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Sentencia A.P. Huelva 84/2010 de 31 de mayo


 RESUMEN:

Ordenación de la edificación: División de la doctrina científica con respecto a la proyección temporal de dicha ley. Aplicación de la acción de reclamación a obras que se han ejecutado en fecha anterior a la entrada en vigor de la LOE pero cuando la oportuna acción decenal se ha ejercitado con posterioridad.

 

SECCION TERCERA

HUELVA

APELACION CIVIL

Rollo número: 314/2009

Procedimiento Juicio Ordinario número: 1441/2008

Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huelva

SENTENCIA

Iltmos. Sres.:

D. JOSE MARIA MENDEZ BURGUILLO

D. ANTONIO G. PONTON PRAXEDES

D. LUIS G. GARCIA VALDECASAS Y GARCIA VALDECASAS

En la Ciudad de Huelva a 31 de Mayo de 2010.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, compuesta por los Magistrados indicados y bajo la ponencia del Ilmo. Sr. D. ANTONIO G. PONTON PRAXEDES ha visto en grado de Apelación el Juicio Ordinario número 1441/2008 procedente del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Huelva en virtud del recurso interpuesto por el Procurador D. Joaquín Domínguez Pérez en nombre y representación de la entidad mercantil Tergolf S.L.


ANTECEDENTES


 
Primero.-Se aceptan los correspondientes de la Sentencia apelada.

Segundo.-Por el Juzgado de Primera Instancia indicado, con fecha 7 de Julio de 2009 se dictó Sentencia en el presente Juicio Ordinario.

Tercero.-Contra la anterior Sentencia se interpuso recurso de Apelación por el Procurador D. Joaquín Domínguez Pérez en nombre y representación de la entidad mercantil Tergolf S.L., dictándose por el referido órgano jurisdiccional Providencia de fecha 28 de Julio de 2009 por la que se tenía por preparado el citado recurso y tras los tramites legales oportunos por Providencia de 9 de Noviembre de 2009 se acordó remitir los autos a esta Audiencia Provincial.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por evidentes razones metodologicas debemos comenzar con el estudio de la alegación de Prescripción invocada por la representación procesal de la entidad hoy apelante al amparo del articulo 18 de la Ley de Ordenación de la Edificación, alegación, en donde se discute cual sea el ámbito de ampliación temporal de la citada Ley.

Esta materia ya ha sido objeto de análisis por este mismo Tribunal y en distintas ocasiones ya nos hemos pronunciado por consiguiente por lógica coherencia y dado que no hemos cambiado el criterio tenemos que remitirnos a nuestros anteriores pronunciamientos.

Y a tal fin declarábamos que no es ésta una cuestión pacifica ni en la doctrina científica ni en las Sentencias de las distintas Audiencias Provinciales en su consecuencia ya adelantamos que si existe actualmente un ejemplo paradigmático de dudas de Derecho en orden a la concreta norma aplicable, es este que ahora analizamos.

Como exponíamos la doctrina científica se halla dividida al analizar la proyección temporal de la susodicha Ley, división que encuentra reflejo en la llamada Jurisprudencia menor y así en tres grupos puede clasificarse las tesis doctrinales imperantes:

a.- Quienes sostienen que tras la entrada en vigor de la Ley de la Ordenación de la Edificación (en adelante LOE), esta es aplicable en todos los supuestos con exclusión del articulo 1591 del Código Civil, posición realmente minoritaria.

b.- Aquellos que mantienen que la LOE sólo es aplicable en toda su extensión y aspectos a las obras de nueva construcción y a obras en los edificios existentes, para cuyos proyectos se solicite la correspondiente licencia de Edificación a partir de su entrada en vigor, tesis que se fundamenta en la dicción literal de la Disposición Transitoria Primera de la propia Ley.

c.- Los que propugnan con pleno respeto a la propia finalidad de la referida Disposición Transitoria, que ciertos aspectos, exclusivamente de carácter procesal de dicha Ley son aplicables a supuestos o relaciones surgidas de un contrato concertado antes de su entrada en vigor y en concreto de aquellos preceptos, como el articulo 18, en donde se establecen concretos plazos para el ejercicio de la acción de reclamación, es decir aplicables, a obras que se han ejecutado en fecha anterior a la entrada en vigor de la LOE pero cuando la oportuna acción decenal se ha ejercitado con posterioridad.

Esta ultima tesis es la que seguimos en esta Sección y también es la adoptada por la Sentencia de fecha 2 de Julio de 2003 dictada por la Sección Segunda.

Decisión ésta que fundamentamos en los siguientes razonamientos.

En el articulo 1969 del Código Civil se preceptúa que el tiempo para la prescripción de toda clases de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse, aplicándose a la materia que nos afecta el articulo 1964 que prevé que la acción hipotecaria prescribe a los 20 años y las personales que no tengan señalado termino especial de prescripción a los 15, es decir que la aplicación del citado precepto era subsidiaria ante falta de un plazo especifico de prescripción pues de la propia literalidad del precepto se regula, se contempla de forma especifica el ejercicio de la acción hipotecaria, por ello con anterioridad a la entrada en vigor de la LOE el plazo de prescripción de la acción, no podía ser otro que el previsto en el articulo 1964 pero tras la entrada en vigor de la LOE surge con toda su virulencia el debate que se plantea en este procedimiento, es decir si pese a la existencia ya de un plazo especifico en una Ley que de manera pormenorizada regula los distintos Agentes y las correspondientes responsabilidades y acciones del proceso constructivo, debe prescindirse de sus aspectos procesales relativos a los plazos de prescripción, como argumenta el recurrente, o por el contrario dichos preceptos procesales resultan plenamente aplicables a aquellos litigios, como el que nos ocupa, promovidos con posterioridad a su entrada en vigor.

Adelantábamos que esta ultima dirección doctrinal es la que asumimos.

Los criterios que deben seguirse en materia de irretroactividad o retroactividad de la Leyes han sido suficientemente tratados por nuestra Jurisprudencia en cuanto que la proclamación formulada en los artículos 2.3 del Código Civil y 9.3 de la Constitución no puede ser interpretada de forma absoluta, distinguiéndose entre la retroactividad de grado máximo y una retroactividad impropia o de grado medio. El principio clásico de "tempus regit actum" no es, como decíamos, tan absoluto, que impida interpretaciones razonables y fundadas que lleven a un resultado distinto en orden a la aplicación de una concreta Ley, consideramos, es de insistir, que una aplicación subsidiara de un precepto debe decaer ante una norma concreta y especifica, por ello la aplicación del plazo de Prescripción de Dos Años del articulo 18 de la LOE a una obra finalizada varios años antes, no entendemos, que implique la vulneración o quebrantamiento de los preceptos invocados por el apelante.

Ciertamente la citada Ley obedecía a una necesidad imperante de regular y definir en el mundo jurídico las complicadas relaciones derivadas del proceso constructivo y si bien su aspecto sustantivo por aplicación de la referida Disposición Transitoria queda relega a las obras cuya solicitud de Licencia se haya presentado con posterioridad a su entrada en vigor, no puede seguirse dicho criterio cuando del aspecto procesal se trata dada la ausencia de una regulación especifica de esta materia en el Código Civil. Entendemos que no puede sostenerse la aplicación de una norma subsidiaria ante la existencia de una norma especifica y a esta conclusión también nos lleva el propio Código Civil en su articulo 3, pues para la labor de interpretación de las normas ha de atenderse tanto a su literalidad como un criterio sistemático, contemplándola con el resto del ordenamiento jurídico y además atendiendo, fundamentalmente nos dice el precepto, a su espíritu y finalidad, por ello concluimos que en atención a ese espíritu y finalidad de la LOE no resulta adecuado aplicar un plazo, largo y subsidiario de prescripción a una realidad que ya posee una regulación especifica más acorde a los tiempos en los que vivimos y en los que se desenvuelve esas relaciones derivadas de la Construcción.

Conforme a la anterior doctrina el recurso debe ser acogido, pues la acción que estudiamos ha sido ejercitada en un plazo notoriamente superior al previsto en el citado articulo 18 y por consiguiente debe apreciarse la Prescripción de tal acción.

Segundo.-En materia de costas procesales la Sala hace uso de la facultad prevista en el párrafo Primer del articulo 394 de la Enjuiciamiento Civil, pues como resulta del anterior Fundamento de Derecho es de apreciar una evidente duda de Derecho en orden a la norma aplicable, por ello acordamos no efectuar pronunciamiento en ambas instancias respecto de las costas procesales.


FALLO


 
En virtud de lo expuesto, el Tribunal HA DECIDIDO

ESTIMAR PARCIALMTE el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador D. Joaquín Domínguez Pérez en nombre y representación de la entidad mercantil Tergolf S.A. contra la Sentencia dictada en el asunto a que se refiere el rollo de Sala y su primer grado por la Ilma.Sra. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Huelva en fecha 7 de Julio de 2009 y en su consecuencia REVOCAMOS la expresada Resolución y ABSOLVEMOS a la entidad Demandada de los pedimentos contra ella formulados por la parte actora, no efectuándose pronunciamiento en materia de costas procesales

en ambas Instancias.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Remítanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con certificación de la presente y despacho para su cumplimiento y efectos oportunos.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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