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Sentencia A.P. Madrid 277/2010 de 31 de mayo


 RESUMEN:

Herencia: Partición. El albacea designado en testamento al que se le fijó el plazo de cinco años para efectuar la partición de la herencia cumple con tal plazo cuando el mismo no ha expirado al momento en que efectúa la escritura de la partición y posterior interposición de la demanda sobre aprobación judicial de las operaciones particionales; no computándose a tales efectos el día de celebración del juicio de dicho procedimiento judicial. Enterado el hijo del cuaderno particional y de que el pago de su cuota de legitima se efectúa en metálico antes de expirar el plazo de un año desde el fallecimiento de su padre (testador), la partición resulta eficaz.

MADRID

SENTENCIA: 00277/2010

AUD. PROVINCIAL SECCION N. 14

MADRID

Rollo: RECURSO DE APELACION 823 /2009

SENTENCIA N.º

Ilmos. Sres. Magistrados:

AMPARO CAMAZON LINACERO

JUAN UCEDA OJEDA

PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En MADRID, a treinta y uno de mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de DIVISIÓN HERENCIA 374/2003, procedentes del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCIÓN N. 3 de NAVALCARNERO, a los que ha correspondido el Rollo 823/2009, en los que aparece como parte apelante D. Florian representado por el procurador D. JOSÉ LLEDO MORENO en esta alzada, y como apelado D. Nicanor representado por la procuradora Dña. LUCÍA AGULLA LANZA en esta alzada, quien formuló oposición al recurso en base al escrito que a tal efecto presentó, sobre aprobación judicial partición herencia, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª PALOMA GARCIA DE CECA BENITO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 3 de Navalcarnero, en fecha 26 de marzo de 2007 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "Se estima la solicitud presentada por el Procurador SR BELTRAN MARIN en nombre de DON Nicanor contra DON Florian y debo de aprobar y apruebo las operaciones particionales practicadas por el ALBACEA DON Nicanor y por ende la partición practicada y debo condenar y condeno a DON Florian al pago de las costas".

En fecha 23 de mayo de 2007 se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "Aclarar el contenido de la sentencia dictada con fecha 26-03-06, en el sentido de que donde dice Nicanor debe de decir Nicanor, donde consta la fecha 26 de Marzo de 2006 debe de decir 26 de Marzo de 2007, donde consta el nombre del Albacea Sr. Rosendo debe decir Nicanor ".

Segundo.-Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte D. Florian al que se opuso la parte apelada D. Nicanor, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

Tercero.-Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 13 de abril de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta Sección.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-Por don Nicanor, en su condición de albacea designado por el testador don Rosendo, se instó expediente para la aprobación judicial de la partición realizada con causa en dicho testamento, relatando que el causante falleció el día 20 de Julio de 2001, en estado de separado judicialmente, dejando dos hijos, don Jose Pablo y don Florian, y habiendo expresado su última voluntad en testamento abierto otorgado el día 13 de Septiembre de 2000, en el que dispuso legar a su hijo Florian la legítima corta o estricta, para que le fuera satisfecha en efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 841 Cc., e instituir heredero universal a su hijo don Jose Pablo. En la cláusula cuarta del testamento designaba contador-partidor al Letrado don Nicanor, por plazo de cinco años a contar desde su óbito, con facultades para la partición de la herencia y entrega de los legados, especialmente para la entrega en metálico del legado descrito. Tras realizar el albacea las operaciones particionales, lo notificó a los llamados a la herencia para su protocolización, sin que compareciera don Florian, ni retirase la cantidad correspondiente a sus derechos legitimarios, de 6.755'11 €, por lo que se insta ahora su aprobación judicial.

El legatario don Florian se opuso a las operaciones divisorias, alegando en primer lugar que la decisión de comunicar a don Florian el pago en metálico de su haber se produjo el día 17 de Octubre de 2002, es decir, transcurrido más de un año desde el fallecimiento del causante, lo que implica infracción del art. 844 Cc., a cuyo tenor la decisión de pago en metálico no producirá efectos si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión. En segundo lugar, se opuso a la valoración de uno de los bienes inventariados, definido como inmueble sito en Aldea del Fresno, alegando que el valor real del mismo es muy superior al asignado por el contador.

Segundo.-La sentencia dictada en la primera instancia, valorando la prueba practicada, declara acreditado que el precio asignado al bien inventariado como inmueble sito en Aldea del Fresno fue adecuadamente evaluado, a la vista del precio de venta de dos fincas de semejantes características y ubicación según documentación aportada por el contador-partidor. En cuanto a la cuestión suscitada en oposición sobre el cumplimiento del plazo previsto para comunicar al impugnante la decisión del pago en metálico, si bien es cierto que no se comunicó el contenido de las operaciones recogidas en el cuaderno particional, sí resulta probado que en el año 2003, aproximadamente durante la Semana Santa, don Florian recibió carta de su madre que acredita que le fue comunicada en el plazo de un año la cantidad que como legatario debía percibir a tenor de lo dispuesto en el testamento. Por todo lo cual se declaran aprobadas las operaciones divisorias realizadas por el albacea don Nicanor, condenando a don Florian al pago de las costas procesales. Frente al expresado pronunciamiento interpone recurso de apelación don Florian.

Tercero.-Con carácter previo, don Nicanor plantea que el recurso fue indebidamente admitido, y que la providencia que lo tuvo por interpuesto fechada en 16 de Julio de 2008 es nula de pleno derecho. Relata que, inicialmente interpuesto el recurso de apelación, el día 14 de Enero de 2008 el Juzgado dictó providencia decretando la inadmisión del recurso y la devolución del escrito de interposición, por haberse infringido el requisito del traslado de copias impuesto en el art. 277 L.E.c., providencia que no fue recurrida de adverso y devino firme. El día 22 de Enero de 2008 don Florian presentó escrito solicitando la subsanación del defecto, a lo que se opuso don Nicanor. Recuerda el apelante el criterio aprobado en Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de Septiembre de 2004, a cuyo tenor la omisión del traslado de copias a que hacen referencia los arts. 276 y 277 L.E.c. se considera defecto procesal insubsanable, que provocará la no admisión del escrito de que se trate.

La solución a la cuestión planteada está resuelta por el Tribunal Supremo en Auto 25.Ene.2005, que si bien en principio declara insubsanable la omisión del traslado de copias de escritos exigido en los arts. 276 y 277 L.E.c., aprecia una excepción cuando se trata del escrito de preparación del recurso de apelación, como consecuencia del tenor literal de los arts. 474 y 485 del mismo texto.

Declara el expresado Auto que "Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse con anterioridad sobre la exigencia del cumplimiento de la carga procesal que se regula en el art. 276 de la LEC 2000, consistente en el traslado de las copias de los escritos y documentos a la contraparte, cuando del escrito de preparación del recurso de casación se trata, extendiendo tal deber a dicho trámite procesal. En el Auto de fecha 28 de mayo de 2002 (recurso de queja núm. 323/2002), cuyo criterio se recoge en los de la misma fecha recaídos en los recursos de queja 2148/2001 y 2309/2001, así como en los Autos de fechas 24 de septiembre y 19 de noviembre de 2002 y 20 de enero y 6 de julio de 2004 (recursos de queja 678/2002, 1026/2002, 1413/2003 y recurso de casación 3167/2001), se comienza por señalar que es claro que el sistema ideado por el legislador pretende una mayor agilidad en la tramitación de los juicios, y así la Exposición de Motivos de la LEC 2000, en su apartado X, alude a que "de este modo, se descarga racionalmente a los órganos jurisdiccionales y, singularmente, al personal no jurisdiccional de un trabajo, que, bien mirado, resulta innecesario e impropio que realicen, en inevitable detrimento de otros; añadiéndose que el nuevo sistema pretende eliminar los "tiempos muertos" para el cómputo de los plazos, si bien este efecto sólo se producirá cuando sea el traslado del escrito y documentos presentados el que legalmente abra dicho plazo.

En consecuencia -continúa precisando el referido Auto-, es clara la nueva LEC 2000 al establecer el traslado de copias entre los representantes causídicos, como medio para llevar a acabo la comunicación entre las partes y el conocimiento del contenido de los escritos y documentos, habiéndose completado esta nueva regulación con una rigurosa consecuencia para el caso de omitirse el traslado mediante Procurador, y así el art. 277 LEC 2000 recoge que "cuando sean de aplicación los dos primeros apartados del artículo anterior, no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de copias correspondientes a las demás partes personadas". Se trata de un precepto estricto que penaliza con la ineficacia, para lograr que el traslado se lleva a cabo oportunamente, siendo evidente que la falta de una sanción haría inoperante la determinación del art. 276 LEC 2000.

En la misma resolución de referencia se aborda igualmente la cuestión de la subsanabilidad de la omisión del traslado de copias, para lo que se impone una solución negativa, en primer lugar porque la subsanación a la que se refiere con carácter general el art. 231 LEC 2000 está referida a los actos defectuosos, pero no a los no realizados, de tal modo que podrá corregirse la falta acreditación o un traslado deficiente (por ejemplo, estar incompleta una de las copias), pero en ningún caso el omitido, máxime cuando el referido artículo 277 LEC 2000 establece la consecuencia de inadmisibilidad, siendo claro que nos hallamos ante un evidente designio del legislador, introducido en el texto de la nueva LEC 2000 de un modo deliberado, pues el art. 278 del Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 30 de octubre de 1998, que seguía en este punto el criterio del art. 280 del Anteproyecto de 26 de diciembre de 1997, preveía la subsanabilidad de la falta de realización del traslado, pero bajo unas condiciones especialmente disuasorias para evitar incumplimientos generalizados, con las subsiguientes dilaciones, al establecer que "si el Procurador omitiese presentar copias de escritos o documentos en los que conste el traslado a las demás partes, el tribunal le otorgará un plazo de cinco días para subsanar la omisión, imponiéndole multa de quince mil pesetas por cada día de dicho plazo que se retrase la presentación de copias. Si transcurrido el plazo de cinco días, la omisión no se hubiere mediado el escrito y los documentos se tendrán por no presentados a todos los efectos".

Es evidente que el legislador rechazó la propuesta, en que consistía el proyecto, y optó por una directa inadmisibilidad del escrito, sin posibilidad de sanación, cuando se omitiese el traslado, para lograr la efectividad del sistema, como antes se apuntó, así como en evitación de los retrasos que la subsanación inevitablemente comporta.

El rigor de la observancia de tal carga procesal debe atemperarse, no obstante, cuando es el propio órgano jurisdiccional quien induce, propicia, motiva o coadyuva a la omisión de su cumplimiento, normalmente por haber admitido las copias del escrito o documento para su traslado a través del mismo, pues lo contrario supondría colocar al recurrente en una posición ya no sólo ajena a los deberes y cargas que le incumben dentro del proceso, mucho más allá, incluso, de los inherentes al genérico deber de colaboración con la Administración de Justicia (art. 118 CE y arts. 11.1 y 17 de la LOPJ), sino de efectiva indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva (cf. ATS 28-5-2002, en recurso 2309/2001); atenuación del rigor que, por demás, viene impuesta tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la establecida en instancias supranacionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (vid. STEDH 26 de octubre de 2000, as. Leoni vs. Italia, y STEDH 15 de febrero de 2000, as. García Manibardo vs. España, como más recientes). Y de igual modo debe atenuarse el rigor de la consecuencia de la inobservancia del deber procesal -la ineficacia del acto, sin posibilidad de subsanación-, cuando se trata no del escrito preparatorio del recurso extraordinario, sino del escrito de interposición, pues sin que exista excepción a la regla general del art. 276 LEC 2000 en relación con el escrito de interposición, cuyo conocimiento permite a la parte recurrida oponerse a la admisión al comparecerse ante el tribunal "ad quem" (arts. 474.4 y 480.2 LEC 2000), lo cierto es que en los arts. 474 y 485 LEC 2000 existe una previsión específica de entrega al recurrido de copia del escrito de interposición, para formalizar la oposición en plazo de veinte días, una vez admitido el recurso, normas que ahora presentan una cierta discordancia con el nuevo sistema de tramitación que ha situado la fase de "preparación" y también la de "interposición" ante el órgano jurisdicción "a quo", pero que sin duda pueden inducir al recurrente a pensar que se halla ante una disposición especial, frente a la general del art. 276 LEC 2000, que determina una excepción al traslado de la copia del escrito de interposición, todo lo cual lleva a considerar inaplicable el art. 277 LEC 2000 en aquellos casos en los que no se haya producido el traslado de las copias de Procurador a Procurador, acto que consecuentemente debe entenderse subsanable en este supuesto, pues inconcebible resultaría que los litigantes pudiesen resultar perjudicados por una omisión debido al contenido confuso o discordante de un precepto legal, en este caso de los mencionados arts. 474 y 485 LEC 2000 (ATS 28-5-2002, recurso 2309/2001)".

Cuarto.-En el escrito de recurso presentado por don Florian se argumenta en primer lugar que la sentencia adolece de incongruencia omisiva al no resolver una de las cuestiones planteadas, consistente en la falta de legitimación activa del demandante, puesto que el plazo de cinco años por el que fue designado había transcurrido ya con exceso a la fecha de celebración del juicio, el día 14 de Marzo de 2007.

De lo actuado se desprende que, ocurrido el fallecimiento del causante el día 20 de Julio de 2001, el albacea practicó la partición de la herencia mediante documento privado de 18 de Octubre de 2001, otorgándose escritura de aprobación y protocolización de las operaciones particionales en fecha 30 de Octubre de 2002, con consignación de la suma de 6.755'11 € para pago de los derechos legitimarios a don Florian, quien no concurrió a la aprobación de las operaciones. En 23 de Junio de 2003 se interpuso la presente demanda para obtener la aprobación judicial de las operaciones particionales. A cuya vista debe concluirse que el albacea agotó el cumplimiento de las obligaciones que le fueron encomendadas en el testamento mediante el otorgamiento de la escritura de partición y posterior interposición de la demanda sobre aprobación judicial de las operaciones particionales, todo ello dentro del plazo de cinco años por el que fue designado en testamento, sin que pueda imputarse a ese plazo el posterior lapso temporal de duración del litigio. Sobre ese mismo fundamento debe considerarse que cuando se promueve contienda judicial sobre la validez o nulidad del testamento, no comienza el cómputo del plazo asignado al albacea sino en la fecha de terminación del correspondiente litigio, tal como dispone el art. 904 Cc.

Quinto.-Argumenta el apelante que el art. 844 Cc. dispone que la decisión de pago en metálico de la cuota hereditaria no producirá efectos si no se comunica a los perceptores en el plazo de un año desde la apertura de la sucesión, y que en el presente caso la sentencia declara acreditado que se comunicó ese extremo al interesado durante la Semana Santa del año 2003, cuando el causante falleció el día 20 de Julio de 2001, habiendo transcurrido por tanto con exceso el plazo de un año.

De la prueba practicada se desprende que, frente a lo que afirma el apelante, se cumplió oportunamente el plazo de un año previsto en el art. 844 Cc. En primer lugar, porque el albacea envió carta a don Florian que consta depositada en correos el 13 de Diciembre de 2001, comunicando su designación como albacea testamentario, así como los derechos legitimarios que correspondían a don Florian, y su cuantía por 1.123.956 pts., al tiempo que solicitaba su aprobación del cuaderno particional, adjunto a la carta, y la designación de un teléfono de contacto. Dicha carta fue enviada al domicilio de la madre de don Florian, por desconocerse el domicilio de éste, y el mismo reconoció en el curso del interrogatorio que su madre le entregó dicha carta. Si bien afirma que dicha entrega se produjo con un notable retraso, en la Semana Santa de 2003, no existe indicio alguno de que así fuera.

Por el contrario, de la documentación obrante en autos se desprende que al mes de Enero de 2002, don Florian había recibido ya la comunicación del albacea, así como designado un Letrado en defensa de sus intereses, don Valeriano, e igualmente había puesto en contacto al albacea y al Letrado para gestionar lo relativo a sus derechos hereditarios. Así se desprende del fax enviado por el albacea a dicho Letrado, don Valeriano, el día 31 de Enero de 2002, donde le manifiesta, en respuesta a un anterior requerimiento, que no existe ninguna plaza de garaje entre los bienes a inventariar, y que el certificado de Seguros El Corte Inglés expresa que el único beneficiario del seguro contratado lo era don Jose Pablo. En ese mismo sentido, don Florian reconoció en el curso del interrogatorio haber contactado con el Letrado don Valeriano en 2002 o 2003, dentro de cuya imprecisión se ha evidenciado que contactó con el Letrado en Enero de 2002.

De todo lo expuesto se desprende que don Florian tuvo conocimiento del cuaderno particional, y del pago en metálico de sus derechos legitimarios, en Diciembre de 2001 o, en todo caso, antes de 31 de Enero de 2002. Por todo lo cual procede desestimar el recurso.

Sexto.-Desestimando el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 L.E.c., procede condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Martínez de Lecea Muñoz en representación de don Florian contra la sentencia dictada en procedimiento sobre aprobación judicial de partición hereditaria seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Navalcarnero, bajo el número 374 de 2003, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus pronunciamientos, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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