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Sentencia A.P. Madrid 363/2010 de 1 de junio


 RESUMEN:

Arrendamientos: Resolución. Desahucio: Falta de pago. Impago del Impuesto de Bienes Inmuebles, que se considera cantidad asimilada a la renta, habiéndoselo reclamado mediante burofax. Enervación: Imposibilidad de enervar la acción de dashucio por segunda vez. Consignación: No se depositó la cantidad adeudada dentro del plazo previsto para ello.

MADRID

SENTENCIA: 00363/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN DUODÉCIMA

RECURSO DE APELACION N.º 663/08

JDO. 1.ª INST. N.º 82 DE MADRID

AUTOS N.º 148/08 (VERBAL)

DEMANDANTE/APELADA: D.ª Milagros

PROCURADOR: D. JESÚS AGUILAR ESPAÑA

DEMANDADA/APELANTE: D.ª María Milagros

PROCURADOR: D.ª PALOMA GONZÁLEZ DEL YERRO VALDÉS

PONENTE: ILMA. SRA. D.ª MARGARITA OREJAS VALDÉS

SENTENCIA N.º 363

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSE VICENTE ZAPATER FERRER

D.ª ANA MARÍA OLALLA CAMARERO

D.ª MARGARITA OREJAS VALDÉS

En Madrid, a uno de junio de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de Procedimiento Verbal Desahucio n.º 148/08, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 82 de Madrid, a los que ha correspondido el Rollo n.º 663/08, en los que aparece como demandante- apelada D.ª Milagros representada por el Procurador D. Jesús Aguilar España y como demandada-apelante D.ª María Milagros representado por la Procuradora D.ª Paloma González del Yerro Valdés, sobre desahucio por falta de pago, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª MARGARITA OREJAS VALDÉS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

Segundo.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 82 de Madrid, se dictó sentencia con fecha 16 de Abril de 2.008, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimo la demanda formulada por el Procurador don Jesús Aguilar España en nombre y representación de doña Milagros, contra doña María Milagros, DECLARO resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, relativo a la finca sita en la calle DIRECCION000 n.º NUM000 NUM001 de Madrid, condenando a la demandada a que dentro del plazo legal, lo deje libre, vacuo y a la entera disposición del actor bajo apercibimiento de lanzamiento. Con expresa condena en costas a la parte demandada." Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de la demandada se interpuso recurso de apelación, que fue admitido dándose traslado a la otra parte que se opuso y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, señalándose para deliberación, votación y fallo el pasado día 25 de Mayo, en que ha tenido lugar lo acordado.

Tercero.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida.

Primero.-Por la representación procesal de Dña. María Milagros, se interpone recurso de apelación frente a la sentencia dictada el 16 de abril de 2008 por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 82 de Madrid en los autos de juicio verbal n.º 148/2008 que estimó la demanda de desahucio interpuesto por Dña. Milagros, declarando resuelto el contrato de arrendamiento que tenían suscrito las partes. Alega que se infringe el artículo 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por lo que solicita la revocación de la resolución recurrida. La representación procesal de la actora se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la sentencia apelada.

Segundo.-La demandante interpuso demanda de desahucio y de resolución de contrato al haber impagado la demandada el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente, desde el año 2003 al 2007. Previamente se le había reclamado el pago por burofax remitidos el 18 de marzo de 2005, 24 de marzo de 2006, 14 de marzo de 2007. En el año 2001 instó procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 55 de Madrid, que finalizó por Auto del 18 de abril de 2002 que declaró enervada la acción de desahucio al haber abonado la demandada las rentas que tenía impagadas.

La demandada mantiene su recurso de apelación que se infringe el artículo 114 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, alega que no procede la resolución del contrato al haber abonado ya las cantidades impagadas. Sostiene también que se le ha reclamado la totalidad del impuesto, lo que no es acorde con lo que dispone el artículo 114 mencionado.

La actora alega en primer lugar que debe inadmitirse el recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haber depositado las cantidades pendientes de pago fuera de plazo. Mantiene también que el argumento consistente en que se habían reclamado integras las cuotas del impuesto se alega por primera vez en este recurso de apelación. Por último manifiesta que no procede la acción de enervación al no haber abonado las cantidades impagadas.

Tercero.-El Tribunal Supremo en sentencia de 13 de septiembre de 2005 ha declarado con reiteración que el incumplimiento del presupuesto de procedibilidad de los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación, contemplado en el art. 449.1 de la LEC 2000 no puede ser subsanado mediante un pago o consignación extemporáneos, pues es doctrina del Tribunal Constitucional (elaborada en relación con otros precedentes de consignación impugnatoria establecidos en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la LEC 2000), que dicha consignación no constituye un mero requisito formal sino una exigencia sustantiva o esencial, cuya finalidad es asegurar los intereses de quien ha obtenido una Sentencia favorable, debiendo interpretarse tal requisito, sin embargo, de una manera finalista o teleológica atendiendo tanto a la propia finalidad que con su imposición persigue el legislador, que no es otra que asegurar que el sistema de los recursos no sea utilizado como instrumento dilatorio, como al principio de interpretación de las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y a la regla general del art. 11.3 LOPJ; de modo que la misma doctrina constitucional ha venido a distinguir entre el hecho del pago o consignación, en el momento procesal oportuno, y el de su prueba o acreditación, permitiendo la subsanación de la falta de ésta última cuando no se hubiese facilitado justificación de este extremo, por ser éste un requisito formal susceptible de tal cosa, que solo puede fundar una resolución de inadmisión del recurso previa la concesión de un plazo para la subsanación sin que se hubiera cumplido con el mencionado requisito, lo que no cabe decir del hecho del pago o consignación en sí mismo, que constituye un requisito esencial para acceder a los recursos que no cabe reputar desproporcionado, atendidos los fines a los que está ordenado.

La doctrina expuesta debe abordarse teniendo en cuenta un sentido restrictivo, atendiendo a la finalidad que persigue, y que ha sido puesta de relieve de forma ya reiterada por el Tribunal Constitucional, por lo que cobra especial transcendencia la necesidad de salvaguardar en la medida de lo posible los intereses de ambas partes en conflicto, sin duda de difícil conciliación en la mayor parte de los casos, y de evitar interpretaciones que propicien la inefectividad del presupuesto, haciendo ilusorios los fines a los que está ordenado; por ello, también es relevante, a los mismo efectos -como el mismo Tribunal Supremo ya ha puesto de manifiesto, STS 981/2002, de 30 de diciembre de 2002 - la conducta desarrollada por la parte en el curso del proceso. Examinando el caso que nos ocupa, efectivamente no se ha depositado la cantidad adeudada dentro del plazo previsto para ello, por lo que debió de inadmitirse el presente recurso.

Cuarto.-Igualmente no puede admitirse como motivo del recurso, lo relativo a la reclamación de la totalidad del IBI, ya que dicha cuestión no puede ser examinada en esta alzada por cuanto no fue aducida en primera instancia, tratándose por lo tanto de una cuestión nueva, por cuanto si bien es cierto que en nuestro sistema procesal la segunda instancia y dada la naturaleza de recurso ordinario de la apelación, se configura como una revisión de la primera lo que, en consecuencia implica que el Tribunal de apelación tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia tanto en lo que afecta a los hechos como en lo relativo a las cuestiones jurídicas, estas y aquellos han debido ser "oportunamente" deducidas por las partes, esto es en el momento procesal preciso y señalado por la Ley para ello, momento que en el juicio declarativo a cuyo trámite se ajustó la primera instancia de este proceso, no era otro sino el acto del juicio verbal bajo la dirección del Juzgador en la comparecencia ante él celebrada, donde quedaban definitivamente planteados los términos del debate procesal, tanto en lo que afecta a los hechos, pues son los hechos alegados y no admitidos por la contraparte y no otros, los que precisaran ser probados, como en relación a la argumentación jurídica aducida o esgrimida por el actor como "causa de pedir" como fundamento de sus pedimentos o por el demandado como oposición a los mismos; términos del debate que son lo que en esencia vendrán a delimitar fáctica y jurídicamente la decisión del Órgano Judicial que habrá de ajustarse a las exigencias dimanantes del principio de congruencia al resolver el litigio, habida cuenta que, en otro caso, se causaría indefensión a los litigantes, indefensión proscrita por el art. 24.2 de la CE, los cuales no habrían tenido oportunidad de alegar y probar lo oportuno a su derecho en relación a nuevos argumentos jurídicos que por alterar precisamente la "causa petendi" esgrimida por el actor el Juzgador no podría utilizar. Por ello no es factible a las partes alterar los términos del debate en el recurso de apelación, planteando cuestiones nuevas, que no hayan sido articulados en la primera instancia, y por ello que alteren sustancialmente la causa de pedir, o como se decía, de oposición los pedimentos de la parte actora y sobre los que es evidente no habrá podido pronunciarse el Juzgado "a quo" ni acerca de las cuales nada habrá podido alegar ni probar en consecuencia la contraparte con quiebra en caso contrario de los principios de contradicción e igualdad de las partes en el proceso y sobre todo con infracción de las exigencias derivadas del art. 24 de la CE. Y así lo señala una doctrina jurisprudencial reiterada uniforme y abundante (SSTS y entre otras como la de fechas 2 de abril de 1962, 15 de abril y 14 de octubre de 1991, 3 de abril de 1993, 11 de febrero de 2000 y las que en ella con profusión se citan que veda, como se decía la posibilidad de aducir cuestiones nuevas o nuevos temas obstativos de los pedimentos de la demanda en la apelación.

Quinto.-Por último y para que pueda prosperar el desahucio por falta de pago, o la acción de resolución por este motivo, se requiere la concurrencia de la voluntad receptora del cobro por parte del arrendador y también el incumplimiento del deber de abono por parte del arrendatario; no se puede imputar al arrendatario la falta de cumplimiento de su obligación de pago si por parte del arrendador no hay una voluntad de recibir el precio del arrendamiento e incluso, por el contrario, hay una actitud obstativa a la recepción del precio pactado; no hay en tal caso una falta de pago sino una falta de cobro. A ello debe añadirse que el mero retraso en el pago de la renta, sobre todo cuando las circunstancias acreditan la voluntad de pago por parte del arrendatario, no es "per se" causa de resolución del contrato mientras no se verifique una verdadera conducta rebelde a dicho pago.

Con estos antecedentes es determinante comprobar si por parte de la Juzgadora de Instancia se ha efectuado una correcta valoración de la prueba obrante en autos. Y hemos de decir que de la prueba que obra en autos se deduce la deliberada voluntad de la arrendataria de incumplir la obligación de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles cantidad asimilada que debe de ser abonada con la renta por lo que debe de admitirse la resolución del contrato y el desahucio y confirmar la sentencia apelada.

Sexto.-Al haberse desestimado el recurso las costas de esta alzada deberán ser impuestas a la parte apelante. Artículos 394 y 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña. María Milagros, frente a la sentencia dictada el 16 de abril de 2008 por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 82 de Madrid en los autos de juicio verbal n.º 148/2008 a que este rollo se contrae, resolución que confirmamos con expresa imposición de las costas a la parte apelante.

Esta resolución podría ser objeto de recurso de Casación por infracción de Ley o recurso extraordinario por infracción procesal, si acredita su interés casacional de acuerdo con los motivos establecidos en el articulo 477 y 469 y tomando en consideración la Disposición Final 16.ª todos ellos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si concurren los requisitos legales establecidos.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación de esta resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará según lo previsto en el art. 208.4 L.E.C., lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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