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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.P. Guadalajara 189/2010 de 3 de noviembre


 RESUMEN:

Acción declarativa de dominio: Desestimación. Los predios identificados no son los mismos a que se refieren los documentos y medios de prueba en que se funda la pretensión, que son los títulos que se invocan. Jurisprudencia mayoritaria al respecto. Acción reivindicatoria: Diferencias.

GUADALAJARA

SENTENCIA: 00189/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Sección 001

PASEO FERNANDEZ IPARRAGUIRRE NUM. 10

Tfno.: 949-20.99.00 Fax: 949-23.52.24

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 217/2010

Procedimiento de Origen: VERBAL 124/08

Juzgado de Procedencia: 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE MOLINA DE ARAGÓN

APELANTE: Balbino

Procurador: ANA MARIA AGUILAR HERRANZ

Abogado: JUAN GONZALEZ PERABÁ MIRALLES

APELADO: Bernardino Y Carla

Procurador: MARIA TERESA LÓPEZ MANRIQUE

Abogado: ERNESTO DE BENITO SANJUAN

ILMO. SR. MAGISTRADO

D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDÉS

SENTENCIA N.º 188/10

En Guadalajara, a tres de noviembre de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante la Audiencia Provincial de GUADALAJARA, los Autos de Juicio Verbal n.º 124/08, procedentes del JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE MOLINA DE ARAGÓN, a los que ha correspondido el Rollo n.º 217/10, en los que aparece como parte apelante, Balbino, representado por la Procuradora de los tribunales, D.ª Ana María Aguilar Herranz y asistido por el Letrado D. Juan González Perabá Miralles, y como parte apelada, D. Bernardino y Carla, representados por la Procuradora de los tribunales, D.ª María Teresa López Manrique, asistidos por el Letrado D. Ernesto de Benito Sanjuán, sobre acción declarativa de dominio de finca rústica, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL EDUARDO REGALADO VALDÉS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los correspondientes de la sentencia apelada.

Segundo.-En fecha 20 de enero de 2010 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda presentada por la procuradora D.ª Ana María Aguilar Herranz, en nombre y representación de D. Balbino, contra D. Bernardino y D.ª Carla, y en consecuencia, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos instados en su contra.= Con imposición de costas a la parte actora".

Tercero.-Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de Balbino se interpuso recurso de apelación contra la misma; admitido que fue, emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la deliberación y fallo del mismo el pasado día 2 de noviembre.

Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales con inclusión del plazo para dictar sentencia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan y dan por reproducidos, en cuanto no se opongan a los que siguen, los de igual clase de la resolución apelada.

Para el adecuado entendimiento de los razonamientos y sentido del fallo, menester resulta que señalemos que se ejercitaba por la parte actora en la demanda rectora del procedimiento acción declarativa de dominio sobre la parcela NUM000 del polígono NUM001 de Fuembellida, interesando la condena del demandado a estar y pasar por dicha declaración. Igualmente se pretendía la nulidad del título de adquisición que pudiera tener sobre dicha finca y la nulidad, también, de los asientos registrales que pudieren derivarse de aquel. La Sentencia apelada, ciertamente haciendo mención a la acción reivindicatoria, razona que no existe conflicto entre las partes respecto de la identificación de la finca objeto de la acción, siendo ésta la descrita como parcela NUM000 del polígono NUM001 de la localidad de Fuembellida. Igualmente se dice que los litigantes se muestran contestes en el hecho de que los demandados se encuentran en posesión de la superficie litigiosa por estimar que se halla comprendida en su título de dominio, razonando, para desestimar la demanda y respecto del requisito del justo título, que la escritura de venta privada otorgada en el año 1.954 en la que consta como vendedora D.ª Olga y en concepto de comprador D. Marcos, realiza una descripción genérica del objeto de la misma sin aclarar si en ella se incluye la parcela NUM000 objeto del litigio, lo que unido a que la demandada también defiende su titularidad sobre la finca a partir de la documentación que aporta a las actuaciones, da lugar, sigue razonándose por la " juez a quo ", a una colisión de títulos dominicales que impide afirmar de forma indubitada la propiedad del accionante sobre la litigiosa provocando la desestimación de la demanda, siendo frente a dicho pronunciamiento contra el que se alza el recurrente a través de los diferentes motivos que integran su recurso de apelación solicitando el demandado, por el contrario, la confirmación de la recurrida con imposición al apelante de las costas de la alzada y expresa declaración de mala fe procesal.

Segundo.-En las dos primeras alegaciones del recurso de apelación denunciando vulneración de los artículos 216 y 218 de la ley de enjuiciamiento civil, reprocha el recurrente vicio de incongruencia en la Sentencia por haber decidido la suerte de una acción reivindicatoria cuando la ejercitada era una declarativa de dominio, y error en la valoración de la prueba. Comenzando por la denuncia de incongruencia, si bien la acción ejercitada en la demanda era la declarativa del dominio y siendo cierto que en diversos pasajes de la Sentencia apelada se menciona la acción reivindicatoria, sin embargo dicho error carece en absoluto de trascendencia a los fines litigiosos, toda vez que la acción fue desestimada por no acreditar el demandante el justo título de reclamación, entendido éste como la acreditación de que la porción de terreno reclamado se halla comprendida en el título, acreditación ésta que ha de tener lugar ora se ejercite la acción declarativa, ora la reivindicatoria. Por todo lo anterior en su conjunto considerado desestimaremos esta primera alegación.

Escasa incidencia tiene en esta alzada el alegato vertido por el apelante respecto de los títulos de actor y demandada que, profusamente, se desarrolla a los folios 238-241 de las actuaciones. Respecto del primero porque lo único relevante a la vista de los motivos que provocaron la desestimación de la demanda en la instancia, es la constatación por parte de don Balbino de que el objeto litigioso, esto es, la parcela NUM000 del polígono NUM001 de Fuembellida, se encuentra comprendida en el título que se esgrime en estos autos, a saber, el documento de compraventa de 1954, siendo que a dicha cuestión dedica el impugnante un apartado concreto que denomina identidad del objeto al que después nos referiremos. En lo concerniente al título de la parte demandada, porque dicha parte no ha deducido reconvención alguna a través de la que se pretenda declaración de dominio en su favor que nos obligue a su examen.

Tercero.-Hemos dicho más arriba que lo que ha de acreditar el demandante es que la parcela NUM000 se encuentra comprendida en el título de propiedad que aporta en estos autos que, a su vez, tiene su origen en el documento privado de compraventa del año 1954 que se incorpora como documento n.º 2 de la demanda (folio 12 de las actuaciones). La finca se describe en los siguientes términos "la cuarta parte de toda la era de Jose Daniel, que linda: St (saliente este), el pajar; Mediodía (sur), Luis Pablo; Pt (poniente u oeste), la misma erencia (sic en el documento); y Nt (norte), herederos de Marco Antonio ". Aduce el recurrente que dichos linderos se corresponden con los propios de la parcela NUM000 a saber: 1.- Al Norte, parcela NUM002 propiedad del demandante en su condición de heredero de doña Fabriciana, esposa de don Marco Antonio que es el lindero identificado en el documento privado. Insiste el recurrente en que dicha finca NUM002 era propiedad de la referida doña Fabriciana tía del demandante, esposa de don Marco Antonio y de quien resulta heredero el actor. 2.- Al sur, parcela NUM003, de David que resulta ser hijo de don Luis Pablo quien aparece en el lindero Sur del documento del año 1954. 3.- Al este, el pajar y en la actualidad al decir del demandante la finca NUM004 a nombre de don David que resulta hijo de don Luis Pablo y nieto de don Jose Daniel, constando en el mismo documento del año 1954 en el párrafo anterior que también se vende la cuarta parte del pajar de Jose Daniel. 4.- Al oeste la misma herencia referida a la de don Jose Daniel que actualmente se corresponde con la finca NUM005 a nombre de Soledad.

En lo concerniente al requisito de la identificación del objeto de la acción (declarativa de dominio o reivindicatoria), hemos de recordar que es copiosa la jurisprudencia que nos dice que la identificación que a los accionantes se impone no consiste solamente en fijar con precisión y exactitud la situación, cabida y linderos de las fincas, sino que además se ha de demostrar que los predios identificados son los mismos a que se refieren los documentos y medios de prueba en que se funda la pretensión, identificación que implica un juicio comparativo entre la descripción de la finca contemplada y la referida en el título que se invoca, de modo que no pueda dudarse de cual es su situación, cabida y linderos, siendo preciso que la finca se determine por los cuatro puntos cardinales que deben venir determinados exactamente y con toda precisión (STS 22-11-02, 10-07-02, 23- 05-02, entre otras muchas). Así las cosas, a falta de una prueba pericial que hubiera permitido determinar en la situación actual, los linderos que se señalan en el documento del año 1.954 para de esa forma decidir si se corresponden o no con los de la parcela NUM000 objeto de estos autos y aún admitiendo en términos de pura hipótesis que efectivamente los que se reseñan en el documento privado se corresponden en la actualidad con los propietarios que menciona el recurrente en su escrito de apelación, lo cierto es que no podemos considerar debidamente identificada la finca. Partamos- a falta de prueba pericial se insiste-, del plano catastral que ha sido incorporado a las actuaciones a petición del juzgado. Ciertamente y frente a lo que sostiene la parte demandada en su oposición al recurso tratando de hacer corresponder la litigiosa con la parcela NUM002, dicha afirmación encuentra el insalvable obstáculo de que ese inmueble lindaría por el norte según certificado del catastro, con la finca n.º NUM006 propiedad de D. David mientras que por el contrario y según el documento de venta del año 1.954, la transmitida en mérito a dicho documento linda por el norte con herederos de Marco Antonio. Ahora bien, tampoco podemos concluir con el mismo punto de partida (documento de compraventa y plano catastral) que la finca NUM000 coincida exactamente con la que se describe en el documento privado, pues también encuentra el obstáculo insalvable de su lindero este que según este último documento sería " el pajar"- en la actualidad la parcela NUM004 -, que sin embargo y según se desprende del plano del catastro con quien linda por su oeste (este de la otra parcela), es con la n.º NUM002 y no con la NUM000 (el lindero de esta última es un camino).

Desde lo antecedente, nula relevancia tiene, como no fuere en cuanto que sustenta la acción declarativa de dominio y no la reivindicatoria, que el actor- mediata o inmediatamente- posea la finca litigiosa, no afectando al sentido del fallo las alegaciones vertidas por el recurrente dirigidas a combatir lo razonado en la instancia sobre la posesión de la finca por los demandados. La demanda se desestima tanto por el juzgado como ahora en esta alzada, porque consideramos que no se ha identificado plena y totalmente la finca litigiosa, entendida dicha identificación como la constatación, sin género de duda, de la inclusión de la parcela n.º NUM000 en la finca descrita en el documento n.º 2 de los aportados con la demanda.

Cuarto.-Concluiremos con el examen del recurso de apelación abordando las alegaciones relativas al valor de la prueba testifical (el último apartado del recurso no deja de ser una recapitulación de afirmaciones anteriores), señalando que son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y específica al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelación es de los llamados de plena jurisdicción, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de éstas tanto la comprobación de la adecuación e idoneidad de la fundamentación jurídica que se contiene en la resolución recurrida, como la revisión de todas aquellas operaciones relativas a la valoración global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a idénticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez "a quo", en la sentencia apelada.

Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte informático del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez "a quo".

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985, 23 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990, 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994, entre otras), únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

La revisión jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jurídica claramente pergeñada por el legislador: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnación de la sentencia (artículo 458.1 LEC).

Las exigencias de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas abocadas a corroborar la proposición de hechos ofrecida por cada una de las partes conlleva que el control del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional, fuera del supuesto de práctica de nueva prueba en segunda instancia, se centre en deslindar si los criterios empleados por el juzgador de instancia son conciliables con las exigencias de motivación racional contenidas en los artículos 9.3 y 120.3 CE.

En otras palabras, verificar si el juicio de hecho es conciliable con las exigencias de racionalidad en la determinación del sentido específico de los medios de prueba desplegados en el juicio; controlar, en definitiva, la estructura racional del juicio de hecho.

Llegados a este punto hemos de concluir sin esfuerzo que la afirmación de correspondencia entre la actual parcela NUM000 y la finca que se describe en el documento de 3 de enero del año 1.954, ante la indeterminación cuando menos de uno de los linderos en los términos que más arriba se han expuesto, exige algo más que la prueba testifical y esa mayor exigencia probatoria no obra en autos por lo que hemos de concluir, conviniendo con la juzgadora de instancia, que la prueba testifical tampoco permite sustentar un pronunciamiento como el pretendido en la demanda con su correlativa desestimación.

Quinto.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 398 en relación con el artículo 394 ambos de la ley procesal civil y estimando la Sala que el asunto presentaba serias dudas de hecho, concretamente las atinentes a si la prueba practicada resultaba conducente a la delimitación del inmueble litigioso, y a la vista además de las precisiones que se han hecho respecto de lo señalado en la instancia en relación con la acción ejercitada en la demanda y la posesión de la parcela por los demandados, se está en el caso de no hacer pronunciamiento en cuanto a costas en esta alzada, lo que hace innecesario abordar la petición de la parte recurrida de declaración de temeridad de la recurrente.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 20 de enero del año 2.010 dictada por el JPI DE MOLINA DE ARAGÓN, debo confirmar y confirmo la sentencia apelada, sin pronunciamiento en cuanto a costas en esta alzada, con pérdida del depósito constituido en el Juzgado de instancia.

Así, por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma y leída por el mismo en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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