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Sentencia A.P. Madrid 255/2010 de 31 de mayo


 RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Responsabilidad civil de los agentes de la edificación. Desestimación. Para exigir responsabilidad al arquitecto superior respecto a los daños materiales, la obra debe de estar finalizada y recepcionada, y en dicho caso no se ha producido la finalización de las obras. Defectos constructivos: Inexistencia. Defectos de ejecución o faltas de remate: Responsabilidad de la constructora.

MADRID

SENTENCIA: 00255/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 8

1280A

FERRAZ, 41

N.I.G. 28000 1 7003138 /2009

RECURSO DE APELACION 192 /2009

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 237 /2006

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 16 de MADRID

De: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA NÚMERO NUM000 DE LA TRAVESÍA DIRECCION000 DE MADRID

Procurador: ALBERTO ALFARO MATOS

Contra: Candido, ESTUDIOS Y REFORMAS, SOCIEDAD LIMITADA.

Procurador: PEDRO VILA RODRÍGUEZ, IRENE ARANDA VARELA

Ponente: ILMA. SRA. D.ª MARGARITA VEGA DE LA HUERGA

SENTENCIA N.º 255

Magistrados:

ILMA. SRA. D.ª CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ

ILMA. SRA. D.ª MARGARITA VEGA DE LA HUERGA

ILMA. SRA. D.ª MARÍA VICTORIA SALCEDO RUIZ

En Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil diez. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres.

Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio Ordinario n.º 237/2006, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 16 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-reconvenida-apelada la mercantil ESTUDIOS Y REFORMAS, SOCIEDAD LIMITADA, representada por la Procuradora Sra. Irene Aranda Varela, de otra, como demandada-reconviniente-apelante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CASA NÚMERO NUM000 DE LA DIRECCION000 DE MADRID, representada por el Procurador Sr. Alberto Alfaro Matos, y de otra, como reconvenido-apelado Don Candido, representado por el Procurador Sr. Pedro Vila Rodríguez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Madrid, en fecha veinte de octubre de dos mil ocho, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMANDO EN PARTE, ambas demandas principal y reconvencional condeno a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA C/ DIRECCION000 NUM000 DE MADRID, a que pague a ESTUDIOS Y REFORMAS, S.A., la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO EUROS, (5.879,25 E.) todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes. Se DESESTIMA la demanda reconvencional interpuesta D. Candido, a quien se absuelve de la misma con imposición de costas a la reconviniente".

En fecha cinco de diciembre de dos mil ocho se dictó por el mismo Juzgado Auto Aclaratorio, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se aclara la sentencia de fecha 20 de octubre de 2008, en el sólo sentido de que, la demanda principal y reconvencional se estiman, viniendo por tanto condenada en virtud de la compensación aplicada, a pagar la reconviniente la cantidad de cuatro mil setecientos ochenta y nueve euros con vienticinco (4.789,25 euros), quedando el resto de pronunciamientos incólumes".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada-reconviniente, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

Tercero.-No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso, quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 20 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan en lo pertinente los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.

Primero.-El presente recurso trae causa del Juicio ordinario número 237/2006 tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid, sobre demanda principal instada por ESTUDIOS Y REFORMAS S.A. contra LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DIRECCION000 NÚMERO NUM000 DE MADRID (en adelante C de P), en reclamación de 14.076,22 € más intereses y costas; y asimismo sobre la reconvención formulada por la referida C de P contra ESTUDIOS Y REFORMAS S.A. y contra DON Candido sobre reclamación de 14.663,52 €, más intereses y costas.

En virtud de la sentencia de fecha 20 octubre 2008 y su auto aclaratorio de 5 diciembre 2008, se estima en parte tanto la demanda principal como la reconvención y, compensando ambas cantidades, condena a la C de P a que pague a ESTUDIOS Y REFORMAS S.A la cantidad de 4.789,25 € sin imposición de costas; asimismo desestima la demanda reconvencional interpuesta contra don Candido, con imposición de las costas causadas por este último a la C de P.

Contra dicha sentencia se interpone recurso apelación por C de P alegando, de forma resumida, en primer lugar la existencia de un error aritmético grave y flagrante; error en la valoración de la prueba con infracción de la legislación vigente sobre las obligaciones de los sujetos intervinientes en el proceso constructivo y sus responsabilidades, en concreto de la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (LOE). Solicita que se desestime la demanda principal y se estime su reconvención y en consecuencia se condene de forma solidaria a ESTUDIOS Y REFORMAS S.A. y a don Candido a que paguen el importe de 14.633,52 €.

Recurso al que se opone don Candido, exclusivamente en lo que a él le afecta, alegando que el informe pericial realizado por don Indalecio goza de la mayor de las objetividades. Asimismo entiende correcta la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de primera instancia, ya que los defectos existentes en la finca son de ejecución y mero remate, como se desprende del propio informe pericial de la C de P, luego son imputables a la empresa constructora. Considera que la valoración de los remates realizada por el perito de la C de P no se ajusta a método de cálculo correcto alguno y es por tanto desorbitada. En cuanto a la LOE, entiende que para exigir responsabilidad al arquitecto superior con respecto a los daños materiales a los que se refiere el artículo 17 de dicho texto legal, la obra debe estar finalizada y recepcionada, y en el presente caso no se ha producido la finalización de las obras.

Asimismo se opone al recurso la mercantil ESTUDIOS Y REFORMAS S.A. Alega: --que la comunidad de propietarios firmó un contrato de obras, aceptando los diversos presupuestos, que incluyeron finalmente la acometida de obras en pisos individuales, lo que fue aprobado en Junta de 20 enero 2005;

--el arquitecto-director de la obra, por delegación de la comunidad comprobaba, verificaba y recibía la obra entregada.

--La reconvención contiene la reclamación de dos conceptos: gas por 2.320 euros y defectos constructivos por 12.343,52 €; pero no son defectos constructivos, sino que se trata de obras que debieron hacerse a juicio del señor Laureano y que no se han certificado al no haberse realizado, y en cuanto al tema del gas es materia reservada a instaladores autorizados por la compañía gas natural.

--Además la certificación final que se reclama contó con la aprobación del arquitecto señor Candido, todo lo certificado fue medido, y que la empresa constructora no ha realizado obras en capítulos como pocería, portal, escaleras, preinstalaciones de gas o carpintería por no habérsele encargado.

--Que según las declaraciones del administrador de la finca no cabe duda que la comunidad aprobó las obras en diversos pisos particulares (acta 30 de Junta de 20 enero 2005).

-- En cuanto al informe aportado por la C de P, carece del rigor necesario, equivoca conceptos, valoraciones, mediciones, unidades de ejecución y piezas ejecutadas.

-- La obra concluye el 30 marzo 2005, a salvo los normales remates dentro del período de garantía contractual.

--Transcurridos los seis meses de garantía contemplados en el contrato, la comunidad envía una carta de 24 octubre 2005, cuando ya existe otra empresa trabajando en el edificio y hace el depósito notarial manifestando su voluntad de pago.

-- La rehabilitación ha sido compleja por tratarse de una casa de más de 70 años, en un estado lamentable de conservación, y para cuya rehabilitación han sido necesarias obras no previstas en el contrato inicial derivadas de las exigencias fijadas por la Empresa Municipal de la Vivienda para dotarla de habitabilidad y seguridad necesarias.

-- Solicita en definitiva que se confirme la sentencia.

Segundo.-La demanda de ESTUDIOS Y REFORMAS S.A., gira básicamente en torno a los siguientes hechos:

que la C. de P. demandada encargó la realización de obras de rehabilitación en el edificio sito en calle DIRECCION000 número NUM000 de Madrid, en virtud del contrato de obra de 4 octubre 2002 y en base al presupuesto número 254/2002, de 3 octubre 2002.

Asimismo la demandante a petición de la comunidad elaboró como anexo al mencionado contrato el presupuesto de rehabilitación número 330/2003 de 18 diciembre 2003, que fue firmado por la presidenta de la comunidad.

El 30 marzo 2005 la actora remite factura número 73/2005 por importe de 14.076,22 € correspondiente a los materiales y obras realizadas, cantidad que es objeto de reclamación. Se trata de la certificación 17.ª final.

Tras la recepción la obra se puso en conocimiento de la demandante la existencia de ciertos remates en las labores de pintura, que fueron reparados tras acceder a las viviendas.

Por su parte la C de P. se opone a la demanda y reconviene en ejercicio de las acciones establecidas en el artículo 17 de la LOE, y artículos 1101 y 1124 del Código Civil (CC) sobre responsabilidad contractual contra ESTUDIOS Y REFORMAS S.A., y el arquitecto don Candido, a los que considera responsables por incumplimiento de sus obligaciones de reparar los defectos constructivos recogidos en el informe pericial y posterior ampliación de don Laureano, y deben indemnizar solidariamente a la C de P con las siguientes cantidades: por defectos constructivos recogidos y valorados por el perito en su informe de mayo de 2005: 12.343,52 € y por cambio de instalación de gas 2.320 €. Total 14.663,52 €, más intereses desde la demanda reconvencional y costas.

Los hitos que contiene esta demanda-reconvención, considerados relevantes a los efectos del presente recurso, son los siguientes:

La comunidad de propietarios está formada por 18 viviendas y 2 locales comerciales, efectuándose la inspección técnica del edificio en diciembre del 2000. La ITE dio negativa.

En la junta de la comunidad de 19 diciembre 2000, acta número 18, se acordó solicitar al arquitecto señor Candido la realización del proyecto de reparación que recogiese todas las soluciones arquitectónicas que necesitaba el inmueble para reparar las patologías que presentaba. Y se aprobó una derrama extraordinaria de 350.000 pesetas.

El proyecto básico y de ejecución de reparación integral del edificio (documento 5 de la contestación, al folio 166 y siguientes), se suscribió en el mes de abril de 2001 por la Presidenta de la comunidad, doña Carina y el propio arquitecto.

En la junta de 27 junio 2001 se aprobó el presupuesto presentado por Estudios y Reformas S.L. por un total 18.800.000 pesetas, IVA incluido. Se aprobó también, siguiendo las instrucciones del arquitecto, que las obras de pocería debían hacerse primero y por una empresa especializada, aprobando el presupuesto presentado por la empresa Serdial S.L. por 1.885.000 pesetas, IVA incluido.

En la junta de 23 septiembre 2002 el arquitecto explicó que la EMV había solicitado que se incluyeran trabajos a ejecutar en los balcones de las viviendas, que no estaban recogidos en el proyecto inicial. Se aprobó el nuevo presupuesto presentado por Estudios y Reformas S.L., que implicaba un aumento sobre el presupuesto aprobado en su día de 21.000 €.

El 4 octubre 2002 se firma entre demandante y demandada contrato de ejecución de obras así como el presupuesto anexo número 254/2002 por el precio total 141.173,49 € mas IVA. Se pagaría en 11 entregas a cuenta por un importe cada una de ellas de 13.732,33 €. La duración de las obras será de siete a nueve meses desde el día siguiente al inicio de las mismas. Transcurrido este periodo, si no existiera la causa que justificase el retraso en la entrega de las obras, la comunidad aplicará una penalización de 75 € por cada día de retraso a partir del día siguiente al periodo máximo establecido. La fecha de inicio de las obras se fija entre el 15 y el 30 enero 2003. Estudios y Reformas S.L. posee póliza de seguro de responsabilidad civil general con CASER.

En la junta de 17 diciembre 2002 se aprueban las nuevas derramas ya ajustadas al nuevo presupuesto 254/2002.

Una vez obtenida la licencia correspondiente, se inician las obras en el mes de febrero de 2003.

En la junta de 21 octubre 2003 el Representante legal de Estudios y Reformas S.L., don Carlos Daniel y el arquitecto señor Candido, estando en esta fecha realizadas un porcentaje muy pequeño de las obras pactadas, explicaron que se habían realizado partidas no recogidas en el presupuesto ni en el proyecto, y que en relación a determinadas partidas sí proyectadas finalmente se habían realizado en número superior, explicaciones aceptadas por la C. de P.

El importe de la ampliación era de 185.605,05 € más el IVA correspondiente, lo que sumado a los 141.173,49 € pactado en el contrato de 4 octubre 2002 da un total de 326.778,54 € mas IVA.

En la junta del 11 diciembre 2003 se aprobó la ampliación del presupuesto y se modifica la forma de pago de manera que la constructora giraría certificaciones de obra mensualmente, que serían verificadas y comprobadas por el director facultativo. En esta junta el arquitecto informa por primera vez que los vecinos deben empezar a desalojar por períodos determinados sus viviendas y se acuerda que la C de P asuma el costo del alojamiento de don Abelardo, propietario del bajo interior derecha y primera persona que tiene que abandonar su inmueble.

El 31 diciembre 2003 se firma entre la comunidad y la constructora la ampliación (presupuesto 330/2003) del presupuesto inicial por 185.605,05 € más el IVA correspondiente según contrato de ejecución de obra de 4 octubre 2002. Sin embargo el arquitecto nunca llegó a realizar la modificación del proyecto primitivo, a pesar de que la Comunidad se lo solicitó reiteradamente.

En la junta de 23 marzo 2004 se aprueba asumir por la C de P el alojamiento de los comuneros que tienen que abandonar sus pisos, así como la mudanza de los muebles, el costo de los guardamuebles y el desmontaje de estos muebles y de los la cocina.

Los pagos realizados por la C de P fueron: durante el año 2003: 151.055,63 €, por las certificaciones número 6 del 23 diciembre 2003 y hasta la número 13 de 2 noviembre 2004 por importe de 274.618,18 €. Total 425.674,21 €, cantidad muy superior al presupuesto inicial más la posterior ampliación pactada (326.778,54 € mas IVA).

El 30 marzo 2005 la constructora pasa al cobro la certificación número 17.ª, certificación final, aprobada por el arquitecto en la que se recogen supuestamente todas las partidas ejecutadas desde febrero 2003 hasta su finalización, quedando un saldo supuesto a favor de la constructora de 14.076,22 € que se reclaman ahora.

El colegio designa al arquitecto técnico Laureano que realiza el informe con fecha 10 mayo 2005 debidamente visado (documento número 38). Según el cual: existen defectos constructivos que debe ser subsanados y que valora en 12.343,52 €. En relación a la certificación 17.ª indica, que se han incluido unidades de obra encargadas por propietarios a título individual que nada tienen que ver con las obras objeto de esta litis; que se han certificado unidades de obra que eran consecuencia de reparar las propias unidades de obra que se habían ejecutado mal, o por desperfectos de los materiales que deberían haber sido reutilizados tras su desmontaje; respecto de las unidades de obra no incluidas en el presupuesto aprobado o en su ampliación pactada, el perito refleja diferencias de precio que considera desajustadas, esto es aprovechando que no estaban presupuestadas la actora ha facturado algunas unidades a precios fuera del mercado y desorbitados; en determinadas partidas se ha podido verificar las mediciones de las unidades de obra, comprobando en algunos casos que los metros cuadrados certificados no se corresponden con lo efectivamente realizado, y que la empresa constructora está facturando 10.794,63 € de más a la comunidad de propietarios que no tiene por qué pagar (conclusión esta, que como se explicará, no puede ser admitida)

Sobre la instalación de gas hubo que cambiarla como consecuencia de la mala ejecución de las obras realizadas por la constructora. (2000 € mas IVA).

Contestación de ESTUDIOS Y REFORMAS S.L. a la Reconvención de la C de P, en la que se recoge, entre otros extremos, los siguientes:

no se niega la existencia de ampliaciones y excesos de obra no contemplados en el presupuesto inicial y recogido en el anexo al mismo; sin embargo éstas se han aceptado por las partes.

El informe pericial de la C de P es cuestionable en cuanto a su objetividad, por ser presentado por la parte. Que nunca se negaron a subsanar los defectos constructivos, y así se hizo en aquellas viviendas en las que se permitió el acceso a los operarios de la constructora, se trata de remates en pintura, alicatado y carpintería exterior. No han realizado obras en las escaleras, ni en el portal, ni tampoco en el capítulo de pocería y no se han hecho labores de carpintería en dicha finca.

La certificación número 17.ª, contiene la obra definitivamente entregada, que es la que se factura y reclama.

En cuanto a la instalación de gas se ejecuta por técnicos autorizados por la empresa sin que la constructora haya intervenido en la misma.

D. Candido también se opone a la Reconvención de la C. de P. Parte de que las obras comenzaron en enero de 2003 y durante todo momento la Comunidad y los propietarios que lo desearon estuvieron puntualmente informados del desarrollo de las mismas. Argumenta principalmente que el proyecto de rehabilitación que redactó para acometer las obras en la finca es un proyecto de mínimos, teniendo en cuenta las características especiales de la finca, en el mismo ya se expresaba la posibilidad, como de hecho luego ocurrió, de que una vez iniciadas las obras se revelasen otras patologías o se comprobase un peor estado de la finca que hiciera necesaria una actuación de rehabilitación más compleja y por tanto más costosa (doc n.º 5 de la contestación de la C de P). Y así, efectivamente, las obras se demoraron más de lo previsto, puesto que la estructura estaba más dañada de lo que en un principio se creía, sobre todo en la medianera del edificio colindante. Asimismo las obras de determinados propietarios, que por su cuenta y riesgo acometieron en sus viviendas, creó problemas y paralizó los trabajos durante un tiempo. Añade que las obras no han finalizado ni él ha emitido certificado de fin de obra y por tanto, como director de la obra, entiende que la misma no se halla concluida.

Critica el informe presentado por la C de P pues considera que adolece de falta de rigor e imparcialidad, que es prueba preconstituida y por tanto no puede considerarse como prueba pericial. Los defectos de los que habla son defectos de ejecución, remates lógicos pendientes, que nunca pueden achacarse a la dirección facultativa. En cuanto a la ampliación de fecha 21 mayo 2006 respecto a la instalación de gas se muestra igualmente disconforme, ya que esta instalación no está contemplada en el presupuesto inicial de la obra ni en el final ni en el proyecto del arquitecto ni está justificada la cantidad reclamada por esta partida.

Tercero.-Una vez reflejadas las posturas de todas las partes, cabe anticipar que el recurso no ha de prosperar, según se razona a continuación.

En primer lugar no se aprecia el error aritmético grave y flagrante en la sentencia recurrida como se mantiene en el recurso. Si bien el fallo de la misma fija una cantidad a pagar por la C. de P. ascendente 5.879,25 €, en el Auto aclaratorio de 5 diciembre 2008 queda establecida finalmente en 4.789,25 €.

Mantiene la C de P apelante que cuando en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia se dice que el perito de la actora, es decir de la comunidad de propietarios demandada-reconviniente, cuantifica la certificación 17.ª en 10.794,63 €, el Juzgador debería haber añadido para no crear confusión "cantidad a favor de la Comunidad", de manera que lo que el perito afirma, una vez analizadas todas las partidas recogidas en dicha certificación y los pagos efectuados por la C. de P. a Estudios y Reformas S.L., es que esta última adeuda a la C. de P. la cantidad de 10.794,63 €, que se dice ha pagado en exceso.

Pero tal conclusión, a criterio de esta Sala, no se deriva del informe pericial referido de mayo de 2005 (a los folios 508 y siguientes), ni de sus ampliaciones de mayo de 2006 (folios 567 y siguientes) y lo que se denomina "anexo" de fecha enero del 2007 (folios 792 y siguientes), todos ellos realizados por el arquitecto técnico don Laureano. Las dos ampliaciones se refieren a temas más puntuales, en concreto el segundo de ellos menciona la instalación de gas y dice que "el tramo de esta instalación que discurre horizontalmente por el lateral derecho del patio principal según la entrada, está dispuesto de tal manera que puede dar lugar a la interpretación de esta parte de la instalación como de empotrada y por tanto, según esta interpretación fuera de normativa", si bien añade que, al no tener constancia de la situación previa a la realización de las obras, "desconoce si la tubería antes de ejecución de las obras del patio principal se encontraba o no en la situación actual". En cuanto al de enero de 2007, difícilmente puede ser tenido en cuenta ya que es de fecha posterior al escrito de contestación-reconvención de la C de P y hace mención a lo que entiende es la situación posterior de la obra, tras un periodo de lluvia, sin incluir cuantificación económica alguna.

Es el primero de los informes referidos (el de mayo de 2005) el que contiene la valoración tanto del coste de la reparación de los daños apreciados en las viviendas citadas, por 12.343,52 €, como la valoración de la certificación 17.ª (y última). Si observamos la relación o cuadros obrantes a los folios 521 y siguientes, en concreto al folio 526, se comprueba que el valor de menos (-) 10.794,62 €, es la diferencia que a criterio del referido técnico, existe entre la valoración que se contiene en la certificación indicada (TOTAL GENERAL 480.780, 21 €) y la que se refleja en la propuesta realizada por dicho perito (469.985,59 €); pero en ningún sitio del informe (ni de sus dos posteriores ampliaciones) se establece que esa cantidad sea a favor de la C de P, por haberse cobrado de más e indebidamente a dicha Comunidad. Tampoco se expresa en tal sentido el perito en el acto del juicio.

Efectivamente, si contrastamos el cuadro al folio 526 con la certificación 17.ª acompañada con la demanda, al folio 84, se comprueba que en esta última la total ejecución material de la obra se fija en 434.252,08 € que más el 3% de gastos generales y beneficio industrial hace un total de 447.279,64 €; mientras que en la pericial aportada por la C. de P. se recoge un valor algo superior, una vez sumado el 3% referido, ascendente a 449.327,30 €, al que se le suma el 7% de IVA, dando un total General, como se ha dicho, de 480.780, 21 €. Pero es que la propuesta del perito fija un valor general de 439.238,87 €, que más el 7% de IVA hacen un global de 469.985,59 €, de manera que las cantidades recogidas por el perito son superiores a la de la propia certificación 17.ª Siguiendo con esta última se comprueba, asimismo, que una vez deducidos lo que se entiende pagos efectuados, por 434.124,29 € (deducción de la certificación anterior), resta una cifra de 13.155,35 € y es a ésta a la que se aplica el 7% de IVA (920,87 €), con lo que el total de la certificación, esto es la cantidad pendiente de pago por C. de P., según la parte actora, asciende a 14.076,22 € que es lo reclamado en la demanda.

Por lo anterior no puede acogerse la tesis de la apelante en cuanto al grave y flagrante error que refiere, debiendo estar igualmente a lo que, sobre la fórmula empleada por el Juzgador, se expone a continuación.

Cuarto.-La constructora, demandante principal se conforma con la sentencia, a pesar de que se reduce casi en un tercio lo que reclamaba en su demanda.

La sentencia de primera instancia se centra especialmente (Fundamento de Derecho Cuarto) en las dos periciales obrantes en autos. Se trata del informe aportado por la C. de P., al que antes se ha hecho mención, y la pericial aportada por el codemandado y arquitecto superior, don Candido, realizada por el también arquitecto don Indalecio (a los folios 761 y siguientes).

Considera este tribunal que la fórmula empleada por el Juzgador es adecuada al caso de autos. Esto es, se atiene a la proporcionalidad resultante de ambos dictámenes, de manera que no asumiendo ninguno de ellos en su totalidad, resuelve la cuestión repartiendo las diferencias de los dos peritos entre ambas pretensiones. Así en cuanto al costo de las obras, tenemos lo siguiente:

-- en el informe presentado por la C. de P. se fija en 10.794,63 € y en el informe presentado por el arquitecto Sr. Candido en 12.801,90 €;

-- la diferencia entre ambos informes periciales, de 2.007,27 €, se divide entre dos, y el resultante (1.003,63 €) se lo suma a la cantidad más pequeña (10.794, 63 € que es la fijada por el perito de la C de P), con lo que se tiene un total de 11.798,26 € que, se entiende, debe pagar la C de P a la constructora, pues en definitiva de lo que se está tratando es de fijar el coste o importe de la certificación 17.ª, que es la reclamada en la demanda.

Y en cuanto al coste de reparación hace lo mismo, esto es:

-- se fija en 12.343,52 € en la pericial presentada por la C. de P. y en 1.494,50 € en la pericial presentada por el arquitecto Sr. Candido;

-- la diferencia entre ambas cantidades, 10.849,02 €, la divide entre dos, y el resultante 5.424,51 € se lo suma a la cantidad inferior (1.494,50 €), con lo que se tiene la cifra de 6.919,01 € que debe pagar la constructora a la C de P en concepto de reparación de defectos o remates.

Por último, y puesto que se trata de deudas líquidas y vencidas, el Juzgador compensa ambas: 11.798,26 € - 6.919,01 € = 4.879,25 €, que debe pagar la C de P a la constructora, si bien la sentencia junto con su auto aclaratorio fijan una cantidad algo inferior, 4.789,25 €, que sin duda beneficia a la comunidad de propietarios.

No falta ninguna operación o paso en la fórmula utilizada, pues en ambos casos (coste de las obras y coste de las reparaciones), se halla la diferencia entre ambos informes, que se reparte entre los dos, y su resultado se suma a la cantidad inferior, aplicando así un criterio de proporcionalidad, método considerado válido por el Juzgador de primera instancia ante la diferencia de ambos informes, valoración que debe ser respetada en esta alzada por no ser contraria a las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo establecido en el artículo 348 de la LEC; reglas que se identifican con las "más elementales directrices de la lógica humana", "el sentido común" o "normas racionales".

Es reiterada la jurisprudencia que declara que la prueba pericial es apreciable discrecionalmente, pudiendo el Juzgador, en contemplación de una pluralidad de criterios periciales, optar por aquel o aquellos que a su juicio ofrezcan mayor aproximación o identificación a la realidad de los hechos, pudiendo acoger parte de alguno o algunos de los dictámenes, o rechazar la totalidad o parte de ellos, incluso prescindir de su resultado (SSTS de 31-3-92 EDJ 1992/3122, 4-6-92, 4-11-92 EDJ 1992/10869, 30-12-92 EDJ 1992/12885, 26-1-93 EDJ 1993/512, 4-5-93 EDJ 1993/4159, 2-11-93 EDJ 1993/9753 y 7-11-94 EDJ 1994/8286, entre otras), pero del mismo modo es constante la jurisprudencia que declara que la valoración atribuida en la instancia se ha de respetar, salvo que fuese desproporcionada, absurda o se manifieste irracional (SSTS de 1-12-90, 23-4-91, 22-5-91, 10-3-94, 14-10-94, 7-11-94 EDJ 1994/8286, 13-11-95 EDJ 1995/7014, 25-3-02, entre otras), lo que no ocurre ni se aprecia en este caso.

Se queja la C. de P. del gran incremento que el presupuesto inicial experimentó a lo largo de la ejecución de las obras; circunstancia que no se niega por la parte contraria, constructora y arquitecto superior, pues la existencia de ampliaciones sucesivas se justifica por la constatación de la envergadura y gravedad de las deficiencias que presentaba el edificio, como convincentemente explica el señor Candido, tanto en su escrito de contestación como en el acto del juicio.

Quinto.-La valoración contenida en la sentencia, en base a los informes periciales referidos anteriormente, no se ve desvirtuada por el resto de las pruebas practicadas que en su mayoría se trata de documentales: el contrato de arrendamiento de obra, presupuestos y ampliaciones de presupuesto, reconocidos todos ellos por ambas partes; el proyecto básico realizado por el arquitecto y los dos informes periciales; los numerosos faxes cruzados entre las partes, y por parte de la C de P se aporta un gran número de actas de juntas donde se tratan los temas relativos a las obras de rehabilitación, algunas de las cuales se han reflejado anteriormente. En cuanto a los interrogatorios de la presidenta de la C. de P., del arquitecto don Candido, y del representante legal de la constructora, no son determinantes pues se mantienen en sus respectivas posiciones, esto es la presidenta dice en que no se les tenía debidamente informados, que no sabían dónde se iba tanto dinero como estaban entregando. El arquitecto codemandado alega que informaba periódicamente a la Comunidad, que asistió multitud de veces a las juntas, en concreto mantuvo 14 reuniones, así como tuvo 22 entrevistas con la Comisión de obras y visitaba una vez a la semana la obra, aparte de las numerosas comunicaciones enviadas a la C. de P. y también remitidas por esta y que todo lo que se incluye en las certificaciones por él firmadas, asimismo también en la última, la 17.ª y aquí reclamada (que es a origen, esto es contiene un resumen de todas las obras) corresponde a obras realizadas y se aplican los precios convenidos por las partes en los presupuestos, según él ha verificado, señalando que los informes de la ITE no indican más que una revisión meramente visual, de manera que la verdadera entidad de las obras a realizar no se sabe hasta que no se comienza la rehabilitación del inmueble, circunstancia esta que ya deja plasmada en el proyecto básico que realiza. Y el representante de la constructora, hijo del dueño, declara que las obras se podían haber ceñido a lo inicialmente previsto, pero en este caso el edificio no hubiera pasado la ITE y no se habrían conseguido las subvenciones correspondientes, que los remates de pintura fueron a realizarlos pero que algunos vecinos no se encontraban en las viviendas.

Por su parte los testigos tampoco son decisivos: el de la constructora, que es el secretario de la C. de P., señor Abelardo, no aclara mucho, es más ni redacta las actas ni las firma, dice que lleva sólo el aspecto contable. En cuanto a los testigos de la C. de P., dos de ellas, señoras Marí Juana y Angelina son copropietarias y formaron parte de la Comisión de obras, y coinciden con lo que dijo la presidenta de la Comunidad, esto es que no les informaban debidamente. En cuanto al tercer testigo de la C. de P. se trata del señor Cosme, representante legal de la sociedad REHABILITACIONES CORREXAIS S.L., que manifiesta haber efectuado reparaciones de trabajos mal hechos por la demandante y haber realizado otros que no llevó a cabo la actora, que eran remates de pintura, arreglos de escalera, en definitiva defectos de pequeña entidad, y que sabe que la obra la hizo la demandante porque así se lo ha dicho la C de P. Reconoce haber emitido el documento número 47 de la C. de P. (a los folios 805 y siguientes). En realidad este testigo viene a confirmar el hecho de que estamos en presencia de faltas de remate o defectos de ejecución (y no de defectos constructivos), con lo que deben ser de cuenta de la constructora.

Sexto.-Sobre la responsabilidad del Arquitecto, tiene declarado el Tribunal Supremo (Sentencia de la Sala Primera n.º 315/2000, de 3-04-2000, EDJ 2000/5451) que "la responsabilidad de los Arquitectos se centra en la especialidad de sus conocimientos y la garantía técnica y profesional que implica su intervención en la obra" (S. 27 junio 1994); "en la fase de ejecución de la obra le corresponde la dirección de las operaciones y trabajos, garantizando la realización, ajustada al Proyecto según la "lex artis" (S. 28 enero 1994 EDJ 1994/588); "al Arquitecto le afecta la responsabilidad en cuanto le corresponde la ideación de la obra, su planificación y superior inspección, que hace exigente una diligencia desplegada con todo el rigor técnico, por la especialidad de sus conocimientos" (S. 15 mayo 1995 EDJ 1995/3237, con cita de otras); "corresponde al Arquitecto encargado de la obra por imperativo legal, la superior dirección de la misma y el deber de vigilar su ejecución de acuerdo con lo proyectado... no bastando con hacer constar las irregularidades que aprecie, sino que debe comprobar su rectificación o subsanación antes de emitir la certificación final aprobatoria" (S. 19 noviembre 1996 EDJ 1996/8346, y amplia cita); "responde de los vicios de la dirección, es decir, cuando no se vigila que lo construido sea traducción fáctica de lo proyectado..."; "le incumbe la general y total dirección de la obra y la supervisión de cuanta actividad se desarrolle en la misma" (S. 19 octubre 1998 EDJ 1998/21989).

En el presente caso procede confirmar la absolución del codemandado y arquitecto director de las obras don Candido, pues a la vista de los informes periciales se pone de manifiesto, como se ha dicho, que no existen defectos constructivos, sino faltas de remate o defectos de ejecución, de los que debe responder únicamente la constructora ESTUDIOS Y REFORMAS S.A., quien, se recuerda, no ha formulado recurso. No se aprecia en consecuencia infracción de la legislación mencionada por la recurrente, teniendo en cuenta que no se ha emitido aún certificado de fin de obra.

Por todo lo anterior procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la C. de P. y confirmar la sentencia dictada en primera instancia.

Séptimo.-Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


III.- FALLAMOS


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Alberto Alfaro Matos, en nombre y representación de LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE DIRECCION000 NÚMERO NUM000 DE MADRID, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Madrid, de fecha 20 de octubre de 2008, aclarada por Auto de fecha 5 diciembre 2008, debemos confirmar y confirmamos los mismos, con imposición de las costas causadas en ésta alzada a la parte apelante.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, póngase en conocimiento de las partes que, en su caso, contra esta resolución cabe recurso de casación o infracción procesal si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de cinco días y ante esta misma Sala.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que la han firmado. Doy fe. En Madrid, a


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