampoco constaba la deducción de la correspondiente cuota sindical en el documento relativo al recibo de abono de los salarios. Y sin que pudiera la demandada, mediante la realización de dicha auditoría, hacer uso, en su caso, de dicha información a los efectos de tener por acreditada aquella condición de afiliada de la actora pues, efectivamente, ello supondría vulnerar el derecho de la misma a notificar o no tal extremo. Y, por último, tampoco consta, aunque sea a los meros efectos dialécticos, que la demandada tuviese conocimiento de dicha condición de afiliada de la actora al sindicato UGT mediante el resultado de dicha auditoría interna.

Por lo tanto, no dándose la premisa previa, resulta obvio que la demandada no podía dar audiencia previa a dicha organización sindical, UGT.

En consecuencia, la Sala acuerda desestimar este motivo de censura jurídica.

Noveno.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente denuncia la infracción del art. 60.2 TRLET.

El motivo no debe prosperar.

Sentado lo que antecede y, sin perjuicio de los razonamientos jurídicos vertidos a tal efecto por el Magistrado " a quo ";, la Sala trae a colación lo resuelto por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 11/10/2005 -(Rec. n.º 3512/2004)- y en cuyo Fundamento de Derecho CUARTO se señala:

"CUARTO.- En relación con la conclusión a que se llega en el razonamiento jurídico precedente, es conveniente exponer las siguientes puntualizaciones:

1).- La sentencia recurrida estima que en el caso examinado en la presente litis el plazo de la prescripción de las faltas que fija el art. 60-2 del ET se ha de comenzar a contar desde la comisión de las mismas, toda vez que los actos llevados a cabo por el actor no pueden ser calificados como clandestinos, dado que "se reflejan en la contabilidad ordinaria todas y cada una de las operaciones realizadas en cada sucursal, diariamente se hace un arqueo y la informatización cubre su totalidad"; considera la sentencia impugnada que para haber ocultación tenía que tratarse de "operaciones clandestinas en sentido literal, esto es, ajenas, paralelas, ocultas para la caja oficial, como una especie de banco paralelo fundamentado en una doble contabilidad". Por ello concluye dicha sentencia que "las irregularidades imputadas al trabajador eran perfectamente detectables por el empresario dentro del plazo de prescripción de sesenta días a contar desde su comisión con el simple uso de un mecanismo de control normal y ya existente, que a pesar de ello no fue utilizado".

Pero esta tesis de la sentencia de la Sala de lo Social de Galicia, que constituye uno de los fundamentos esenciales de su decisión, es inaceptable, como se explica en los párrafos que siguen.

2).- Es obvio que el conocimiento empresarial a que se refiere la jurisprudencia reseñada tiene que ser un conocimiento efectivo, real y cierto, no siendo aceptable sustituir ese conocimiento real y cierto por la mera posibilidad de haber tenido la empresa noticia de los hechos acontecidos, sin que ese conocimiento hubiese tenido lugar, y menos aún cabe admitir a este respecto la aplicación de ficciones o suposiciones.

El mero hecho de efectuar en la contabilidad de la empresa los oportunos asientos contables, aunque tal contabilidad se lleve informáticamente y aunque se realicen los pertinentes arqueos diarios, no supone de ningún modo que en la realidad de las cosas la empresa haya tomado noticia y conocimiento de la falta o faltas cometidas. La tesis de la sentencia recurrida es equivocada y contraria a esa realidad, pues la mera realización de esos asientos contables no supone la adquisición de conocimiento alguno sobre la existencia de la infracción por la empresa, y menos aún por parte de aquéllas personas de la misma que ostentan facultades sancionadoras o inspectoras.

Afirmar que la consignación en la contabilidad empresarial del asiento correspondiente a una determinada operación implica automáticamente que la empresa conoce adecuadamente esa operación (y también las personas con las facultades que se acaban de indicar), es una ficción jurídica que carece por completo de base. Y tal carencia de base se acrecienta de forma particularmente acusada en los casos como el presente, en que se trata de una entidad bancaria, en los que los asientos contables que se llevan a cabo en un solo día ascienden normalmente a muchos miles.

Se recuerda que las sentencias de esta Sala de 22 de mayo de 1996 y 26 de diciembre de 1995 resolvieron también unos despidos debidos a irregularidades cometidas por empleados de Banca, que en el momento en que fueron realizadas habían dado lugar a la consignación de las oportunas anotaciones contables en la contabilidad de la empresa, pero ésto no fue óbice ni obstáculo de ninguna clase para que esas sentencias considerasen que el plazo prescriptivo de tales faltas no comenzaba a contar sino desde que la empresa tuvo conocimiento pleno, cabal y exacto de las mismas.

3).- El criterio de la sentencia impugnada que se viene comentando, choca frontalmente con la jurisprudencia de esta Sala, que se mencionó en el razonamiento jurídico anterior, como ponen de manifiesto las siguientes precisiones:

a).- Como se vió, esta doctrina jurisprudencial ha declarado que no basta, a los efectos del inicio del plazo prescriptivo, con que la empresa tenga "un conocimiento superficial, genérico o indiciario de las faltas cometidas", pues a tales efectos se requiere "un conocimiento cabal, pleno y exacto" de los hechos acaecidos. Y es impensable que un conocimiento de caracteres tan exigentes y rigurosos se alcance por el simple hecho de que se hayan recogido en la contabilidad de la empresa las anotaciones o asientos relativos a las operaciones de que se trate.

b).- La jurisprudencia comentada exige que sean las personas u órganos de la empresa que tienen competencias sancionadoras o inspectoras, quienes tengan el referido conocimiento de los hechos acontecidos, y es prácticamente imposible que los concretos asientos contables diarios de la empresa sean conocidos por esas personas u órganos, salvo en el caso de que éstos realicen una auditoria o un expediente informativo en relación a tales asientos.

c).- Conforme a la jurisprudencia a que venimos aludiendo, la ocultación se debe considerar existente en los casos en que el empleado infractor desempeña un cargo que le obligue "a la vigilancia y denuncia de la falta cometida, pues en este supuesto, al estar de modo continuado gozando de una confianza especial de la empresa, que sirve para la ocultación de la propia falta, es una falta continua de lealtad que impide mientras perdura que se inicie el cómputo de la prescripción". Y precisamente el actor durante el tiempo en que llevó a cabo los hechos que se le imputan en la carta de despido, ejerció cargos de confianza (Director de sucursal primero e Interventor después), con lo que resulta claro que tales hechos se han de reputar realizados clandestinamente y con ocultación.

4).- Pero es que además de todo lo expresado resulta que, aún cuando se admitiese como hipótesis de trabajo (a pesar de su irrealidad e inconsistencia) que los datos contables son conocidos por la empresa en el mismo momento en que se anotan o asientan, tampoco podría llegarse a la conclusión que mantiene la sentencia impugnada con respecto a la prescripción de autos, como se deduce de lo que se explica en el apartado d) del fundamento de derecho segundo de la presente sentencia."

Por lo tanto, aplicando todo lo que se deja expuesto anteriormente al supuesto aquí enjuiciado, y partiendo del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia, la Sala concluye que el plazo legal de prescripción de seis meses, que resulta de aplicación, ha de computarse a partir del informa de fecha 02 de octubre de 2008, fecha en la que la demandada toma pleno y cabal conocimiento de los hechos imputados y, en consecuencia, no opera la meritada excepción de prescripción opuesta por la actora.

Por todo lo cual la Sala desestima este motivo de censura jurídica y, por su efecto, el presente recurso de suplicación y, en consecuencia, confirmamos la sentencia aquí combatida en todos sus pronunciamientos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Valle, contra la sentencia de fecha 26 de mayo de 2009, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 9 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA de esta Provincia, que confirmamos.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 1891/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 24100000661891/09, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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